Pobladores de Anchicayá (Buenaventura) denuncian nueva contaminación del río

“Hemos visto peces muertos por todo el río. Hemos visto que los camarones se van saltando porque no resisten el agua, a los peces uno los ve apenas mover la agalla, van quedando ahí porque las tienen llenas de algo que parece barro”, dice con voz desesperada una habitante de la comunidad Llano Alto, en el río Anchicayá, ubicada en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Desde el pasado 3 de abril los cerca de mil habitantes de ese afluente dejaron de valerse de él. Sospechan que ese día, el Jueves Santo, la hidroeléctrica que está ubicada en la parte alta vertió los sedimentos que intoxicaron el cuerpo de agua.

Escuche: Podcast: El príncipe de Anchicayá que ha resistido a la guerra y a una hidroeléctrica

En Llano Alto empezaron a sentir las consecuencias de la contaminación. Un niño de siete años, en palabras de una mujer de la comunidad, tiene la piel “arropada” de placas. Le salieron luego de que se bañó en el río, por eso ahora nadie se mete. Lo llevaron a un hospital del casco urbano de Buenaventura, donde le diagnosticaron una infección en la piel. El afluente, que era utilizado para cocinar y bañarse, ahora es visto como un riesgo para la salud. En un recorrido que hizo Colombia2020, en el que visitamos tres comunidades, solo un pequeño grupo de niños se estaba bañando y los líderes comunitarios les advirtieron que se iban a enfermar.

Las consecuencias de la contaminación del Anchicayá afectan todos los aspectos de la vida de los negros que habitan el río desde hace más de doscientos años. Por ejemplo, en Punta Soldado, una comunidad que queda en una bocana (donde el río desemboca en el mar), los pescadores dicen que después de Semana Santa la pesca ha sido pírrica. “Acá una cantidad de familias vivimos del mar, porque para eso no nos piden ni siquiera el bachillerato”, relata uno de los afectados. La situación de las comunidades ubicadas en las bocanas es dramática porque, según explican, el agua sucia tiene muy poco movimiento en esos puntos. El río se la lleva, pero el mar la vuelve a traer.

Lea: El dilema de las comunidades del río Anchicayá

Una paradoja: el agua es una de las mayores preocupaciones para quienes habitan en la ribera del río Anchicayá. María Victoria, perteneciente al consejo comunitario de Taparal Humanes, cuenta que los habitantes de ese sector tienen que ir hasta el casco urbano de Buenaventura para llevar agua embotellada. En una lancha a motor pueden gastarse 45 minutos, pero Victoria advierte que la mayoría de personas se movilizan en canalete (canoas impulsadas con remos), por lo que cada trayecto dura alrededor de cuatro horas.

Silvano Caicedo Girón, líder emblemático del Anchicayá, dice que han logrado sobrevivir durante estos dos últimos meses gracias al buen corazón de algunas personas. Por ejemplo, el pasado martes las lanchas de la comunidad transportaron unos noventa galones de agua que les fueron donados por los bonaverenses.

Aunque agradecen esos aportes, los anchicagüeños siguen esperando asistencia estatal ante la crisis. Lo único que han recibido por parte de las instituciones fue una brigada médica que desarrolló la Secretaría de Salud de Buenaventura y algunas visitas. Tras el recorrido que hicimos, en entrevista con RCN Radio, el personero Óscar Orejuela dijo: “Es muy lamentable lo que pudimos ver, la comunidad está totalmente abandonada por el Estado”.

Caicedo dice que están buscando que el distrito de Buenaventura declare la emergencia social, ambiental y económica. “Se está a la espera del concepto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, que evalúen las causas de la situación presentada en la zona y el estado actual para definir o no la declaratoria de calamidad pública”, responde la Alcaldía. Además aseguran que enviaron una comisión médica para atender la situación y que esta semana desarrollarán otra jornada de salud. También se comprometieron a caracterizar los cultivos afectados.

Lea también: La universidad: un sueño inalcanzable en los ríos de Buenaventura

La molestia con las entidades estatales se incrementó luego de una visita que hizo la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC). En un informe del recorrido quedó consignado, en la parte de las conclusiones, que “la visita permitió identificar un evento por desborde del río Anchicayá”. En el mismo documento, Rommel Alberto Otálvaro, ingeniero en minas que desarrolló la diligencia, consignó: “No se determinó la fuente de procedencia de los sedimentos”.

