Nariño: dos masacres por resolver

“En Nariño fracasó el proceso de paz”. Con esta breve frase, un líder social del departamento resume la situación que se está viviendo en este departamento. Atrapado por el miedo, no se atreve a revelar su nombre, pero sí hace un llamado al Gobierno para que tome acciones contundentes. En menos de cinco meses en Nariño se han registrado dos hechos de extrema gravedad que han dejado un saldo de 15 personas asesinadas. Las autoridades investigan, pero no hay un solo responsable por lo ocurrido.

El hecho más reciente se registró el pasado lunes 27 de noviembre. Una confrontación armada en la vereda Pueblo Nuevo, del municipio de Magüí, Payán, dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Sin embargo, los habitantes insisten en que murieron 12 personas en un enfrentamiento entre el Eln y disidencias de las Farc. Lo único claro es que el terror prevalece hoy en la zona donde ocurrió el suceso.

“Se estaba realizando una fiesta de cumpleaños en la vereda de Pueblo Nuevo. Al lugar llegaron miembros de la disidencia de las Farc, al mando de alias Sábalo. Se encontraron con miembros del Eln, quienes abrieron fuego contra los que se encontraban en la reunión. Sólo nos enteramos de lo ocurrido cuando dos heridos lograron ser trasladados después a Tumaco y a Pasto para recibir atención médica”, recalcó a este diario el líder social que fue consultado.

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El pasado miércoles, tres días después de lo ocurrido, llegó el Estado a la vereda Pueblo Nuevo, en el corregimiento del municipio de Magüí, Payán. No obstante, acceder a este territorio es una misión casi imposible. Por tierra no hay camino. La única opción es el río, en viaje de lancha por más de cuatro horas. La información oficial insiste que fueron cinco personas las asesinadas. “En el caserío se ubicaron dos viviendas en las que se encuentran los cuerpos en velación. Están en proceso de identificación por parte del CTI”, señaló el coronel Haidiber Restrepo Díaz, comandante de la Policía en Nariño.

La Fiscalía ya empezó una investigación sobre lo ocurrido, pero la tarea no es fácil. “Las complicaciones para llegar a la zona puede afectar el proceso. Puede que se hayan perdido o alterado pruebas claves, o como suele ocurrir en este tipo de situaciones, se haya intimidado a la comunidad para que no hable”, señaló una fuente del ente investigador a este diario. El organismo intenta esclarecer si son ciertas las versiones que apuntan a que algunos cuerpos de las víctimas del ataque fueron arrojados al río.

Ante lo ocurrido, el procurador Fernando Carrillo pidió resultados inmediatos en las investigaciones. “Lo único evidente es que la presencia del Estado en estos territorios hoy es fundamental. La claridad frente a lo que sucedió todavía está en entredicho. Se requiere reacción inmediata para proteger definitivamente los derechos de la población que se está viendo demasiado afectada por el enfrentamiento de las bandas criminales”.

El caso pendiente

A la fecha, la justicia sigue sin resolver qué pasó el 9 de octubre, cuando murieron seis campesinos en otra zona de Tumaco. La necropsia de Medicina Legal aseguró que los cuerpos presentaban lesiones causadas por proyectil de alta velocidad, lo que se traduce en que los disparos no fueron hechos a corta distancia. Casi dos meses después de los hechos, no se descarta la versión de los campesinos de que la Policía Antinarcóticos disparó a mansalva contra los manifestantes.

Aunque las investigaciones en este caso pretenden evaluar si el proceder de la Fuerza Pública fue indicado, aún la Fiscalía no tiene claro si tuvo responsabilidad en los hechos. Asimismo, se desconoce el paradero de las armas que fueron robadas a la Policía meses antes y que, según la institución, tiene que ver con lo sucedido. Lo cierto es que no hay respuestas oficiales, lo cual hace creer que tampoco será fácil esclarecer lo que pasó el pasado lunes.

También lea: Tumaco a la espera de justicia tras ataque de la Policía

En conclusión de los analistas del conflicto, la tierra de los tres tesoros, gastronomía, cultura y naturaleza, es hoy blanco de la barbarie de la disidencia de las Farc y del Eln, que han visto en el puerto de Tumaco, situado sobre la costa Pacífica, un corredor estratégico de movilidad para el narcotráfico. Además, por su condición de zona de frontera con Ecuador, el departamento de Nariño se advierte muy vulnerable. El llamado a las autoridades es que asuman que allí se vive a diario el reto verdadero de dejar atrás el conflicto armado.

