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Hace cuatro días, este diario publicó un informe que detalló las amenazas que han recibido líderes emberas del resguardo Urada Jiguamiandó, que han resistido al conflicto armado por décadas en el Bajo Atrato chocoano. En este alertaron sobre posibles incursiones armadas de paramilitares que se autodenominan Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y señalaron una supuesta connivencia de la Fuerza Pública con estas estructuras, por acción u omisión.
En su momento, no fue posible tener una respuesta del general Juan Carlos Ramírez Trujillo, comandante de la Séptima División del Ejército, que tiene mando sobre la Brigada XVII, la Brigada XV y la Fuerza de Tarea Titán, que opera en esta zona del Atrato, sobre tales denuncias. Sin embargo, accedió a dar esta entrevista y dio un mensaje muy claro: no hay una política institucional de connivencia con grupos armados ilegales e internamente están llevando las investigaciones disciplinarias pertinentes para esclarecer si se está presentando esta situación. Por lo pronto, asegura que en esta área han tenido mayores golpes militares contra las AGC, o Clan del Golfo, como ellos les llaman, que contra la guerrilla del ELN.
¿Tenía conocimiento de las denuncias de los indígenas de la comunidad de Nuevo Cañaveral, preocupados por una incursión paramilitar en su territorio?
Esas denuncias las hemos recibido a través de la alerta temprana, el informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo. Estamos hablando de la alerta temprana del Carmen del Darién y Riosucio 058 y 019 de 2018.
Entiendo, si bien la zona está en crisis humanitaria hace más de un año, yo le estoy preguntando por la denuncia de hace seis días…
Sí, a través de medios y redes sociales hemos conocido lo que han dicho las comunidades. Nosotros hemos hecho operaciones militares en esas áreas. En 2018 realizamos 55 operaciones militares para el área del norte del Chocó y a la fecha llevamos 26. El total de operaciones hechas entre el Carmen del Darién y Riosucio incluye Bojayá, toda la cuenca del río Jiguamiandó, Truandó, Salquí, toda el área de Bojayá y Vigía del Fuerte, contra el Clan del Golfo.
General, ¿por qué le llaman Clan del Golfo si esta estructura armada ilegal se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia?
Tenemos un mecanismo que se llama el Consejo de Seguridad Nacional, que determina cuáles son los grupos armados organizados que hay en el país y cuáles son los grupos delincuenciales organizados. Este Consejo de Seguridad Nacional determinó que los grupos armados organizados son: el ELN, el residual de las Farc y el Clan del Golfo, así se le llama por directiva nacional. Y ahorita entraron Los Caparrapos.
¿Por qué la Fuerza Pública no ha podido controlar la presencia de las AGC si es tan visible en el territorio?
Nosotros adelantamos operaciones militares y en este momento, en esta área, se está ejerciendo un control militar y estamos logrando pasar a un control institucional del territorio. ¿Qué se busca? Que haya una solución en toda la dinámica social de estas comunidades. Por eso nosotros hemos ido inclusive a la comunidad de la Jagua, donde hoy ya tenemos presencia. A la comunidad de Marcial, a la comunidad de Pechindé. Además, hemos logrado que las comunidades indígenas entiendan por qué nosotros debemos estar en esos territorios, porque es muy difícil que las comunidades nos dejen estar en sus territorios.
Claro, muchas de estas comunidades se han organizado en zonas y resguardos humanitarios y se han resistido a la presencia de actores armados, ilegales y legales, para no exponerse. De hecho, tienen una historia de desconfianza con la Fuerza Pública que hoy siguen expresando. Por ejemplo, muchos dicen que el río Atrato es uno solo y no entienden cómo las AGC transitan libremente por ahí cuando hay también presencia y operaciones del Ejército. Creen que se está reciclando la relación que existió en estas tierras, y que ha sido probada judicialmente, entre militares y paramilitares a finales de los años 90. ¿Qué responde a eso?
Esa no es una política institucional. No hay connivencia con grupos armados. Nosotros internamente tenemos investigaciones disciplinarias continuas con tropas que están allá. Tenemos unos procesos internos de control para evitar que se esté presentando esta situación. Y eso se está llevando a cabo.
Es decir, ¿a la fecha se están llevando investigaciones internas para definir actuaciones ilícitas de las tropas que tienen presencia en estas áreas del Bajo Atrato?
Claro, hay unos procesos internos que nosotros llevamos. Todas nuestras actuaciones tienen un seguimiento por parte del Control Interno de la institución. Para poder determinar si la denuncia nos llega formal, si esto se está presentando y poder colocar a las personas que estén actuando por fuera de la ley a órdenes de la justicia.
¿Qué conocimiento tiene de que a las estructuras de las AGC y el ELN en esta zona se han unido varios exguerrilleros de las Farc, que habían dejado las armas?
