“La gente en Chocó no aguanta más y quiere que se acabe la guerra a como dé lugar”

Hace unas semanas se terminó el tercer ciclo de negociaciones con el ELN que, entre otros, dejó el acuerdo del cese al fuego bilateral que se iniciará el 3 de agosto y las bases de la participación de la sociedad civil en ese proceso.

Sin embargo, regiones como Chocó, que han sido fortines históricos de esa guerrilla, siguen siendo abatidas por las confrontaciones, que han llevado a confinamientos y desplazamientos masivos como el que ocurrió la semana pasada en Sipí que llevó a 357 personas a abandonar sus hogares y llegar al Medio San Juan.

Las denuncias de comunidades y alcaldes es que en los territorios no se están sintiendo las decisiones de la mesa de negociación. Por ello, algunos de ellos tuvieron un encuentro hace un par de días con la vicepresidente Francia Márquez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y cabezas de varias entidades del Gobierno a quienes les pidieron ayuda para disminuir los niveles de violencia y amenaza hacia autoridades y comunidades.

En esas reuniones estuvo presente el sacerdote Albeiro Parra, facilitador de paz y quien preside la Coordinación Regional del Pacífico, que agrupa organizaciones étnico-territoriales y miembros de la Iglesia Católica.

En entrevista con Colombia+20, Parra habla, entre otros temas, de cómo se han recibido en las comunidades los avances en ese proceso de paz y los compromisos adquiridos por la vicepresidenta Márquez.

Desde diciembre, tras finalizar el primer ciclo de negociaciones con el ELN, estamos hablando del tema de alivios humanitarios. ¿Sí se ha avanzado en algo en ello?

En marzo, varias organizaciones sociales, la Iglesia, etc., sacamos el informe de la caravana humanitaria -que se llevó a cabo en enero- en Bajo Calima y Bajo San Juan. En ese documento la gente fue muy clara con la Delegación del Gobierno y la del ELN de cuál eran los alivios que las comunidades estaban necesitando. Por ejemplo, el tema del cese al fuego bilateral o multilateral fue una de las cosas que más se plantearon y recién ahora en este ciclo se concretó, aunque aún no empieza.

De eso se responde casi todo lo demás: la libre movilidad para que las comunidades confinadas, detener los desplazamientos y la instalación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado a menores de edad y las amenazas a los líderes y lideresas. Es decir, lo que presentamos eran temas muy concretos y estábamos muy animados porque se había acordado que se iba a llevar al segundo ciclo en México, pero tangible aún no se ve nada.

Le digo otra cosa, para eso se delegó a la vicepresidenta Francia Márquez para coordinar el tema de alivios. Con todo el respeto, ella estuvo en Docordó llevando una asistencia humanitaria, unos mercados que inclusive no alcanzaron, pero eso no era lo que las comunidades estaban pidiendo. Entonces usted me pregunta qué ha pasado, mi resumen sería este: que la situación se ha agravado más. Yo lo tengo que decir con todo el dolor del alma. Ya no es solo algo que pasa en Bajo Calima y San Juan, sino que la violencia se ha ido a Novita, Sipí, San José del Palmar. Lo digo solo para hablar de esa zona porque el resto de Chocó está en las mismas.

¿Qué es lo que más le preocupa a usted de ese recrudecimiento de la violencia?

Todo. Han aumentado los enfrentamientos dentro de las poblaciones, que era otro tema que estábamos pidiendo: que al menos las confrontaciones nos las hicieran dentro de las comunidades. Eso quiere decir que hay más confinamientos, hay más desplazamientos. Hace una semana se registró el desplazamiento forzado de 350 personas de San Miguel. Este año ya llevamos 12 desplazamientos masivos. Justamente una de nuestras peticiones fue la activación de un corredor humanitario, yo sé que ese término a mucha gente no le gusta o no lo quiere entender, pero es que es muy fácil decir desde Bogotá y no ver las realidades de los territorios.

Por ejemplo, hay cuatro alcaldes que están despachando desde Quibdó por amenazas (San José del Palmar, Bagadó, Lloró y Santa Rita de Iró), por no pagar vacunas. Es muy grave que los alcaldes no puedan estar en sus territorios. Esto quizás no le vaya a gustar al ELN, pero coindencialmente todos son de zonas donde ellos tienen control territorial

Ni le digo lo de las amenazas a líderes y lideresas. Nosotros por eso estamos esperando con tantas ansias el cese al fuego, pero debe venir con alivios a las poblaciones porque mientras se activa esto sigue igual, no podemos seguir con esto. Creemos que eso de los protocolos tiene que quedar muy, muy claro y que debe ser socializado a las comunidades. Esperamos que ese cese no sea solamente entre ellos, entre los combatientes, sino que traiga unos alivios para las poblaciones que están en medio del conflicto.