“Además, los esfuerzos para un nuevo Tumaco deben estar orientados a cerrar las brechas sociales en salud, vivienda, educación y cultura, desarrollo social, económico, productivo y generación de ingresos, seguridad y convivencia, desarrollo de infraestructura para las comunicaciones, y mejoramiento de los servicios públicos”, puntualiza el líder social que insiste en la reserva de su identidad. Prefiere reiterar que, a todas luces, el Gobierno le está incumpliendo a Nariño.

“En Nariño fracasó el proceso de paz”. Con esta breve frase, un líder social del departamento resume la situación que se está viviendo en este departamento. Atrapado por el miedo, no se atreve a revelar su nombre, pero sí hace un llamado al Gobierno para que tome acciones contundentes. En menos de cinco meses en Nariño se han registrado dos hechos de extrema gravedad que han dejado un saldo de 15 personas asesinadas. Las autoridades investigan, pero no hay un solo responsable por lo ocurrido.

El hecho más reciente se registró el pasado lunes 27 de noviembre. Una confrontación armada en la vereda Pueblo Nuevo, del municipio de Magüí, Payán, dejó un saldo de cinco personas fallecidas. Sin embargo, los habitantes insisten en que murieron 12 personas en un enfrentamiento entre el Eln y disidencias de las Farc. Lo único claro es que el terror prevalece hoy en la zona donde ocurrió el suceso.

“Se estaba realizando una fiesta de cumpleaños en la vereda de Pueblo Nuevo. Al lugar llegaron miembros de la disidencia de las Farc, al mando de alias Sábalo. Se encontraron con miembros del Eln, quienes abrieron fuego contra los que se encontraban en la reunión. Sólo nos enteramos de lo ocurrido cuando dos heridos lograron ser trasladados después a Tumaco y a Pasto para recibir atención médica”, recalcó a este diario el líder social que fue consultado.

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El pasado miércoles, tres días después de lo ocurrido, llegó el Estado a la vereda Pueblo Nuevo, en el corregimiento del municipio de Magüí, Payán. No obstante, acceder a este territorio es una misión casi imposible. Por tierra no hay camino. La única opción es el río, en viaje de lancha por más de cuatro horas. La información oficial insiste que fueron cinco personas las asesinadas. “En el caserío se ubicaron dos viviendas en las que se encuentran los cuerpos en velación. Están en proceso de identificación por parte del CTI”, señaló el coronel Haidiber Restrepo Díaz, comandante de la Policía en Nariño.

La Fiscalía ya empezó una investigación sobre lo ocurrido, pero la tarea no es fácil. “Las complicaciones para llegar a la zona puede afectar el proceso. Puede que se hayan perdido o alterado pruebas claves, o como suele ocurrir en este tipo de situaciones, se haya intimidado a la comunidad para que no hable”, señaló una fuente del ente investigador a este diario. El organismo intenta esclarecer si son ciertas las versiones que apuntan a que algunos cuerpos de las víctimas del ataque fueron arrojados al río.

Ante lo ocurrido, el procurador Fernando Carrillo pidió resultados inmediatos en las investigaciones. “Lo único evidente es que la presencia del Estado en estos territorios hoy es fundamental. La claridad frente a lo que sucedió todavía está en entredicho. Se requiere reacción inmediata para proteger definitivamente los derechos de la población que se está viendo demasiado afectada por el enfrentamiento de las bandas criminales”.

El caso pendiente

A la fecha, la justicia sigue sin resolver qué pasó el 9 de octubre, cuando murieron seis campesinos en otra zona de Tumaco. La necropsia de Medicina Legal aseguró que los cuerpos presentaban lesiones causadas por proyectil de alta velocidad, lo que se traduce en que los disparos no fueron hechos a corta distancia. Casi dos meses después de los hechos, no se descarta la versión de los campesinos de que la Policía Antinarcóticos disparó a mansalva contra los manifestantes.

Aunque las investigaciones en este caso pretenden evaluar si el proceder de la Fuerza Pública fue indicado, aún la Fiscalía no tiene claro si tuvo responsabilidad en los hechos. Asimismo, se desconoce el paradero de las armas que fueron robadas a la Policía meses antes y que, según la institución, tiene que ver con lo sucedido. Lo cierto es que no hay respuestas oficiales, lo cual hace creer que tampoco será fácil esclarecer lo que pasó el pasado lunes.

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“Además, los esfuerzos para un nuevo Tumaco deben estar orientados a cerrar las brechas sociales en salud, vivienda, educación y cultura, desarrollo social, económico, productivo y generación de ingresos, seguridad y convivencia, desarrollo de infraestructura para las comunicaciones, y mejoramiento de los servicios públicos”, puntualiza el líder social que insiste en la reserva de su identidad. Prefiere reiterar que, a todas luces, el Gobierno le está incumpliendo a Nariño.