Obispos alertan por situación en Chocó
Las diócesis de Istmina, Tadó y Apartadó (Antioquia) denuncian que los jóvenes está siendo utilizados como informantes en medio de la disputa territorial. Piden mantener la mesa de diálogos con el Eln y abrir una negociación con el Clan del Golfo.
Nicolás Sánchez A. / @ANicolasSanchez
Los grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas están forzando a las comunidades a servirles de informantes, violando así sus derechos fundamentales. Esa fue una de las graves denuncias que hicieron tres obispos desde la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Después de hacer un minuto de silencio por “todas esas vidas que se han perdido innecesariamente”, los obispos Hugo Alberto Torres Marín, de Apartadó (Antioquia), Mario de Jesús Álvarez, de Istmina y Tadó, y Juan Carlos Barreto, de Quibdó, abogaron también por un diálogo político con el Eln y el Clan del Golfo.
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El Eln, el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y la Marina han empleado a los jóvenes para obtener información estratégica, lo cual es violatorio del principio de distinción contenido en el derecho internacional humanitario, enfatizaron. Asimismo aseguraron que, por ese hecho, a las comunidades les genera desconfianza la presencia de las Fuerzas Armadas, contó el obispo Barreto.
En Chocó y el Urabá antioqueño hacen presencia las brigadas 15 y 17 del Ejército, además de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Voceros del Ejército Nacional contactados por Colombia 2020 dijeron que no se iban a pronunciar acerca de estas denuncias.
En cuanto al Clan del Golfo, los religiosos denuncian que obligan a personas de las comunidades a ser sus informantes. Además están dentro de territorios étnicos, de indígenas y afrodescendientes. Según los obispos, ese grupo se financian con la minería ilegal, la extorsión y “participan en la cadena de valor de la cocaína”.
También llamaron la atención sobre la expansión del Eln por el departamento. “El Acuerdo de Paz firmado con las Farc tuvo su efecto positivo en Chocó, pero quizá el Gobierno no alcanzó a prever y tomar posición del espacio que dejaban libre. Ese espacio fue ocupado en su inmensa mayoría por el Eln y las bandas criminales”, enfatizó monseñor Álvarez. Agregó que “prácticamente todo el río San Juan fue tomado” y que lo mismo pasó en algunos sectores del río Baudó que van hacia el mar Pacífico.
El San Juan es un afluente clave para los grupos armados debido a que tiene siete salidas hacia el mar, lo cual facilita la movilización de mercancías ilegales como la cocaína, la madera y el oro, extraídos de manera ilegal, además de las armas.
La presencia del Eln llegó acompañada de violaciones a los derechos humanos de las comunidades. Por ejemplo, el reclutamiento de menores de edad. En enero de este año se conoció la muerte de Patricia Zarco Chamarra en el hospital Santa Sofía de Buenaventura (Valle del Cauca). La menor, de 16 años, falleció debido a las heridas que recibió en un bombardeo de la Fuerza Aérea contra un campamento del Eln ubicado cerca al río San Juan. Patricia había sido reclutada por esa guerrilla en la comunidad Santa María de Pandala, en Litoral del San Juan (Chocó).
También denunciaron el asesinato de José David Hurtado Mosquera en la comunidad de Pogue, asentada en Bojayá (Chocó), a manos de esa misma guerrilla. Según los religiosos, el 13 de mayo de 2018 integrantes del Eln llegaron a una fiesta de la comunidad y lo asesinaron.
Otras consecuencias de la presencia de los grupos armados en el departamento son el desplazamiento forzado, el confinamiento, la coacción y las amenazas a varios líderes sociales. El más reciente asesinato fue el de Felicinda Santa María, el 3 de julio a las 11 de la mañana, en el barrio Virgen del Carmen de Quibdó.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1º de enero del 2016 y el 27 de febrero del 2018 fueron asesinados 14 líderes en ese departamento. “Las garantías de seguridad son pocas. Los líderes se quejan de que como medida de protección se les da un chaleco y un celular”, señaló Barreto.
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Las soluciones
Los religiosos plantearon varias vías para solucionar esta crisis. Llamaron al Estado colombiano a implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc, a cumplir con los compromisos adquiridos en el paro cívico del 2017 y a cumplir con las disposiciones dadas por la Corte Constitucional, como la sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
Lea: Guardianes del río Atrato: amenazados e ignorados
Barreto pidió que el gobierno entrante de Iván Duque implemente un enfoque diferencial para el Chocó y todo el Pacífico. “Estas transformaciones necesarias pasan por temas de presupuesto y de voluntad política”, resaltó.
El llamado a acabar la guerra fue contundente. Pidieron seguir con el proceso de negociación de La Habana con el Eln. “Una solución militarista no ha dado resultado, afecta a las poblaciones indefensas que están en el abandono estatal y no se puede responder desde el Gobierno con balas, fumigación y sin políticas sociales”, enfatizó Barreto. También pidieron al Eln y al Estado que decreten un cese bilateral del fuego para aliviar la situación humanitaria de las comunidades.
En cuanto al Clan del Golfo, la petición fue similar. “El Gobierno debe estar abierto para que los grupos paramilitares que quieren someterse a la ley también puedan entrar en una negociación. Esa sería la paz completa y estable que necesitamos”, concluyó Torres.