Eso es leído como una afrenta por las comunidades. “Los que somos de acá sabemos cuando un río se desborda; trae gallinas, cerdos y hasta casas, porque acá hemos tenido muchos episodios desde los ancestros hasta nosotros. Si el río se hubiera desbordado todo estaría en el suelo. Acá no han encontrado esas evidencias porque eso no fue lo que ocurrió, lo que ocurrió es que los pescados empezaron a morirse”, reclama Caicedo. “Hubo mala fe por parte de la CVC”, complementa.

Uno de los aspectos que genera suspicacias sobre la CVC es que esta entidad es dueña de una parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), que opera la hidroeléctrica. “Actúan como juez y parte. Estamos buscando que se declaren impedidos”, señala Caicedo. La participación accionaria es así: Colener S.A.S. (propiedad de Celsia), 50,01 %; Celsia (del Grupo Argos), 13,14 %; Empresas Municipales de Cali, 18,02 %; CVC, 15,88 %; Banca de Inversión de Bancolombia, 1,96 %, y otros, 0,99 %.

“Nuestros informes y conceptos obedecen a estudios técnicos de las situaciones que observamos en campo”, se defiende la corporación. Además, afirman que no creen que exista impedimento: “No tenemos por qué declararnos impedidos, estamos actuando como Sistema Nacional Ambiental aportando información en el contexto integral de la cuenca”. Dicen que no son juez y parte porque la autoridad sobre el manejo ambiental de la represa es la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).

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Celsia también se defiende. Por medio de una comunicación dirigida a este medio aseguraron que “desde esta central hidroeléctrica no se ha efectuado operación de las compuertas de descargas de fondo, (las cuales no operan desde el 2004 cuando se realizaron las pruebas autorizadas por la ANLA)”. Aseguraron que en recorridos que hicieron por la cuenca del río pudieron observar que hubo grandes derrumbes de tierra en la parte alta del río, lo que ocasionó la turbiedad.

Un informe de la Oficina Coordinadora de Prevención y Atención de Desastres de Buenaventura (Ocpad) apoyaría la posición de la empresa. Según el documento, que conoció Colombia2020, funcionarios de esa entidad verificaron, junto “con las diferentes comunidades y autoridades, un sinnúmero de derrumbes dentro de la cuenca del río Digua”. Dicho afluente desemboca en el Anchicayá y habría llevado todos los sedimentos. En el informe se asegura que todo ese material pasó “por encima del muro de contención (de la hidroeléctrica)”. Además, en las recomendaciones se lee: “Realizarle un seguimiento en detalle a la EPSA frente a los pasos oficiales que se deben dar cuando se vaya realizar un plan de contingencias con la comunidad y las autoridades nacionales para retirar más de 4’000.000 de metros cúbicos que están depositados detrás del muro de esta represa, desde el año 2004”.

Otro documento oficial también descarta la apertura de las compuertas, pero plantea unas causas diferentes. “No se evidencia descarga de lodos por parte de la represa de Anchicayá, pero si (sic) observa sedimentación por parte de los afluentes del río Anchicayá, como los ríos Blanco, Danubio, Engaño, etc., producto al parecer por un fenómeno natural o por minería ilegal en el sector”, dice un oficio firmado por el secretario de Gobierno de Buenaventura, José Luis Bernat. El documento se elaboró luego de un sobrevuelo en el que no participaron representantes de las comunidades.

Silvano Caicedo dice que van a controvertir los informes de la CVC y de la Ocpad. Asegura que en una visita que hicieron después de Semana Santa no vieron los sedimentos que antes (en una visita previa) estaban en el embalse y que no confían en las instituciones estatales, así que piden un peritaje “preferiblemente internacional”. Esta crisis revive un choque entre las comunidades y la EPSA, que en 2001 arrojó más de 500 mil metros cúbicos de sedimentos al río y generó daños que no han sido resarcidos.

