“Necesitamos que el aborto no esté en el código penal”

Desde 2006 el aborto en Colombia es un derecho de las mujeres, siempre que se sustente en tres causales: violación, malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero y cuando el embarazo pone en riesgo la salud física o mental de la mujer gestante. Sin embargo, sigue estando en el código penal como un delito que puede dar de tres a seis años de cárcel, y alrededor de 5.000 mujeres han sido judicializadas por aborto en los últimos 15 años, según la Fiscalía General de la Nación.

Esto, para Juliana Martinez Londoño, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es una barrera para acceder a este derecho, pues pone a las mujeres a pensar si pueden o no hacerlo, aunque certifiquen una causal. Así, dice, aumentan los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres. Esta última es una de las razones que durante 20 años ha esgrimido la Mesa para luchar por la despenalización total del aborto y hacerle seguimiento a la implementación de la ley. Por esta lucha ganaron el Premio Regional de Líderes de Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de Canadá en Colombia, como un reconocimiento de este país, que tiene una política feminista de asistencia internacional que busca empoderar a niñas y mujeres, por su lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El embajador Marcel Lebleu dijo al presentar este premio que “queda mucho por hacer. Tenemos gabinetes ministeriales paritarios tanto en Canadá como en Colombia, pero la participación política de las mujeres en el Congreso aún es baja. Lo mismo aplica para el sector privado. Como dice la expresión colombiana, no se puede ganar un partido cuando el 50% de los jugadores no están en la cancha”.

Hablamos con Martinez sobre la situación Colombia respecto al derecho del aborto y cómo está trabajando la Mesa para avanzar hacia la protección de la vida de las mujeres para ejercer este derecho.

¿En qué se concentra el trabajo de la Mesa?

Hacemos un trabajo de veeduría y monitoreo ciudadano a cómo se está implementando la sentencia C-355 del 2006 y eso también incluye hacer capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en el país; tenemos también un trabajo de incidencia jurídica y política, donde buscamos avances y también frenar retrocesos; un trabajo en comunicaciones en el que buscamos desmitificar las creencias sobre la interrupción voluntaria del embarazo porque es un tema que está rodeado de mucha desinformación;  también acompañamos legalmente a mujeres que buscan interrumpir el embarazo. Hemos acompañado alrededor de 1200 mujeres y es una estrategia que nos permite saber de primera mano, con las mujeres, dónde están las barreras. Así podemos hacer incidencia y presión para que se eliminen y se superen.

¿Cuáles son las barreras que encuentran las mujeres que deciden abortar?

Nosotras hemos planteado que existen tres grandes tipos de barreras: por desconocimiento del marco normativo, por interpretaciones restrictivas y por fallas en el sistema de salud, que son tanto administrativas como de los profesionales. Dentro de las interpretaciones restrictivas encontramos un uso inconstitucional de la objeción de conciencia. Prestadores que creen que sus opiniones son válidas para objetar conciencia, cuando la objeción de conciencia nos está hablando de un derecho fundamentado en razones religiosas profundas que deben ser probadas.

Hemos identificado que hay EPS que niegan sistemáticamente el servicio. En julio del año pasado presentamos ante la Superintendencia de Salud un compendio de 39 casos en los que se prueba que la EPS Compensar vulnera sistemáticamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que incluye ser citadas a direcciones que no existen, ser citadas a psiquiatría aun cuando ellas ya dijeron que lo que quieren es interrumpir el embarazo o ser recriminadas y juzgadas por la decisión que están tomando.

Lea: Víctimas de violencia sexual de las Farc piden que sus casos los lleve la JEP

¿Qué acciones concretas han tomado para superar las barreras?

A la Superintendencia le estamos pidiendo que haga uso de su función jurisdiccional y se inicie una investigación que conduzca a una sanción a Compensar, porque lo que vemos es que la EPS dice tener una ruta, pero lo que está poniendo en práctica es una ruta de impedimentos. También en algunos casos nosotras hemos interpuesto acciones de tutelas, alguna de las cuales han sido aceptadas por la Corte Constitucional. También hemos acompañado a construir lineamientos de política pública, que significarían una reducción de las barreras.

¿Todavía en Colombia se condenan a las mujeres por el delito de aborto?