Lea también: ¿Quién era alias Fabián, jefe del ELN en Chocó?

De lo que me dice, el cese al fuego es el principal reclamo de las comunidades y el ciclo de negociaciones con el ELN terminó con ese acuerdo, ¿cómo recibieron ese anuncio?

Con esperanza. Ojalá sí se dé y se dé ya. Pero eso sí le digo, nosotros como Iglesia y como comunidad sí queremos que dentro de esos protocolos vengan unos compromisos puntuales que vayan acorde a las peticiones que hizo la población. No podemos pedir una cosa y que nos den otra. Las necesidades que se han hecho son muy concretas.

Aquí el tema duro será qué hará la fuerza pública para controlar esas fronteras invisibles donde están los otros grupos que no está en el cese al fuego. En el caso de Chocó, las AGC (también llamado Clan del Golfo). Eso debe estar muy claro en esos documentos.

Ahora, eso no puede olvidar los componentes de seguridad y dignidad.

La gente no aguanta más y quiere que se acabe la guerra como del lugar para poder estar mínimamente tranquilas. La semana pasada me lo decían: así el Gobierno no cumpla, así no haya salud, educación, a todo a lo que nosotros tenemos derechos, no importan, pero con tal de que con tal de que se acaben los enfrentamientos y la guerra y se cumpla el cese al fuego, nosotros lo demás no lo arreglamos la gente. Así me lo decían. Esa es la realidad hoy de las comunidades.

Sobre el cese al fuego, las comunidades tendrán un papel importante porque cualquier persona podrá denunciar algún hecho que viole ese cese, pero eso podría ponerlos en riesgo. ¿Han pensado desde la Iglesia cómo manejar eso?

En la práctica en el Chocó y en el Pacífico nosotros, como Iglesia, la tenemos fácil en ese sentido, perdone que lo diga de esa manera. Le voy a explicar por qué. Porque existe la Red de Iglesias Santuarios de paz. Esos son sacerdotes que están allá dentro de las comunidades. Está en Novita, Alto Baudó, El Charco. Entonces nosotros estamos en contacto con ellos. La otra fuerza que tenemos es que nosotros trabajamos una alianza muy fuerte con las comunidades y organizaciones étnico-territoriales. O sea, sus autoridades étnicas.

Las comunidades, y lo digo con conocimiento de causa, siempre han tenido la autonomía y la valentía de denunciar cuando tienen que denunciar. También ha habido momentos en que directamente le hemos presentado informe a la mesa, y otros en los que nosotros mismos entramos a las comunidades, vemos lo que está pasando y llevamos esa información. Hay que esperar los protocolos, pero en la práctica esa es y ha sido forma de protección.

¿Y el tema de participación de la sociedad civil?

Esa es otra cosa. Me parece muy bien lo de los foros regionales y eso que plantearon, pero lo más importante es bajar eso a los territorios. Todavía no se sabe nada.

Las propuestas tenemos que ir allá a hacerlas. Eso no debe ser ni la agenda del Gobierno ni la agenda del ELN tiene que ser las agendas de las propuestas de las comunidades y en eso hemos sido muy juiciosos. Hemos revisado con ellas los planes de desarrollo territorial. Tenemos claro que los pilares deben y tienen que ver con los planes de vida de las comunidades y eso tiene que que dialogar con el Plan de Desarrollo Nacional.

Justamente todo eso que cuenta fue lo que le pidieron varios alcaldes de municipios de Chocó a la vicepresidenta Francia Márquez y el Ministerio de Defensa en la reunión que tuvieron la semana pasada y en la que usted también estuvo. ¿Qué salió de ese encuentro?

Nosotros pedimos ese encuentro porque estamos muy preocupados con esta situación. La vicepresidenta nos respondió muy rápido y nos atendió. A esa reunión ella también citó al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; gente del Ministerio del Interior, de Defensa -fue por eso por lo que luego tuvimos reunión después con el ministro Iván Velásquez-.

