“Nadie garantiza la vida de los defensores de derechos humanos”: presidente de Afrodes

El pasado 14 de junio el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, presentó a la mesa directiva para la protección de los derechos de los defensoras y defensores de Derechos Humanos. En su pronunciamiento frente a los asesinatos cometidos contra los líderes y lideresas en Colombia dijo: “Más allá de las estadísticas, un solo líder muerto debería provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Es el momento de decir no más defensores y defensoras de derechos humanos, ni líderes sociales asesinados”. (Lea: "Más de 500 defensores de derechos humanos fueron asesinados en la última década")

Hace pocos días una comisión de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) fue hasta el capitolio de Washington (Estados Unidos) para dar a conocer la crítica situación que vive Colombia por las decenas de defensores de derechos humanos asesinados en los últimos meses. Estuvieron el pasado 20 de julio hablando con distintos congresistas estadounidenses. Uno de los representantes de Afrodes era su presidente, Marino Córdoba Berrio, a quien el 24 de octubre de 2016 le asesinaron a su hijo de 21 años Wilmar Córdoba. Un crimen que se dio luego de las múltiples amenazas que recibió Córdoba Berrio en su rol como defensor de derechos humanos. 

Marino Córdoba habló con Colombia2020 sobre el riesgo que representa ser defensor de derechos humanos y sobre los procesos que actualmente están adelantando para la protección de las víctimas afrodescendientes del conflicto.  

¿Cómo ha sido la experiencia desde Afrodes en la defensa de derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado?

La experiencia en Afrodes ha sido articulada con otros procesos para la protección de líderes Afros, que miembros de nuestra organización o de nuestras comunidades. Un trabajo que ya lleva cuatro años en los que básicamente le hemos solicitado al gobierno medidas de protección para nuestros líderes. Al no tener respuesta a nivel nacional, hemos tenido que recurrir a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDC), el Congreso de los EE.UU. y organizaciones aliadas como WOLA (Oficina de Washington Asuntos Latinoamericanos). En Colombia vemos con preocupación como no sea tenido en cuenta el tipo de medidas de protección para estos líderes y lideresas.

¿Cómo se puede interpretar el asesinato de más de 40 líderes sociales durante el primer semestre del año en el país?

Está dentro del marco del activismo y el trabajo comunitario en las zonas donde están siendo amenazados los líderes. Un ejemplo es el asesinato de Bernardo Cuero, un militante y líder de izquierda que no contó con protección del gobierno. Por eso es que venimos insistiendo en que no se nos permite desempeñar nuestra labor como se debe. También, tenemos el caso del compañero Arnaldo, quién le ha tocado andar corriendo de un lado para el otro en Bolívar y Atlántico, donde realizar su trabajo. Su situación nos en una situación de vulnerabilidad, porque la organización no cuenta con la logística ni los recursos económicos para garantizarle seguridad. Y está el caso de los compañeros de Afrodes en Cali, Choco y Bogotá, quienes han recibido amenazas de muerte a través de panfleto. Hace poco yo también recibí amenazas de muerte.

¿Qué acordaron en la reunión sostenida con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Fernando Mora?

Por el asesinato de Bernardo, exfiscal de Afrodes, responsabilizamos a la UNP porque no se le adoptaron las medidas de seguridad que el compañero y la organización solicitó. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno le entregara un esquema de protección y a raíz de su muerte solicitamos una reunión con Mora para responsabilizar a la UNP por los hechos. Su respuesta fue la responsabilidad de la UNP llega a un cierto punto porque los cuatro estudios de evaluación de riesgo realizados a Bernardo Cuero arrojaron que tenía un nivel de riesgo ordinario. No vas tocar llegar a un escenario jurídico y demostrar que sí hubo responsabilidad del Gobierno, por negligencia administrativa de algunos funcionarios.

¿Por qué se realizó la gira de la mesa directiva de defensores y líderes de derechos humanos por Estados Unidos?

El Congreso de Estados Unidos es nuestro aliado principal en todos los temas que tienen que ver con grupos étnicos y afrocolombianos. También hay algunas las organizaciones sociales, sectores académicos, religiosos y estudiantiles. Fuimos a contarles la situación y a pedirles que se sigan haciendo pronunciamientos y exigencias desde Estados Unidos para que el Gobierno colombiano escuche las voces de aquellos que reclaman atención, protección y seguridad. Sabemos que es el único medio que funciona.

