Tregua en Buenaventura: ¿se desbarató el laboratorio de paz de Petro con bandas?
En esa ciudad del Pacífico hay zozobra y se habla de que el piloto de Paz Total va camino al fracaso. La Fundación Paz y Reconciliación advierte que uno de los escenarios es que los Shottas y los Espartanos fortalezcan sus vínculos con grupos que ya están en la zona rural, como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el ELN.
Julián Ríos Monroy
Miedo. Zozobra. Desesperanza. Silencio. Eso es parte de lo que están viviendo las comunidades de Buenaventura luego de que se conoció la posible ruptura de la tregua entre las dos principales bandas criminales de la ciudad: los Shottas y los Espartanos, que encabezaban lo que el propio presidente Gustavo Petro llamó “el primer proceso de paz urbano” del país.
Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló el pasado 11 de abril a través de un comunicado que “la paz urbana de Buenaventura se fortalece”, para varios observadores ya es un hecho que se rompió la tregua que ambas organizaciones pactaron desde mediados de septiembre de 2022, y que durante varias semanas mantuvo al puerto sin asesinatos, torturas ni desapariciones, un balance alentador para una de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo, donde la guerra entre bandas dejó al menos 186 asesinatos en 2021.
Puede leer: El costo humanitario de la paz total y la movilización en Buenaventura
Ahora, los habitantes de esta ciudad temen que se cumpla lo que tanto se advirtió: que el conflicto se recrudezca ante el eventual fin del acuerdo entre Shottas y Espartanos. Una de las principales preocupaciones es que grupos armados como el Clan del Golfo (o Agc), las disidencias de las Farc y el Eln, que se disputan la zona rural del municipio, consoliden alianzas con las bandas y entren a hacer parte de la guerra urbana.
No fue solo la desaparición de ‘Super’
El detonante más visible de la posible ruptura de la tregua fue la desaparición, el 1 de abril, de ‘Súper’, un vocero de los Shottas que fue delegado en la mesa de diálogos establecida con el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, otros hechos graves dan cuenta de las tensiones en el puerto.
Colombia+20 ya había alertado de que la tregua no implicó el fin de la delincuencia y las formas de control social, que incluso despertaron una movilización social el pasado 22 de marzo.
Lea también: En Buenaventura no hay muertos, pero persisten las extorsiones y desapariciones
Además, desde inicios de abril se han denunciado disputas territoriales, extorsiones y enfrentamientos armados en barrios como Juan XXIII, San Francisco de Asís, San Luis , Bellavista, entre otros; a lo que se suma el aumento de los desplazamientos forzados, amenazas y homicidios.
Otro de los puntos que preocupan es que se estaría repitiendo una situación de antaño: las peleas internas por escalar en el mando de las bandas o crear nuevas estructuras. De hecho, se habla de que disidentes de los Shotas pretenden debilitar la jefatura de uno de los interlocutores claves con el gobierno. Se trata de un comportamiento que ha marcado el conflicto urbano en Buenaventura, y que también se dio con bandas como La Empresa y La Local (de la que surgieron Shotas y Espartanos).
Temor por intervención de grupos armados en el conflicto urbano
El investigador Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional del Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que una de las causas del desgaste de la tregua fue la lentitud del Gobierno para plantear una ruta jurídica clara, para que las bandas supieran las reglas de juego de su sometimiento.
Lea además: “Las comunidades están muy desesperanzadas”: obispo de Tumaco sobre Paz Total
“Hay que partir de que este acuerdo, por más que haya sido producto del clamor de las comunidades, está soportado entre dos grupos delincuenciales organizados. Es una paz mafiosa en el fondo, es decir, una paz frágil, y ni las autoridades ni el Estado tuvieron control de ese acuerdo”, asegura Torres.
En los más de seis meses de tregua, surgieron alertas de que el conflicto urbano se estaba trasladando a las zonas rurales. Por eso ahora, ante el fin de la tregua, el principal temor es que se entrelacen las dos guerras rurales y sus actores lleguen a la ciudad.
Por un lado está la guerra del norte, en el Bajo Calima, que es la arremetida de las Agc con el Frente de Guerra Occidental del ELN. Por el otro, la guerra del sur -en los ríos Naya, Yurumanguí, Anchicayá, entre otros-, donde el Frente de Guerra Suroccidental del ELN E en alianza con la Segunda Marquetalia, están enfrentando el poder de la Columna Móvil ‘Jaime Martínez’, que le responde a las disidencias de Iván Mordisco.
Aunque por ahora no se ven posibles alianzas con la Jaime Martínez, desde Pares advierten el riesgo de que los Shottas consoliden una con el Clan del Golfo, mientras que los Espartanos se vincularían con la Segunda Marquetalia o el Eln.
