Nueva diáspora del pueblo wounaan

Abandonar de manera forzada su territorio no es algo nuevo para la comunidad indígena wounaan. Esta población, asentada en el Bajo Baudó, Litoral de San Juan (Chocó), y en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), perdió la cuenta de sus correrías causadas por quienes se han querido volver dueños de sus resguardos. Incluso han sido víctimas, aseguran ellos mismos, de los españoles en el siglo XVI y de los misioneros católicos a principios del XX con sus “mecanismos represivos” de evangelización. Desde la consolidación de las guerrillas y paramilitares en esta zona del país en los años setenta y noventa, respectivamente, la línea del tiempo de los desplazamientos se hace más difusa por los constantes sometimientos.

Lo que sí es claro es que durante 2017 los wounaanes fueron desplazados de manera forzada en dos oportunidades. El primero se produjo el 12 de febrero en el resguardo de Santa Rosa de Guayacán (zona rural de Buenaventura), cuando un grupo de hombres armados —presuntamente paramilitares, según la comunidad— los amenazaron. El 21 de febrero fue el segundo, cuando los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln desplazaron a integrantes del resguardo Chagpien Tordó (Litoral San Juan). El lamentable saldo: al menos 250 indígenas que hoy siguen hacinados en la cabecera municipal de Buenaventura, albergados en el Centro de Atención Integral para la Juventud (Caiju). La cifra de desplazados podría ser incluso más alta, pues cada semana van llegando más miembros.

Líderes de los dos resguardos le contaron a El Espectador que los hechos que rodearon los desplazamientos atemorizaron más a la población. A principio de año y en los días previos al desplazamiento en Santa Rosa de Guayacán, el líder de esa comunidad, José Cley Chamapurro, fue secuestrado. En las dos oportunidades en que permaneció en cautiverio fue torturado y amenazado de muerte. A pocos kilómetros de donde el líder indígena fue sometido a vejámenes, recuerdan integrantes de Santa Rosa, el 17 de enero de 2017 fue asesinada Emilsen Manyoma, defensora de derechos humanos del Bajo Calima y miembro de la red Conpaz.

Otro hecho atemorizante reportado por los indígenas del resguardo Chagpien Tordó es que el Eln reclutó a tres menores de su comunidad y que tienen una lista con más niños para sumarlos a sus filas. El grupo guerrillero, el cual inició el 8 de febrero la fase pública de diálogos de paz con el Gobierno, ha llegado a ocupar varios de los territorios donde hasta hace poco operaban las Farc. Además de enfrentarse a la Fuerza Pública, los elenos se están disputado el control de las rutas del narcotráfico que salen por el Pacífico con las bandas criminales y los paramilitares. Según la Dijín y la DEA, por esta zona del país estaría saliendo al menos el 60 % de la droga que llega a territorio norteamericano.

Los dos resguardos wounaanes quedan aproximadamente a dos horas de la cabecera municipal bonaverense, a la cual solo es posible llegar por el río Calima en un recorrido que demora entre dos o tres horas en lancha. Las familias, durante las dos primeras semanas, estuvieron en el coliseo de Buenaventura. Durante ese lapso la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Convivencia, ha entregado diariamente alimentos perecederos y no perecederos con duración de tres días, elementos de cocina y pipas de gas. Además, se han entregado colchonetas y pañales el pueblo wounaan. La Secretaría de Salud manifestó que se han realizado fumigaciones y brigadas de atención, en las cuales se identificaron casos de indígenas para remitir al centro de salud. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo una valoración de los niños y niñas en la cual identificó problemas de nutrición en dos de los menores wounaanes.

En su momento el defensor del Pueblo, Carlos Negret, visitó la zona aseguró que “Le hemos dicho al Gobierno que para evitar este flagelo (desplazamiento forzado) tiene que haber acción social para ocupar con oferta de las instituciones, de manera tal que las comunidades campesinas e indígenas no tengan que salir corriendo a otros municipios como está ocurriendo actualmente”.

Alba Marcellan, jefa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Buenaventura, aseguró que la llegada de los wounaanes un día sí y otro también, hace difícil calcular cuántos afectados hay y qué atención pueden recibir. Cuando este diario la consultó, manifestó que las autoridades locales estaban consolidando un nuevo censo de afectados. “Por ende, también al Gobierno se le dificulta planear una respuesta idónea”, aseguró la funcionaria.

Durante el siglo XXI, los wounaanes han sido víctimas de masivos desplazamientos en 2004 y 2009 por los grupos disidentes de las autodefensas posdesmovilización. A su vez, los indígenas han denunciado los abusos y la desconfianza que les genera la Fuerza Pública. Por eso, la comunidad de Santa Rosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgara medidas cautelares. En junio de 2011 la Comisión emitió las medidas alegando que las familias han sido objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos armados ilegales.