El 21 de julio de 2001, la hidroeléctrica del río Anchicayá abrió sus compuertas y vertió 500 mil metros cúbicos de sedimentos al afluente, como verificaron la comunidad, la CVC y el Ministerio de Ambiente, que estaban acumulados desde 1955, año en el que se instaló el embalse. Ese hecho produjo daños que no han sido reparados.

En el 2000, un año antes de que la hidroeléctrica abriera las compuertas, gran parte de los habitantes del Anchicayá se desplazaron, pues corrió el rumor de que los paramilitares estaban por llegar a la zona.

Una anchicagüeña cuenta que recuerda cómo sus papás, antes de 2001, tomaban agua directamente del río. Durante el recorrido los líderes recordaron que hace años, cuando arrojaban comida al río salían muchillás (un crustáceo parecido a la langosta). Sin embargo, con el primer vertimiento estas desaparecieron. Los lugareños tampoco volvieron a ver especies como la piangua, la almeja, el pateburro, el piacuil y la zangada, que hacían parte de la dieta de esa comunidad del Pacífico.

“Nos mataron el río”, dice Silvano. Por los hechos del 2001 la comunidad interpuso una acción de grupo, pero el camino jurídico de esa medida ha sido accidentado. El abogado Germán Ospina, que representa a los anchicagüeños, explica que “este proceso ha sido muy largo y dilatado”. La resolución 809 del 2001 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente falló a favor de las comunidades. Luego hubo una resolución que condenó a la EPSA (la 556 de 2006) y le ordenó implementar medidas humanitarias urgentes por el daño que había causado: repoblamiento piscícola, fomento piscícola, asistencia técnico-agropecuaria y sustitución alimentaria.

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Luego, el mismo Ministerio de Ambiente revocó esas medidas por vía de cuatro resoluciones; pero en septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió un fallo en el que ordenó el cumplimiento de esas medidas. Por esa razón, el Ministerio instó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a hacer cumplir las medidas. “Hasta el día de hoy no se han cumplido, no hay un solo pez en el agua de los que deberían repoblar”, dice Ospina.

La comunidad también instauró una acción de grupo que fue fallada en primera instancia a su favor, en 2009. Tras esa decisión, el caso ha desfilado por cuanta instancia jurídica hay en Colombia. En segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca declaró culpable a la EPSA y obligó el pago de $169.000 millones a la comunidad. El 80 % debía pagarlo la empresa y el otro 20 %, la CVC. El caso llegó hasta el Consejo de Estado, al despacho del magistrado Hernán Andrade, que el 28 de marzo de 2012 dijo que se debía cumplir el fallo a favor de los anchicagüeños.

En 2010 la EPSA interpuso una tutela que en primera y segunda instancia les dio la razón a las comunidades. Pero pasó a revisión de la Corte Constitucional y el magistrado vallecaucano y entonces presidente de este alto tribunal Juan Carlos Henao ordenó, en 2012, anular los fallos y tumbar las pruebas que los sustentaron. Tras ese hecho, las comunidades presentaron un incidente de nulidad y la sala plena de ese alto tribunal profirió una sentencia en la cual anuló la decisión de Henao. Entretanto, las comunidades estaban esperando el pago de la indemnización cuando un nuevo auto, también del magistrado Andrade, suspendió el pago, el 22 de septiembre de 2016, argumentando que se debían proteger los derechos de las personas de la comunidad que no estuvieran incluidas.

Hoy el caso está en el despacho de la magistrada del Consejo de Estado María Adriana Marín, a la espera de una sentencia unificadora de jurisprudencia. Por medio de un oficio del 16 de mayo, la Procuraduría le pidió a la togada “prelación en el trámite de este asunto, con el fin de que los habitantes de las mencionadas comunidades puedan finalmente obtener un pronunciamiento judicial definitivo”. La decisión está en sus manos.

La justicia internacional también tiene conocimiento del tema. En junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso Anchicayá contra Colombia.

Los anchicagüeños siguen desesperados. “Hay una cantidad de personas que se han muerto, se han ido muriendo y hay otras que están, como yo, haciendo la cola para morirse y de pronto ni alcanzan a ver la reparación por la inclemencia de un Estado. ¿Será que porque somos campesinos, porque somos negros, porque somos de estrato uno que no se nos puede pagar lo justo, lo que nosotros nos merecemos? Es que nos están viendo la cara de doblemente pendejos, la cara de estúpidos”, sentencia Caicedo.

