ONU reitera preocupación por asesinatos de líderes sociales y excombatientes

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue presentado este martes el más reciente informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de ese organismo al proceso de paz de Colombia. Un documento que da cuenta de los hallazgos de dicha Misión durante los tres primeros meses de 2020, particularmente en lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad para esa misma población, así como para los líderes sociales, las comunidades rurales y los defensores de Derechos Humanos.

"La paz en Colombia no debería ser una víctima de esta pandemia. En este sentido, es importante seguir avanzando en la implementación plena del Acuerdo de Paz", dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, quien presentó el informe. "La violencia en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional", enfatizó. Precisamente esta última situación es una de las tres prioridades que de acuerdo con esa entidad debería tener el Gobierno colombiano durante 2020.

(Lea: “No se alcanzará la paz mientras voces de líderes sean silenciadas”: ONU)

Ponerle fin a la violencia contra líderes sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes

Entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020 (período que monitoreó el informe) “la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres)”, se lee en el documento. Los departamentos que a la fecha concentran más casos de excombatientes asesinados son Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22) y Caquetá (20).

A dichos homicidios, la Misión agregó lo sucedido en febrero en Ituango (Antioquia), donde los excombatientes asentados en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad que atraviesan en ese municipio, el cual según el informe es el que más homicidios contra excombatientes presenta en el país, con 11 casos confirmados. Situación similar ocurrió en el antiguo espacio de reincorporación de Buenos Aires (Cauca), donde los excombatientes también pidieron ser trasladados por su seguridad.

(Lea también: "2019 fue el año más violento para los excombatientes": Naciones Unidas)

Por eso, el Secretario General urge a que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros. Por ejemplo, la Misión documentó que “tres excombatientes fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y otros siete lo fueron cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas (por la Unidad Nacional de Protección, UNP)”.

Sin embargo, el informe reconoce avances por parte de la Unidad Especial de Investigación en varios casos de asesinatos a excombatientes de las Farc. Puntualmente menciona el caso de las medidas de aseguramiento dictadas para un coronel y tres soldados del Ejército por el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres, ocurrido en abril de 2019 en el Catatumbo. Igualmente, los seis detenidos por el homicidio de Alexander Parra, excombatiente asesinado en el espacio territorial de Mesetas (Meta) en octubre de 2019. “Gracias a los esfuerzos de la Unidad se han dictado un total de 24 condenas (3 en el período sobre el que se informa) y 16 casos se encuentran en etapa de juicio (3 más en el período sobre el que se informa), de un total de 214 ataques investigados contra excombatientes, a saber, 175 homicidios, 26 intentos de homicidio y 13 desapariciones”, se lee en el documento.

Y en el caso de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el informe sostiene que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, recibió denuncias de 56 casos de asesinato. 

(Le recomendamos: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020) 

Ante ese panorama, el Secretario General resaltó la necesidad de implementar las instancias creadas por el Acuerdo de Paz con el fin de garantizar la seguridad de los líderes sociales en los territorios. “Reitero mi llamado a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”. Además de esta comisión, urgió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también contemplado en el Acuerdo.

Fortalecer la reincorporación de los excombatientes a largo plazo

Sin una tierra donde echar raíces va a ser muy difícil que quienes dejaron las armas consoliden un nuevo proyecto de vida en la legalidad. Ese es uno de los principales llamados que hace el informe para lograr que la reincorporación de los exguerrilleros sea exitosa y, sobre todo, sostenible en el largo plazo.

Durante los tres primeros meses del año venía gestionándose la transición de los antiguos espacios de reincorporación al ordenamiento territorial de los municipios donde están ubicados. El Gobierno alcanzó a visitar, antes de que comenzara la pandemia, los espacios de Ituango y Buenos Aires. “Durante las visitas, los excombatientes expresaron preocupación por las demoras en el acceso a la tierra”, dice el documento. A la fecha, ninguno de los 24 predios donde están los espacios territoriales ha sido adjudicado.

(Le puede interesar: El futuro de los excombatientes de las Farc)

Si bien en materia económica han sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, que benefician a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales, “más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin”.

“El asunto pendiente del acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, es un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales”, puntualiza.

Asegurar la protección de las comunidades más afectadas por la violencia

“El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz será determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz”. Con esa frase, el informe enfatiza en que la seguridad de las comunidades que aún no han tenido un respiro de paz en medio de la guerra debe ser una prioridad para el Estado colombiano en 2020.

