“Protección de excombatientes está secuestrada por el partido Comunes”: Sandino

Durante la última semana se emitieron al menos dos alertas sobre la protección de los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz. Una, la del sindicato Memoria Viva, que agrupa a exguerrilleros que hoy trabajan como escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que lo puso en estos términos: “Rescatar o liberar la subdirección especializada del secuestro en el que se encuentra significa salvar vidas”. Se refieren a la instancia creada por el Acuerdo de Paz al interior de la UNP para atender la seguridad y protección de todos los exguerrilleros que dejaron las armas, y que según ellos, está en una situación crítica.

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La otra alerta la emitió la Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR), conformada por un amplio sector de exguerrilleros que se marginaron del partido político Comunes y que siguen avanzando en su tránsito a la legalidad. En un pronunciamiento denunciaron que el partido “se mueve por los intereses particulares de su dirigencia y ha convertido la subdirección en fortín político, una bolsa de empleos para sus familiares y más cercanos, dejando sin protección al universo de firmantes que no militen en él”.

La raíz de los reclamos está, según las denuncias, en que el hoy partido Comunes manejaría a su voluntad esa subdirección especializada porque nombra al subdirector, así como a los delegados en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, donde se sientan con el Gobierno para decidir sobre las solicitudes de exguerrilleros que piden esquemas de protección.

Una de las voces que denuncia con más fuerza esa situación es la de Victoria Sandino, antigua senadora por ese mismo partido quien terminó saliendo de la colectividad por diferencias con la dirigencia. Hoy es una de las principales cabezas de la MAR y en diálogo con Colombia+20 profundizó las denuncias sobre los líos que están enfrentando con el partido Comunes para acceder a protección del Estado.

¿Por qué dicen ustedes que la seguridad de los excombatientes está secuestrada por el Partido Comunes?

Porque exactamente eso es lo que está ocurriendo. Desde que estábamos en La Habana, hicimos una apuesta para seguir nuestra lucha por la vía política - de ahí que en el Acuerdo Final se hable del “partido surgido del Acuerdo” -, pero lo que no imaginamos la gran mayoría de las y los firmantes es que ese partido no iba a representarnos a todos; entonces hoy, los señores de Comunes se aferran a que ellos son los representantes porque el Acuerdo lo dice. La mayoría de los firmantes no estamos en Comunes, incluso le hemos pedido certificación al partido de cuántos de los firmantes son sus militantes realmente. La representación de Comunes, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, son 6.000 afiliados. Con eso inició el partido hace seis años; pero allí aparecemos todavía todas las personas que hemos renunciado a lo largo de este tiempo. Los firmantes fueron más de 13.000 y según la ARN y la Misión de Verificación de la ONU, el 95% siguen en el proceso de paz. Por mucho que haya disminuido la cifra, entre los asesinatos y las personas que no están hoy activas en el proceso de paz, que seamos unos 10.000. Queremos saber de esa cifra, cuánta es la representación real de Comunes.

La instancia que creó el acuerdo para la seguridad de los firmantes es una subdirección adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esa subdirección la maneja Comunes: el subdirector lo pone Comunes, la mesa técnica está compuesta por mitad de Comunes y mitad del Gobierno que esté de turno. Eso viola varios principios constitucionales, como el principio de confianza y el de confidencialidad, que están en el Acuerdo: que las personas que vayan a prestar la seguridad a los firmantes que así lo requieran sean personas de absoluta confianza.

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¿Qué casos concretos puede mencionar?

Por ejemplo el del compañero José Zamora, conocido como Chucho Nariño. Él fue comandante de redes urbanas, está vinculado al proceso de Álvaro Gómez Hurtado y también es testigo de la investigación por el caso de la masacre Mondoñedo, que fue el asesinato a manos de la fuerza pública de varios integrantes de la red urbana en ese momento. Por eso él ha recibido varias amenazas, incluso la misma Jurisdicción Especial para la Paz ordenó medidas cautelares a favor de él, y en este instante lleva un mes que no tiene vehículo, que no tiene escoltas y que está andando en transporte público y se está poniendo en riesgo. Es un líder nacional de la MAR y tiene que acompañar a nuestros compañeros en los territorios y se ha tenido que movilizar así en el territorio nacional porque no hay seguridad, no hay garantías, no hay vehículos, no hay ningún tipo de medidas para él. Por más que se han interpuesto tutelas, que la misma JEP ha ordenado la protección especial de él, no la hay.

