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Miranda es un municipio que hace frontera con el sur del Valle. A 10 kilómetros (15 minutos) se llega a Florida y Pradera, dos poblaciones hermanas porque comparten las montañas de la cordillera Central. También la larga historia de guerra que, durante cinco décadas, libraron las fuerzas del Estado con el sexto frente y la columna Gabriel Galvis de la guerrilla de las Farc. Aunque el alcalde dice que todo está más tranquilo desde la firma del Acuerdo de Paz, las calles del pueblo guardan un silencio de guerra fría, pues los homicidios pasaron de 11 en 2018 a 18 en lo corrido de este año.
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A diferencia de Corinto, su hermano de cordillera en tierras del Cauca, Miranda es una población que ha recibido todos los beneficios del Acuerdo de Paz con las Farc. Después de que el espacio de reincorporación de los exguerrilleros se instalara a 15 minutos del casco urbano, un batallón del Ejército y policías rurales llegaron para proteger a los excombatientes. “Eso ha generado un ambiente de seguridad”, dice José Valencia Álvarez, el alcalde municipal. El día que me atendió estaba despachando desde la Casa del Posconflicto, que está en la misma cuadra de la estación de Policía.
En el día y en la noche se respira tranquilidad. Los dos parques del pueblo están llenos de carros de madera en donde venden jugo de frutas y de borojó, también venden chontaduros. Muchas motos transitan parsimoniosas y los buses intermunicipales se detienen en el parque para que el ayudante grite la ruta hacia Corinto o Florida y Pradera. En esa misma carretera, la Policía ha recuperado 48 motocicletas entre el año pasado y este. La razón: muchos de esos vehículos fueron hurtados en Cali o en Santander de Quilichao, en la vía Panamericana. Los datos de la Fuerza Pública también registran cuatro extorsiones en ocho meses de 2019.
Antes de llegar al espacio de los exguerrilleros de las Farc del norte del Cauca, pasamos por tierras de la zona de reserva campesina de Miranda, en donde hay cultivos de pancoger y un puñado de campesinos a la espera de que el Estado oficialice su organización, que incluye a varios municipios de esa región. Siguiendo la carretera polvorienta, la montaña es más empinada y la cordillera se ve más cerca. A lado y lado de la vía están las señales de la presencia de la guardia indígena. Los letreros que han instalado indican que ellos ejercen el control en la zona, asunto que les ha costado la vida en los últimos tiempos en el municipio de Toribío, al otro lado de la cordillera.
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Ya en la vereda Monterredondo, desde donde se extienden las faldas y planicies del valle del río Cauca, están los excombatientes de las Farc que dejaron más de seiscientas armas en agosto de 2017. Allí llegaron unos 230 hombres de los frentes sexto y de la columna Gabriel Galvis, pero los milicianos y los presos sumaron cerca de 480 exguerrilleros de las Farc. Hoy, la cifra de los que se mantienen en esa zona es de 70, mientras los otros se fueron a donde sus familias o están agremiados en nuevas áreas de reincorporación en los municipios de Corinto, Caloto y Toribío. Algunos, como Leonel Ascué, son de Toribío, pero por las actividades que desempeñó en la guerra prefiere evitar que lo asesinen en una zona donde hizo enemistades.
Razones suficientes, pues desde que se instalaron hasta la fecha, doce de sus compañeros fueron asesinados cuando salieron del espacio territorial a desempeñar alguna labor. El último hecho fue contra Carlos Yunda, quien el pasado 9 de julio se movilizaba con un hermano cuando hombres armados los interceptaron y le quitaron la vida después de propinarle varios disparos. “Aquí uno se siente seguro con la Fuerza Pública, pero al salir, unos quinientos metros más abajo, hay un riesgo latente. Hace un mes completo un compañero que estaba entregado en el proceso vivía aquí, tenía su esposa, ya tenía su hogar, salió a trabajar acá abajo al plan y lo mataron. No se sabe por qué. Se llamaba Yeison Gómez”, dice Ascué.
El espacio territorial se siente vacío. El día que lo visité, apenas unos quince exguerrilleros estaban en clases para validar el bachillerato en las casas de “cartón”, como las llama Ascué, algunas desocupadas, otras cerradas y otras caídas, pues ni siquiera alcanzaron a construirlas. Según Ascué, la Contraloría General visitó hace unas semanas ese espacio para investigar al contratista y determinar si hubo detrimento patrimonial por todo ese material que está a la intemperie bajo el sol y el agua. En todo caso, estas tierras están arrendadas temporalmente y Ascué cree que el Gobierno no las va a comprar porque el propietario ya subió el precio de cada hectárea. “Esa es una incertidumbre”, comenta el exguerrillero.
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La otra incertidumbre se teje en las montañas de la cordillera Central. La columna disidente del proceso de paz es la Dagoberto Ramos, y aunque no opera en esa zona, por la fuerte presencia del Ejército, sus hombres están en los alrededores, tratando de imponer su poder. Como sucedió el 5 de marzo de 2019, cuando, según las autoridades, esa estructural ilegal masacró a cuatro personas en pleno casco urbano de Miranda. “Ellos han advertido que van a hacer limpieza social a los consumidores de drogas, pero en el fondo quieren mostrar que tienen el control territorial”, dijo un agente de la Policía.
