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Un día de mayo de 1990 dos hombres vieron deambular a una adolescente desnuda y desorientada por una carretera del departamento de Tolima. Tenía 14 años. Era de piel clara y estaba llena de manchas de sangre seca. Se llamaba Estrella*, aunque ellos no lo supieron. El primer hombre que la vio detuvo su vehículo y quiso auxiliarla, pero ella solo atinó a correr. Cuando llegó el segundo, aceptó la ayuda. Se dejó vestir y transportar hasta un pueblo cercano. Ahí, sola y lejos de todo lo que conocía, empezó su vida en la calle y en la prostitución, la misma que apenas unos meses después de andar con otras niñas como ella la mantendría presa, explotada sexualmente en Bogotá.
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Pero antes Estrella había sido una niña campesina. Tuvo un hermano, un padre y una madre. Y vivió 14 años rodeada de cultivos y animales, y hornos, harina y achiras (bizcocho colombiano). Esa realidad cambió cuando a su vereda llegó la entonces guerrilla de las Farc. Estaban reclutando a jóvenes, entonces sus padres decidieron esconder al hijo para que no se lo llevaran. La violencia que le tocaría vivir a ella, comprendería después, no estaba relacionada con tomar las armas, sino con ser sometida sexualmente por quienes sí las portaban.
Estaba con sus padres en casa cuando aparecieron los guerrilleros. Mientras lo cuenta, ahora, a sus 45 años, se le quiebra la voz. “Abusaron de mi mamá, la violaron delante de mí. Me escondí en el horno donde mi mamá asaba los bizcochos y ya cuando ellos terminaron de abusar de ella, le pegaron a mi papá, lo amarraron y me sacaron a mí del horno, me arrastraron y me llevaron con ellos”, recuerda. Durante tres días, en una especie de campamento donde había más civiles, fue abusada sexualmente de manera constante. Estrella nunca había tenido novio ni ningún contacto sexual con un hombre. Solo suplicaba que no la mataran, hasta que perdió el conocimiento. “Me encontré al lado de un río, estaba desorientada, había pasado mucho tiempo, estaba llena de sangre, desnuda y ahí permanecí no sé cuánto tiempo porque no tenía la conciencia para recordar lo que había sucedido. Tomé mucha agua y salí”.
Después de la violencia sexual y del desplazamiento, Estrella perdió también su territorio. Jamás regresó a su casa. Lo que le quedó fue un vientre que crecía cada día. Y el hambre. Y la falta de techo en una ciudad helada. Tuvo ese primer hijo y durante casi 30 años fue explotada sexualmente en las calles de Bogotá. Cayó en la prostitución, en la violencia diaria y en las drogas para soportar el dolor.
Ahora es parte de la organización de hecho Petra Mujeres Valientes, que reúne a alrededor de 200 mujeres en Bogotá, víctimas de diferentes violencias sexuales (incluyendo la prostitución) ocurridas en medio del conflicto armado que se libró en Colombia entre diferentes guerrillas, grupos paramilitares y el Estado, que buscan que la explotación sexual en la prostitución a la que se vieron orilladas al ser desplazadas sea reconocida como una violencia más del conflicto armado. Para ellas es claro que la prostitución no ha sido un trabajo.
Esto, aunque la explotación sexual que padecieron en las calles no fue ejercida por un grupo armado, en la mayoría de los casos, sino por civiles, muchos integrantes de grupos delictivos organizados urbanos, según los testimonios de las víctimas. Estrella y sus compañeras a menudo se preguntan: ¿hubieran terminado prostituidas si no hubieran sido desplazadas o hubieran tenido qué comer?
María Fernanda Arboleda, líder de Petra, asegura que no. Ella, una mujer negra oriunda de Guapi (Cauca), reconoce ahora en su historia un continuum de violencias. Desde su concepción, por cuenta de la violencia sexual que el patrón blanco ejerció contra su madre, empleada del servicio, hasta el desplazamiento que ocasionó la presencia y el accionar de la guerrilla de las Farc en su tierra, y que la empujó a la prostitución y a vivir en la calle.