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¿Cómo funciona exactamente ese proceso para la asignación de los esquemas de protección?

Comunes lleva los casos a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Ahora nombraron como consejera de Seguridad en el partido a Fanny Castellanos y a los compañeros que están solicitando medidas o estudios les dicen que deben dirigirse a ella. Y los analistas de riesgo los ponen ellos. Comunes no puede nombrar el personal de seguridad que me va a garantizar la protección, porque no es de mi confianza, así como no lo es para ninguno de los compañeros y compañeras que están fuera de este partido precisamente por debates internos con ellos. A nosotros nos trataron de hacer montajes, nos hicieron investigaciones disciplinarias con el propósito de expulsarnos y que además adelantaron junto con el gobierno pasado una estigmatización contra nosotros. ¿Cómo les vamos a decir ahora: ustedes garantícenme la seguridad”, cuando sabemos que han actuado de mala fe.

Ustedes en la mesa autónoma de reincorporación sí representan al grueso de los firmantes del acuerdo?

No. Esto es otra realidad, lo que imaginamos ya no fue. No pensamos que una camarilla fuera a usurpar la vocería de todo el universo de las y los firmantes. Nosotros creímos que de verdad íbamos a construir un partido político en democracia, ejerciendo el debate y reconociendo los liderazgos que iban surgiendo, pero eso no ocurrió. Aquí sigue siendo la misma estructura, el mismo comportamiento como si fuera una guerrilla: se dan y se reciben órdenes. Como MAR no representamos tampoco al resto de los firmantes porque hay varios procesos que han surgido en los territorios. Lo que decimos es que esto es con todos los firmantes, no con una sola parte; tampoco estamos abrogándonos esa representatividad.

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Hace unos días ustedes se reunieron con la nueva directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller. ¿A qué conclusiones llegaron?

Ella es consciente de que la ARN tiene que cambiar su misionalidad. Esa agencia cambió el nombre, pero no cambió el chip. El tratamiento y la mentalidad con la que ha seguido actuando durante todo este periodo es la misma, la de la desarticulación, la de la desmovilización y no el tratamiento de firmantes de paz, sujetos de derechos que estamos comprometidos con este proceso. Ella sabe que hay que cambiar. También es consciente de que aquí no hay una sola representación. Dijo que se reuniría con todo el mundo y que las puertas estarían abiertas para todas las personas firmantes de paz. La visión que nosotros tenemos es que la reincorporación tiene que ser comunitaria, tiene que incorporar a las comunidades donde estemos. Tiene que ser diferencial porque lo que nos ha pasado a las mujeres es aún más doloroso en materia de violencia, de abandono; igualmente a los pueblos étnicos. Si hacen una revisión del universo de asesinados, la mayoría son personas negras o indígenas. Y tiene que ser territorial, no puede estar una persona desde lo nacional diciendo qué hacer y qué no hacer sin tener en cuenta las particularidades del territorio. La UNP y la Subdirección tienen que ver con la reincorporación, seguramente la directora tendrá alguna incidencia en esa subdirección.

¿Ustedes desde la MAR tienen alguna apuesta político electoral en este año de elecciones locales?

No, desde la MAR no. Esta es una mesa autónoma de reincorporación donde están varios procesos a nivel nacional y el objetivo fundamental es que tengamos garantías. Lo que no desconocemos es que nuestros compañeros y compañeras puedan tener aspiraciones electorales. Nosotros tenemos la disposición de respetar esa decisión y de apoyarlos sobre todo si coinciden con nuestra apuesta política. Tenemos una agrupación política llamada Avanzar, de la que yo hago parte y que sí tiene aspiraciones de participación electoral. En Avanzar no todo el mundo es reincorporado, hay unos procesos comunitarios y de personas comprometidas con la paz.

