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El municipio de Roberto Payán, ubicado en el pacífico nariñense colombiano, suele ser un lugar silencioso, en donde los ruidos de las lanchas o de las discotecas se escuchan esporádicamente. “Acá es muy tranquilo, sí, pero cuando hay un ruido fuerte mis dos niños salen corriendo y se ponen a llorar”, cuenta María*, una madre cabeza de familia que fue desplazada de su vereda en Junio de 2021. En ese entonces, tuvo que dejar su casa después de estar, con sus niños de cinco y seis años de edad, en medio de un tiroteo entre grupos armados que aún hoy siguen en disputa por el control de la región.
Esta realidad se ha seguido repitiendo. Después de un año marcado por desplazamientos masivos, confinamientos y episodios reiterativos de violencia, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha sido testigo de nuevas afectaciones humanitarias. Por nuevos enfrentamientos en las veredas de Playa Nueva, municipio de Mosquera, Tangareal, municipio de La Tola, Telembí Arriba, municipio de Barbacoas y Las Lajas, Guanamo, Zapotal, Yarumal, Gómez Jurado y Naranjito, municipio de Olaya Herrera, MSF calcula cerca de 2,100 personas desplazadas en los últimos dos meses; un número que probablemente puede ser mayor teniendo en cuenta el subregistro que se puede presentar en diferentes veredas de difícil acceso y que los enfrentamientos continúan.
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En semanas recientes, en las visitas de MSF a las zonas afectadas, algunas personas desplazadas contaban que “el suelo se veía verde de todos los soldados que había, tenían bombas, armas, de todo. Van a matar o morir”. Ahora, lejos de sus casas y sin sustento, piden que “por favor dejen vivir a las familias en paz”. Por otro lado, también hacen falta kits de alimentación e higiene para los desplazados que se encuentran en La Tola y en Olaya Herrera y, todo esto unido al para armado en el municipio de El Charco que dificulta las rutas de abastecimiento de productos esenciales.
De acuerdo con Fernando Bartolomé, coordinador de MSF en Nariño, “el deterioro de la situación humanitaria es preocupante, actualmente hay cinco desplazamientos masivos declarados en los municipios de La Tola, Mosquera, Olaya Herrera y Barbacoas, además del paro en El Charco. Pese a los esfuerzos de las autoridades en responder a las necesidades de la población, los recursos se agotan rápidamente y estamos a principios de año. Por eso es necesaria la movilización urgente de las agencias humanitarias. Vale la pena agregar que la población de algunas de estas veredas ha sido desplaza entre dos y tres veces en el último año, lo que lleva a una peligrosa normalización de la situación que puede dar lugar a afectaciones en la salud mental, especialmente en niños, niñas y adolescentes. Estamos viendo que las personas se convierten en número en una lista y se deshumaniza su situación”.
¿Qué ha pasado con los desplazados de 2021?
María y sus hijos hacen parte de la lista de cerca de 21.000 personas que fueron desplazadas en la subregión del triángulo de Telembí durante el primer semestre de 2021. La mayoría de las familias desplazadas llegaron a la cabecera del municipio de Roberto Payán, en donde Médicos Sin Fronteras (MSF) apoyó a la población afectada con atención médica y salud mental. Con el paso del tiempo, muchas familias no tuvieron otra opción que regresar a sus casas en las veredas y convivir una situación de inseguridad permanente. Y otras, como la familia de María, se quedaron en Roberto Payán por temor a nuevos enfrentamientos, confinamientos y desplazamientos.
“No recuerdo el día pero sí me acuerdo que nunca había corrido tan rápido”, dice María hablando sobre el momento del desplazamiento. “Yo estaba en la cocina de la casa cuando comenzaron a sonar los disparos. Mis dos niños estaban en la calle jugando, entonces salí corriendo a buscarlos, con el corazón que se me salía porque pasaban las balas al lado mío. Casi me matan, pero grité, los encontré y los entré a la casa corriendo. Le di gracias a Dios y al otro día dejé todo lo que tenía y me fui”. Como María, la mayoría de las familias llegaron a dormir en las calles de Roberto Payán o, las que contaron con mejor suerte, en dos albergues de emergencia, en donde no había agua, ni luz ni alimentos suficientes.
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De acuerdo con fuentes oficiales, después de los desplazamientos masivos del primer semestre de 2021, cerca de 100 familias desplazadas se asentaron en zona rural de Roberto Payán y las otras viven un tiempo en sus fincas, trabajando, y después regresan a cabecera municipal. Los predios en donde se han asentado son privados, y las comunidades le han solicitado al Estado la compra para garantizar su reubicación, tema que sigue en discusión. Por el momento, las familias no tienen acceso a luz, acueducto ni alcantarillado.
Siete meses después, María no ha regresado a su vereda y dejó todas las cosas en su casa. “Dejé la nevera, la ropa, la cama…. Me da mucho miedo volver hasta allá y me siento más segura acá”. Hoy, María y otras familias que habían sido desplazadas en junio pasado están durmiendo en casas improvisadas en la zona rural de Roberto Payán, sin acceso a servicios básicos. Los hijos de María duermen en una casa de madera que con la ayuda de la comunidad han estado construyendo con el paso de los meses.
Necesidades básicas
Cuando llueve, María saca baldes para recoger agua. Cuando hace sol, ella y otras familias traen agua de un pozo cercano en donde el agua luce negra y está estancada desde hace meses. “Nos toca esa porque no hay nada más acá”, dice. Al preguntarle sobre la salud de ella y sus hijos cuenta que ha pensado en apoyo psicológico para los niños: “Ellos se han adaptado aquí, juegan y tienen amigos, pero lloran mucho cuando escuchan los ruidos o cuando algo raro pasa”. En junio, cuando fue el pico del desplazamiento, ella y otras familias recibieron algunas ayudas de alimentación y kits de higiene; después, quedaron con un subsidio de la Unidad de Víctimas que apenas llega para cubrir las necesidades básicas.
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Con lo que alcanza a trabajar, María compra arroz, aceite, lentejas y frijoles. “Es mejor no pensar en la carne, porque es muy cara, pienso a veces en asegurar la cebolla y el tomate”, dice. En este municipio, como se sabe entre voces, la mayoría de las familias deben trabajar en cultivos de uso ilícito para obtener un sustento mínimo semanal. Por el transporte de los alimentos y de los productos en general, vivir en Roberto Payán es caro. “Aquí tengo techo de plástico porque uno de zinc es muy caro. De pronto se rompe con la lluvia, pero no podemos hacer nada más. ¿Sabe cuánto cuesta un bulto de cemento acá? 50 mil pesos, mientras que en Bogotá lo consigue hasta en 28 mil”.
María espera reconstruir poco a poco su vida en Roberto Payán. Primero debe inscribir los niños al colegio, afiliarse al sistema de salud y esperar si reconocen su barrio como formal para acceder a servicios públicos. “Hace unos días conseguí una pipa de gas para cocinar porque antes no tenía. Los niños ya tienen amigos, pero extrañan a los otros niños de la vereda. Pero allá nosotros no volvemos…”
*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.
**Actualmente, Médicos Sin Fronteras Colombia está implementando un proyecto de atención descentralizada en salud en los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, siguiendo de cerca, a su vez, las necesidades humanitarias en esta subregión del departamento de Nariño.