Tres graves hechos de violencia, presuntamente cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fueron denunciados y condenados este miércoles por el Gobierno Nacional.
Según informó la delegación de paz del Ejecutivo en la mesa de diálogos con esa guerrilla, el martes 25 de junio se conoció que Anderson Alberto Hernández Villar, un intendente de la Policía Nacional, fue asesinado en el departamento de Arauca.
El oficial habría sido secuestrado por el ELN en el estado Apure de la República de Venezuela, y su cuerpo sin vida fue hallado en el área de Los Almendros, en el municipio de Arauquita.
“Nuestra delegación expresa condolencias a su familia y a la Policía Nacional”, indicó el equipo negociador en un comunicado.
En el documento, la delegación califica estos hechos como inadmisibles y violatorios del DIH y del cese al fuego bilateral que las partes tienen vigente.
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Dos menores de edad fueron reclutados
A esto se suma el reclutamiento de dos menores de edad, una niña de 13 años y un niño de 16, que habrían sido incorporados de manera forzada por el ELN.
“Quedaron en poder de autoridades militares en desarrollo de una operación llevada a cabo en zona limítrofe entre Boyacá y Casanare”, informaron en el comunicado.
Estos casos de secuestro, asesinato y reclutamiento aumentan la tensión en la mesa de diálogos de paz, que completó cuatro meses congelada por cuenta de los diálogos paralelos que el Gobierno Petro inició con una estructura disidente del ELN en Nariño, y que ya había tenido otro momento de tensión en mayo, justamente por la decisión de la guerrilla de reactivar los secuestros.
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Por ahora, el equipo negociador aseguró que presentará estas violaciones ante al Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) del cese al fuego, y reiteró que ante la nueva prórroga de este acuerdo “se debe ampliar y fortalecer la protección de la población civil, así como lograr el funcionamiento eficaz de este mecanismo”.