Durante la última semana se emitieron al menos dos alertas sobre la protección de los excombatientes de las Farc que firmaron el Acuerdo de Paz. Una, la del sindicato Memoria Viva, que agrupa a exguerrilleros que hoy trabajan como escoltas en la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que lo puso en estos términos: “Rescatar o liberar la subdirección especializada del secuestro en el que se encuentra significa salvar vidas”. Se refieren a la instancia creada por el Acuerdo de Paz al interior de la UNP para atender la seguridad y protección de todos los exguerrilleros que dejaron las armas, y que según ellos, está en una situación crítica.

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La otra alerta la emitió la Mesa Autónoma de Reincorporación (MAR), conformada por un amplio sector de exguerrilleros que se marginaron del partido político Comunes y que siguen avanzando en su tránsito a la legalidad. En un pronunciamiento denunciaron que el partido “se mueve por los intereses particulares de su dirigencia y ha convertido la subdirección en fortín político, una bolsa de empleos para sus familiares y más cercanos, dejando sin protección al universo de firmantes que no militen en él”.

La raíz de los reclamos está, según las denuncias, en que el hoy partido Comunes manejaría a su voluntad esa subdirección especializada porque nombra al subdirector, así como a los delegados en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, donde se sientan con el Gobierno para decidir sobre las solicitudes de exguerrilleros que piden esquemas de protección.

Una de las voces que denuncia con más fuerza esa situación es la de Victoria Sandino, antigua senadora por ese mismo partido quien terminó saliendo de la colectividad por diferencias con la dirigencia. Hoy es una de las principales cabezas de la MAR y en diálogo con Colombia+20 profundizó las denuncias sobre los líos que están enfrentando con el partido Comunes para acceder a protección del Estado.

¿Por qué dicen ustedes que la seguridad de los excombatientes está secuestrada por el Partido Comunes?

Porque exactamente eso es lo que está ocurriendo. Desde que estábamos en La Habana, hicimos una apuesta para seguir nuestra lucha por la vía política - de ahí que en el Acuerdo Final se hable del “partido surgido del Acuerdo” -, pero lo que no imaginamos la gran mayoría de las y los firmantes es que ese partido no iba a representarnos a todos; entonces hoy, los señores de Comunes se aferran a que ellos son los representantes porque el Acuerdo lo dice. La mayoría de los firmantes no estamos en Comunes, incluso le hemos pedido certificación al partido de cuántos de los firmantes son sus militantes realmente. La representación de Comunes, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, son 6.000 afiliados. Con eso inició el partido hace seis años; pero allí aparecemos todavía todas las personas que hemos renunciado a lo largo de este tiempo. Los firmantes fueron más de 13.000 y según la ARN y la Misión de Verificación de la ONU, el 95% siguen en el proceso de paz. Por mucho que haya disminuido la cifra, entre los asesinatos y las personas que no están hoy activas en el proceso de paz, que seamos unos 10.000. Queremos saber de esa cifra, cuánta es la representación real de Comunes.

La instancia que creó el acuerdo para la seguridad de los firmantes es una subdirección adscrita a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Esa subdirección la maneja Comunes: el subdirector lo pone Comunes, la mesa técnica está compuesta por mitad de Comunes y mitad del Gobierno que esté de turno. Eso viola varios principios constitucionales, como el principio de confianza y el de confidencialidad, que están en el Acuerdo: que las personas que vayan a prestar la seguridad a los firmantes que así lo requieran sean personas de absoluta confianza.

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¿Qué casos concretos puede mencionar?

Por ejemplo el del compañero José Zamora, conocido como Chucho Nariño. Él fue comandante de redes urbanas, está vinculado al proceso de Álvaro Gómez Hurtado y también es testigo de la investigación por el caso de la masacre Mondoñedo, que fue el asesinato a manos de la fuerza pública de varios integrantes de la red urbana en ese momento. Por eso él ha recibido varias amenazas, incluso la misma Jurisdicción Especial para la Paz ordenó medidas cautelares a favor de él, y en este instante lleva un mes que no tiene vehículo, que no tiene escoltas y que está andando en transporte público y se está poniendo en riesgo. Es un líder nacional de la MAR y tiene que acompañar a nuestros compañeros en los territorios y se ha tenido que movilizar así en el territorio nacional porque no hay seguridad, no hay garantías, no hay vehículos, no hay ningún tipo de medidas para él. Por más que se han interpuesto tutelas, que la misma JEP ha ordenado la protección especial de él, no la hay.

