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“Antes, como campesinos, teníamos autoridad, se cumplían nuestros mandatos para cuidar la naturaleza, pero ahora los grupos armados no respetan eso. Acá tenemos al ELN, las disidencias de las FARC y los paramilitares. Nos sentimos amenazados y asustados”.
Quien habla es María Irene Ramírez, vocera de la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), que desde hace casi 30 años impulsa la defensa del medioambiente y los derechos de las poblaciones rurales del Magdalena Medio.
Su relato resume parte de las preocupaciones de una región que, pese a estar en el blanco de los grupo armados ilegales y las multinacionales extractivistas, es reconocida por la gallardía del movimiento social.
Allí, las comunidades resisten la presencia de tres actores ilegales distintos que, en medio de su disputa territorial, han generado desplazamientos, amenazas, asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, reclutamientos de menores, actos de violencia sexual, limpieza social, carnetización para restringir la movilidad de la población, entre otros hechos de violencia.
Como alertó un reportaje de Colombia+20 hace algunos meses, el control de las minas de oro en la Serranía de San Lucas, las extorsiones a empresas de todos los niveles y los corredores estratégicos de este territorio desató una guerra que tiene como principales afectados a los civiles.
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Ante esa situación, la semana pasada se reunieron los representantes de organizaciones sociales de Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Cesar, que encendieron las alertas en un espacio con el embajador de la Unión Europea (UE) en Colombia, Gilles Bertrand, y el enviado especial de la UE para el proceso de paz en nuestro país, Adrianus Koetsenruijter.
En la reunión -a la que asistió este diario-, los líderes y lideresas advirtieron que grupos como el Clan del Golfo (o EGC) se están expandiendo en varias zonas, mientras que unidades del ELN y las disidencias de las FARC están patrullando e incluso viviendo en caseríos de civiles, lo que aumenta el riesgo de la población.
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Aunque en la zona hay respaldo por la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro, las organizaciones exigen que se les brinden garantías para desarrollar su trabajo con autonomía y sin estigmatización, y piden que los grupos armados se comprometan con el cese de hostilidades para evitar que se intensifique la violencia en el territorio.
De hecho, en la última semana, en varios municipios del sur de Bolívar se registraron homicidios, patrullajes y combates, en lo que sería una reacomodación de los grupos ilegales. Lo mismo ha ocurrido en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño y el Magdalena Medio santandereano, donde las comunidades le piden al Gobierno una respuesta integral inmediata.
Hace cuatro meses, en esta región fue asesinado Narciso Beleño, un líder agrominero histórico que apoyaba las actividades del Comité Nacional de Participación de los diálogos de paz con el ELN, quien denunció la avanzada del Clan del Golfo en el área de la Serranía de San Lucas. Para sus compañeros de toda esta zona, los riesgos se mantienen.
“Acá la violencia no es nueva, es histórica, pero hoy el campesino está en el ojo del huracán porque es carne de cañón de cualquiera de los grupos. Si hay un actor armado en el territorio, sea el que sea, es un obstáculo para nuestras actividades en defensa de la vida, y el medioambiente. Eso genera miedo y zozobra, y hay compañeros que se han ido por eso”, dice un líder de la ACVC.
¿Qué piden las comunidades y cómo ven la paz total?
Durante la reunión con los dignatarios de la Unión Europea, un miembro de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) aseguró que hay tres elementos claves que deben fortalecerse para responder a la situación de emergencia del Magdalena Medio.
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“Lo primero es asegurar la implementación del Acuerdo de Paz de 2016. En segundo lugar, se necesita que en los actuales diálogos de paz haya una mirada de forma íntegra de esta región, no un solo con un Ministerio o entidad, sino entender el Magdalena Medio como una zona coordinada en la inclusión de política estatal. Y lo tercero es fortalecer el tejido organizacional, eso fue lo que nos salvó de la avanzada paramilitar (a finales de la década de 1990), y ya no lo tenemos así de sólido”, dijo el líder.
Los que estamos en el territorio nos preguntamos cómo hablan de paz total si acá estamos en un conflicto permanente
El tema de las actuales negociaciones, que se desarrollan bajo la apuesta de paz total del Gobierno Petro, es uno de los que genera mayores controversias en la región, pues no se entiende cómo es posible que todos los grupos que allí operan tienen diálogos o acercamientos con el Ejecutivo, pero mantienen sus acciones de violencia.
En cuanto a la disidencia de las FARC que hace presencia en la zona, se trata de un frente adscrito a lo que hasta hace unos meses se conocía como Estado Mayor Central (EMC), y los frentes del Magdalena Medio están entre los que se han mantenido firmes en los diálogos de paz.
En el caso del ELN, la negociación empezó hace 21 meses, pero actualmente atraviesa una de sus mayores crisis. Y con el Clan del Golfo (o Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), hace pocas semanas el Gobierno anunció el inicio de un espacio de conversaciones con miras al sometimiento.
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“Los que estamos en el territorio nos preguntamos cómo hablan de paz total si acá estamos en un conflicto permanente”, plantea una lideresa del sur de Bolívar.
Además, pobladores de la región cuestionan que, pese a la alta presencia de la Fuerza Pública, los grupos ilegales se estén expandiendo. Algunos incluso señalan que hay denuncias de connivencia entre el Ejército y grupos como el Clan del Golfo, como ya lo ha advertido la Defensoría del Pieblo.
“No solo es la guerra, también es el abandono estatal”
Para la población de esta región, lo que ocurre en la actualidad es otro episodio del histórico olvido del Estado frente al Magdalena Medio, el mismo que permitió que durante décadas fuera controlada y disputada por grupos guerrilleros y paramilitares.
Le pedimos al gobierno Petro, al que apoyamos con la esperanza de que esto cambiara, que ponga los ojos en esta región que ha sido olvidada, violentada y marginada
Se trata de un territorio de unos 30.000 kilómetros cuadrados, conformado por 44 municipios, que comparten tres condiciones: formar parte de corredores de movilidad estratégicos, estar alejados de las capitales de sus departamentos (con las dificultades en términos de respuesta y atención de los gobiernos regionales que eso implica), y tener suelos ricos en agua y minerales.
Así lo sintetizó la Comisión de la Verdad en uno de sus informes: “El Magdalena Medio es un territorio de realidades paradójicas: es rico en fuentes de agua, pero no cuenta con acueductos ni disposición final de los residuos; cuenta con abundantes riquezas, pero altos índices de pobreza; tiene bosques y suelos fértiles, pero no cuenta con sistemas de producción de alimentos; extrae oro y otros minerales, pero su población presenta altos índices de necesidades básicas insatisfechas”.
Ante esta realidad de contrastes, asegura un defensor de Derechos Humanos, los jóvenes ven un futuro incierto y con actividades ilegales como principal fuente de empleo: “Acá tenemos varios problemas, pero el principal es el abandono y olvido del Estado. Eso lleva a que los jóvenes tengan dos opciones: trabajar en una mina o en cultivos de coca, o escuchar los llamados de los grupos armados y sumarse a sus filas. Estamos muy preocupados por el reclutamiento”.
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Para estas poblaciones, que sobrevivieron a los peores años de las violencias guerrilleras y paramilitares, urge que el Estado ponga la lupa en el Magdalena Medio y tome medidas para prevenir que el conflicto siga escalándose y los ciclos de violencia se reciclen.
“Le pedimos al gobierno Petro, al que apoyamos con la esperanza de que esto cambiara, que ponga los ojos en esta región que ha sido olvidada, violentada y marginada”, sentencia un defensor de derechos humanos.