El informe llamó la atención puntualmente sobre la situación en los departamentos del Chocó, del Cauca, y el municipio de Ituango, que en los primeros meses ha sufrido múltiples asesinatos, masacres y desplazamientos masivos. Igualmente, sobre el municipio de Tumaco (Nariño), cuya alcaldesa declaró en enero pasado el estado de emergencia humanitaria y social en el municipio por los desplazamientos masivos de más de 3.000 personas que enfrentamientos entre grupos armados ocasionaron en la zona rural.

"Estoy especialmente preocupado por la situación en el departamento de Putumayo, incluyendo la situación de las lideresas sociales, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y excombatientes", agregó Ruiz Massieu teniendo en cuenta la escalada de violencia en el Bajo Putumayo durante las últimas tres semanas. 

Para proteger estas comunidades, recomendó poner en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo de Paz y reglamentado en abril de 2018, pero que no cuenta con mayores avances. Según el informe, el programa es valioso pues cuenta con un protocolo especial para proteger a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado, con el apoyo a la capacidad de denuncia de las organizaciones de DD.HH. en los territorios y un programa de promotores comunitarios de paz y convivencia. “Lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país.”

Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue presentado este martes el más reciente informe del Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, sobre la Misión de Verificación de ese organismo al proceso de paz de Colombia. Un documento que da cuenta de los hallazgos de dicha Misión durante los tres primeros meses de 2020, particularmente en lo relacionado a la reincorporación de los excombatientes de las Farc y las garantías de seguridad para esa misma población, así como para los líderes sociales, las comunidades rurales y los defensores de Derechos Humanos.

"La paz en Colombia no debería ser una víctima de esta pandemia. En este sentido, es importante seguir avanzando en la implementación plena del Acuerdo de Paz", dijo Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, quien presentó el informe. "La violencia en contra de líderes sociales, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes se ha mantenido a pesar de la cuarentena nacional", enfatizó. Precisamente esta última situación es una de las tres prioridades que de acuerdo con esa entidad debería tener el Gobierno colombiano durante 2020.

(Lea: “No se alcanzará la paz mientras voces de líderes sean silenciadas”: ONU)

Ponerle fin a la violencia contra líderes sociales, defensores de DD.HH. y excombatientes

Entre el 27 de diciembre de 2019 y el 27 de marzo de 2020 (período que monitoreó el informe) “la Misión verificó 16 asesinatos de exmiembros de las FARC-EP (incluida una mujer), con lo que la cifra total desde la firma del Acuerdo de Paz asciende a 190 (incluidas tres mujeres)”, se lee en el documento. Los departamentos que a la fecha concentran más casos de excombatientes asesinados son Cauca (36), Nariño (25), Antioquia (22) y Caquetá (20).

A dichos homicidios, la Misión agregó lo sucedido en febrero en Ituango (Antioquia), donde los excombatientes asentados en el antiguo espacio territorial de la vereda Santa Lucía exigieron ser trasladados ante la crítica situación de seguridad que atraviesan en ese municipio, el cual según el informe es el que más homicidios contra excombatientes presenta en el país, con 11 casos confirmados. Situación similar ocurrió en el antiguo espacio de reincorporación de Buenos Aires (Cauca), donde los excombatientes también pidieron ser trasladados por su seguridad.

(Lea también: "2019 fue el año más violento para los excombatientes": Naciones Unidas)

Por eso, el Secretario General urge a que se agilice el trámite de 400 solicitudes de esquemas de protección que actualmente están pendientes y que no resolverlas puede traer riesgos para la seguridad de los exguerrilleros. Por ejemplo, la Misión documentó que “tres excombatientes fueron asesinados mientras esperaban a que se implementaran medidas de protección y otros siete lo fueron cuando sus medidas de protección estaban siendo evaluadas (por la Unidad Nacional de Protección, UNP)”.

Sin embargo, el informe reconoce avances por parte de la Unidad Especial de Investigación en varios casos de asesinatos a excombatientes de las Farc. Puntualmente menciona el caso de las medidas de aseguramiento dictadas para un coronel y tres soldados del Ejército por el homicidio del exmiliciano de las Farc Dimar Torres, ocurrido en abril de 2019 en el Catatumbo. Igualmente, los seis detenidos por el homicidio de Alexander Parra, excombatiente asesinado en el espacio territorial de Mesetas (Meta) en octubre de 2019. “Gracias a los esfuerzos de la Unidad se han dictado un total de 24 condenas (3 en el período sobre el que se informa) y 16 casos se encuentran en etapa de juicio (3 más en el período sobre el que se informa), de un total de 214 ataques investigados contra excombatientes, a saber, 175 homicidios, 26 intentos de homicidio y 13 desapariciones”, se lee en el documento.

