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Pascual Restrepo ha realizado varias investigaciones sobre la economía ilegal y los costos que ha tenido que pagar el país en el marco de la denominada lucha contra las drogas. La idea de fondo es tratar de entender por qué, a pesar de la gran cantidad de recursos invertidos, esta ha sido tan ineficiente.
En entrevista con El Espectador, el experto economista explica cuáles pueden ser las razones del “fracaso parcial” del Plan Colombia y cuál debería ser la estrategia para reorientar el apoyo financiero internacional en un escenario de posconflicto.
A 15 años de que en el país comenzara a implementarse el Plan Colombia aún no parece haber consenso -ni nacional ni internacional- sobre si la política fue exitosa o resultó un fracaso. Mirando el espejo retrovisor ¿qué balance hace usted de lo que ha sido esta estrategia?
El Plan Colombia se creó con dos objetivos: mejorar la seguridad en el territorio colombiano y reducir la oferta de cocaína que alcanza a los consumidores, en su mayoría extranjeros.
En términos de mejorar la seguridad, los avances fueron significativos. Sin embargo, los esfuerzos aun no son suficientes. Las mejoras en seguridad se han concentrado en zonas del país donde el narcotráfico y los grupos armados tenían presencias marginales, pero aún quedan grandes zonas en las que la presencia del Estado es mínima, hay altos niveles de violencia y las actividades relacionadas con el narcotráfico se han sostenido durante los últimos 15 años.
En términos de reducir la oferta de cocaína y el narcotráfico, el Plan Colombia no ha sido exitoso. Sobre todo si tenemos en cuenta que entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia invirtieron cerca de 20,000 millones de dólares directamente en la lucha antinarcóticos en los últimos 15 años. Las cifras oficiales recopiladas por la Oficina de las Naciones Unidas (UNODC) revelan que la producción de cocaína colombiana pasó de cerca de 700 toneladas métricas a oscilar entre 450 y 576 toneladas métricas anuales. De esta producción el gobierno pasó de decomisar 70 toneladas a entre 140 y 200 toneladas anuales en años recientes. Nuestra política antidroga cuesta 1,300 millones de dólares al año, y solo consigue reducir la oferta de cocaína que sale de Colombia en 250 toneladas métricas. Gran parte del vacío es compensado por aumentos de producción en Perú y en Bolivia, mientras los aumentos en los precios percibidos por los consumidores han sido marginales.
El resultado de esta política no es bueno para Colombia, ni para la región. El valor de la cocaína en el campo colombiano aumentó de 1,5 a 2,4 dólares el gramo en los últimos 15 años. El incremento en precios induce a otros países a aumentar sus cultivos y producción, esparciendo el mercado de drogas y sus daños colaterales a toda la región. El negocio de la cocaína sigue ingresando cerca de 3,500 millones de dólares anuales que se van a financiar corrupción, armas, violencia, y las arcas de los grupos armados que se han apoderado de las regiones.
Una política de drogas exitosa es la que logre reducir la cantidad de dinero que termina ingresando al negocio y los recursos destinados a regularlo. El Plan Colombia no lo ha hecho. En retrospectiva ¿De qué le sirve al país y a la región una política que logra que los consumidores financien la guerra y las mafias pagando unos pequeños aumentos en sus precios?
¿Puede leerse eso como un triunfo para Colombia, pero un fracaso para EE UU?
El triunfo para Colombia es parcial. El narcotráfico sigue siendo el motor de la violencia y la corrupción en muchas regiones del país, sobre todo en aquellas donde el estado no ha logrado consolidar su presencia. El Plan Colombia y en general todo el andamiaje de la guerra contra las drogas siguen generando unos altísimos costos colaterales para la región en términos de violencia y corrupción. Para Estados Unidos el fracaso también ha sido parcial. Por un lado, las políticas de reducción de oferta en países productores y de tránsito no han logrado detener el flujo de drogas a su territorio. Pero por otra parte han logrado que la guerra contra las drogas se pelee fuera de su casa.
Finalmente, como usted lo señala, el problema terminó migrando hacia otros países...
Esta es otra de las razones por las que el Plan Colombia no tuvo los efectos esperados. Gran parte de la caída en la producción interna fue compensada por incrementos en cultivos y tráfico en otros países.
Esta respuesta es una de las muchas maneras en las que el mercado de drogas se ajusta para reducir el impacto de las políticas anti-drogas, como también lo son los aumentos en productividad o las mejoras en rutas de tráfico. Cuando el costo de operar en un país aumenta, las redes de tráfico sustituyen sus operaciones en otros países y mercados.
Las políticas antidrogas – como el plan Colombia – tienen grandes implicaciones en los demás países de la región. Estas repercusiones negativas, como lo son el aumento de la producción en Perú y Bolivia, o el desplazamiento de las actividades de tráfico a México, hacen que sea necesario un enfoque regional al problema de las drogas. Una política que simplemente desplaza el tráfico y la producción en la región está condenada al fracaso.
En Colombia preocupa el tema del aumento de hectáreas cultivadas con cocaína ¿qué explica esas cifras?
En los últimos 15 años el cultivo de cocaína paso de 160,000 hectáreas a una cifra que oscila entre 70,000 y 90,000 hectáreas. Actualmente la discusión se ha enfocado en si el cultivo es de 70,000 o 90,000 hectáreas. Cuando las mediciones indican que en Colombia hay 70,000 hectáreas cultivadas con cocaína, el gobierno sale a cantar victoria; cuando las mediciones indican que en Colombia hay 90,000 hectáreas cultivadas con cocaína, se habla del fracaso de la lucha anti narcóticos. Dada la incertidumbre en los datos, creo que estas pequeñas fluctuaciones no deben sobre interpretarse. El Plan Colombia debe ser juzgado a mediano plazo. Cuando lo miramos bajo ese lente, lo alarmante es que a pesar de la reducción en cultivos (de 160,000 a 80,000 hectáreas), la producción colombiana solo se redujo en un 20-25%. Esto porque durante los últimos años la productividad por hectárea aumento de manera significativa, contrarrestando los efectos esperados.
