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La escena ocurrió en una tarde de inicios de mayo de 2023. Aquel día, en medio del discurso del líder indígena, la multitud reunida aplaudió y gritó en señal de apoyo: “El Cauca necesita una solución ya, tanto del Gobierno como de los grupos armados, que tienen que mostrar su voluntad real de paz. De lo contrario, solo va a haber más muerte en nuestro territorio”.
Sus palabras retumbaron entre las casi 5.000 personas que estábamos en el lugar. La mayoría eran indígenas, que se encontraron con representantes del gobierno Petro en el municipio de Caldono, donde tuvo lugar una minga humanitaria para buscar salidas a la crisis de violencia de ese departamento del suroccidente del país.
Tras el encuentro, se le envió una carta al presidente con 28 exigencias, se mantuvieron diálogos con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y se esperaba que en los meses siguientes se buscaran soluciones urgentes. No era una petición de ese momento, sino un acumulado de décadas de desangre en el Cauca, donde uno de cada tres habitantes es víctima de la guerra. Pero no fue así. Pasó un año y lo único claro es que las palabras del líder fueron una premonición: el conflicto armado escaló, y la muerte y la zozobra siguen siendo la constante en ese territorio.
Según cifras de la Unidad para las Víctimas, en lo corrido de 2023 se registraron 28.989 víctimas de desplazamiento, 257 de homicidios, y al menos 2.211 personas fueron afectadas por actos terroristas, atentados o combates.
De la paz total a la ofensiva total
Los hechos de la última semana lo demuestran. Entre el sábado 18 y el lunes 20 de mayo, miembros del Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, desplegaron una serie de atentados simultáneos: asaltos por tierra, ataques a helicópteros, explosiones con motobombas que cobraron la vida de uniformados y civiles en los municipios de Morales y Miranda.
“El sentimiento es de total frustración. El Cauca no puede caer más en el precipicio. Estos hechos deben marcar un punto de inflexión. Necesitamos que se actúe, que no solo haya anuncios, consejos de seguridad y envío de más militares, sino decisiones estructurales para que podamos construir un escenario más positivo”, dice Eduin Capaz, defensor de derechos humanos del norte de ese departamento.
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Ahora mismo, la preocupación de que la violencia aumente es creciente. Tras más de dos meses de crisis en la mesa de diálogos de paz con el EMC, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de combatirlo con una “ofensiva total”, como dijo esta semana.
Aunque era una medida que varios sectores le reclamaban, el miedo es que se generen afectaciones a la población. De hecho, el viernes pasado 350 habitantes de Suárez cumplieron tres días atrincherados en una iglesia para resguardarse de las balas de los combates entre el Ejército y las disidencias.
La figura de Petro en Cauca, entre la ilusión y la frustración
La gravedad de la situación de la última semana fue tal que el presidente Gustavo Petro viajó a esa zona del país.
“El EMC se negó a un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, y así no se llega a la paz. Por eso la toma de Morales, con muertos jóvenes y pobres, unos que mueren y otros que matan. Muchos territorios han quedado presa de las economías ilícitas, del dinero fácil, que es muerte fácil, y el Cauca no se puede condenar a eso. El camino de la paz sigue siendo la justicia social, independientemente de acuerdos, y hay que comenzar a construirla ya. Es nuestro deber, no podemos esperar a otro gobierno”, dijo el mandatario.
En esa frase, Petro resumió buena parte de los problemas históricos del departamento: presencia de grupos armados ilegales (en los últimos 60 años han llegado todos, tanto rebeldes como paramilitares y narcotraficantes), problemas derivados de la producción de coca (Cauca es el cuarto departamento con más siembras: 26.223 hectáreas), reclutamiento forzado (817 menores de edad indígenas desde 2020, según el CRIC) y una situación de pobreza y ausencia estatal que su gobierno no ha logrado transformar.
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Fue en parte por esa lectura del territorio y por la promesa de cambio que el pueblo caucano apoyó mayoritariamente la elección de Petro (el 79 % del electorado votó por él). Sin embargo, la falta de avances en los casi dos años que completa el jefe de Estado en la Presidencia han generado desesperanza en la población.
“El respaldo hacia el Gobierno fue muy alto y casi unánime, pero así mismo las expectativas eran muy altas desde el comienzo. Ha habido bloqueos de varios sectores, pero el presidente también ha cometido muchos errores en la ejecución, y la gente siente desilusión. Al final, es la población la que lleva del bulto con toda esta violencia y la continuidad del empobrecimiento”, dice un sociólogo y analista caucano.
Producto de esa desazón, ha habido roces entre miembros de algunas organizaciones sociales que piden retirarle el apoyo al Gobierno. Pero la balanza, por ahora, se inclina por no hacerlo.
