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Las fuerzas militares que tuvieron jurisdicción en Sucre y Bolívar, en la región de los Montes de María entre los años 2000 y 2001, habrían apoyado a paramilitares en múltiples delitos y agresiones contra la población. Específicamente, en las masacres ocurridas en este periodo, el más convulsionado para la región. El respaldo se habría dado como parte de la estrategia contrainsurgente para acabar con las Farc y para facilitar el control territorial y el despojo de tierras. Así lo sostiene el informe “El silencio de las gaitas”, presentado este jueves por la Comisión Colombiana de Juristas y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo al Sistema de Justicia, Verdad y Reparación.
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La Primera Brigada de Infantería de Marina (Briprima), al mando del entonces contraalmirante Rodrigo Quiñonez Cárdenas y los comandantes de Policía en Bolívar y Sucre de la época, como el teniente coronel Rodolfo Palomino López, Norman León Arango Franco y el coronel Carlos Eduardo Devia Gutiérrez, son algunos de los altos mandos con posible responsabilidad en masacres como la de El Salado, Macayepo o Chengue, por omisión o participación. Según el informe, estos agentes estatales habrían tejido alianzas con el Bloque Héroes de los Montes de María y otros frentes paramilitares presentes en la zona evidenciadas bajo el siguiente modus operandi:
Primero, por la masividad de los hechos y las víctimas. Los investigadores se preguntaron cómo ocurrieron durante este año 41 masacres sin que la Fuerza Pública las frenara o previniera. Documentaron diez de ellas: Ovejas-Canutal, El Salado, Mampuján-Las Brisas–San Cayetano, Hato Nuevo, La Libertad, Curva del Diablo, Chinulito y El Cerro, Macayepo, Carmen de Bolívar y Chengue, cometidas directamente por paramilitares y que en total dejaron 175 víctimas mortales.
La gran mayoría de los campesinos asesinados fueron elegidos a partir de listas que los paramilitares tenían en sus computadores o a la mano y que, de acuerdo con las versiones libres de paramilitares como Uber Enrique Banquez Martínez o “Juancho Dique” en Justicia y Paz, eran aportadas por la oficina de inteligencia de la Brigada de Infantería de Marina.
Otro indicio que recogieron los abogados del Cajar y la CCJ a través de documentos judiciales y sentencias fue la utilización de guías o informantes y la participación directa de algunos integrantes de la Brigada, por ejemplo, en la masacre de Chinulito. “Los paramilitares bajo el mando de Rodrigo Mercado Peluffo se reunieron en la finca El Palmar, donde se habría formado a los integrantes de este grupo, algunos conocidos como el “Paisa”, “Macayepo”, “Cachaco Negro”, “Caraeloco”, “Látigo”, “William”, “Sebastián”, los últimos dos, desertores de las FARC, que habrían sido enviados por el Batallón BAFIM3 -unidad adscrita a la Brigada de Marina- para colaborar a los paramilitares en las masacres”, resalta el documento.
Las diez masacres ocurrieron en Sucre y Bolívar entre febrero de 2000 y enero de 2001, con máximos dos meses de diferencia entre cada. El número de víctimas mortales fueron 175 y más de 28.207 personas salieron desplazadas”
En los relatos de desmovilizados por Justicia y Paz también se mencionan los nombres de Euclides Bossa Mendoza y Rubén Darío Rojas, dos sargentos segundos de otro de los batallones adscritos a la Brigada que “eran asiduos visitantes de El Palmar”, la base de operaciones del Bloque Héroes de los Montes de María. “En cinco de los diez hechos registrados, integrantes de las unidades tácticas adscritas a la Briprima brindaron algún tipo de apoyo directo a las incursiones armadas (…) El paramilitar Juan Vicente Gamboa Valencia alias “Pantera” ha dicho que un grupo de 25 infantes de marina formó parte de la operación paramilitar en el corregimiento El Salado”. Además, de acuerdo con el informe, Gamboa previamente había sido infante de Marina, lo que era usual con otros miembros del Bloque Héroes.
Un tercer patrón fue el tránsito libre de paramilitares por vías principales a pesar de que había varios retenes y estaciones de Policía. En el caso de El Salado, más de 700 hombres armados se reunieron en la finca El Palmar y de ahí salieron en caravana a este corregimiento. “Debieron recorrer aproximadamente 400 kilómetros en los que tuvieron que pasar por lo menos por diez puestos de control de la Fuerza Pública”, dice el informe.
En el caso de la masacre de Chengue, ocurrida el 17 de enero de 2001, días antes un agente de Policía avisó que tres camiones con un elevado número de hombres camuflados y con armamento largo habían cruzado por la vía que conduce a Toluviejo. Aunque puso en conocimiento a sus superiores, como el coronel Norman Arango, comandante de la Policía de Sucre en 2001 y al contraalmirante Rodrigo Quiñonez, estos no tomaron ninguna medida para evitar la tragedia. Esta información fue recogida de expedientes penales, disciplinarios, de restitución de tierras y de Justicia y Paz, así como informes de la época o del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Otro de los patrones lo describe Sebastian Bojacá, abogado de la CCJ y uno de los autores del informe. “Existía con antelación un aviso a la Infantería de Marina de que se iban a realizar estas masacres. Un informe del DAS les manifestó que los paramilitares se iban a tomar El Salado; en Chengue fue similiar”. Agrega que el conocimiento de masacres anteriores y el contexto de violencia en la región ya era suficiente para que las autoridades tomaran las medidas necesarias para que no ocurrieran más. A pesar de esto, estas diez masacres sucedieron en un año con dos meses de diferencia a lo mucho entre cada una.
