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En el corazón de Saravena, al oriente del país, se impone un edificio que guarda entre sus muros una contradicción. Sus puertas son testigos de dos términos que han marcado la historia de Arauca: guerra y resistencia. Esas dos palabras han sido cadena y escudo del movimiento social que hoy por hoy se niega a rendirse ante el exterminio que los amenaza en medio de una reconfiguración de la violencia.
El bombazo que recibió ese edificio, que lleva por nombre Héctor Alirio Martínez, en honor al líder social asesinado en Caño Seco hace 20 años, el 19 de enero de 2022, marca un antes y un después en la guerra declarada contra el movimiento social del Centro Oriente.
Ese día, más de 60 líderes estaban reunidos en el lugar cuando un carro se estacionó cerca del edificio y detonó. Sonia López, representante legal de la Fundación Joel Sierra, recuerda que antes del estallido alcanzó a hacer una llamada. Al colgar vino la explosión. Todo se puso oscuro y ella escuchaba gritos de sus compañeros, mencionando los nombres de todos para saber dónde estaban y si estaban bien. Recuerda que todos se tocaban para saber si estaban completos y, después del susto, se quedaron tomando tinto.
Esa bomba fue la señal inequívoca de que había un plan de exterminio contra el movimiento social, principalmente a raíz de la estigmatización en el territorio.
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Como antesala, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala un momento clave que remarcó ese señalamiento contra líderes y lideresas sociales en Arauca. El 27 de mayo de 2021, el CTI y la Policía detuvieron a 11 miembros de la Asociación Campesina de Arauca; posteriormente, la Fiscalía de Francisco Barbosa presentó la acción como una ofensiva contra el frente Gentil Duarte de la disidencia de las FARC, pero ninguno de los detenidos tenía vínculos con ese grupo armado.
La estigmatización se intensificó desde el año del bombazo, cuando el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Comando Conjunto de Oriente del Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las extintas FARC, entraron en conflicto en la región: ocurrió a partir del pasado 2 de enero de 2022.
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A eso se le suman otras dinámicas de conflicto, pues Arauca es un territorio fronterizo con Venezuela, lo que supone unas estrategias por parte de los grupos armados en ese país que repercuten en el territorio araucano. De toda esa dinámica, Arauca reporta niveles altos de violencia que han provocado crisis humanitarias en la región. Según cifras de Pares, en lo corrido de este año se han registrado ocho líderes asesinados, 30 homicidios, 38 secuestros y 520 personas desplazadas y confinadas.
“En Arauca todos son objetivo militar”: radiografía de la guerra
Una tropa de militares con fusiles daban ronda cada tanto en Fortul, como haciéndose notar. Decían que su deber era ese: patrullar la zona y estar dispuestos para las necesidades de la comunidad. Sin embargo, líderes del territorio todavía no comprenden cómo es posible que en Arauca los niveles de violencia sigan subiendo cuando es un departamento altamente militarizado.
“Históricamente el departamento ha tenido una situación alta de homicidios, eso en el marco de un departamento altamente militarizado con más de 9.000 uniformados del Ejército, sin contar policías y miembros de inteligencia militar. Es muy contradictorio que en un departamento altamente militarizado todos los días estén muriendo de manera violenta personas, cuando debe ser una obligación del Estado proteger la vida de la población”, relató Sonia.
En este departamento hacen presencia dos actores armados puntualmente: el Frente de Guerra Oriental del ELN y el Comando Conjunto de Oriente del EMC, con los frentes 10, 28 y 45. Líderes del departamento también señalan la presencia de células del Clan del Golfo, conocidas como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), así como de miembros del Tren de Aragua, estructura armada con mayor presencia en Venezuela.
“Aquí han estado en función de ese mismo plan de exterminio del movimiento social, y actúan bajo características como el narcotráfico, el microtráfico y la extorsión”, comentaron.
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Precisamente, una explicación al aumento de la confrontación en territorios clave como Tame, Arauquita y Puerto Rondón se debe a las disputas por el control territorial y a los intereses de establecer rutas de narcotráfico en Arauca.
