No solo subsidios, los desplazados necesitan legalizar sus asentamientos: Corte Constitucional

¿Se tiene información de cuánta es la población desplazada que, huyendo de la guerra y la necesidad, se asentó en los márgenes de las ciudades? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su situación hoy? Son preguntas que buscan entender y dar respuesta a un problema cuyo impacto es desbordado en el país y que, tristemente, poca atención ha merecido. 

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Así lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en el Auto 202 de 2015, cuando por primera vez se refirió a estos asentamientos de desplazados y urgió al Gobierno sobre la necesidad de identificarlos para lograr su formalización, normalización y legalización, esto ante la ausencia de información y respuesta que ha existido. 

La Corte está convencida de que de esta manera se podrían alcanzar soluciones habitacionales para esta población desplazada que no ha accedido a programas de vivienda y, por el otro, se podría garantizar seguridad jurídica sobre los predios e inclusión en el desarrollo urbano y rural. Para la Corte si se atiende a lo que está sucediendo en los asentamientos, estos pueden ser una suerte de solución duradera o sostenible para esta población.

Más adelante, en el Auto 373 de 2016, la Corte Constitucional realizó una evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en estas políticas y mencionó nuevamente que los programas en materia de legalización y regularización de barrios o asentamientos informales que tímidamente hacía el Gobierno iban en la dirección correcta, porque veía que esta vía posibilitaba el goce efectivo de otros derechos como son el acceso a servicios públicos, a escuelas, a centros de salud, a vías de acceso y demás obras de desarrollo e infraestructura social. Se refería al programa de Mejoramiento Integral de Barrios, que logró impactar en ocho municipios de forma integral, ayudando a seis mil hogares, según el Ministerio de Vivienda en 2015. Sin embargo, estos resultados contrastan con la magnitud del problema. Solo en  el asentamiento Granizal, en Bello, Antioquia, donde hay más de  12.000 familias.

Para este alto tribunal no hay que olvidar que uno de los mayores efectos perversos de la informalidad de estos asentamientos y de la falta de seguridad jurídica sobre las viviendas, al ubicar a sus habitantes en los márgenes de la legalidad y de la institucionalidad, radica en la exposición de sus habitantes a una situación de desprotección excesiva: “las comunidades asentadas en los territorios se exponen a situaciones que atentan contra su integridad: están sujetos a desalojos forzados,  estigmatización social, exclusión, pobreza extrema y riesgos derivados de permanecer en zonas que no cuentan con las garantías mínimas para su subsistencia”. Esta situación de desprotección, subraya la Corte, se encuentra acompañada, en muchos casos, de la presencia de actores armados que aprovechan la informalidad de estos asentamientos para extorsionar, presionar, hostigar, restringir el ingreso de insumos y amenazar con un desalojo forzoso a sus habitantes, como parte de las estrategias de control y del micro tráfico de estupefacientes en la zona, reconoció la corte.

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Por eso, la legalización y regularización de estos barrios, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sirve como un mecanismo de defensa a favor de estas comunidades para enfrentar estos riesgos, en la mayoría de los casos. Además, muchas familias desplazadas han logrado recrear en los barrios informales no sólo los vínculos y la vida en comunidad que el desarraigo destruyó, sino la reconstrucción de su proyecto de vida. Estas familias, por lo tanto, no están dispuestas a desplazarse nuevamente de tales asentamientos, sino que, por el contrario, están buscando su legalización y regularización con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

Esa es la razón para que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales que tiene el país frente al desplazamiento forzado, señalara con preocupación la falta de una acción decidida por parte del Gobierno en la legalización y regularización de estos barrios.

“El Gobierno Nacional sigue insistiendo en su respuesta a esta problemática mediante la asignación de subsidios, los cuales difícilmente tendrán una cobertura aceptable por más esfuerzos presupuestales que se realicen en la materia. Al insistir en la estrategia de subsidios, por lo tanto, el Gobierno está pasando por alto estrategias que reducirían la necesidad de incurrir en gastos sumamente altos y, no obstante, lograrían proporcionar alternativas reales de acceso efectivo al derecho a la vivienda para las comunidades desplazadas. La legalización y regularización de los asentamientos informales, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sería un primer paso en esa dirección”, anotó esta Sala Especial. Un tema clave y trascendental para este cambio de gobierno que deberá buscar enfrentar este tema sin ambagues.

