Petróleo, terratenientes y colonos: la disputa por la tierra en La Macarena

Luego de los incendios del fin de semana pasado, que devoraron cerca de 700 hectáreas en la Serranía de La Macarena, una zona estratégica para el medio ambiente y donde se juntan los parques naturales Picachos y Tinigua, la tensión en el suroriente del país no baja. Más de 10 mil campesinos que tienen predios dentro de la zona de estos parques están reunidos para exigirle al Gobierno que les legalice sus predios o que les adjudique tierra en otra zona. Sin embargo, este martes llegó más Fuerza Pública al aeropuerto de La Macarena, mientras los concejales de ese municipio le enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, pidiéndole que dialogue con la comunidad y que desista de la represión para desalojar a miles de familias que habitan estas tierras. “Las acciones implementadas por el Gobierno central para evitar el daño ambiental han sido infructuosas en la medida que las afectaciones no se detienen”, señala la misiva.

La región de La Macarena ha tenido dos momentos históricos, descritos por historiadores y sociólogos como Alfredo Molano, quien caminó estas tierras durante las dos épocas en que este territorio se transformó: cuando La Macarena fue vista como una reserva ambiental casi paradisiaca, según lo escribió Molano, que se vio amenazada por la llegada de los campesinos colonos, cuyo principal cultivo para sobrevivir fue la coca; y, la segunda época, cuando las Farc fortaleció su presencia en esos territorios tras el fracasado proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, lo que conllevó a que los campesinos de la región fueran señalados de ser auxiliadores de esa guerrilla.

Hoy, a esos dos contextos se suma un nuevo escenario: La Macarena después del Acuerdo de Paz de 2016, por el que las Farc dejó las armas, salió de esos territorios y se convirtió en partido político. Bajo esa premisa, un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Administración Pública, en cabeza de Luis Alberto Montoya Osorio, un campesino de la región y con quien conversamos, documentó qué pasó después de la salida de los frentes guerrilleros con esas tierras, algunas baldías, otras dentro de los parques naturales Tinigua y Picachos, y encontró varias realidades que van más allá de los llamados campesinos deforestadores y aliados de criminales, como los han presentado en los últimos operativos que adelanta el Gobierno para desalojar esas tierras.

(También lea: Juntas de Acción Comunal del Yarí, otro gobierno) 

¿Quiénes son los dueños de la tierra en La Macarena (Meta)?

El 90% de los predios de esos territorios no tienen titulación y la población son campesinos que colonizaron estas tierras desde hace 50 años. Lo que hay que destacar es que dichos procesos de colonización se hicieron dirigidos por el Estado, a través de los institutos Incora e Inderena, pues a los campesinos les otorgaban créditos para colonizar con la condición de que se metieran en el negocio de la ganadería extensiva, lo que implicaba deforestar, y esa es la economía que hoy existe en la región. En 1977 Parques Nacionales Naturales alinderó los parques Picachos y Tinigua, y lo hizo sin tener en cuenta la población que estaba dentro del parque, es decir, no la excluyó ni tampoco fue y les advirtió que este es el pulmón del mundo ni que no debían tumbar más selva. Entonces, nunca hubo presencia del Estado allá, claro, porque el conflicto armado no lo permitía.

¿Por qué el acuerdo de paz cambió la dinámica de vida de este territorio?

Con la firma del Acuerdo de Paz, y eso está consignado en el punto uno que trata de la reforma rural integral, los campesinos buscaban la formalización de la tierra, es decir, que les dieran el título de su predio y que llegaran proyectos productivos. Sin embargo, después de la firma del Acuerdo, Parques Nacionales empezó a intervenir los parques y a decirles a los campesinos: ustedes están dentro del parque y se tienen que ir. No obstante, los campesinos no solo argumentan su presencia histórica en la zona, sino también, que el Gobierno desconozca, para este caso, las leyes que los amparan: la Ley 200 de 1936 la cual estableció que los campesinos por ocupar el territorio y por explotarlo de forma positiva a través de fuerza del trabajo se convertían en propietarios de esos predios. Esa Ley la están ignorando y es Ley de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo que ratifica este derecho en 1973.

¿Por qué después del proceso de paz se disparó la deforestación en esta región que une a los departamentos de Meta y Caquetá y que junta a los parques naturales Picachos, Tinigua y Serranía de la Macarena?