Y en el caso de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, el informe sostiene que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), entre el 1 de enero y el 24 de marzo de 2020, recibió denuncias de 56 casos de asesinato. 

(Le recomendamos: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020) 

Ante ese panorama, el Secretario General resaltó la necesidad de implementar las instancias creadas por el Acuerdo de Paz con el fin de garantizar la seguridad de los líderes sociales en los territorios. “Reitero mi llamado a que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se reúna con regularidad y avance en la adopción de una política pública para desmantelar efectivamente las organizaciones criminales, teniendo en cuenta las propuestas formuladas por las organizaciones de la sociedad civil”. Además de esta comisión, urgió poner en marcha el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, también contemplado en el Acuerdo.

Fortalecer la reincorporación de los excombatientes a largo plazo

Sin una tierra donde echar raíces va a ser muy difícil que quienes dejaron las armas consoliden un nuevo proyecto de vida en la legalidad. Ese es uno de los principales llamados que hace el informe para lograr que la reincorporación de los exguerrilleros sea exitosa y, sobre todo, sostenible en el largo plazo.

Durante los tres primeros meses del año venía gestionándose la transición de los antiguos espacios de reincorporación al ordenamiento territorial de los municipios donde están ubicados. El Gobierno alcanzó a visitar, antes de que comenzara la pandemia, los espacios de Ituango y Buenos Aires. “Durante las visitas, los excombatientes expresaron preocupación por las demoras en el acceso a la tierra”, dice el documento. A la fecha, ninguno de los 24 predios donde están los espacios territoriales ha sido adjudicado.

(Le puede interesar: El futuro de los excombatientes de las Farc)

Si bien en materia económica han sido aprobados 49 proyectos productivos colectivos, que benefician a 2.156 excombatientes, y otros 1.225 proyectos individuales, “más de dos tercios de los proyectos productivos se siguen llevando a cabo en predios arrendados y no se ha avanzado en la concesión de tierras para este fin”.

“El asunto pendiente del acceso a la tierra, tanto para los antiguos espacios territoriales como para los proyectos productivos, es un elemento fundamental para que los excombatientes y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida de la mano de las comunidades locales”, puntualiza.

Asegurar la protección de las comunidades más afectadas por la violencia

“El éxito a largo plazo del Acuerdo de Paz será determinado en última instancia por la medida en que las comunidades que sufrieron décadas de violencia puedan disfrutar de los beneficios de la paz”. Con esa frase, el informe enfatiza en que la seguridad de las comunidades que aún no han tenido un respiro de paz en medio de la guerra debe ser una prioridad para el Estado colombiano en 2020.

El informe llamó la atención puntualmente sobre la situación en los departamentos del Chocó, del Cauca, y el municipio de Ituango, que en los primeros meses ha sufrido múltiples asesinatos, masacres y desplazamientos masivos. Igualmente, sobre el municipio de Tumaco (Nariño), cuya alcaldesa declaró en enero pasado el estado de emergencia humanitaria y social en el municipio por los desplazamientos masivos de más de 3.000 personas que enfrentamientos entre grupos armados ocasionaron en la zona rural.

"Estoy especialmente preocupado por la situación en el departamento de Putumayo, incluyendo la situación de las lideresas sociales, líderes de sustitución de cultivos ilícitos y excombatientes", agregó Ruiz Massieu teniendo en cuenta la escalada de violencia en el Bajo Putumayo durante las últimas tres semanas. 

Para proteger estas comunidades, recomendó poner en marcha el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, creado por el Acuerdo de Paz y reglamentado en abril de 2018, pero que no cuenta con mayores avances. Según el informe, el programa es valioso pues cuenta con un protocolo especial para proteger a las comunidades rurales afectadas por el conflicto armado, con el apoyo a la capacidad de denuncia de las organizaciones de DD.HH. en los territorios y un programa de promotores comunitarios de paz y convivencia. “Lograr avances sustanciales en la puesta en marcha del Programa tendría efectos positivos en la grave situación de la seguridad de comunidades en zonas rurales del país.”