Ella quedó muy preocupada y dijo que no estaba al tanto de todo lo que le contamos. Se tocaron muchos temas, pero sobre todo se hizo énfasis de protección y seguridad de los alcaldes porque es la hora que la Gobernación no se ha pronunciado. También le expresamos que hay altos riesgos con las elecciones que se vienen para octubre porque sabemos que ya hay aspirantes amenazados o que les están pidiendo plata.

De esos encuentros salieron unas hojas de ruta. Lo primero es que la vicepresidenta quedó de inmediato de con los alcaldes de identificar los recursos y proyectos prioritarios para las regiones. Esto es como en concordancia con el plan Remate que sacó Petro en abril (según el presidente, este plan priorizará la financiación de 400 proyectos engavetados en ministerios que se firmarían antes de que arranque la ley de garantías de las elecciones de octubre).

También se estableció que el Ministerio de Defensa hará un plan para el tema de protección y seguridad para las comunidades. En eso también participaría el Ministerio del Interior.

Le puede interesar: Masacre de Carrá, los audios que comprometen al ELN

Vamos a empezar a preparar un encuentro de alcaldes en Quibdó. Lo propusimos para finales de julio. La vicepresidente quedó con esa tarea para que vayan otros ministerios como el de Vivienda y Salud y Agricultura. Queremos que vaya también la Unidad de Víctimas, el Instituto de Bienestar Familiar porque aprovechamos pues todos estos temas que lo que no hay en el en el Chocó.

Con el alto Comisionado Rueda también queríamos saber de primera mano sobre los acuerdos que se alcanzaron en la mesa con el ELN. Mejor dicho eso cómo se come en los territorios porque si va a ver un ejercicio de participación necesitamos que los alcaldes estén en sus territorios. Él nos habló de la estrategia de Misiones de Paz que se está implementando en ciertas zonas. Eso nos interesa mucho porque es una visita al terreno.

También se hará un ejercicio entre la Defensoría y la Procuraduría. Ambos tendrán como un trabajo articulado sobre las Alertas Tempranas.

Entiendo que también se reunieron con Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos…

Sí, ella quedó muy comprometida en ir a acompañar ese encuentro que queremos hacer con los alcaldes, sino ayudar con el equipo de la ONU que está en Quibdó a preparar todo este ejercicio. Y le cuento que también tuvimos reunión con monseñor Héctor Fabio Henao, con Darío Monsalve y con Omar Alberto Sánchez, que son los delegados de la Conferencia Episcopal en los diálogos con el ELN. Eso fue muy importante porque los alcaldes pudieron hablar con ellos para que puedan llevar las preocupaciones a ese proceso. Por ejemplo, pudimos decirles que la mayor preocupación es algo que siempre pasa en estos casos, que el frente de ese grupo armado en el territorio puede no necesariamente estar en línea con lo que está pasando en la mesa.

¿Usted ve en Chocó esa disonancia entre lo que pasa con el ELN en la mesa y lo que pasa en las zonas con los frentes de guerra?

Eso siempre pasa. Aquí el tema es que se habla de la Paz Total, pero la Paz Total no se ha visto en los territorios y esa es una crítica para mí muy válida.

Le escuché decir que no entendía por qué esta mesa no recogió lo que decía el documento del Acuerdo Humanitario Ya que se hizo en 2017

Es que se ha dicho que este proceso retomó gran parte de la agenda que quedó del anterior proceso con (el expresidente Juan Manuel) Santos. Es decir, todo lo que se estableció antes de que se rompieran los diálogos. Pero, sí retomaron todo lo que lo que se había avanzado en esa agenda y, especialmente lo que se avanzó en participación de la sociedad civil, porque no retomaron el Acuerdo Humanitario Ya* del Chocó si ese fue llevado presentado a la mesa. Ese documento tiene todas las exigencias de las comunidades y en su momento, como sonaba fuerte el tema del cese al fuego, nos dijeron que en ese cese iba a ver respuestas a eso. No pasó, pero las exigencias -con una que otra actualización-, siguen siendo las mismas.

Yo mismo le pasé eso al gestor de paz del ELN Juan Carlos Cuellar y al delegado Carlos Rosero e incluso al comisionado Rueda. Sigo esperando esa respuesta.

*El Acuerdo Humanitario Ya fue un documento elaborado por la sociedad civil, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas de Chocó, que fue entregado y avalado por la mesa de diálogos del Gobierno y el ELN en 2017.