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz al territorio empezó a llegar gente de dudosa reputación del Valle del Cauca y de Antioquia a colonizar estas tierras. Entonces, en la región uno se puede encontrar personas que cuentan: eran campesinos que estaban en un semáforo vendiendo chicles o pidiendo limosna y a quienes estos personajes ocultos aún para las autoridades, les decían: venga, ¿usted es campesino? Sí señor. Pues mire, yo quiero que vaya y colonice para tal parte en el Meta o Caquetá, yo lo financio. Vaya y funde tres mil hectáreas, coja mil para usted y 2 mil me deja a mí. Por eso es que en 2017 se disparó la deforestación, pues hubo mucha presencia de otras personas que financiaron la tala indiscriminada. La tumba de una hectárea cuesta alrededor de 500 mil pesos, pero el campesino pobre no tiene capacidad de tumbar 200 hectáreas por año, el campesino pobre tumba máximo hasta cinco, y a esos son a los que están persiguiendo y judicializando hoy.

¿Qué les ha dicho Parques Nacionales a los campesinos frente a este planteamiento?

Parques dice que tumbar dos hectáreas es igual a tumbar 200 o 300. Sin embargo, no pide que judicialicen a todos los responsables. En la Procuraduría ambiental de Florencia solo existen quejas y denuncias contra los campesinos que tumban cinco hectáreas, pero al pie de ellos están, por ejemplo, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, el exgobernador del Guaviare, y un exdiputado que tumbaron entre los dos casi 2 mil hectáreas. Esos son los grandes deforestadores de esta región.  

¿Cuál es la versión de los campesinos frente a los recientes incendios que consumieron cerca de 700 hectáreas de bosque de La Macarena?

A los campesinos le están echando la culpa, pero resulta que el incendio ocurrió a una distancia de seis horas en moto desde donde se presentaron los operativos de la Fuerza Pública contra los campesinos. El incendio no fue en medio del operativo. Sospechamos que estos colonos pagados por terratenientes deforestaron y le echaron candela este fin de semana para después de la quema acaparar la tierra.

Pero el Gobierno insiste en que va a recuperar esa zona porque es ambientalmente estratégica para el mundo.

Nosotros desmontamos el discurso ambientalista del Gobierno a través de una consulta que le hicimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en febrero de 2019, cuando le preguntamos si había bloques petroleros dentro de esos territorios, dentro del parque Tinigua y Picachos. La respuesta, documentada, es que para esa fecha había 87.000 hectáreas adjudicadas a empresas petroleras para la exploración de hidrocarburos dentro de esos parques. Entonces, como ese se convirtió en el argumento de los campesinos, de porque a ellos no y a las petroleras sí, supimos, por medio de una fuente de esa entidad, que en octubre del año pasado Parques Nacionales le pidió de manera informal a la ANH que quitara los polígonos de exploración dentro de esos parques y el mapa fue modificado. No obstante, siguen apareciendo unas 42.000 hectáreas dentro del Tinigua a nombre de la empresa Gran Tierra Colombia IN Sucursal.

¿Puede documentar esta aseveración?

Con este relato también le presento la cartografía que nos entregó la ANH que deja ver lo que le estoy afirmando. También podemos mostrar cómo ha venido desarrollándose la actividad petrolera desde 2007 hasta 2019 de manera consecutiva.

Desde 2018 se han venido registrado estos operativos en esa región. ¿Qué pasó con el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones campesinas?

El primer operativo se realizó el 25 de octubre de 2018 y, luego de la incursión de la Fuerza Pública, se creó una mesa de diálogo y concertación con el Gobierno para dialogar para ver si existía la posibilidad de la reubicación, porque la gente no quiere indemnización, quieren tierra para trabajarla. Entonces se dijo: nos reubican o nos formalizan los predios. Lo que vino después es que todos los integrantes de la mesa de diálogo fueron amenazados de muerte. Fueron diálogos con el gobierno de Santos que ya estaba en empalme con Duque. Ahora, queremos denunciar que Parques Nacionales está caracterizando a la población con un argumento, pero esas personas son las que están siendo perseguidas y judicializadas en los últimos operativos. Entonces lo que ha dicho la comunidad es que no se van a dejar caracterizar más.

¿Cuál es la situación en la zona en este momento?