“Hemos visto peces muertos por todo el río. Hemos visto que los camarones se van saltando porque no resisten el agua, a los peces uno los ve apenas mover la agalla, van quedando ahí porque las tienen llenas de algo que parece barro”, dice con voz desesperada una habitante de la comunidad Llano Alto, en el río Anchicayá, ubicada en la zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca).

Desde el pasado 3 de abril los cerca de mil habitantes de ese afluente dejaron de valerse de él. Sospechan que ese día, el Jueves Santo, la hidroeléctrica que está ubicada en la parte alta vertió los sedimentos que intoxicaron el cuerpo de agua.

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En Llano Alto empezaron a sentir las consecuencias de la contaminación. Un niño de siete años, en palabras de una mujer de la comunidad, tiene la piel “arropada” de placas. Le salieron luego de que se bañó en el río, por eso ahora nadie se mete. Lo llevaron a un hospital del casco urbano de Buenaventura, donde le diagnosticaron una infección en la piel. El afluente, que era utilizado para cocinar y bañarse, ahora es visto como un riesgo para la salud. En un recorrido que hizo Colombia2020, en el que visitamos tres comunidades, solo un pequeño grupo de niños se estaba bañando y los líderes comunitarios les advirtieron que se iban a enfermar.

Las consecuencias de la contaminación del Anchicayá afectan todos los aspectos de la vida de los negros que habitan el río desde hace más de doscientos años. Por ejemplo, en Punta Soldado, una comunidad que queda en una bocana (donde el río desemboca en el mar), los pescadores dicen que después de Semana Santa la pesca ha sido pírrica. “Acá una cantidad de familias vivimos del mar, porque para eso no nos piden ni siquiera el bachillerato”, relata uno de los afectados. La situación de las comunidades ubicadas en las bocanas es dramática porque, según explican, el agua sucia tiene muy poco movimiento en esos puntos. El río se la lleva, pero el mar la vuelve a traer.

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Una paradoja: el agua es una de las mayores preocupaciones para quienes habitan en la ribera del río Anchicayá. María Victoria, perteneciente al consejo comunitario de Taparal Humanes, cuenta que los habitantes de ese sector tienen que ir hasta el casco urbano de Buenaventura para llevar agua embotellada. En una lancha a motor pueden gastarse 45 minutos, pero Victoria advierte que la mayoría de personas se movilizan en canalete (canoas impulsadas con remos), por lo que cada trayecto dura alrededor de cuatro horas.

Silvano Caicedo Girón, líder emblemático del Anchicayá, dice que han logrado sobrevivir durante estos dos últimos meses gracias al buen corazón de algunas personas. Por ejemplo, el pasado martes las lanchas de la comunidad transportaron unos noventa galones de agua que les fueron donados por los bonaverenses.

Aunque agradecen esos aportes, los anchicagüeños siguen esperando asistencia estatal ante la crisis. Lo único que han recibido por parte de las instituciones fue una brigada médica que desarrolló la Secretaría de Salud de Buenaventura y algunas visitas. Tras el recorrido que hicimos, en entrevista con RCN Radio, el personero Óscar Orejuela dijo: “Es muy lamentable lo que pudimos ver, la comunidad está totalmente abandonada por el Estado”.

Caicedo dice que están buscando que el distrito de Buenaventura declare la emergencia social, ambiental y económica. “Se está a la espera del concepto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, que evalúen las causas de la situación presentada en la zona y el estado actual para definir o no la declaratoria de calamidad pública”, responde la Alcaldía. Además aseguran que enviaron una comisión médica para atender la situación y que esta semana desarrollarán otra jornada de salud. También se comprometieron a caracterizar los cultivos afectados.

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La molestia con las entidades estatales se incrementó luego de una visita que hizo la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca (CVC). En un informe del recorrido quedó consignado, en la parte de las conclusiones, que “la visita permitió identificar un evento por desborde del río Anchicayá”. En el mismo documento, Rommel Alberto Otálvaro, ingeniero en minas que desarrolló la diligencia, consignó: “No se determinó la fuente de procedencia de los sedimentos”.