Sobre los dividendos del cese al fuego o de los procesos de diálogo que se adelantan actualmente con algunas estructuras en el marco de la paz total, los líderes creen que no hay mucho impacto, puesto que, si bien los índices de violencia se reducen un poco, las confrontaciones entre grupos armados son lo que más azota a las comunidades. Además, las amenazas y el plan de exterminio del movimiento social, con o sin cese al fuego, son una constante en el territorio.
“No se ha logrado parar la matanza. Si bien es cierto que han bajado algunos índices en los homicidios contra los líderes sociales, la cifra sigue siendo alarmante. Las estructuras paramilitares siguen actuando en los territorios, la judicialización sigue siendo una práctica”, detalló Sonia.
Nuestra lucha va más allá. Si un compañero muere, la mejor forma de rendirle tributo y recordarlo es precisamente impulsar con más berraquera las banderas
Las comunidades expresaron que el comandante del frente 10 del Comando Conjunto de Oriente del EMC, conocido como Pescado, ha declarado en varias ocasiones objetivo militar a los líderes sociales del territorio, incluso se habla de que tiene una lista de 300 personas con nombres y apellidos, la mayoría pertenecen al movimiento de masas del centro oriente.
Para conocer el conflicto en esta zona del país, Colombia+20 se unió a la Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en el Territorio, que este viernes culminó su paso por cinco departamentos afectados por el conflicto armado. Atendiendo a los llamados de diferentes organizaciones sociales que abogan por los territorios, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), junto con otras organizaciones nacionales, coordinaron los recorridos para conocer de primera mano la crisis humanitaria en el país.
El recorrido inició el pasado 23 de julio en Antioquia, posteriormente se viajó al Sur de Bolívar, a Arauca, a Chocó y al suroccidente del país, donde se realizó la clausura y se entregó un informe preliminar sobre Derechos Humanos en cada uno de los territorios.
Según Redher, organización coordinadora de la caravana, esta vez la iniciativa se enmarcó en la política de paz total del Gobierno, así como con el Plan Nacional de Desarrollo, la implementación del Acuerdo de Paz y los diferentes acuerdos sobre acciones humanitarias. El principal objetivo fue acompañar a las comunidades vulnerables afectadas por el conflicto armado, visibilizar sus condiciones de vida, recomendar acciones para mejorar su situación, movilizar recursos, y fortalecer el apoyo institucional y social, a niveles nacional e internacional.
“Un golpe al corazón”: el asesinato de Josué Castellanos
A Sonia se le desdibuja la sonrisa cuando le preguntan por Josué. Hace un esfuerzo por moderar su tono de voz y hablar sin resquebrajarse. Cuenta que las disidencias han declarado a los líderes y lideresas un objetivo militar, bajo el estigma y la excusa de destruir la base social del ELN.
“Estas estructuras declaran objetivo militar el 9 de enero del 2022 al movimiento social bajo el mismo argumento con el que históricamente nos han judicializado, que el movimiento político de masas social y popular del centro oriente, con sus organizaciones, procesos y liderazgos hacen parte de la guerrilla del ELN y que por tanto, entonces, una manera de afectar a la guerrilla es atacar al movimiento social. Entonces inició una brutal arremetida. Los muertos los hemos puesto las organizaciones sociales”, dice Sonia.
A Josué Castellanos, líder campesino de Arauca, lo asesinaron en Tame el 4 de marzo de este año, luego de que inmovilizaran a su esquema de seguridad. Según fuentes en territorio, el responsable del hecho habría sido el Frente 28 del EMC, bajo el mando de Antonio Medina. Ese grupo armado regresó al territorio a pesar de la fuerte presencia del Frente de Guerra Oriental del ELN.
De solo pensar en ese momento, a Sonia se le llenan los ojos de recuerdos convertidos en lágrimas, y entonces suelta la sonrisa que viene antes del llanto.
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“Es un golpe al corazón”, expresó la lideresa, para continuar con el relato: “Cada vez que un compañero es asesinado, encarcelado, o se tiene que ir para salvaguardar su vida, es realmente una agresión directa contra el tejido social, contra las comunidades, porque los líderes sociales en estas regiones encarnan precisamente esos anhelos de vida digna que tenemos todos. En el caso de Josué, que desde niño inició el trabajo en el movimiento social, es realmente una baja muy sensible para nosotros. Cuando matan a un líder no solamente se le hace daño a él, sino a todo un entramado social, y por supuesto que es un golpe también al corazón de muchos”.