Los grupos armados ilegales y las Fuerzas Armadas están forzando a las comunidades a servirles de informantes, violando así sus derechos fundamentales. Esa fue una de las graves denuncias que hicieron tres obispos desde la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Después de hacer un minuto de silencio por “todas esas vidas que se han perdido innecesariamente”, los obispos Hugo Alberto Torres Marín, de Apartadó (Antioquia), Mario de Jesús Álvarez, de Istmina y Tadó, y Juan Carlos Barreto, de Quibdó, abogaron también por un diálogo político con el Eln y el Clan del Golfo.
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El Eln, el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y la Marina han empleado a los jóvenes para obtener información estratégica, lo cual es violatorio del principio de distinción contenido en el derecho internacional humanitario, enfatizaron. Asimismo aseguraron que, por ese hecho, a las comunidades les genera desconfianza la presencia de las Fuerzas Armadas, contó el obispo Barreto.
En Chocó y el Urabá antioqueño hacen presencia las brigadas 15 y 17 del Ejército, además de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán. Voceros del Ejército Nacional contactados por Colombia 2020 dijeron que no se iban a pronunciar acerca de estas denuncias.
En cuanto al Clan del Golfo, los religiosos denuncian que obligan a personas de las comunidades a ser sus informantes. Además están dentro de territorios étnicos, de indígenas y afrodescendientes. Según los obispos, ese grupo se financian con la minería ilegal, la extorsión y “participan en la cadena de valor de la cocaína”.
También llamaron la atención sobre la expansión del Eln por el departamento. “El Acuerdo de Paz firmado con las Farc tuvo su efecto positivo en Chocó, pero quizá el Gobierno no alcanzó a prever y tomar posición del espacio que dejaban libre. Ese espacio fue ocupado en su inmensa mayoría por el Eln y las bandas criminales”, enfatizó monseñor Álvarez. Agregó que “prácticamente todo el río San Juan fue tomado” y que lo mismo pasó en algunos sectores del río Baudó que van hacia el mar Pacífico.
El San Juan es un afluente clave para los grupos armados debido a que tiene siete salidas hacia el mar, lo cual facilita la movilización de mercancías ilegales como la cocaína, la madera y el oro, extraídos de manera ilegal, además de las armas.
La presencia del Eln llegó acompañada de violaciones a los derechos humanos de las comunidades. Por ejemplo, el reclutamiento de menores de edad. En enero de este año se conoció la muerte de Patricia Zarco Chamarra en el hospital Santa Sofía de Buenaventura (Valle del Cauca). La menor, de 16 años, falleció debido a las heridas que recibió en un bombardeo de la Fuerza Aérea contra un campamento del Eln ubicado cerca al río San Juan. Patricia había sido reclutada por esa guerrilla en la comunidad Santa María de Pandala, en Litoral del San Juan (Chocó).
También denunciaron el asesinato de José David Hurtado Mosquera en la comunidad de Pogue, asentada en Bojayá (Chocó), a manos de esa misma guerrilla. Según los religiosos, el 13 de mayo de 2018 integrantes del Eln llegaron a una fiesta de la comunidad y lo asesinaron.
Otras consecuencias de la presencia de los grupos armados en el departamento son el desplazamiento forzado, el confinamiento, la coacción y las amenazas a varios líderes sociales. El más reciente asesinato fue el de Felicinda Santa María, el 3 de julio a las 11 de la mañana, en el barrio Virgen del Carmen de Quibdó.
Según la Defensoría del Pueblo, entre el 1º de enero del 2016 y el 27 de febrero del 2018 fueron asesinados 14 líderes en ese departamento. “Las garantías de seguridad son pocas. Los líderes se quejan de que como medida de protección se les da un chaleco y un celular”, señaló Barreto.
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Las soluciones
Los religiosos plantearon varias vías para solucionar esta crisis. Llamaron al Estado colombiano a implementar el Capítulo Étnico del Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y las Farc, a cumplir con los compromisos adquiridos en el paro cívico del 2017 y a cumplir con las disposiciones dadas por la Corte Constitucional, como la sentencia T-622 de 2016, que reconoció al río Atrato como sujeto de derechos.
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Barreto pidió que el gobierno entrante de Iván Duque implemente un enfoque diferencial para el Chocó y todo el Pacífico. “Estas transformaciones necesarias pasan por temas de presupuesto y de voluntad política”, resaltó.
El llamado a acabar la guerra fue contundente. Pidieron seguir con el proceso de negociación de La Habana con el Eln. “Una solución militarista no ha dado resultado, afecta a las poblaciones indefensas que están en el abandono estatal y no se puede responder desde el Gobierno con balas, fumigación y sin políticas sociales”, enfatizó Barreto. También pidieron al Eln y al Estado que decreten un cese bilateral del fuego para aliviar la situación humanitaria de las comunidades.
En cuanto al Clan del Golfo, la petición fue similar. “El Gobierno debe estar abierto para que los grupos paramilitares que quieren someterse a la ley también puedan entrar en una negociación. Esa sería la paz completa y estable que necesitamos”, concluyó Torres.