Eso es leído como una afrenta por las comunidades. “Los que somos de acá sabemos cuando un río se desborda; trae gallinas, cerdos y hasta casas, porque acá hemos tenido muchos episodios desde los ancestros hasta nosotros. Si el río se hubiera desbordado todo estaría en el suelo. Acá no han encontrado esas evidencias porque eso no fue lo que ocurrió, lo que ocurrió es que los pescados empezaron a morirse”, reclama Caicedo. “Hubo mala fe por parte de la CVC”, complementa.

Uno de los aspectos que genera suspicacias sobre la CVC es que esta entidad es dueña de una parte de la Empresa de Energía del Pacífico S.A. (EPSA), que opera la hidroeléctrica. “Actúan como juez y parte. Estamos buscando que se declaren impedidos”, señala Caicedo. La participación accionaria es así: Colener S.A.S. (propiedad de Celsia), 50,01 %; Celsia (del Grupo Argos), 13,14 %; Empresas Municipales de Cali, 18,02 %; CVC, 15,88 %; Banca de Inversión de Bancolombia, 1,96 %, y otros, 0,99 %.

“Nuestros informes y conceptos obedecen a estudios técnicos de las situaciones que observamos en campo”, se defiende la corporación. Además, afirman que no creen que exista impedimento: “No tenemos por qué declararnos impedidos, estamos actuando como Sistema Nacional Ambiental aportando información en el contexto integral de la cuenca”. Dicen que no son juez y parte porque la autoridad sobre el manejo ambiental de la represa es la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (ANLA).

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Celsia también se defiende. Por medio de una comunicación dirigida a este medio aseguraron que “desde esta central hidroeléctrica no se ha efectuado operación de las compuertas de descargas de fondo, (las cuales no operan desde el 2004 cuando se realizaron las pruebas autorizadas por la ANLA)”. Aseguraron que en recorridos que hicieron por la cuenca del río pudieron observar que hubo grandes derrumbes de tierra en la parte alta del río, lo que ocasionó la turbiedad.

Un informe de la Oficina Coordinadora de Prevención y Atención de Desastres de Buenaventura (Ocpad) apoyaría la posición de la empresa. Según el documento, que conoció Colombia2020, funcionarios de esa entidad verificaron, junto “con las diferentes comunidades y autoridades, un sinnúmero de derrumbes dentro de la cuenca del río Digua”. Dicho afluente desemboca en el Anchicayá y habría llevado todos los sedimentos. En el informe se asegura que todo ese material pasó “por encima del muro de contención (de la hidroeléctrica)”. Además, en las recomendaciones se lee: “Realizarle un seguimiento en detalle a la EPSA frente a los pasos oficiales que se deben dar cuando se vaya realizar un plan de contingencias con la comunidad y las autoridades nacionales para retirar más de 4’000.000 de metros cúbicos que están depositados detrás del muro de esta represa, desde el año 2004”.

Otro documento oficial también descarta la apertura de las compuertas, pero plantea unas causas diferentes. “No se evidencia descarga de lodos por parte de la represa de Anchicayá, pero si (sic) observa sedimentación por parte de los afluentes del río Anchicayá, como los ríos Blanco, Danubio, Engaño, etc., producto al parecer por un fenómeno natural o por minería ilegal en el sector”, dice un oficio firmado por el secretario de Gobierno de Buenaventura, José Luis Bernat. El documento se elaboró luego de un sobrevuelo en el que no participaron representantes de las comunidades.

Silvano Caicedo dice que van a controvertir los informes de la CVC y de la Ocpad. Asegura que en una visita que hicieron después de Semana Santa no vieron los sedimentos que antes (en una visita previa) estaban en el embalse y que no confían en las instituciones estatales, así que piden un peritaje “preferiblemente internacional”. Esta crisis revive un choque entre las comunidades y la EPSA, que en 2001 arrojó más de 500 mil metros cúbicos de sedimentos al río y generó daños que no han sido resarcidos.

El 21 de julio de 2001, la hidroeléctrica del río Anchicayá abrió sus compuertas y vertió 500 mil metros cúbicos de sedimentos al afluente, como verificaron la comunidad, la CVC y el Ministerio de Ambiente, que estaban acumulados desde 1955, año en el que se instaló el embalse. Ese hecho produjo daños que no han sido reparados.