Un campesino y líder en la región, recuerda a Josué como un “buen muchacho, muy preciso en su forma de actuar”, pero también relata que después de ese suceso le cogió susto a hablar con periodistas. “Esas entrevistas no me gustan porque se las hicieron a un amigo mío y al otro día se murió”, dijo.
Para el líder social José Vicente Murillo, quien ha sido además víctima de persecución judicial y capturado en dos ocasiones acusado de rebelión, Josué fue asesinado en el marco de una estrategia paramilitar de guerra sucia. “Eso fue parte de un plan sistemático de perseguirnos a mansalva para asesinarnos. A Josué lo esperaron para masacrarlo. Esto nos confirma definitivamente que toca cuidarnos para seguir adelante con este proyecto de transformación de las comunidades, y que así como dice la canción de Mercedes: ojalá la muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”, relató.
Murillo creció con Josué en la lucha social, y recuerda que este encarnaba las banderas del pueblo y llevaba a cuestas un liderazgo productivo y comunal. “Por eso se convertía en una barrera para los intereses de la estrategia paramilitar. Pero nuestra lucha va más allá. Si un compañero muere, la mejor forma de rendirle tributo y recordarlo es precisamente impulsar con más berraquera las banderas”, concluyó.
“No dejes de luchar”: la defensa del movimiento social
Los bastones de mando de la guardia campesina formaron una calle de honor para darles paso a los arreglos florales que llevaban los nombres de tres líderes sociales asesinados en la mañana de ese 5 de agosto de 2004: Leonel Goyeneche, Héctor Alirio Martínez y Jorge Prieto.
En contexto: Tras 20 años de masacre de Caño Seco, araucanos conmemoran a líderes asesinados
Desde hace 20 años el pueblo araucano se reúne sin falta en Caño Seco para conmemorar sus vidas y las de otros líderes y lideresas sociales que han asesinado en el territorio como un grito de lucha y resistencia. Todos, al unísono, gritan arengas, como si se tratara de un himno propio que los hace ponerse de pie cada vez que hay que entonarlas.
“Y lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular”, se escucha. Hasta el sacerdote se une a la lucha y les lee a sus feligreses pasajes de la Biblia que relatan escenas de guerras y resistencia. En medio de su sermón hace un llamado a la unidad de todos los pueblos para defender el territorio y el movimiento social.
Luego, el turno de la palabra es para Sonia, quien lanza su voz al aire para sembrar en las almas de los que asisten a la conmemoración una semilla de fuerza que los ayude a combatir el miedo que queda después de la muerte o de la desaparición.
“20 años después podemos reafirmar que las intenciones de acallar nuestras voces no se cumplieron. Se encontraron con un pueblo organizado. Nos hemos sobrepuesto (...) nos han querido desaparecer con carro-bombas. Nos han amenazado. Nos señalan. Nos estigmatizan. Pero continuamos en esta gesta social”, declaró la lideresa ante las más de mil personas en la conmemoración.
Pero ese grito de lucha llegó acompañado de peticiones al Gobierno, principalmente para que las amenazas de exterminio del movimiento social se detengan. “Reiteramos la exigencia de que el Estado cumpla con la obligación de desmontar estructuras paramilitares; la adopción de una política pública de garantías para sancionar la estigmatización; el reconocimiento de nuestra labor como necesaria en un Estado que dice ser de derecho (...) por una Colombia libre y soberana. Unidad y lucha”, gritaron todos tras el discurso de Sonia.
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Para Julio Martínez, líder social de Caño Seco, Arauca, la lucha por la permanencia en el territorio es constante a pesar de los ataques y señalamientos.
“Una forma de amenazarnos es con el asesinato de líderes, pero eso no ha sido una forma de callarnos, sino una forma de hacer aún más fuerte nuestra voz y nuestras exigencias para seguir reivindicando nuestras luchas. Todo eso nos hace más fuertes y podemos fortalecer a nuestras comunidades. Este ha sido un departamento en el que han querido exterminar el movimiento social a través de grupos paramilitares. Nos estigmatizan y nos asesinan, pero no nos van a callar”, apuntó.
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