¿Cómo nace la mesa directiva de defensores y líderes de derechos humanos en la Procuraduría?  

La Procuraduría ha sido muy proactiva y promovió la mesa directiva de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Es muy importante porque busca poner cierto orden en un país en el que nadie responde, garantiza o protege la vida de los líderes sociales.

¿Qué les espera a los movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia tras la firma de la paz?

El proceso de paz avanzó porque nosotros lo apoyamos desde los diferentes sectores sociales, como víctimas, campesinos, afrocolombianos e indígenas. Es decir, aquellos que hemos sufrido el conflicto expresamos que la salida negociada es la mejor noticia para el país. Nosotros no somos los enemigos de este país, ni de la democracia. Pero nos tienen que dar garantías de seguridad para realizar nuestro trabajo.  Además, hay una situación crítica y es que hay personas que se oponen al trabajo de los líderes sociales. Nos ven obstáculo. Me parece que el Gobierno debe jugar un papel importante en identificar perseguirlos y judicializarlos. La sociedad también tiene que ser más solidaria. No podemos esperar que nos lleguen casos como el de Bernardo, donde ya después de asesinado las autoridades dicen que van a evaluar lo que pasó porque era importante para el país. Ya está muerto, ya nos no sirve Bernardo sino para el recuerdo.

El crítico informe de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha reportado entre el 1 de enero del 2016 y el 1 de marzo del 2017 un total de 156 asesinatos, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados a líderes defensores de derechos humanos. El defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret explicó que “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc. Estos grupos terminan controlando economías ilegales, que han sido por años el combustible de la guerra en Colombia”. (Le puede interesar: "Este año van tantos desplazamientos como en 2016": Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia")

Además, la Defensoría del Pueblo encontró que la estigmatización que sufren los defensores de derechos humanos es un factor que aumenta el riesgo de ser asesinados.  Por eso, Negret hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones urgentes y “proteger a las posibles víctimas, organizaciones y líderes sociales. Hay que rechazar la insuficiente financiación del gobierno nacional para la protección de estos colectivos”.

El pasado 14 de junio el procurador general, Fernando Carrillo Flórez, presentó a la mesa directiva para la protección de los derechos de los defensoras y defensores de Derechos Humanos. En su pronunciamiento frente a los asesinatos cometidos contra los líderes y lideresas en Colombia dijo: “Más allá de las estadísticas, un solo líder muerto debería provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Es el momento de decir no más defensores y defensoras de derechos humanos, ni líderes sociales asesinados”. (Lea: "Más de 500 defensores de derechos humanos fueron asesinados en la última década")

Hace pocos días una comisión de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados (Afrodes) fue hasta el capitolio de Washington (Estados Unidos) para dar a conocer la crítica situación que vive Colombia por las decenas de defensores de derechos humanos asesinados en los últimos meses. Estuvieron el pasado 20 de julio hablando con distintos congresistas estadounidenses. Uno de los representantes de Afrodes era su presidente, Marino Córdoba Berrio, a quien el 24 de octubre de 2016 le asesinaron a su hijo de 21 años Wilmar Córdoba. Un crimen que se dio luego de las múltiples amenazas que recibió Córdoba Berrio en su rol como defensor de derechos humanos. 

Marino Córdoba habló con Colombia2020 sobre el riesgo que representa ser defensor de derechos humanos y sobre los procesos que actualmente están adelantando para la protección de las víctimas afrodescendientes del conflicto.  

¿Cómo ha sido la experiencia desde Afrodes en la defensa de derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado?

La experiencia en Afrodes ha sido articulada con otros procesos para la protección de líderes Afros, que miembros de nuestra organización o de nuestras comunidades. Un trabajo que ya lleva cuatro años en los que básicamente le hemos solicitado al gobierno medidas de protección para nuestros líderes. Al no tener respuesta a nivel nacional, hemos tenido que recurrir a organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDC), el Congreso de los EE.UU. y organizaciones aliadas como WOLA (Oficina de Washington Asuntos Latinoamericanos). En Colombia vemos con preocupación como no sea tenido en cuenta el tipo de medidas de protección para estos líderes y lideresas.

¿Cómo se puede interpretar el asesinato de más de 40 líderes sociales durante el primer semestre del año en el país?

