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Para las mujeres líderes del Colectivo Restableciendo Derechos, en el departamento de Chocó, la paz significa tres cosas: seguridad, vivienda y empleo. Sueñan con unos municipios seguros porque en este momento no se pueden reunir por miedo a las acciones armadas del Eln y las bacrim. Sueñan con tener vivienda propia, porque algunas llevan años hospedándose en casas de amigos y familiares, desde que huyeron de sus fincas por amenazas directas o miedo al fuego cruzado. Y con empleo, porque muchas se levantan a rebuscar para poder darle una agua de panela a sus hijos.
Para hacer realidad esa paz que sueñan, más de 100 mujeres líderes de los municipios de Lloró, Istmina y Quibdó se reunieron para presentarles a las autoridades locales un artículo que añadiría a sus planes de desarrollo un enfoque diferencial de género. Es decir, pondría por escrito el compromiso de reparar a las víctimas según sus necesidades específicas como mujeres. De añadirse el artículo se instalarían mesas de mujeres víctimas en las que discutirían y acordarían diferentes proyectos para resarcir los daños que les causó la guerra.
Como no podían hacer la reunión en cada municipio por miedo a las amenazas, encontraron un pequeño centro de convenciones a las afueras de Quibdó. Es la única construcción terminada en cuatro cuadras a la redonda. Tiene pisos en baldosa amplios y hermosos jardines. Allí llegaron en bus y mototaxi las mujeres interesadas en garantizar un mejor futuro para ellas y sus hijos. También asistieron concejales, personeros, miembros de la Fiscalía y hasta la Secretaría de la Mujer de Quibdó, el único municipio que tiene esta dependencia en todo el departamento.
“El enfoque diferencial no significa privilegiar a unas víctimas por encima de otras, sino entender que la guerra afectó de manera diferente a las personas según su género o inclinación sexual”, explica Claudia Mejía, abogada de la corporación Sisma Mujer y defensora de los derechos de adultas, jóvenes y niñas.
Esta afirmación está respaldada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha encontrado que 43 de cada 100 mujeres afectadas por el conflicto armado interno en Colombia han sido víctimas de distintas formas de violencia basadas en su género. La Comisión también denunció que la violencia contra las mujeres es utilizada como estrategia de guerra por los actores del conflicto armado. Saben que si les hacen daño a las adultas y niñas quebrantan la voluntad de la comunidad y controlan con más facilidad los territorios.
Es por eso que los lugares con mayores índices de violencia contra las mujeres también son las zonas de más interés económico para los actores armados. El Chocó, específicamente, ha soportado todas las formas de violencia con la presencia de las Farc, Eln, paramilitares y bacrim, esto debido a su inmensa riqueza mineral y agropecuaria, y porque tiene salida al océano Pacífico para exportar cocaína, oro, níquel y otras materias primas.
En esas zonas, históricamente abandonadas por el Estado, lo único que se interponía entre los grupos armados y el éxito de su economía ilegal eran las familias campesinas. “Nosotros nos manteníamos de la agricultura, de la caza y la cría de animales. No teníamos mucho, pero no teníamos hambre. Ahora que nos tocó huir hacia el casco urbano de Quibdó. Y me levanto cada día pensando con qué voy a prender el fogón para darles una aguapanela a mis hijos”, explica Pilar Valencia*, una menuda mujer morena con unos intensos ojos negros y pequeñas pecas por toda su cara. Ella llegó a Quibdó hace 15 años, sobreviviente de la masacre de Bojayá.
Ahora vive con sus dos hijos y su mamá en una casa de seis metros de frente por ocho de largo “como queso en prensa” y sin posibilidad de hacerle arreglos, porque no encuentra trabajo. “Si uno no está metido en la política, o así uno esté metido en la política, es muy difícil encontrar algo con qué sustentar a la familia. Terminé mi bachillerato antes de la guerra, antes de que la pipeta explotara en Bellavista, y hace poquito hice un curso de vigilancia, pero ni con eso me contratan”.
La historia de Pilar pareciera repetirse en muchas otras mujeres por todo Chocó, departamento en que el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) es del 83 %, muy por encima del resto del país, que está en un 28 %. La brecha se ensancha cuando se tienen en cuenta las inequidades de género. “Cuando una familia tiene muchos hijos, muchas veces prefiere apoyar el estudio de los hombres y dejar a las mujeres en los quehaceres de la casa”, explica Luis Rentería, personero del municipio de Lloró.