“(…) debieron desplazarse de su territorio y que como consecuencia han tenido graves problemas en el acceso a alimentación, vivienda y medicinas (…) las familias no habrían recibido atención médica y humanitaria de forma consistente y efectiva durante los nueve meses transcurridos desde su desplazamiento -2009-”, señaló la Comisión. En su momento la Comisión solicitó al Estado adoptar medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las familias de la comunidad wounaan, para brindar asistencia humanitaria y atención médica a los beneficiarios en situación de desplazamiento, y para garantizar su retorno a Santa Rosa de Guayacán. Pero ese llamado de atención de la Comisión no fue suficiente. Incluso, la situación se agravó. El año pasado la Defensoría denunció que durante los desplazamientos forzados que hacían pequeñas familias por la amenaza de los grupos armados durante 2014 murieron cuatro niños. Esa institución indicó que "la comunidad indígena ha denunciado específicamente que un menor murió en el momento del desplazamiento, cuando estuvieron en Buenaventura, y que ahora han muerto tres menores de edad en su momento de retorno (...) por razones de salubridad". El asunto toma aún mayor relevancia, porque, según los líderes indígenas, el 60 % de la población desplazada en este momento en Buenaventura es menor de edad. Y es que en varias ocasiones se han encendido las alarmas con respecto a la situación en la que vive el pueblo wounaan. En agosto de 2009, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional ante la situación de los pueblos indígenas del país, es decir: solicitó al Gobierno y a las autoridades regionales unificar las medidas de atención para superar la crisis que viven los indígenas en el país. En 2011, cerca de 150 indígenas se asentaron en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de no encontrar ayuda de ninguna institución del Gobierno.

El relato de los wounaanes hace seis años en la capital, hoy se repite en el albergue de Buenaventura. Un líder, quien pidió ue no se mencionara su nombre, manifestó que las ayudas del Estado son “simples paños de agua tibia” y muchas veces no alcanzan para satisfacer a toda la comunidad. “Lo realmente esencial en esto es que nosotros podamos volver al resguardo. La gente no entiende cuán profundo es nuestro arraigo a la tierra. Tampoco saben lo que nos duele cada vez que les da la gana sacarnos”, puntualizó el líder.

Abandonar de manera forzada su territorio no es algo nuevo para la comunidad indígena wounaan. Esta población, asentada en el Bajo Baudó, Litoral de San Juan (Chocó), y en zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), perdió la cuenta de sus correrías causadas por quienes se han querido volver dueños de sus resguardos. Incluso han sido víctimas, aseguran ellos mismos, de los españoles en el siglo XVI y de los misioneros católicos a principios del XX con sus “mecanismos represivos” de evangelización. Desde la consolidación de las guerrillas y paramilitares en esta zona del país en los años setenta y noventa, respectivamente, la línea del tiempo de los desplazamientos se hace más difusa por los constantes sometimientos.

Lo que sí es claro es que durante 2017 los wounaanes fueron desplazados de manera forzada en dos oportunidades. El primero se produjo el 12 de febrero en el resguardo de Santa Rosa de Guayacán (zona rural de Buenaventura), cuando un grupo de hombres armados —presuntamente paramilitares, según la comunidad— los amenazaron. El 21 de febrero fue el segundo, cuando los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y el Eln desplazaron a integrantes del resguardo Chagpien Tordó (Litoral San Juan). El lamentable saldo: al menos 250 indígenas que hoy siguen hacinados en la cabecera municipal de Buenaventura, albergados en el Centro de Atención Integral para la Juventud (Caiju). La cifra de desplazados podría ser incluso más alta, pues cada semana van llegando más miembros.

Líderes de los dos resguardos le contaron a El Espectador que los hechos que rodearon los desplazamientos atemorizaron más a la población. A principio de año y en los días previos al desplazamiento en Santa Rosa de Guayacán, el líder de esa comunidad, José Cley Chamapurro, fue secuestrado. En las dos oportunidades en que permaneció en cautiverio fue torturado y amenazado de muerte. A pocos kilómetros de donde el líder indígena fue sometido a vejámenes, recuerdan integrantes de Santa Rosa, el 17 de enero de 2017 fue asesinada Emilsen Manyoma, defensora de derechos humanos del Bajo Calima y miembro de la red Conpaz.