Está dentro del marco del activismo y el trabajo comunitario en las zonas donde están siendo amenazados los líderes. Un ejemplo es el asesinato de Bernardo Cuero, un militante y líder de izquierda que no contó con protección del gobierno. Por eso es que venimos insistiendo en que no se nos permite desempeñar nuestra labor como se debe. También, tenemos el caso del compañero Arnaldo, quién le ha tocado andar corriendo de un lado para el otro en Bolívar y Atlántico, donde realizar su trabajo. Su situación nos en una situación de vulnerabilidad, porque la organización no cuenta con la logística ni los recursos económicos para garantizarle seguridad. Y está el caso de los compañeros de Afrodes en Cali, Choco y Bogotá, quienes han recibido amenazas de muerte a través de panfleto. Hace poco yo también recibí amenazas de muerte.

¿Qué acordaron en la reunión sostenida con el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Fernando Mora?

Por el asesinato de Bernardo, exfiscal de Afrodes, responsabilizamos a la UNP porque no se le adoptaron las medidas de seguridad que el compañero y la organización solicitó. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le pidió al Gobierno le entregara un esquema de protección y a raíz de su muerte solicitamos una reunión con Mora para responsabilizar a la UNP por los hechos. Su respuesta fue la responsabilidad de la UNP llega a un cierto punto porque los cuatro estudios de evaluación de riesgo realizados a Bernardo Cuero arrojaron que tenía un nivel de riesgo ordinario. No vas tocar llegar a un escenario jurídico y demostrar que sí hubo responsabilidad del Gobierno, por negligencia administrativa de algunos funcionarios.

¿Por qué se realizó la gira de la mesa directiva de defensores y líderes de derechos humanos por Estados Unidos?

El Congreso de Estados Unidos es nuestro aliado principal en todos los temas que tienen que ver con grupos étnicos y afrocolombianos. También hay algunas las organizaciones sociales, sectores académicos, religiosos y estudiantiles. Fuimos a contarles la situación y a pedirles que se sigan haciendo pronunciamientos y exigencias desde Estados Unidos para que el Gobierno colombiano escuche las voces de aquellos que reclaman atención, protección y seguridad. Sabemos que es el único medio que funciona.

¿Cómo nace la mesa directiva de defensores y líderes de derechos humanos en la Procuraduría?  

La Procuraduría ha sido muy proactiva y promovió la mesa directiva de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Es muy importante porque busca poner cierto orden en un país en el que nadie responde, garantiza o protege la vida de los líderes sociales.

¿Qué les espera a los movimientos sociales y organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia tras la firma de la paz?

El proceso de paz avanzó porque nosotros lo apoyamos desde los diferentes sectores sociales, como víctimas, campesinos, afrocolombianos e indígenas. Es decir, aquellos que hemos sufrido el conflicto expresamos que la salida negociada es la mejor noticia para el país. Nosotros no somos los enemigos de este país, ni de la democracia. Pero nos tienen que dar garantías de seguridad para realizar nuestro trabajo.  Además, hay una situación crítica y es que hay personas que se oponen al trabajo de los líderes sociales. Nos ven obstáculo. Me parece que el Gobierno debe jugar un papel importante en identificar perseguirlos y judicializarlos. La sociedad también tiene que ser más solidaria. No podemos esperar que nos lleguen casos como el de Bernardo, donde ya después de asesinado las autoridades dicen que van a evaluar lo que pasó porque era importante para el país. Ya está muerto, ya nos no sirve Bernardo sino para el recuerdo.

El crítico informe de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo ha reportado entre el 1 de enero del 2016 y el 1 de marzo del 2017 un total de 156 asesinatos, cinco desapariciones forzadas y 33 atentados a líderes defensores de derechos humanos. El defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret explicó que “una de las principales causas de este fenómeno es la pretensión de los grupos ilegales por copar los espacios del territorio de los que se han retirado las Farc. Estos grupos terminan controlando economías ilegales, que han sido por años el combustible de la guerra en Colombia”. (Le puede interesar: "Este año van tantos desplazamientos como en 2016": Alto Comisionado para los Refugiados en Colombia")

Además, la Defensoría del Pueblo encontró que la estigmatización que sufren los defensores de derechos humanos es un factor que aumenta el riesgo de ser asesinados.  Por eso, Negret hizo un llamado a las autoridades para tomar acciones urgentes y “proteger a las posibles víctimas, organizaciones y líderes sociales. Hay que rechazar la insuficiente financiación del gobierno nacional para la protección de estos colectivos”.