No me arriesgo a contestarla porque habría que levantar un estado del arte. Lo que sí te puedo decir es que nosotras hemos venido evidenciando una mayor judicialización a mujeres presuntamente por el delito de aborto. Por ejemplo, en Tuluá estamos representando penalmente a una mujer que está judicializada por el delito de aborto y se han realizado audiencias. En Bogotá acompañamos a una menor de 15 años que, aunque tenía certificada su causal, fue judicializada y recibió muchas amenazas, ella y su mamá, diciéndoles, por ejemplo, que debían reclamar el feto para darle cristiana sepultura. En marzo conocimos el caso de una chica de 15 años en Ibagué que consumió unas pastillas, la mamá la llevó al hospital y hay una violación al secreto profesional, la denuncian y además la amenazan con hacerle un proceso de restablecimiento de derechos con el ICBF que implicaría sepárala de sus padres.

Es decir, sí hay una penalización...

Sí, según cifras de Fiscalía, desde que empieza el sistema de justicia oral hasta el año pasado, hay alrededor de 5.000 mujeres criminalizadas por el delito de aborto y puede que esto no terminó en cárcel, pero son todas las otras situaciones. Identificamos que había menores de 14 años en esa base de datos, o sea que estaban bajo la presunción de violencia sexual. Y no es solo la sanción que impone el código, sino todo el estigma y la penalización social. Ahí es donde hay que decir claramente que la persistencia del delito en el código penal, al tiempo que el aborto es reconocido como un derecho, es una barrera de acceso. Pone a las mujeres a pensar si pueden o no pueden y va a ser mucho más fácil para ellas, porque por las preguntas y el desconocimiento buscan abortos por fuera del sistema de salud, lo que pone en peligro sus vidas.

¿Qué acciones han tomado para superar la barrera de la desinformación?

Entre 2015 y 2018 capacitamos alrededor de 5.000 funcionarios y funcionarias en 24 de los 32 departamentos del país. Esto es importante porque son ellos quienes ponen a operar la sentencia y pueden ser el obstáculo de una mujer que desee y pregunte si ese es un derecho o no y le deben responder con claridad que sí lo es. También hemos hecho un trabajo de capacitación con organizaciones de mujeres y estudiantes. Con mujeres porque creemos que ellas pueden hacer un ejercicio de exigibilidad de derechos y con los estudiantes, principalmente de Medicina y de Derecho, porque hemos identificado que estudiantes que no han recibido formación al respecto se convierten después en objetores o en un obstáculo porque no tienen la información suficiente.

Vea: ¿Por qué son las mujeres las que buscan a los desaparecidos?

En la Colombia rural donde no hay acceso a los servicios más básicos, ¿cómo pueden llegar las mujeres exigir su derecho al aborto? ¿Cómo ha sido su trabajo en territorio?

Sabemos que ahí es donde están las barreras y donde existe mayor necesidad. Tenemos un trabajo con el colectivo de mujeres del Tolima en Ibagué y empezó en diagnosticar si podían acceder o no, quién prestaba el servicio, si las mujeres lo estaban buscando o qué pasaba para poder habilitar servicios para que se presente de manera legal y segura la interrupción voluntaria del embarazo. El año pasado también realizamos con la Red Nacional de Mujeres en Caldas un trabajo en tres municipios y trabajo en la zona rural de Manizales. Hicimos la identificación de violencias sexuales, que están muy conectadas con el derecho al aborto porque muchas no tuvieron la información en el momento que la necesitaban. Esto fue la confirmación de que son las mujeres rurales, pobres, racializadas las que no están educadas y son quienes viven las barreras de acceso de manera más aguda.

¿Por qué luchar por la despenalización total del aborto en Colombia?

En primer lugar, es una cuestión de justicia social. En el modelo que tenemos actualmente, donde la mayoría de los abortos siguen realizándose por fuera del sistema de salud y las que más se ven afectadas por esto son las mujeres rurales, no escolarizadas, no educadas, pobres, negras e indígenas, esto ahonda una brecha que genera discriminación. En segundo lugar, es una cuestión de autonomía de las mujeres. Las mujeres tenemos la capacidad moral para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. En tercer lugar, es un asunto de salud pública. La morbilidad por aborto es prevenible, porque el aborto realizado en condiciones apropiadas es un procedimiento seguro.

¿Qué significa ganar el Premio Regional de Líderes de DDHH?

Para nosotras es muy importante porque creemos que es una reivindicación del derecho al aborto como parte de los derechos humanos de las mujeres y del derecho a la igualdad. Sabemos que no estamos solas en esta causa y también nos permite refrendar el compromiso por las mujeres por las que nosotras trabajamos. Nos da ese impulso porque queremos darlo todo por la despenalización total, creemos que es el momento de reabrir el debate público. Tenemos dos retos: cuidar lo que hemos ganado, es decir, seguir apostándole a la implementación, e ir avanzando y seguir abriendo camino para la despenalización total. Necesitamos que el delito de aborto no esté en el código penal.