Hace unas semanas se terminó el tercer ciclo de negociaciones con el ELN que, entre otros, dejó el acuerdo del cese al fuego bilateral que se iniciará el 3 de agosto y las bases de la participación de la sociedad civil en ese proceso.

Sin embargo, regiones como Chocó, que han sido fortines históricos de esa guerrilla, siguen siendo abatidas por las confrontaciones, que han llevado a confinamientos y desplazamientos masivos como el que ocurrió la semana pasada en Sipí que llevó a 357 personas a abandonar sus hogares y llegar al Medio San Juan.

Las denuncias de comunidades y alcaldes es que en los territorios no se están sintiendo las decisiones de la mesa de negociación. Por ello, algunos de ellos tuvieron un encuentro hace un par de días con la vicepresidente Francia Márquez, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y cabezas de varias entidades del Gobierno a quienes les pidieron ayuda para disminuir los niveles de violencia y amenaza hacia autoridades y comunidades.

En esas reuniones estuvo presente el sacerdote Albeiro Parra, facilitador de paz y quien preside la Coordinación Regional del Pacífico, que agrupa organizaciones étnico-territoriales y miembros de la Iglesia Católica.

En entrevista con Colombia+20, Parra habla, entre otros temas, de cómo se han recibido en las comunidades los avances en ese proceso de paz y los compromisos adquiridos por la vicepresidenta Márquez.

Desde diciembre, tras finalizar el primer ciclo de negociaciones con el ELN, estamos hablando del tema de alivios humanitarios. ¿Sí se ha avanzado en algo en ello?

En marzo, varias organizaciones sociales, la Iglesia, etc., sacamos el informe de la caravana humanitaria -que se llevó a cabo en enero- en Bajo Calima y Bajo San Juan. En ese documento la gente fue muy clara con la Delegación del Gobierno y la del ELN de cuál eran los alivios que las comunidades estaban necesitando. Por ejemplo, el tema del cese al fuego bilateral o multilateral fue una de las cosas que más se plantearon y recién ahora en este ciclo se concretó, aunque aún no empieza.

De eso se responde casi todo lo demás: la libre movilidad para que las comunidades confinadas, detener los desplazamientos y la instalación de minas antipersonal, el reclutamiento forzado a menores de edad y las amenazas a los líderes y lideresas. Es decir, lo que presentamos eran temas muy concretos y estábamos muy animados porque se había acordado que se iba a llevar al segundo ciclo en México, pero tangible aún no se ve nada.

Le digo otra cosa, para eso se delegó a la vicepresidenta Francia Márquez para coordinar el tema de alivios. Con todo el respeto, ella estuvo en Docordó llevando una asistencia humanitaria, unos mercados que inclusive no alcanzaron, pero eso no era lo que las comunidades estaban pidiendo. Entonces usted me pregunta qué ha pasado, mi resumen sería este: que la situación se ha agravado más. Yo lo tengo que decir con todo el dolor del alma. Ya no es solo algo que pasa en Bajo Calima y San Juan, sino que la violencia se ha ido a Novita, Sipí, San José del Palmar. Lo digo solo para hablar de esa zona porque el resto de Chocó está en las mismas.

¿Qué es lo que más le preocupa a usted de ese recrudecimiento de la violencia?

Todo. Han aumentado los enfrentamientos dentro de las poblaciones, que era otro tema que estábamos pidiendo: que al menos las confrontaciones nos las hicieran dentro de las comunidades. Eso quiere decir que hay más confinamientos, hay más desplazamientos. Hace una semana se registró el desplazamiento forzado de 350 personas de San Miguel. Este año ya llevamos 12 desplazamientos masivos. Justamente una de nuestras peticiones fue la activación de un corredor humanitario, yo sé que ese término a mucha gente no le gusta o no lo quiere entender, pero es que es muy fácil decir desde Bogotá y no ver las realidades de los territorios.

Por ejemplo, hay cuatro alcaldes que están despachando desde Quibdó por amenazas (San José del Palmar, Bagadó, Lloró y Santa Rita de Iró), por no pagar vacunas. Es muy grave que los alcaldes no puedan estar en sus territorios. Esto quizás no le vaya a gustar al ELN, pero coindencialmente todos son de zonas donde ellos tienen control territorial

Ni le digo lo de las amenazas a líderes y lideresas. Nosotros por eso estamos esperando con tantas ansias el cese al fuego, pero debe venir con alivios a las poblaciones porque mientras se activa esto sigue igual, no podemos seguir con esto. Creemos que eso de los protocolos tiene que quedar muy, muy claro y que debe ser socializado a las comunidades. Esperamos que ese cese no sea solamente entre ellos, entre los combatientes, sino que traiga unos alivios para las poblaciones que están en medio del conflicto.