Entender esa posición de respaldo, a pesar de la falta de resultados, no es difícil si se considera el abandono histórico de estas comunidades, especialmente las campesinas, afrodescendientes e indígenas, que aún ven en Petro una opción para cambiar su realidad.
“En los últimos 200 años este es el primer gobierno alternativo, el único que nos ha mirado. Seguimos esperando más avances en nuestros derechos, pero al menos vemos que por fin hay voluntad política”, asegura Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
La reunión con el CRIC
En su reciente visita al departamento, Petro buscó una reunión con el CRIC para acercar posiciones y llegar a algunos compromisos.
Sauca le contó a Colombia+20 que en el encuentro privado se le hicieron tres llamados principales al presidente: materializar herramientas para garantizar el derecho propio de las comunidades, tomar acciones frente a la situación humanitaria y trazar planes para que se puedan desarrollar alternativas económicas al margen de las siembras de uso ilícito y los monocultivos.
Sobre el tema del conflicto, el consejero aseguró que para hablar de paz primero hay que sacar a la población de la violencia. “Acá tiene que haber una ruta clara para que el narcotráfico desaparezca del escenario. El Gobierno tiene la función de garantizar la soberanía y respetamos las decisiones que tome, pero les exigimos a los grupos ilegales que paren la intimidación y la confrontación con la población civil en medio”, dice Sauca.
¿Qué viene con las disidencias?
En los últimos siete años, tras la desmovilización de las FARC, estructuras de tres grupos armados se han disputado el control del territorio: el Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), el Comando Conjunto Occidental de la Segunda Marquetalia, y tres frentes de la guerrilla del ELN que se han ido expandiendo.
En algunos municipios, la Segunda Marquetalia y el ELN han hecho alianzas para combatir al EMC, pero sus logros han sido mínimos.
Estructuras como la Jaime Martínez, la Dagoberto Ramos y la Carlos Patiño, todas del Bloque Occidental del EMC, tienen el control casi absoluto de las zonas más importantes del Cauca: el norte y el occidente (donde se ubica el cañón del Micay, que concentra el 65% de los cultivos de coca del departamento y ha sido el principal punto de disputa con el Gobierno).
El principal problema con estos grupos, que no se reconocen como disidencias sino como las auténticas FARC, es que no han respetado ninguno de los acuerdos que las comunidades étnicas lograron con la antigua guerrilla para garantizar su autonomía territorial.
“El EMC es lo peor que le ha pasado al Cauca. Sus frentes se están llevando por delante los procesos sociales, las organizaciones sociales, y están haciendo que se viva casi una guerra civil, porque se han encargado de reclutar a jóvenes afro, campesinos e indígenas que son caucanos pero ya están desprendidos de sus comunidades, le disparan a la gente, matan, amenazan y destierran”, dice una fuente que pide reservar su identidad.
Ante esta situación, el Gobierno Petro ha ido endureciendo su discurso hasta el punto de pedir que las Fuerzas Militares combatan frontalmente al EMC. El diálogo, al menos por ahora, parece descartado.
El alarmante repunte de la violencia en el Gobierno Duque no se ha revertido
Varias fuentes consultadas por Colombia+20 coincidieron en que el origen de la actual ola de violencia que vive el Cauca es consecuencia de la falta de acciones del Gobierno de Iván Duque (2018-2022) en este territorio.
En efecto, las cifras de homicidios muestran que entre 2010 y 2017, en la administración de Juan Manuel Santos, se mantuvo una disminución sostenida de los asesinatos (en su último año la tasa de homicidios fue del 20,9 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media nacional). Sin embargo, desde el primer año del periodo Duque la curva empezó a subir dramáticamente (36,3 en 2018), hasta llegar en 2022, su último año en el poder, a 56,1 (más del doble de la media nacional).
“Producto de la falta de implementación del Acuerdo de Paz y la desidia del Gobierno Duque con el Cauca, los grupos ilegales retomaron el control del departamento y se escaló rápidamente la violencia hasta tener el escenario actual”, comentó un analista.
Datos de la Unidad para las Víctimas muestran que en otros hechos también hubo un incremento durante el Gobierno Duque. Entre 2016 y 2018, los primeros dos años tras la firma del Acuerdo, la cifra de personas desplazadas estuvo por debajo de 10.000. Sin embargo, en 2019 subió a 12.855, y para 2022, al cierre de su administración, se duplicó (25.163).
Aunque en 2023, ya con Petro en el poder, la tasa bajó a 53,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, la situación sigue siendo alarmante.
Ya pasó un año desde la minga humanitaria que, para cientos de comunidades, se veía como la única esperanza para lograr acuerdos y compromisos, pero el resultado fue pasar de lo malo a lo peor. En el Cauca, la pregunta principal es si el Gobierno va a permitir que a este territorio y su gente, que ya ha soportado tanto, la sigan extinguiendo.