Otro hecho atemorizante reportado por los indígenas del resguardo Chagpien Tordó es que el Eln reclutó a tres menores de su comunidad y que tienen una lista con más niños para sumarlos a sus filas. El grupo guerrillero, el cual inició el 8 de febrero la fase pública de diálogos de paz con el Gobierno, ha llegado a ocupar varios de los territorios donde hasta hace poco operaban las Farc. Además de enfrentarse a la Fuerza Pública, los elenos se están disputado el control de las rutas del narcotráfico que salen por el Pacífico con las bandas criminales y los paramilitares. Según la Dijín y la DEA, por esta zona del país estaría saliendo al menos el 60 % de la droga que llega a territorio norteamericano.

Los dos resguardos wounaanes quedan aproximadamente a dos horas de la cabecera municipal bonaverense, a la cual solo es posible llegar por el río Calima en un recorrido que demora entre dos o tres horas en lancha. Las familias, durante las dos primeras semanas, estuvieron en el coliseo de Buenaventura. Durante ese lapso la Alcaldía, por medio de la Secretaría de Convivencia, ha entregado diariamente alimentos perecederos y no perecederos con duración de tres días, elementos de cocina y pipas de gas. Además, se han entregado colchonetas y pañales el pueblo wounaan. La Secretaría de Salud manifestó que se han realizado fumigaciones y brigadas de atención, en las cuales se identificaron casos de indígenas para remitir al centro de salud. Además, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hizo una valoración de los niños y niñas en la cual identificó problemas de nutrición en dos de los menores wounaanes.

En su momento el defensor del Pueblo, Carlos Negret, visitó la zona aseguró que “Le hemos dicho al Gobierno que para evitar este flagelo (desplazamiento forzado) tiene que haber acción social para ocupar con oferta de las instituciones, de manera tal que las comunidades campesinas e indígenas no tengan que salir corriendo a otros municipios como está ocurriendo actualmente”.

Alba Marcellan, jefa de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en Buenaventura, aseguró que la llegada de los wounaanes un día sí y otro también, hace difícil calcular cuántos afectados hay y qué atención pueden recibir. Cuando este diario la consultó, manifestó que las autoridades locales estaban consolidando un nuevo censo de afectados. “Por ende, también al Gobierno se le dificulta planear una respuesta idónea”, aseguró la funcionaria.

Durante el siglo XXI, los wounaanes han sido víctimas de masivos desplazamientos en 2004 y 2009 por los grupos disidentes de las autodefensas posdesmovilización. A su vez, los indígenas han denunciado los abusos y la desconfianza que les genera la Fuerza Pública. Por eso, la comunidad de Santa Rosa solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le otorgara medidas cautelares. En junio de 2011 la Comisión emitió las medidas alegando que las familias han sido objeto de hostigamientos por parte de las fuerzas armadas y grupos armados ilegales.

“(…) debieron desplazarse de su territorio y que como consecuencia han tenido graves problemas en el acceso a alimentación, vivienda y medicinas (…) las familias no habrían recibido atención médica y humanitaria de forma consistente y efectiva durante los nueve meses transcurridos desde su desplazamiento -2009-”, señaló la Comisión. En su momento la Comisión solicitó al Estado adoptar medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las familias de la comunidad wounaan, para brindar asistencia humanitaria y atención médica a los beneficiarios en situación de desplazamiento, y para garantizar su retorno a Santa Rosa de Guayacán. Pero ese llamado de atención de la Comisión no fue suficiente. Incluso, la situación se agravó. El año pasado la Defensoría denunció que durante los desplazamientos forzados que hacían pequeñas familias por la amenaza de los grupos armados durante 2014 murieron cuatro niños. Esa institución indicó que "la comunidad indígena ha denunciado específicamente que un menor murió en el momento del desplazamiento, cuando estuvieron en Buenaventura, y que ahora han muerto tres menores de edad en su momento de retorno (...) por razones de salubridad". El asunto toma aún mayor relevancia, porque, según los líderes indígenas, el 60 % de la población desplazada en este momento en Buenaventura es menor de edad. Y es que en varias ocasiones se han encendido las alarmas con respecto a la situación en la que vive el pueblo wounaan. En agosto de 2009, la Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucional ante la situación de los pueblos indígenas del país, es decir: solicitó al Gobierno y a las autoridades regionales unificar las medidas de atención para superar la crisis que viven los indígenas en el país. En 2011, cerca de 150 indígenas se asentaron en Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar, luego de no encontrar ayuda de ninguna institución del Gobierno.

El relato de los wounaanes hace seis años en la capital, hoy se repite en el albergue de Buenaventura. Un líder, quien pidió ue no se mencionara su nombre, manifestó que las ayudas del Estado son “simples paños de agua tibia” y muchas veces no alcanzan para satisfacer a toda la comunidad. “Lo realmente esencial en esto es que nosotros podamos volver al resguardo. La gente no entiende cuán profundo es nuestro arraigo a la tierra. Tampoco saben lo que nos duele cada vez que les da la gana sacarnos”, puntualizó el líder.