Lea también: ¿Quién era alias Fabián, jefe del ELN en Chocó?

De lo que me dice, el cese al fuego es el principal reclamo de las comunidades y el ciclo de negociaciones con el ELN terminó con ese acuerdo, ¿cómo recibieron ese anuncio?

Con esperanza. Ojalá sí se dé y se dé ya. Pero eso sí le digo, nosotros como Iglesia y como comunidad sí queremos que dentro de esos protocolos vengan unos compromisos puntuales que vayan acorde a las peticiones que hizo la población. No podemos pedir una cosa y que nos den otra. Las necesidades que se han hecho son muy concretas.

Aquí el tema duro será qué hará la fuerza pública para controlar esas fronteras invisibles donde están los otros grupos que no está en el cese al fuego. En el caso de Chocó, las AGC (también llamado Clan del Golfo). Eso debe estar muy claro en esos documentos.

Ahora, eso no puede olvidar los componentes de seguridad y dignidad.

La gente no aguanta más y quiere que se acabe la guerra como del lugar para poder estar mínimamente tranquilas. La semana pasada me lo decían: así el Gobierno no cumpla, así no haya salud, educación, a todo a lo que nosotros tenemos derechos, no importan, pero con tal de que con tal de que se acaben los enfrentamientos y la guerra y se cumpla el cese al fuego, nosotros lo demás no lo arreglamos la gente. Así me lo decían. Esa es la realidad hoy de las comunidades.

Sobre el cese al fuego, las comunidades tendrán un papel importante porque cualquier persona podrá denunciar algún hecho que viole ese cese, pero eso podría ponerlos en riesgo. ¿Han pensado desde la Iglesia cómo manejar eso?

En la práctica en el Chocó y en el Pacífico nosotros, como Iglesia, la tenemos fácil en ese sentido, perdone que lo diga de esa manera. Le voy a explicar por qué. Porque existe la Red de Iglesias Santuarios de paz. Esos son sacerdotes que están allá dentro de las comunidades. Está en Novita, Alto Baudó, El Charco. Entonces nosotros estamos en contacto con ellos. La otra fuerza que tenemos es que nosotros trabajamos una alianza muy fuerte con las comunidades y organizaciones étnico-territoriales. O sea, sus autoridades étnicas.

Las comunidades, y lo digo con conocimiento de causa, siempre han tenido la autonomía y la valentía de denunciar cuando tienen que denunciar. También ha habido momentos en que directamente le hemos presentado informe a la mesa, y otros en los que nosotros mismos entramos a las comunidades, vemos lo que está pasando y llevamos esa información. Hay que esperar los protocolos, pero en la práctica esa es y ha sido forma de protección.

¿Y el tema de participación de la sociedad civil?

Esa es otra cosa. Me parece muy bien lo de los foros regionales y eso que plantearon, pero lo más importante es bajar eso a los territorios. Todavía no se sabe nada.

Las propuestas tenemos que ir allá a hacerlas. Eso no debe ser ni la agenda del Gobierno ni la agenda del ELN tiene que ser las agendas de las propuestas de las comunidades y en eso hemos sido muy juiciosos. Hemos revisado con ellas los planes de desarrollo territorial. Tenemos claro que los pilares deben y tienen que ver con los planes de vida de las comunidades y eso tiene que que dialogar con el Plan de Desarrollo Nacional.

Justamente todo eso que cuenta fue lo que le pidieron varios alcaldes de municipios de Chocó a la vicepresidenta Francia Márquez y el Ministerio de Defensa en la reunión que tuvieron la semana pasada y en la que usted también estuvo. ¿Qué salió de ese encuentro?

Nosotros pedimos ese encuentro porque estamos muy preocupados con esta situación. La vicepresidenta nos respondió muy rápido y nos atendió. A esa reunión ella también citó al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda; gente del Ministerio del Interior, de Defensa -fue por eso por lo que luego tuvimos reunión después con el ministro Iván Velásquez-.