Desde 2006 el aborto en Colombia es un derecho de las mujeres, siempre que se sustente en tres causales: violación, malformaciones incompatibles con la vida fuera del útero y cuando el embarazo pone en riesgo la salud física o mental de la mujer gestante. Sin embargo, sigue estando en el código penal como un delito que puede dar de tres a seis años de cárcel, y alrededor de 5.000 mujeres han sido judicializadas por aborto en los últimos 15 años, según la Fiscalía General de la Nación.

Esto, para Juliana Martinez Londoño, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, es una barrera para acceder a este derecho, pues pone a las mujeres a pensar si pueden o no hacerlo, aunque certifiquen una causal. Así, dice, aumentan los abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres. Esta última es una de las razones que durante 20 años ha esgrimido la Mesa para luchar por la despenalización total del aborto y hacerle seguimiento a la implementación de la ley. Por esta lucha ganaron el Premio Regional de Líderes de Derechos Humanos, otorgado por la Embajada de Canadá en Colombia, como un reconocimiento de este país, que tiene una política feminista de asistencia internacional que busca empoderar a niñas y mujeres, por su lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El embajador Marcel Lebleu dijo al presentar este premio que “queda mucho por hacer. Tenemos gabinetes ministeriales paritarios tanto en Canadá como en Colombia, pero la participación política de las mujeres en el Congreso aún es baja. Lo mismo aplica para el sector privado. Como dice la expresión colombiana, no se puede ganar un partido cuando el 50% de los jugadores no están en la cancha”.

Hablamos con Martinez sobre la situación Colombia respecto al derecho del aborto y cómo está trabajando la Mesa para avanzar hacia la protección de la vida de las mujeres para ejercer este derecho.

¿En qué se concentra el trabajo de la Mesa?

Hacemos un trabajo de veeduría y monitoreo ciudadano a cómo se está implementando la sentencia C-355 del 2006 y eso también incluye hacer capacitación a funcionarias y funcionarios públicos en el país; tenemos también un trabajo de incidencia jurídica y política, donde buscamos avances y también frenar retrocesos; un trabajo en comunicaciones en el que buscamos desmitificar las creencias sobre la interrupción voluntaria del embarazo porque es un tema que está rodeado de mucha desinformación;  también acompañamos legalmente a mujeres que buscan interrumpir el embarazo. Hemos acompañado alrededor de 1200 mujeres y es una estrategia que nos permite saber de primera mano, con las mujeres, dónde están las barreras. Así podemos hacer incidencia y presión para que se eliminen y se superen.

¿Cuáles son las barreras que encuentran las mujeres que deciden abortar?

Nosotras hemos planteado que existen tres grandes tipos de barreras: por desconocimiento del marco normativo, por interpretaciones restrictivas y por fallas en el sistema de salud, que son tanto administrativas como de los profesionales. Dentro de las interpretaciones restrictivas encontramos un uso inconstitucional de la objeción de conciencia. Prestadores que creen que sus opiniones son válidas para objetar conciencia, cuando la objeción de conciencia nos está hablando de un derecho fundamentado en razones religiosas profundas que deben ser probadas.

Hemos identificado que hay EPS que niegan sistemáticamente el servicio. En julio del año pasado presentamos ante la Superintendencia de Salud un compendio de 39 casos en los que se prueba que la EPS Compensar vulnera sistemáticamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que incluye ser citadas a direcciones que no existen, ser citadas a psiquiatría aun cuando ellas ya dijeron que lo que quieren es interrumpir el embarazo o ser recriminadas y juzgadas por la decisión que están tomando.

Lea: Víctimas de violencia sexual de las Farc piden que sus casos los lleve la JEP

¿Qué acciones concretas han tomado para superar las barreras?

A la Superintendencia le estamos pidiendo que haga uso de su función jurisdiccional y se inicie una investigación que conduzca a una sanción a Compensar, porque lo que vemos es que la EPS dice tener una ruta, pero lo que está poniendo en práctica es una ruta de impedimentos. También en algunos casos nosotras hemos interpuesto acciones de tutelas, alguna de las cuales han sido aceptadas por la Corte Constitucional. También hemos acompañado a construir lineamientos de política pública, que significarían una reducción de las barreras.

¿Todavía en Colombia se condenan a las mujeres por el delito de aborto?