Por eso, explica Pilar, hacen falta políticas públicas que surtan esas falencias. Una de las soluciones que propone ella es impulsar microempresas de mujeres víctimas del conflicto. “Quisiera conseguir un molino eléctrico para hacer longaniza y venderla. Así como sé hacer longaniza, hay otras que saben coser o cocinar y sé que con un impulso inicial podríamos tener nuestras propias empresas”.
Otra necesidad importante para tener mejores oportunidades laborales es la educación continuada. Así lo dice Valentina Rentería*, quien estudió un técnico en docencia y hasta hace unos meses trabajaba con la Secretaría de Educación de Istmina enseñando a jóvenes y adultos de comunidades étnicas a leer y escribir. A ella se le iluminan sus enormes ojos marrones cuando cuenta cómo lograba que una señora de 50 años lograra escribir su nombre por primera vez. Cuando ve el resultado de su trabajo entiende que valió la pena dejar a su pareja, que le prohibía estudiar, para perseguir su sueño de ser profesora. “Mi mamá me impulsó para que estudiara. Ella, haciendo minería, nos dio estudio a mí y a mis tres hermanos. Creo que en Chocó hacen falta más personas como mi mamá”.
A sus 25 años de edad, Valentina tiene muy claro que la educación es clave para el desarrollo. “En el futuro me imagino a mi departamento como una zona hermosa. Espero que no sean sólo los adultos o los ricos que van a las oficinas los que tengan las oportunidades. Los jóvenes también tenemos aspiraciones y creo que nos deberían dar la oportunidad de explorarlas y hacer todo para lo que somos capaces”.
A esta petición se suman Johana Mosquera y Blanca Rivas, dos jóvenes altas, delgadas, con espigados cuellos y rasgados ojos negros. Viajaron desde Istimina a Quibó para reunirse con otras líderes. A ellas les preocupan no sólo los jóvenes que están en los colegios, sino todos los que llegarán del monte. “Para muchos son guerrilleros, para nosotras son nuestros primos, tíos y amigos de infancia. No sabemos cómo van a llegar, qué traumas van a traer, pero sí sabemos que muchos van a volver a estos municipios a buscar a la mamá. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué oportunidades les podemos ofrecer?”, pregunta Johana.
A ellas les preocupa mucho esto porque notan que Istmina ni siquiera tiene suficiente infraestructura ni oportunidades laborales para los jóvenes que viven allí hoy. “Muchas niñas terminan prostituyéndose o en redes de microtráfico. El estudio se vuelve una carga porque no ven para qué sirve”, añade Blanca.
“A veces uno está en un rumbiadero y bajan los muchachos de las montañas. Ellos tienen armas y hablan duro. Deciden quién se queda y quién se debe ir del lugar. Los menores los ven como un ejemplo a seguir, como los poderosos. Los siguen porque son ingenuos y no entienden qué es la violencia. Pero cuando usted tiene educación no pierde el tiempo haciendo la guerra”, dice Johana.
Luddy Valencia, secretaria de la Mujer en Quibdó, ya ha identificado muchos de estos problemas y afirma que está gestionando recursos con diferentes ONG y agencias internacionales para apoyar microempresas de mujeres víctimas. Pero añade que a ella no le alcanza el tiempo ni los recursos para solucionar los problemas de cada víctima. “Necesitamos que las mujeres se empoderen y estudien la Ley de Víctimas y actúen en contra de la violencia hacia las mujeres para que reclamen sus derechos y se paren cuando vean que otra mujer está siendo maltratada”. Para ello empezará unos cursos sobre derechos humanos en el municipio.
Hacia el futuro Chocó enfrenta titánicos retos y sus habitantes lo saben. Bernardo Emilio Macías, presidente del Concejo de Lloró, sueña con que para el año 2020 el municipio sea autosostenible, ya que hoy en día su PIB no le alcanza para los proyectos que deben realizar. “Queremos hacer nuestras reuniones sin miedo a la violencia, que no haya limitantes en las carreteras. Queremos una paz duradera y queremos evidencia de que los recursos se usan en lo que en verdad necesitamos”.
* Los nombres de las entrevistadas fueron cambiados por razones de seguridad.