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¿Cómo funciona exactamente ese proceso para la asignación de los esquemas de protección?

Comunes lleva los casos a la Mesa Técnica de Seguridad y Protección. Ahora nombraron como consejera de Seguridad en el partido a Fanny Castellanos y a los compañeros que están solicitando medidas o estudios les dicen que deben dirigirse a ella. Y los analistas de riesgo los ponen ellos. Comunes no puede nombrar el personal de seguridad que me va a garantizar la protección, porque no es de mi confianza, así como no lo es para ninguno de los compañeros y compañeras que están fuera de este partido precisamente por debates internos con ellos. A nosotros nos trataron de hacer montajes, nos hicieron investigaciones disciplinarias con el propósito de expulsarnos y que además adelantaron junto con el gobierno pasado una estigmatización contra nosotros. ¿Cómo les vamos a decir ahora: ustedes garantícenme la seguridad”, cuando sabemos que han actuado de mala fe.

Ustedes en la mesa autónoma de reincorporación sí representan al grueso de los firmantes del acuerdo?

No. Esto es otra realidad, lo que imaginamos ya no fue. No pensamos que una camarilla fuera a usurpar la vocería de todo el universo de las y los firmantes. Nosotros creímos que de verdad íbamos a construir un partido político en democracia, ejerciendo el debate y reconociendo los liderazgos que iban surgiendo, pero eso no ocurrió. Aquí sigue siendo la misma estructura, el mismo comportamiento como si fuera una guerrilla: se dan y se reciben órdenes. Como MAR no representamos tampoco al resto de los firmantes porque hay varios procesos que han surgido en los territorios. Lo que decimos es que esto es con todos los firmantes, no con una sola parte; tampoco estamos abrogándonos esa representatividad.

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Hace unos días ustedes se reunieron con la nueva directora de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), Alejandra Miller. ¿A qué conclusiones llegaron?

Ella es consciente de que la ARN tiene que cambiar su misionalidad. Esa agencia cambió el nombre, pero no cambió el chip. El tratamiento y la mentalidad con la que ha seguido actuando durante todo este periodo es la misma, la de la desarticulación, la de la desmovilización y no el tratamiento de firmantes de paz, sujetos de derechos que estamos comprometidos con este proceso. Ella sabe que hay que cambiar. También es consciente de que aquí no hay una sola representación. Dijo que se reuniría con todo el mundo y que las puertas estarían abiertas para todas las personas firmantes de paz. La visión que nosotros tenemos es que la reincorporación tiene que ser comunitaria, tiene que incorporar a las comunidades donde estemos. Tiene que ser diferencial porque lo que nos ha pasado a las mujeres es aún más doloroso en materia de violencia, de abandono; igualmente a los pueblos étnicos. Si hacen una revisión del universo de asesinados, la mayoría son personas negras o indígenas. Y tiene que ser territorial, no puede estar una persona desde lo nacional diciendo qué hacer y qué no hacer sin tener en cuenta las particularidades del territorio. La UNP y la Subdirección tienen que ver con la reincorporación, seguramente la directora tendrá alguna incidencia en esa subdirección.

¿Ustedes desde la MAR tienen alguna apuesta político electoral en este año de elecciones locales?

No, desde la MAR no. Esta es una mesa autónoma de reincorporación donde están varios procesos a nivel nacional y el objetivo fundamental es que tengamos garantías. Lo que no desconocemos es que nuestros compañeros y compañeras puedan tener aspiraciones electorales. Nosotros tenemos la disposición de respetar esa decisión y de apoyarlos sobre todo si coinciden con nuestra apuesta política. Tenemos una agrupación política llamada Avanzar, de la que yo hago parte y que sí tiene aspiraciones de participación electoral. En Avanzar no todo el mundo es reincorporado, hay unos procesos comunitarios y de personas comprometidas con la paz.