No me arriesgo a contestarla porque habría que levantar un estado del arte. Lo que sí te puedo decir es que nosotras hemos venido evidenciando una mayor judicialización a mujeres presuntamente por el delito de aborto. Por ejemplo, en Tuluá estamos representando penalmente a una mujer que está judicializada por el delito de aborto y se han realizado audiencias. En Bogotá acompañamos a una menor de 15 años que, aunque tenía certificada su causal, fue judicializada y recibió muchas amenazas, ella y su mamá, diciéndoles, por ejemplo, que debían reclamar el feto para darle cristiana sepultura. En marzo conocimos el caso de una chica de 15 años en Ibagué que consumió unas pastillas, la mamá la llevó al hospital y hay una violación al secreto profesional, la denuncian y además la amenazan con hacerle un proceso de restablecimiento de derechos con el ICBF que implicaría sepárala de sus padres.

Es decir, sí hay una penalización...

Sí, según cifras de Fiscalía, desde que empieza el sistema de justicia oral hasta el año pasado, hay alrededor de 5.000 mujeres criminalizadas por el delito de aborto y puede que esto no terminó en cárcel, pero son todas las otras situaciones. Identificamos que había menores de 14 años en esa base de datos, o sea que estaban bajo la presunción de violencia sexual. Y no es solo la sanción que impone el código, sino todo el estigma y la penalización social. Ahí es donde hay que decir claramente que la persistencia del delito en el código penal, al tiempo que el aborto es reconocido como un derecho, es una barrera de acceso. Pone a las mujeres a pensar si pueden o no pueden y va a ser mucho más fácil para ellas, porque por las preguntas y el desconocimiento buscan abortos por fuera del sistema de salud, lo que pone en peligro sus vidas.

¿Qué acciones han tomado para superar la barrera de la desinformación?

Entre 2015 y 2018 capacitamos alrededor de 5.000 funcionarios y funcionarias en 24 de los 32 departamentos del país. Esto es importante porque son ellos quienes ponen a operar la sentencia y pueden ser el obstáculo de una mujer que desee y pregunte si ese es un derecho o no y le deben responder con claridad que sí lo es. También hemos hecho un trabajo de capacitación con organizaciones de mujeres y estudiantes. Con mujeres porque creemos que ellas pueden hacer un ejercicio de exigibilidad de derechos y con los estudiantes, principalmente de Medicina y de Derecho, porque hemos identificado que estudiantes que no han recibido formación al respecto se convierten después en objetores o en un obstáculo porque no tienen la información suficiente.

Vea: ¿Por qué son las mujeres las que buscan a los desaparecidos?

En la Colombia rural donde no hay acceso a los servicios más básicos, ¿cómo pueden llegar las mujeres exigir su derecho al aborto? ¿Cómo ha sido su trabajo en territorio?

Sabemos que ahí es donde están las barreras y donde existe mayor necesidad. Tenemos un trabajo con el colectivo de mujeres del Tolima en Ibagué y empezó en diagnosticar si podían acceder o no, quién prestaba el servicio, si las mujeres lo estaban buscando o qué pasaba para poder habilitar servicios para que se presente de manera legal y segura la interrupción voluntaria del embarazo. El año pasado también realizamos con la Red Nacional de Mujeres en Caldas un trabajo en tres municipios y trabajo en la zona rural de Manizales. Hicimos la identificación de violencias sexuales, que están muy conectadas con el derecho al aborto porque muchas no tuvieron la información en el momento que la necesitaban. Esto fue la confirmación de que son las mujeres rurales, pobres, racializadas las que no están educadas y son quienes viven las barreras de acceso de manera más aguda.

¿Por qué luchar por la despenalización total del aborto en Colombia?

En primer lugar, es una cuestión de justicia social. En el modelo que tenemos actualmente, donde la mayoría de los abortos siguen realizándose por fuera del sistema de salud y las que más se ven afectadas por esto son las mujeres rurales, no escolarizadas, no educadas, pobres, negras e indígenas, esto ahonda una brecha que genera discriminación. En segundo lugar, es una cuestión de autonomía de las mujeres. Las mujeres tenemos la capacidad moral para decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra reproducción. En tercer lugar, es un asunto de salud pública. La morbilidad por aborto es prevenible, porque el aborto realizado en condiciones apropiadas es un procedimiento seguro.

¿Qué significa ganar el Premio Regional de Líderes de DDHH?

Para nosotras es muy importante porque creemos que es una reivindicación del derecho al aborto como parte de los derechos humanos de las mujeres y del derecho a la igualdad. Sabemos que no estamos solas en esta causa y también nos permite refrendar el compromiso por las mujeres por las que nosotras trabajamos. Nos da ese impulso porque queremos darlo todo por la despenalización total, creemos que es el momento de reabrir el debate público. Tenemos dos retos: cuidar lo que hemos ganado, es decir, seguir apostándole a la implementación, e ir avanzando y seguir abriendo camino para la despenalización total. Necesitamos que el delito de aborto no esté en el código penal.