En el 2000, un año antes de que la hidroeléctrica abriera las compuertas, gran parte de los habitantes del Anchicayá se desplazaron, pues corrió el rumor de que los paramilitares estaban por llegar a la zona.

Una anchicagüeña cuenta que recuerda cómo sus papás, antes de 2001, tomaban agua directamente del río. Durante el recorrido los líderes recordaron que hace años, cuando arrojaban comida al río salían muchillás (un crustáceo parecido a la langosta). Sin embargo, con el primer vertimiento estas desaparecieron. Los lugareños tampoco volvieron a ver especies como la piangua, la almeja, el pateburro, el piacuil y la zangada, que hacían parte de la dieta de esa comunidad del Pacífico.

“Nos mataron el río”, dice Silvano. Por los hechos del 2001 la comunidad interpuso una acción de grupo, pero el camino jurídico de esa medida ha sido accidentado. El abogado Germán Ospina, que representa a los anchicagüeños, explica que “este proceso ha sido muy largo y dilatado”. La resolución 809 del 2001 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente falló a favor de las comunidades. Luego hubo una resolución que condenó a la EPSA (la 556 de 2006) y le ordenó implementar medidas humanitarias urgentes por el daño que había causado: repoblamiento piscícola, fomento piscícola, asistencia técnico-agropecuaria y sustitución alimentaria.

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Luego, el mismo Ministerio de Ambiente revocó esas medidas por vía de cuatro resoluciones; pero en septiembre de 2018 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió un fallo en el que ordenó el cumplimiento de esas medidas. Por esa razón, el Ministerio instó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a hacer cumplir las medidas. “Hasta el día de hoy no se han cumplido, no hay un solo pez en el agua de los que deberían repoblar”, dice Ospina.

La comunidad también instauró una acción de grupo que fue fallada en primera instancia a su favor, en 2009. Tras esa decisión, el caso ha desfilado por cuanta instancia jurídica hay en Colombia. En segunda instancia, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca declaró culpable a la EPSA y obligó el pago de $169.000 millones a la comunidad. El 80 % debía pagarlo la empresa y el otro 20 %, la CVC. El caso llegó hasta el Consejo de Estado, al despacho del magistrado Hernán Andrade, que el 28 de marzo de 2012 dijo que se debía cumplir el fallo a favor de los anchicagüeños.

En 2010 la EPSA interpuso una tutela que en primera y segunda instancia les dio la razón a las comunidades. Pero pasó a revisión de la Corte Constitucional y el magistrado vallecaucano y entonces presidente de este alto tribunal Juan Carlos Henao ordenó, en 2012, anular los fallos y tumbar las pruebas que los sustentaron. Tras ese hecho, las comunidades presentaron un incidente de nulidad y la sala plena de ese alto tribunal profirió una sentencia en la cual anuló la decisión de Henao. Entretanto, las comunidades estaban esperando el pago de la indemnización cuando un nuevo auto, también del magistrado Andrade, suspendió el pago, el 22 de septiembre de 2016, argumentando que se debían proteger los derechos de las personas de la comunidad que no estuvieran incluidas.

Hoy el caso está en el despacho de la magistrada del Consejo de Estado María Adriana Marín, a la espera de una sentencia unificadora de jurisprudencia. Por medio de un oficio del 16 de mayo, la Procuraduría le pidió a la togada “prelación en el trámite de este asunto, con el fin de que los habitantes de las mencionadas comunidades puedan finalmente obtener un pronunciamiento judicial definitivo”. La decisión está en sus manos.

La justicia internacional también tiene conocimiento del tema. En junio de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos abrió el caso Anchicayá contra Colombia.

Los anchicagüeños siguen desesperados. “Hay una cantidad de personas que se han muerto, se han ido muriendo y hay otras que están, como yo, haciendo la cola para morirse y de pronto ni alcanzan a ver la reparación por la inclemencia de un Estado. ¿Será que porque somos campesinos, porque somos negros, porque somos de estrato uno que no se nos puede pagar lo justo, lo que nosotros nos merecemos? Es que nos están viendo la cara de doblemente pendejos, la cara de estúpidos”, sentencia Caicedo.