Hubo un operativo en el que desalojaron a unos campesinos y 19 de ellos fueron capturados y llevados a prisión a Florencia (Caquetá), entre los cuales había mujeres y menores de edad. El lunes pasado, después de una audiencia de un día completo, fueron liberados 18 y a uno le dictaron prisión domiciliaria imputándoles los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio. Por otro lado, los campesinos se están organizando, porque son más de 50 mil los que están afectados, retomando la mesa de diálogo y concertación con el Gobierno y, por otro lado, están solicitando ayuda de varios senadores para hacer un debate control político en el Congreso y para pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

¿Por qué los campesinos retuvieron a dos soldados del Ejército Nacional?

Lo que pasa es que cuando llega la agresión de la Fuerza Pública el campesino defiende el territorio como sea. Entonces, una de las soluciones que vieron fue echarles mano a unos militares y decirles nosotros de aquí no los soltamos hasta que ustedes no se vayan y dejen de golpearnos. Eso fue lo único que frenó el operativo que se da desde hace cinco días.

Como campesino de la zona, ¿cuál es su mensaje final para las autoridades colombianas?

Quiero decir que han distorsionado la realidad de lo que está sucediendo en La Macarena. Algunos noticieros están relacionando el problema ambiental con las disidencias de las Farc, con otros grupos al margen de la ley y cultivos ilícitos, pero eso trasciende esas fronteras. Insistimos en que el Gobierno está desconociendo unos derechos de ley y, es preocupante, que se siga haciendo esos señalamientos porque eso está poniendo como objetivo militar a los campesinos de la región. La problemática ambiental es real y los campesinos están dispuestos a aportar en eso, pero las condiciones que el Gobierno pone son imposibles de acogerlas, pues más de 50 mil campesinos saldrían desplazados masivamente. Lo otro, es que el problema no solamente es en esta zona, también en los Farallones de Cali, en el Valle del Cauca, y en otros parques que están consolidados, pero donde hubo colonización mucho antes de esas declaratorias.

(También lea: Las órdenes judiciales que buscan frenar deforestación en los parques Tinigua y Los Picacho) 

Luego de los incendios del fin de semana pasado, que devoraron cerca de 700 hectáreas en la Serranía de La Macarena, una zona estratégica para el medio ambiente y donde se juntan los parques naturales Picachos y Tinigua, la tensión en el suroriente del país no baja. Más de 10 mil campesinos que tienen predios dentro de la zona de estos parques están reunidos para exigirle al Gobierno que les legalice sus predios o que les adjudique tierra en otra zona. Sin embargo, este martes llegó más Fuerza Pública al aeropuerto de La Macarena, mientras los concejales de ese municipio le enviaron una carta al presidente de la República, Iván Duque, pidiéndole que dialogue con la comunidad y que desista de la represión para desalojar a miles de familias que habitan estas tierras. “Las acciones implementadas por el Gobierno central para evitar el daño ambiental han sido infructuosas en la medida que las afectaciones no se detienen”, señala la misiva.

La región de La Macarena ha tenido dos momentos históricos, descritos por historiadores y sociólogos como Alfredo Molano, quien caminó estas tierras durante las dos épocas en que este territorio se transformó: cuando La Macarena fue vista como una reserva ambiental casi paradisiaca, según lo escribió Molano, que se vio amenazada por la llegada de los campesinos colonos, cuyo principal cultivo para sobrevivir fue la coca; y, la segunda época, cuando las Farc fortaleció su presencia en esos territorios tras el fracasado proceso de paz con el gobierno de Andrés Pastrana, lo que conllevó a que los campesinos de la región fueran señalados de ser auxiliadores de esa guerrilla.

Hoy, a esos dos contextos se suma un nuevo escenario: La Macarena después del Acuerdo de Paz de 2016, por el que las Farc dejó las armas, salió de esos territorios y se convirtió en partido político. Bajo esa premisa, un grupo de investigadores de la Escuela Superior de Administración Pública, en cabeza de Luis Alberto Montoya Osorio, un campesino de la región y con quien conversamos, documentó qué pasó después de la salida de los frentes guerrilleros con esas tierras, algunas baldías, otras dentro de los parques naturales Tinigua y Picachos, y encontró varias realidades que van más allá de los llamados campesinos deforestadores y aliados de criminales, como los han presentado en los últimos operativos que adelanta el Gobierno para desalojar esas tierras.

