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La compleja radiografía de la situación humanitaria en el país que reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) responde, en buena medida, al aumento de conflictos armados.
Así quedó plasmado en el más reciente informe del organismo, presentado por Lorenzo Caraffi, jefe de delegación en Colombia, quien además planteó la necesidad de que en las negociaciones se fijen acuerdos especiales que protejan a la comunidad y en los que se exija respeto por el Derecho Internacional Humanitario, exista o no acuerdos de cese al fuego.
Un nuevo conflicto
El documento explica que con respecto a 2022, el país pasó de siete a ocho conflictos armados en los que la comunidad sigue quedando en medio del fuego cruzado. De los ocho conflictos identificados, tres son entre el Estado colombiano, el ELN (en proceso de diálogos de paz), el Clan del Golfo o EGC (sin cese al fuego), y las antiguas FARC-EP actualmente no acogidas al Acuerdo de Paz, autodenominadas disidencias del Estado Mayor Central -EMC- (con cese al fuego suspendido en tres departamentos). Un conflicto más es entre el ELN versus el EGC y los otros cuatro conflictos son entre el EMC versus la Segunda Marquetalia, Comandos de la Frontera, el ELN, y el Clan del Golfo.
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Ese último conflicto armado, entre la disidencia comandada por “Iván Mordisco” y el Clan del Golfo, fue identificado por el CICR luego de un seguimiento de dos años a las acciones armadas de ambas estructuras y sus consecuencias humanitarias.
Aunque el informe da cuenta de que los enfrentamientos entre el Estado colombiano y grupos armados registraron una disminución para 2023, recalca que al mismo tiempo se intensificaron las disputas entre los mismos actores no estatales. Esa actividad responde en parte al cese al fuego que se pactó con algunas estructuras armadas.
Precisamente, para algunos expertos en conflicto, el cese dio pie para que las estructuras lograran expandirse.
Esa teoría la refuerza Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group, quien explicó que ese nuevo conflicto entre las AGC (el Clan del Golfo) y el EMC responde a una dinámica de crecimiento, pues, según la experta, ambas estructuras se cruzaron en los territorios por la expansión que creó una frontera abierta del conflicto.
“Hay que recordar que el cese al fuego es entre el Estado y el grupo armado, pero hoy por hoy no es el centro de gravedad de los conflictos en el país. El centro de la violencia está alrededor de conflictos entre los mismos grupos, ELN contra EGC; EMC contra ELN. Con el cese al fuego con el Estado, ellos no tienen que preocuparse por acciones militares y eso les da más espacio para combatir con sus rivales en terreno”, apuntó.
En una línea similar se expresó el jefe de delegación de CICR en Colombia, Caraffi, quien expuso que tras establecer el cese al fuego en el marco de la paz total del actual gobierno, se redujo el enfrentamiento entre grupos armados y fuerza pública, pero se intensificaron entre las estructuras armadas. Para Caraffi, el aumento de los enfrentamientos da la impresión de que se están extendiendo en el territorio.
Frente al posible fortalecimiento de los grupos armados durante el cese al fuego, Dickinson advierte que es una posibilidad, un riesgo que se estaría corriendo. “Eso tiene que ver también con la construcción de los ceses al fuego, falta mucho monitoreo. El punto clave es que los ceses no tienen que permitir que los grupos armados puedan expandirse, pero es el caso que tenemos hoy y hace falta monitoreo”, destacó.
Se mantiene el impacto humanitario
Según el informe de CICR, los conflictos armados son una constante en el país y su impacto humanitario no se ha reducido sustancialmente.
La reconfiguración de esos actores armados, sumado a las consecuencias humanitarias que afectan a la población civil, dejan en evidencia el largo camino por recorrer. Y no es un dato menor que la política de paz total del Presidente Gustavo Petro no ha podido disminuir considerablemente los índices de la situación humanitaria en Colombia.
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“El panorama es cada vez más grave. Por un lado, la dinámica del conflicto es más regional. Ocho conflictos significa que hay diferentes dinámicas afectando al país. Por eso también existe la apuesta de la regionalización de la paz total, porque la situación en Nariño está totalmente distante a la de la Costa Caribe. El efecto en las comunidades es inmediato. Este año, apenas es abril, y hemos recibido el mayor número de personas que han experimentado amenazas, secuestros, atentados y otros tipos de violencia. Las comunidades, además, cuentan que no solo hay más conflicto, sino que hay más control. La presencia de los grupos es cada vez más asfixiante en los territorios”, señaló Dickinson.
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