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La instrucción fue clara y llegó a través de audios de Whatsapp: “Está totalmente prohibida la andada de día y de noche. Así sea gente de civil: nadie, ni lecheras, voladoras o gente que va para la finca: nadie puede transitar por el río. Botes que miren andando se les va a quemar y se les va a dar plomo corrido”, decía un hombre de voz gruesa mientras, al parecer, recargaba un arma.
Rápidamente, el mensaje se difundió entre las comunidades del departamento de Caquetá, que completan casi dos semanas atemorizadas por la amenaza para quienes se movilicen por los ríos Orteguaza y Caquetá. En la zona reina el silencio. Nadie se atreve a mencionar de dónde viene la orden, que parece abrir un nuevo capítulo de la disputa entre los dos grupos disidentes de las FARC presentes en la región: el frente Carolina Ramírez (una facción del llamado Estado Mayor Central) y los Comandos de Frontera (adscritos a la Segunda Marquetalia).
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“Desde el 22 de enero las comunidades están con esa prohibición para la movilidad, hay comunidades confinadas y una orden de silencio. Mucho temor de las organizaciones, una zozobra por las intimidaciones, por la orden que se dio con ese audio: declarar objetivo a quienes desobedecieran”, le contó a Colombia+20 un líder de la zona.
La restricción ordenada por los armados tiene en vilo a decenas de poblaciones donde la única forma de transportarse es la fluvial. A través de los ríos se llega a los municipios, se traslada a los enfermos, se transportan los alimentos y cualquier otra mercancía.
El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, se desplazó este jueves al municipio de Solano para liderar un consejo de seguridad con el objetivo de atender “el tema de seguridad”. No obstante, las comunidades insisten en que se trata de una violencia de vieja data que necesita medidas de raíz.
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Hay temor de que el conflicto se recrudezca
El paro armado se suma a una serie de denuncias desatendidas que desde hace meses han hecho las comunidades de Caquetá y Putumayo, donde se teme que se desate una confrontación mucho mayor entre ambos grupos.
“La tensión ha estado sostenida. Es una confrontación a la que el Gobierno (con su política de paz) no ha puesto atención efectiva, a pesar de los diferentes llamados de organizaciones sociales y de los mismos actores armados, valga decirlo, porque a través de comunicados ellos han pedido al Gobierno que se sienten a dialogar”, dijo un periodista de la zona, que pidió no ser identificado.
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Esta semana, ante la gravedad de la situación, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (Opiac) emitió un comunicado en el que pide soluciones definitivas por parte de la institucionalidad para garantizar el respeto de cualquier actor armado por las comunidades y territorios étnicos.
Un miembro de la Opiac, cuya identidad reservamos debido a los riesgos de seguridad, cuenta que varios líderes sociales han tenido que desplazarse de la región porque existen órdenes directas de asesinarlos: “Acá se reportan muertes a diario, pero eso no sale a la luz pública, y las muertes de los líderes tienen un pequeño boom mediático, pero se olvidan pocos días después. Por eso estamos buscando una verdadera protección”.
¿Y la paz total?
En mayo de 2023, el jefe de los Comandos de Frontera, conocido como Araña, le aseguró a Colombia+20 que el grupo tenía voluntad de dialogar con el Gobierno en el marco de la apuesta de paz total. Araña señaló que había “disposición para que se limiten los territorios y no haya confrontaciones” e incluso dijo que podrían “mover las compañías de Caquetá hacia Putumayo”. Sin embargo, el tiempo pasó y, ante la ausencia de avances, la confrontación se extendió.
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“Anunciaron ese repliegue del Caquetá como un gesto de paz, que el Gobierno jamás atendió, y lo que puede estar pasando ahora es que hay fortalecimiento de presencias y eso genera guerra, porque las presencias no son estándares como antes del Acuerdo de Paz con las extintas FARC”, explicó un investigador de la región.
Hasta donde se ha conocido, los acercamientos de paz con la Segunda Marquetalia (grupo al que se adscriben los Comandos) avanzan a paso lento y aún no se avizora la instalación de una mesa de diálogos, como la que existe desde octubre de 2023 con el Estado Mayor Central (que acoge al frente Carolina Ramírez).
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De hecho, la Opiac le pidió a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que “se avance en la instalación de los espacios de negociación y diálogos con los actores armados y estructuras presentes en el departamento de Caquetá”, e insistió en la importancia de que las comunidades participen en estos espacios.
Además, la organización indígena pidió fortalecer la presencia en Putumayo, Caquetá y el sur del país de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas.
Por ahora las comunidades insisten en que la mayor urgencia es garantizar el tránsito por los ríos. Como afirmó el investigador, “las consecuencias de esa restricción son muy graves, porque los ríos son el principal escenario de transporte de la región. Por ese medio los habitantes se abastecen de comida, de servicios, por ese medio se interrelacionan con todas las dinámicas de Putumayo y Caquetá. Que no haya tránsito por esos ríos significa que la región se paralice y aísle por completo”.