Un poder que quisieron mostrar durante el consejo de seguridad que hizo el presidente de la República, Iván Duque, en ese municipio. Apenas veinte días después de posesionado en el cargo, el 28 de agosto de 2018, la Fuerza Pública desplegó todo un dispositivo para evitar cualquier ataque contra el primer mandatario. Sin embargo, mientras el consejo transcurría, esta misma columna secuestraba al empresario de estaciones de gasolina Floriberto Díaz, quien gracias a la reacción de la guardia indígena tan solo estuvo retenido cuatro horas. Luego fue trasladado a la zona urbana, donde incluso se tomó fotos con el presidente y el ministro de Defensa, Guillermo Botero. No obstante, a principios de septiembre se conoció que el comerciante fue secuestrado nuevamente en agosto pasado.
En el espacio de reincorporación, mientras tanto, los excombatientes no han podido constituir las cooperativas para que el Gobierno desembolse los ocho millones que le corresponden a cada excombatiente, para iniciar con los proyectos productivos que garanticen su reincorporación económica. Según Ascué, con la renta básica que reciben todos los meses (un salario mínimo) están desarrollando iniciativas como la elaboración de muñecas, la ebanistería y un proyecto de estampados que está por iniciar. “Lo de las cooperativas se está demorando mucho y eso está aburriendo a la gente. Necesitamos que nos ayuden con eso. Acá hay gente muy enamorada de la paz”.
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En la vereda La Elvira, en tierra de la zona de reserva, los campesinos les cedieron unas hectáreas para que desarrollen un proyecto de piscicultura, otro de porcicultura y un invernadero para sembrar verduras. Por el apoyo de la organización PASO Colombia, unos treinta excombatientes invierten parte del tiempo de su cotidianidad trabajando en estas tierras. “El Gobierno no quiere cumplir lo que prometió en el Acuerdo, que es sustituir la coca, transformar la marihuana y llegar con verdaderos proyectos a estos territorios. De lo contrario, la gente vuelve a sembrar lo que más le da de comer: coca y marihuana”, apunta Ascué al cierre de nuestra conversación.
Miranda hoy ya no figura en la prensa como lo hizo otrora porque la guerrilla se tomó el pueblo e incendió la Alcaldía. Con el proceso de paz, el programa de sustitución de cultivos llegó y ha hecho eco en una comunidad incrédula de las instituciones del Estado, “que casi nunca cumplen”, dice Léider Valencia, coordinador de la Cocam, la organización que agrupa a los cultivadores de coca y marihuana en todo el país y que están en el camino de la sustitución voluntaria. Este municipio es considerado piloto para implementar dicho programa, pues hay 700 familias que arrancaron sus matas de coca y están a la espera de la visita de los técnicos para empezar la etapa de los proyectos productivos. “Se han arrancado más de 450 hectáreas en este proceso. Acá ya no hay coca, había poca y la que había los campesinos la sustituyeron por café”, dice el alcalde Valencia.
En contraste, Miranda tiene doce invernaderos de marihuana, pero para este cultivo aún no hay un plan claro del Gobierno y los campesinos están en la incertidumbre. La medida que los ha tocado, hasta ahora, es la suspensión de la energía eléctrica, aunque con plantas de gasolina suplieron esa situación momentánea que no funcionó para el Estado. “Esa es una cifra mínima de cultivos, comparada con los cuatrocientos invernaderos que hay en Corinto”, dice Valencia.
Al tiempo que defiende la capacidad de empleo que tiene su municipio. Valencia, un hombre trigueño y oriundo de Miranda, advierte que la economía de la parte alta se sustenta en el café y las flores, la parte media en la minería de piedra de mármol, y la gente del casco urbano vive de los empleos que generan dos ingenios azucareros asentados a finales del siglo pasado. Igualmente, una empresa metalúrgica del Cauca, que produce sillas para reconocidas marcas de carros, también genera unos setecientos empleos, cuenta Valencia.
En medio de ese ambiente, el crimen no se ha ausentado de esta tierra y promete estar como un león dormido en las montañas de la cordillera Central. Entre 2018 y lo corrido de 2019, en Miranda han sido capturadas 101 personas por distintos delitos, principalmente tráfico de marihuana o de pasta base de coca. Sin embargo, las cantidades incautadas son mínimas, pues los grandes cargamentos pasan camuflados en camiones repletos de piña o en remolques donde los ingenios transportan la caña, dijo una fuente de la Policía de la zona.
Por ahora, el alcalde se apresta a entregar, en calidad de préstamo, un centro recreacional que tiene piscinas, toboganes, bailaderos, canchas de fútbol y otros atractivos, para que los excombatientes lo administren y puedan desarrollar su ingreso a la vida económica en esta tierra de 40.000 habitantes, de tierras fértiles y gente amable, que no pierde la esperanza de olvidar los días de miedo y terror de la confrontación armada.