Sí, gente que antes estaba en las Farc, incluso en los espacios de reincorporación, se salieron y hoy están en el ELN y en el Clan del Golfo, y ya lo hemos evidenciado cuando hemos hecho capturas de nuestra jurisdicción. Al ELN en esta área le hemos hecho 19 afectaciones, en su mayoría han sido capturas. Y al Clan del Golfo le hemos hecho 16 afectaciones.
Nosotros enviamos unas tropas al sector de Jiguamiandó, a la Nueva Esperanza y a las Minas, con el fin de incrementar esas operaciones militares porque todo es en cumplimiento a lo que nos exigen esas alertas tempranas que nos da la Defensoría del Pueblo. También hemos tenido consejos de seguridad con todas las autoridades de Carmen del Darién. Estuve personalmente el 14 de marzo en un consejo de seguridad allá. Se ha hecho una serie de actividades, como jornadas de salud, que lo que buscan es mejorar la tranquilidad de nuestras áreas. Y las mayores operaciones que hemos hecho fue la neutralización de 563 minas que se encontraron en un solo campamento.
En este momento en esa área actúan dos estructuras del ELN, la Manuel Hernández 'El boche', que tiene 51 bandidos en armas y otra que se llama Néstor Tulio Durán, que tiene 98 horas en armas. El Clan del Golfo tiene la Roberto Vargas Gutiérrez, que tiene 119 hombres en armas, y la Carlos Vásquez que tiene 231 hombres en armas. A esas estructuras se le han hecho operaciones militares y si del año pasado a este han incrementado el número de hombres, es porque ha habido reclutamiento forzoso, incluso de menores de edad.
El resguardo Uradá-Jiguamiandó tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se otorgaron luego, entre otras grandes afectaciones del conflicto armado, de un bombardeo del Ejercito en 2009. ¿Por qué cree que es tan difícil materializar estas medidas de protección?
Porque es un área bastante difícil. Es un área selvática cuya principal línea de comunicación es por río. Es un área donde se están haciendo las operaciones militares y cada vez estamos neutralizando a los bandidos por la sacada de la coca. Lo que a ellos les interesa es tener el corredor libre para sacar su cocaína, tanto el ELN como el Clan del Golfo.
De hecho, general, ¿sabe usted que hay una lista de 12 líderes indígenas de este resguardo que fueron amenazados de muerte por las AGC por no permitir sembrar coca en estas áreas?
No, la lista no la conozco. Pero nosotros participamos en los mecanismos de protección a nuestros líderes. La señora ministra del Interior hace 15 días estuvo presente en Riosucio en un PAO (Plan de Acción Oportuna) donde estuvieron presentes todas las fuerzas militares y de Policía. Nos reunimos con la comunidad y reconocemos su labor, pero obviamente nos falta hacer mucho más para generar una tranquilidad mayor en esa área del departamento del Chocó.
Entiendo, pero la presencia e intimidación de las AGC en corregimientos como Brisas o en Bajirá es visible y uno entiende la zozobra de la población civil en estos lugares...
Pero mire, por ejemplo, en Riosucio, Carmen del Darién o Bojayá, del ELN hemos capturado ocho personas y del Clan del Golfo 20. Eso es a fecha de hoy. De delincuencia común hemos capturado 12, para un total de 40 personas. En sometidos a la justicia, hay cuatro personas del Clan del Golfo. De presentaciones voluntarias tenemos siete del ELN. En esa área hemos tenido 12 combates: dos contra el ELN y diez contra el Clan del Golfo. Las operaciones contra el Clan del Golfo han sido mayores. Y de muertes en operaciones militares registramos dos del Clan del Golfo. En la Séptima División me han asesinado ocho soldados, dos por parte del ELN y el resto el Clan del Golfo. Nuestras operaciones hoy son contra todos los actores armados organizados. Estos son los números, pero claro, el desafío es estabilizar áreas.
Hoy hay más resultados contra el Clan del Golfo que contra cualquier grupo organizado. Y muertos en desarrollo de combates del ELN llevamos seis, pero del Clan del Golfo son 13 hasta la fecha.
Otra de las más grandes preocupaciones de los emberas son las exploraciones empresariales en busca de minerales. Allí donde se están dando las más duras confrontaciones armadas en la región de El Carmen del Darién, por ejemplo, se busca poner en marcha el proyecto Mandé Norte, de la compañía Muriel Mining Corporation. Para las comunidades, estas confrontaciones están abriendo camino para que se pueda dar esta explotación ¿cómo ve esto?
La explotación lícita de yacimientos mineros debe tener unas autorizaciones por parte del Ministerio de Minas. Nosotros por medio de ellos, una vez nos presentan estos documentos, generamos unas seguridades porque ya es una orden del Gobierno. Obviamente, eso tiene un proceso y en eso están con las comunidades. Lo que nosotros sí atacamos es la extracción ilícita que hay, de minería ilegal de forma industrial.