Siga leyendo: Comisionado de Paz se reunió con Salvatore Mancuso y otros exjefes paramilitares
Por ahora, en Buenaventura esperan que se aclare qué va a pasar con la tregua y cuáles son los escenarios que prevé el Gobierno Nacional para rescatar el piloto de Paz Total en el puerto. Una de las opciones de las que podría echar mano el Ejecutivo es una negociación por separado con cada una de las bandas, pero en este momento de fractura en la confianza son bajas las probabilidades de que surtan frutos.
Miedo. Zozobra. Desesperanza. Silencio. Eso es parte de lo que están viviendo las comunidades de Buenaventura luego de que se conoció la posible ruptura de la tregua entre las dos principales bandas criminales de la ciudad: los Shottas y los Espartanos, que encabezaban lo que el propio presidente Gustavo Petro llamó “el primer proceso de paz urbano” del país.
Aunque la Oficina del Alto Comisionado para la Paz señaló el pasado 11 de abril a través de un comunicado que “la paz urbana de Buenaventura se fortalece”, para varios observadores ya es un hecho que se rompió la tregua que ambas organizaciones pactaron desde mediados de septiembre de 2022, y que durante varias semanas mantuvo al puerto sin asesinatos, torturas ni desapariciones, un balance alentador para una de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidios del mundo, donde la guerra entre bandas dejó al menos 186 asesinatos en 2021.
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Ahora, los habitantes de esta ciudad temen que se cumpla lo que tanto se advirtió: que el conflicto se recrudezca ante el eventual fin del acuerdo entre Shottas y Espartanos. Una de las principales preocupaciones es que grupos armados como el Clan del Golfo (o Agc), las disidencias de las Farc y el Eln, que se disputan la zona rural del municipio, consoliden alianzas con las bandas y entren a hacer parte de la guerra urbana.
No fue solo la desaparición de ‘Super’
El detonante más visible de la posible ruptura de la tregua fue la desaparición, el 1 de abril, de ‘Súper’, un vocero de los Shottas que fue delegado en la mesa de diálogos establecida con el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda. Sin embargo, otros hechos graves dan cuenta de las tensiones en el puerto.
Colombia+20 ya había alertado de que la tregua no implicó el fin de la delincuencia y las formas de control social, que incluso despertaron una movilización social el pasado 22 de marzo.
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Además, desde inicios de abril se han denunciado disputas territoriales, extorsiones y enfrentamientos armados en barrios como Juan XXIII, San Francisco de Asís, San Luis , Bellavista, entre otros; a lo que se suma el aumento de los desplazamientos forzados, amenazas y homicidios.
Otro de los puntos que preocupan es que se estaría repitiendo una situación de antaño: las peleas internas por escalar en el mando de las bandas o crear nuevas estructuras. De hecho, se habla de que disidentes de los Shotas pretenden debilitar la jefatura de uno de los interlocutores claves con el gobierno. Se trata de un comportamiento que ha marcado el conflicto urbano en Buenaventura, y que también se dio con bandas como La Empresa y La Local (de la que surgieron Shotas y Espartanos).
Temor por intervención de grupos armados en el conflicto urbano
El investigador Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional del Pacífico de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), asegura que una de las causas del desgaste de la tregua fue la lentitud del Gobierno para plantear una ruta jurídica clara, para que las bandas supieran las reglas de juego de su sometimiento.
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“Hay que partir de que este acuerdo, por más que haya sido producto del clamor de las comunidades, está soportado entre dos grupos delincuenciales organizados. Es una paz mafiosa en el fondo, es decir, una paz frágil, y ni las autoridades ni el Estado tuvieron control de ese acuerdo”, asegura Torres.
En los más de seis meses de tregua, surgieron alertas de que el conflicto urbano se estaba trasladando a las zonas rurales. Por eso ahora, ante el fin de la tregua, el principal temor es que se entrelacen las dos guerras rurales y sus actores lleguen a la ciudad.
Por un lado está la guerra del norte, en el Bajo Calima, que es la arremetida de las Agc con el Frente de Guerra Occidental del ELN. Por el otro, la guerra del sur -en los ríos Naya, Yurumanguí, Anchicayá, entre otros-, donde el Frente de Guerra Suroccidental del ELN E en alianza con la Segunda Marquetalia, están enfrentando el poder de la Columna Móvil ‘Jaime Martínez’, que le responde a las disidencias de Iván Mordisco.
Aunque por ahora no se ven posibles alianzas con la Jaime Martínez, desde Pares advierten el riesgo de que los Shottas consoliden una con el Clan del Golfo, mientras que los Espartanos se vincularían con la Segunda Marquetalia o el Eln.
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