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¿Se tiene información de cuánta es la población desplazada que, huyendo de la guerra y la necesidad, se asentó en los márgenes de las ciudades? ¿Dónde están? ¿Cómo viven? ¿Cuál es su situación hoy? Son preguntas que buscan entender y dar respuesta a un problema cuyo impacto es desbordado en el país y que, tristemente, poca atención ha merecido. 

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Así lo ha dicho la Corte Constitucional, por ejemplo, en el Auto 202 de 2015, cuando por primera vez se refirió a estos asentamientos de desplazados y urgió al Gobierno sobre la necesidad de identificarlos para lograr su formalización, normalización y legalización, esto ante la ausencia de información y respuesta que ha existido. 

La Corte está convencida de que de esta manera se podrían alcanzar soluciones habitacionales para esta población desplazada que no ha accedido a programas de vivienda y, por el otro, se podría garantizar seguridad jurídica sobre los predios e inclusión en el desarrollo urbano y rural. Para la Corte si se atiende a lo que está sucediendo en los asentamientos, estos pueden ser una suerte de solución duradera o sostenible para esta población.

Más adelante, en el Auto 373 de 2016, la Corte Constitucional realizó una evaluación de los avances, rezagos y retrocesos en estas políticas y mencionó nuevamente que los programas en materia de legalización y regularización de barrios o asentamientos informales que tímidamente hacía el Gobierno iban en la dirección correcta, porque veía que esta vía posibilitaba el goce efectivo de otros derechos como son el acceso a servicios públicos, a escuelas, a centros de salud, a vías de acceso y demás obras de desarrollo e infraestructura social. Se refería al programa de Mejoramiento Integral de Barrios, que logró impactar en ocho municipios de forma integral, ayudando a seis mil hogares, según el Ministerio de Vivienda en 2015. Sin embargo, estos resultados contrastan con la magnitud del problema. Solo en  el asentamiento Granizal, en Bello, Antioquia, donde hay más de  12.000 familias.

Para este alto tribunal no hay que olvidar que uno de los mayores efectos perversos de la informalidad de estos asentamientos y de la falta de seguridad jurídica sobre las viviendas, al ubicar a sus habitantes en los márgenes de la legalidad y de la institucionalidad, radica en la exposición de sus habitantes a una situación de desprotección excesiva: “las comunidades asentadas en los territorios se exponen a situaciones que atentan contra su integridad: están sujetos a desalojos forzados,  estigmatización social, exclusión, pobreza extrema y riesgos derivados de permanecer en zonas que no cuentan con las garantías mínimas para su subsistencia”. Esta situación de desprotección, subraya la Corte, se encuentra acompañada, en muchos casos, de la presencia de actores armados que aprovechan la informalidad de estos asentamientos para extorsionar, presionar, hostigar, restringir el ingreso de insumos y amenazar con un desalojo forzoso a sus habitantes, como parte de las estrategias de control y del micro tráfico de estupefacientes en la zona, reconoció la corte.

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Por eso, la legalización y regularización de estos barrios, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sirve como un mecanismo de defensa a favor de estas comunidades para enfrentar estos riesgos, en la mayoría de los casos. Además, muchas familias desplazadas han logrado recrear en los barrios informales no sólo los vínculos y la vida en comunidad que el desarraigo destruyó, sino la reconstrucción de su proyecto de vida. Estas familias, por lo tanto, no están dispuestas a desplazarse nuevamente de tales asentamientos, sino que, por el contrario, están buscando su legalización y regularización con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida.

Esa es la razón para que la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales que tiene el país frente al desplazamiento forzado, señalara con preocupación la falta de una acción decidida por parte del Gobierno en la legalización y regularización de estos barrios.

“El Gobierno Nacional sigue insistiendo en su respuesta a esta problemática mediante la asignación de subsidios, los cuales difícilmente tendrán una cobertura aceptable por más esfuerzos presupuestales que se realicen en la materia. Al insistir en la estrategia de subsidios, por lo tanto, el Gobierno está pasando por alto estrategias que reducirían la necesidad de incurrir en gastos sumamente altos y, no obstante, lograrían proporcionar alternativas reales de acceso efectivo al derecho a la vivienda para las comunidades desplazadas. La legalización y regularización de los asentamientos informales, junto con la garantía de la seguridad jurídica de las viviendas, sería un primer paso en esa dirección”, anotó esta Sala Especial. Un tema clave y trascendental para este cambio de gobierno que deberá buscar enfrentar este tema sin ambagues.

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