Eso sin contar con que en la actualidad las drogas son más baratas y fáciles de conseguir…
Si tomamos una perspectiva de largo plazo, es cierto que las drogas son más baratas y fáciles de conseguir. Aunque también es cierto que desde el 2009 los precios de cocaína para consumidores parecen haber incrementado con respecto a esta tendencia.
Como muchos mercados, el de drogas también se ha beneficiado de cambios tecnológicos. Estas tendencias de largo plazo plantean un reto para cualquier política antidrogas como el Plan Colombia. Todo el andamiaje de la guerra contra las drogas no ha logrado revertir estas tendencias de manera significativa.
Con ese panorama de fondo ¿a qué se pueden atribuir los pobres resultados de la política antidrogas?
Se lo atribuyo a las fuerzas económicas que operan en el mercado de drogas.
Las políticas antidrogas implementadas bajo el marco de la guerra contra las drogas buscan aumentar el precio percibido por los consumidores mediante la reducción de la oferta en países productores y de tránsito.
Esta estrategia es contraproducente por tres razones:
Primero, porque al estar enfocadas en los eslabones menos significativos de la cadena productiva, no consiguen aumentar el precio percibido por los consumidores de manera significativa. Como si fuera poco, los consumidores no reaccionan significativamente a cambios en el precio y en consecuencia estas políticas no logran reducir el consumo. Para un consumidor en Nueva York o en Madrid, pagar 1 dólar más por un gramo de cocaína que igual cuesta 100 dólares en estos mercados no hace una diferencia. Pero ese mismo dólar puede casi que duplicar el precio que cobra un productor de cocaína en el campo Colombiano.
Segundo, porque los productores y actores involucrados reaccionan estratégicamente a las políticas antidrogas. La disposición de los consumidores a pagar precios mayores le permite a los traficantes y productores invertir en las medidas necesarias para minimizar el efecto de las políticas antidrogas en la oferta. Por ejemplo, trasladar operaciones a otras zonas de cultivo, abrir nuevas rutas, o invertir en nuevas tecnologías para ser más productivos.
La tercera razón es que el andamiaje de la guerra contra las drogas solo logra que más recursos y dinero se inviertan en este negocio. Los consumidores pagan mayores precios y los gobiernos invierten más recursos en sus esfuerzos de interdicción. Todos estos recursos terminan financiando actividades sin ningún valor social, o peor aún, con altos costos sociales como lo son la violencia y la corrupción que afecta a muchas regiones del país.
El debate actual es sobre cuál será el futuro de la cooperación económica de Estados Unidos estadounidense para Colombia tras la firma de un acuerdo final de paz entre Gobierno y Farc ¿hacia dónde cree que debe reorientarse dicha ayuda?
En políticas enfocadas a reducir el tamaño del mercado y controlar la violencia generada por los grupos armados vinculados al tráfico de drogas. Necesitamos que el narcotráfico sea una actividad económica cada vez más marginal en nuestra economía. De lo contrario, es muy difícil imaginar un país en paz. Mientras las rentas del narcotráfico sigan siendo cuantiosas y la presencia del estado débil, seguirá habiendo violencia, corrupción, y una fuerte presencia de grupos armados en las regiones.
¿Qué políticas logran este objetivo?
Creo que en el corto plazo debemos concentrarnos en llevar el estado a las regiones, en especial regiones afectadas por el narcotráfico. La política antinarcóticos debe centrarse en desarticular las mafias que controlan el narcotráfico, sus rutas, y su operación local. Un enfoque basado únicamente en aspersión e interdicción es contraproducente. Estas políticas, en especial la erradicación, no son muy efectivas a la hora de reducir la producción, y no contribuyen a que el estado gane la legitimidad que requiere en regiones cocaleras.
Por su parte, Estados Unidos y los países consumidores deberían financiar con toda la fuerza posible sus programas de prevención y tratamiento. Reducir la demanda es lo mejor que pueden ofrecerle a Colombia.
Mirando hacia el futuro, necesitamos empezar a discutir la posibilidad de romper el esquema actual de la guerra contra las drogas. En Colombia hablamos mucho de un cambio en políticas antidrogas, pero el debate se ha centrado en políticas para mitigar los riesgos asociados con el consumo interno. Aunque este es un paso inicial en la dirección correcta, es un paso incompleto mientras se mantenga un enfoque prohibicionista para controlar la oferta.
Eventualmente debemos empezar a discutir acerca de políticas que rompan el vínculo entre la criminalidad y la oferta de drogas. Es hora de considerar otras formas de regular la oferta de cocaína y otras drogas diferentes al prohibicionismo. Hacer el mercado ilegal no solo ha fallado a la hora de evitar el flujo de drogas a los consumidores, sino que también ha puesto el negocio en las peores manos posibles: la de los grupos armados, los mafiosos, los violentos, y los corruptos.
¿Cree usted que Estados Unidos está dispuesto a seguir financiando la lucha contra las drogas en Colombia teniendo en cuenta que los ojos en este momento están fijos en la situación de México?
La pregunta más relevante no es si Estados Unidos va seguir o no financiando el Plan Colombia. La pregunta clave es si Estados Unidos está dispuesto a explorar alternativas al control de la oferta de drogas proveniente de la región; alternativas que no se basen en crear un gigante mercado negro al sur de su frontera.