(También lea: Juntas de Acción Comunal del Yarí, otro gobierno) 

¿Quiénes son los dueños de la tierra en La Macarena (Meta)?

El 90% de los predios de esos territorios no tienen titulación y la población son campesinos que colonizaron estas tierras desde hace 50 años. Lo que hay que destacar es que dichos procesos de colonización se hicieron dirigidos por el Estado, a través de los institutos Incora e Inderena, pues a los campesinos les otorgaban créditos para colonizar con la condición de que se metieran en el negocio de la ganadería extensiva, lo que implicaba deforestar, y esa es la economía que hoy existe en la región. En 1977 Parques Nacionales Naturales alinderó los parques Picachos y Tinigua, y lo hizo sin tener en cuenta la población que estaba dentro del parque, es decir, no la excluyó ni tampoco fue y les advirtió que este es el pulmón del mundo ni que no debían tumbar más selva. Entonces, nunca hubo presencia del Estado allá, claro, porque el conflicto armado no lo permitía.

¿Por qué el acuerdo de paz cambió la dinámica de vida de este territorio?

Con la firma del Acuerdo de Paz, y eso está consignado en el punto uno que trata de la reforma rural integral, los campesinos buscaban la formalización de la tierra, es decir, que les dieran el título de su predio y que llegaran proyectos productivos. Sin embargo, después de la firma del Acuerdo, Parques Nacionales empezó a intervenir los parques y a decirles a los campesinos: ustedes están dentro del parque y se tienen que ir. No obstante, los campesinos no solo argumentan su presencia histórica en la zona, sino también, que el Gobierno desconozca, para este caso, las leyes que los amparan: la Ley 200 de 1936 la cual estableció que los campesinos por ocupar el territorio y por explotarlo de forma positiva a través de fuerza del trabajo se convertían en propietarios de esos predios. Esa Ley la están ignorando y es Ley de reforma agraria de Alfonso López Pumarejo que ratifica este derecho en 1973.

¿Por qué después del proceso de paz se disparó la deforestación en esta región que une a los departamentos de Meta y Caquetá y que junta a los parques naturales Picachos, Tinigua y Serranía de la Macarena?

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz al territorio empezó a llegar gente de dudosa reputación del Valle del Cauca y de Antioquia a colonizar estas tierras. Entonces, en la región uno se puede encontrar personas que cuentan: eran campesinos que estaban en un semáforo vendiendo chicles o pidiendo limosna y a quienes estos personajes ocultos aún para las autoridades, les decían: venga, ¿usted es campesino? Sí señor. Pues mire, yo quiero que vaya y colonice para tal parte en el Meta o Caquetá, yo lo financio. Vaya y funde tres mil hectáreas, coja mil para usted y 2 mil me deja a mí. Por eso es que en 2017 se disparó la deforestación, pues hubo mucha presencia de otras personas que financiaron la tala indiscriminada. La tumba de una hectárea cuesta alrededor de 500 mil pesos, pero el campesino pobre no tiene capacidad de tumbar 200 hectáreas por año, el campesino pobre tumba máximo hasta cinco, y a esos son a los que están persiguiendo y judicializando hoy.

¿Qué les ha dicho Parques Nacionales a los campesinos frente a este planteamiento?

Parques dice que tumbar dos hectáreas es igual a tumbar 200 o 300. Sin embargo, no pide que judicialicen a todos los responsables. En la Procuraduría ambiental de Florencia solo existen quejas y denuncias contra los campesinos que tumban cinco hectáreas, pero al pie de ellos están, por ejemplo, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, el exgobernador del Guaviare, y un exdiputado que tumbaron entre los dos casi 2 mil hectáreas. Esos son los grandes deforestadores de esta región.  

¿Cuál es la versión de los campesinos frente a los recientes incendios que consumieron cerca de 700 hectáreas de bosque de La Macarena?

A los campesinos le están echando la culpa, pero resulta que el incendio ocurrió a una distancia de seis horas en moto desde donde se presentaron los operativos de la Fuerza Pública contra los campesinos. El incendio no fue en medio del operativo. Sospechamos que estos colonos pagados por terratenientes deforestaron y le echaron candela este fin de semana para después de la quema acaparar la tierra.

Pero el Gobierno insiste en que va a recuperar esa zona porque es ambientalmente estratégica para el mundo.