Ella quedó muy preocupada y dijo que no estaba al tanto de todo lo que le contamos. Se tocaron muchos temas, pero sobre todo se hizo énfasis de protección y seguridad de los alcaldes porque es la hora que la Gobernación no se ha pronunciado. También le expresamos que hay altos riesgos con las elecciones que se vienen para octubre porque sabemos que ya hay aspirantes amenazados o que les están pidiendo plata.

De esos encuentros salieron unas hojas de ruta. Lo primero es que la vicepresidenta quedó de inmediato de con los alcaldes de identificar los recursos y proyectos prioritarios para las regiones. Esto es como en concordancia con el plan Remate que sacó Petro en abril (según el presidente, este plan priorizará la financiación de 400 proyectos engavetados en ministerios que se firmarían antes de que arranque la ley de garantías de las elecciones de octubre).

También se estableció que el Ministerio de Defensa hará un plan para el tema de protección y seguridad para las comunidades. En eso también participaría el Ministerio del Interior.

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Vamos a empezar a preparar un encuentro de alcaldes en Quibdó. Lo propusimos para finales de julio. La vicepresidente quedó con esa tarea para que vayan otros ministerios como el de Vivienda y Salud y Agricultura. Queremos que vaya también la Unidad de Víctimas, el Instituto de Bienestar Familiar porque aprovechamos pues todos estos temas que lo que no hay en el en el Chocó.

Con el alto Comisionado Rueda también queríamos saber de primera mano sobre los acuerdos que se alcanzaron en la mesa con el ELN. Mejor dicho eso cómo se come en los territorios porque si va a ver un ejercicio de participación necesitamos que los alcaldes estén en sus territorios. Él nos habló de la estrategia de Misiones de Paz que se está implementando en ciertas zonas. Eso nos interesa mucho porque es una visita al terreno.

También se hará un ejercicio entre la Defensoría y la Procuraduría. Ambos tendrán como un trabajo articulado sobre las Alertas Tempranas.

Entiendo que también se reunieron con Juliette de Rivero, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos…

Sí, ella quedó muy comprometida en ir a acompañar ese encuentro que queremos hacer con los alcaldes, sino ayudar con el equipo de la ONU que está en Quibdó a preparar todo este ejercicio. Y le cuento que también tuvimos reunión con monseñor Héctor Fabio Henao, con Darío Monsalve y con Omar Alberto Sánchez, que son los delegados de la Conferencia Episcopal en los diálogos con el ELN. Eso fue muy importante porque los alcaldes pudieron hablar con ellos para que puedan llevar las preocupaciones a ese proceso. Por ejemplo, pudimos decirles que la mayor preocupación es algo que siempre pasa en estos casos, que el frente de ese grupo armado en el territorio puede no necesariamente estar en línea con lo que está pasando en la mesa.

¿Usted ve en Chocó esa disonancia entre lo que pasa con el ELN en la mesa y lo que pasa en las zonas con los frentes de guerra?

Eso siempre pasa. Aquí el tema es que se habla de la Paz Total, pero la Paz Total no se ha visto en los territorios y esa es una crítica para mí muy válida.

Le escuché decir que no entendía por qué esta mesa no recogió lo que decía el documento del Acuerdo Humanitario Ya que se hizo en 2017

Es que se ha dicho que este proceso retomó gran parte de la agenda que quedó del anterior proceso con (el expresidente Juan Manuel) Santos. Es decir, todo lo que se estableció antes de que se rompieran los diálogos. Pero, sí retomaron todo lo que lo que se había avanzado en esa agenda y, especialmente lo que se avanzó en participación de la sociedad civil, porque no retomaron el Acuerdo Humanitario Ya* del Chocó si ese fue llevado presentado a la mesa. Ese documento tiene todas las exigencias de las comunidades y en su momento, como sonaba fuerte el tema del cese al fuego, nos dijeron que en ese cese iba a ver respuestas a eso. No pasó, pero las exigencias -con una que otra actualización-, siguen siendo las mismas.

Yo mismo le pasé eso al gestor de paz del ELN Juan Carlos Cuellar y al delegado Carlos Rosero e incluso al comisionado Rueda. Sigo esperando esa respuesta.

*El Acuerdo Humanitario Ya fue un documento elaborado por la sociedad civil, comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas de Chocó, que fue entregado y avalado por la mesa de diálogos del Gobierno y el ELN en 2017.