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En el caso de la Policía, el documento sostiene que el dominio territorial por los paramilitares fue posible también por su aquiescencia. En un apartado explican cómo en una ocasión agentes de la Policía se abstuvieron de realizar un allanamiento en la finca El Palmar. Y “cuando ya era insostenible públicamente la falta de acciones en contra de los paramilitares a pesar del conocimiento público sobre la existencia del lugar de concentración, se adelantó un allanamiento en el que no fue posible capturar a los cabecillas paramilitares, muy seguramente alertados del procedimiento. Sin embargo, dentro de los elementos incautados se encontró documentación alusiva al pago de dinero para integrantes de la Policía Nacional”, sostiene.
Las principales comandancias de la Policía en Sucre y Bolívar, asevera el informe, prestaron apoyo y facilitaron la movilización y el patrullaje de las tropas de los grupos paramilitares en la región en la época de los hechos”
Sin avances en la justicia ordinaria
“El silencio de las gaitas” recoge 17 nombres de comandantes de la Brigada de Infantería de Marina, batallones y comandos policiales de la época solicitándole a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que los llame a rendir versiones voluntarias por su papel en acciones paramilitares y violaciones a los derechos humanos en los Montes de María.
Las condenas en la justicia ordinaria han sido muy pocas, muchas de las investigaciones precluyeron o fueron archivadas y en algunos casos avanzaron solamente las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación. El único condenado fue el capitán Héctor Martín Pita Vásquez por la masacre de El Salado, quien ya hizo su solicitud de someterse a la JEP según la CCJ.
Los sancionados disciplinariamente fueron el contraalmirante Rodrigo Alfonso Quiñónez, el capitán de Fragata Oscar Eduardo Saavedra Calixto, el capitán de Corbeta Camilo Martínez Moreno y los suboficiales Ruben Dario Rojas Bolívar y Euclides Rafael Bossa Mendoza.
Esta es la lista de los 17 agentes estatales:
1. Contraalmirante Rodrigo Quiñónez Cárdenas
2. Mayor Bautista Cárcamo Galé
3. Mayor Alejandro Parra Rivera
4. Capitán de corbeta Héctor Martín Pita Vásquez
5. Coronel Ricardo Diazgranados Mantilla
6. Capitán Harold Afranio Mantilla
7. Capitán de fragata Miguel Yunis Vega
8. Capitán de corbeta Camilo Martínez Moreno
9. Capitán Oscar Eduardo Saavedra Calixto
10. Oficial de la Armada Cesar Augusto Saavedra Dueñas
11. Oficial de la Armada Jorge Tadeo Castañeda Garzón
12. Teniente coronel de la Policía Rodolfo Palomino López
13. Coronel de la Policía Carlos Eduardo Devia Gutiérrez
14. Coronel de la Policía Norman León Franco
15. Coronel de la Policía Mario Nel Flórez Álvarez
16. Teniente de la Policía Alexander Lozano Sepúlveda
17. Capitán de la Policía Julián Caballero
Pero ¿por qué si hubo condenas a paramilitares como Salvatore Mancuso o Uber Banquez no avanzaron las investigaciones contra los agentes estatales que fueron mencionados en Justicia y Paz por su participación? Y ¿por qué si hubo investigaciones muchas de ellas fueron archivadas?
Para Sebastián Escobar, abogado del Cajar, estos hechos ocurrieron durante el periodo de Luis Camilo Osorio como Fiscal General de la Nación, “un fiscal fuertemente cuestionado por sus vínculos con estos grupos y por favorecerlos judicialmente, así que creemos que esta fue una de las manifestaciones de por qué la justicia no avanzó”.
Agrega también que la Fiscalía desprotegió a los funcionarios que sí estaban adelantando estas investigaciones a tal punto de que fueron asesinados. Tal fue el caso de la fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, Yolanda Paternina, y los investigadores del CTI, Fabio Luis Coley y Jorge Luis de la Rosa.
A eso hay que agregarle, para Sebastián Bojacá de la CCJ, que la impunidad está influenciada por los altos cargos que han ocupado estos agentes y porque detrás tienen el respaldo de figuras políticas importantes en el país. Ejemplo de ello es Rodrigo Quiñonez Cárdenas, quién según su hoja de vida en Función Pública se desempeña actualmente como asesor en el Senado de la República y fue profesor de la Universidad Militar. Antes, también se desempeñó como asesor del Ministerio de Defensa y fue presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore).
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También está el caso de Rodolfo Palomino López, comandante de la Policía en Sucre en el 2000, quien fue director de la Policía Nacional desde 2013 hasta 2016 y hoy es oficial retirado. Y el comandante de Bolívar, Carlos Eduardo Devia Gutiérrez hoy aparece en la página de la Rama Judicial como director de la Oficina de Seguridad.
Escobar señala que las investigaciones por cada masacre en la justicia ordinaria y Justicia y Paz han avanzado de manera aislada, sin buscar entre ellas los patrones de violencia en la época y de responsabilidad de militares y policías. Por eso, sostiene que la presentación de este informe a la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tiene el fin de que se analice la responsabilidad de la Fuerza Pública en acciones paramilitares, no solo en Montes de María sino a nivel nacional. Pronto presentarán informes sobre estos hechos en el Cesar y el Meta.
En el informe, la solicitud para la JEP es que abra un macro caso sobre la responsabilidad de agentes del Estado y terceros civiles en la comisión de graves crímenes por parte del paramilitarismo, priorizando la región de los Montes de María y declarando estos delitos como crímenes de lesa humanidad. De esta manera, víctimas de estas masacres, pero también de violencia sexual, homicidios, desaparición y desplazamiento forzado quizás puedan tener acceso a la verdad, reparación y una justicia que ha sido esquiva por más de veinte años.