Nosotros desmontamos el discurso ambientalista del Gobierno a través de una consulta que le hicimos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en febrero de 2019, cuando le preguntamos si había bloques petroleros dentro de esos territorios, dentro del parque Tinigua y Picachos. La respuesta, documentada, es que para esa fecha había 87.000 hectáreas adjudicadas a empresas petroleras para la exploración de hidrocarburos dentro de esos parques. Entonces, como ese se convirtió en el argumento de los campesinos, de porque a ellos no y a las petroleras sí, supimos, por medio de una fuente de esa entidad, que en octubre del año pasado Parques Nacionales le pidió de manera informal a la ANH que quitara los polígonos de exploración dentro de esos parques y el mapa fue modificado. No obstante, siguen apareciendo unas 42.000 hectáreas dentro del Tinigua a nombre de la empresa Gran Tierra Colombia IN Sucursal.

¿Puede documentar esta aseveración?

Con este relato también le presento la cartografía que nos entregó la ANH que deja ver lo que le estoy afirmando. También podemos mostrar cómo ha venido desarrollándose la actividad petrolera desde 2007 hasta 2019 de manera consecutiva.

Desde 2018 se han venido registrado estos operativos en esa región. ¿Qué pasó con el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones campesinas?

El primer operativo se realizó el 25 de octubre de 2018 y, luego de la incursión de la Fuerza Pública, se creó una mesa de diálogo y concertación con el Gobierno para dialogar para ver si existía la posibilidad de la reubicación, porque la gente no quiere indemnización, quieren tierra para trabajarla. Entonces se dijo: nos reubican o nos formalizan los predios. Lo que vino después es que todos los integrantes de la mesa de diálogo fueron amenazados de muerte. Fueron diálogos con el gobierno de Santos que ya estaba en empalme con Duque. Ahora, queremos denunciar que Parques Nacionales está caracterizando a la población con un argumento, pero esas personas son las que están siendo perseguidas y judicializadas en los últimos operativos. Entonces lo que ha dicho la comunidad es que no se van a dejar caracterizar más.

¿Cuál es la situación en la zona en este momento?

Hubo un operativo en el que desalojaron a unos campesinos y 19 de ellos fueron capturados y llevados a prisión a Florencia (Caquetá), entre los cuales había mujeres y menores de edad. El lunes pasado, después de una audiencia de un día completo, fueron liberados 18 y a uno le dictaron prisión domiciliaria imputándoles los delitos de invasión de área de especial importancia ecológica, ilícito aprovechamiento de recursos naturales e incendio. Por otro lado, los campesinos se están organizando, porque son más de 50 mil los que están afectados, retomando la mesa de diálogo y concertación con el Gobierno y, por otro lado, están solicitando ayuda de varios senadores para hacer un debate control político en el Congreso y para pedir medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  

¿Por qué los campesinos retuvieron a dos soldados del Ejército Nacional?

Lo que pasa es que cuando llega la agresión de la Fuerza Pública el campesino defiende el territorio como sea. Entonces, una de las soluciones que vieron fue echarles mano a unos militares y decirles nosotros de aquí no los soltamos hasta que ustedes no se vayan y dejen de golpearnos. Eso fue lo único que frenó el operativo que se da desde hace cinco días.

Como campesino de la zona, ¿cuál es su mensaje final para las autoridades colombianas?

Quiero decir que han distorsionado la realidad de lo que está sucediendo en La Macarena. Algunos noticieros están relacionando el problema ambiental con las disidencias de las Farc, con otros grupos al margen de la ley y cultivos ilícitos, pero eso trasciende esas fronteras. Insistimos en que el Gobierno está desconociendo unos derechos de ley y, es preocupante, que se siga haciendo esos señalamientos porque eso está poniendo como objetivo militar a los campesinos de la región. La problemática ambiental es real y los campesinos están dispuestos a aportar en eso, pero las condiciones que el Gobierno pone son imposibles de acogerlas, pues más de 50 mil campesinos saldrían desplazados masivamente. Lo otro, es que el problema no solamente es en esta zona, también en los Farallones de Cali, en el Valle del Cauca, y en otros parques que están consolidados, pero donde hubo colonización mucho antes de esas declaratorias.

(También lea: Las órdenes judiciales que buscan frenar deforestación en los parques Tinigua y Los Picacho)