“La sociedad dice que la prostitución es el trabajo más antiguo; que las mujeres están ahí porque quieren; que eso les gusta; que son felices; que es la vida fácil, la vida alegre, pero no se mira más allá”, dice Arboleda ahora, después de años de pensar en cómo la violencia para ella se había hecho cotidiana. “En la explotación sexual tú sufres violaciones constantemente, por unos cuantos pesos ya pierdes la individualidad como mujer, ya empiezas a verte como un objeto, ya empiezas a aceptar que es un trabajo, que con eso te ganas un peso para comer, porque no es un dineral”.
Por esta razón, la bandera de las mujeres de Petra es lograr que el sistema de justicia transicional, creado con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc, las reconozca como víctimas de violencia sexual en medio de la guerra. Este sistema está compuesto por tres instituciones: Jurisdicción Especial para la Paz, que debe juzgar a los máximos responsables de los graves delitos del conflicto; la Comisión de la Verdad, que debe esclarecer qué y por qué pasó lo que pasó en la guerra; y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que debe buscar a los cerca de 120.000 desaparecidos con ocasión del conflicto que hay en Colombia. En Petra buscan trabajar, inicialmente, con las dos primeras entidades, y piden como víctimas ser escuchadas.
Pero el camino para lograr esa exigencia no ha sido sencillo. Arboleda llegó a Bogotá en 2010 y rápidamente se vio en el mismo lugar que Estrella, aunque en medio de todo daba algunas brazadas para buscar alternativas. En 2012 entró a hacer un curso en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Ahí conoció a una mujer que la llevó con unas religiosas: “Ahí ellas empezaron a recibirme. Había perdido algo tan simple como que las personas me dieran un abrazo. Empecé a ir a la casa de las hermanas, ellas me recibían con ese abrazo y me inspiraba paz”, recuerda. “Empecé un proceso con ellas y luego fui a una universidad durante dos años, estuve en un curso que se llamaba Derechos Humanos y Valores, íbamos cada mes y ahí empecé a ver que tenía derechos como un ser humano, como mujer”.
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La lucha de Arboleda por sus derechos y por lograr construir el proceso de Petra Mujeres Valientes se dio también en la calle, hablando con sus compañeras. Incluso, en 2015, cuando llegó al Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá, un espacio participativo de la Alcaldía, en el que 41 mujeres de diferentes sectores representan las necesidades e intereses de las mujeres de la capital, todavía estaba siendo explotada sexualmente. “Ahí le exigimos a la administración que existieran unos espacios para nosotras, empezamos a reunirnos con las compañeras, a conocer nuestros derechos como mujeres, a pedirles capacitaciones a las instituciones en temas de derechos humanos y de políticas públicas. Ha sido un proceso en el que cambiamos la palabra trabajo por explotación sexual”, cuenta.
Las cifras más recientes que da sobre el tema la Secretaría de la Mujer de Bogotá son de 2017 y señalan que en la capital hay alrededor de 7.100 personas en prostitución, de acuerdo con el documento: “Caracterización de personas que realizan actividades sexuales pagadas en contextos de prostitución en Bogotá”.
La mayoría de ellas son mujeres cisgénero (su identidad de género está alineada con el sexo que les asignaron al nacer). Pero esta cifra tiene un enorme subregistro. Solo las cifras que dio la Secretaría de Integración Social al concejal Hosman Martínez, en noviembre de 2016, como respuesta a un derecho de petición para un debate que se dio en el Concejo de Bogotá, indican que habría al menos 23.426 personas en prostitución en Bogotá. De estas, el 90 % son mujeres y niñas, muchas entraron al “negocio” a los 14 años y otras tantas no terminaron el bachillerato. El 81 % viene de otras regiones, aunque esto nunca se conecte con las cifras de trata interna ni desplazamiento con ocasión del conflicto armado en el país. El 90 % de ellas tienen un proxeneta que se lucra de su cuerpo. Entre el 85 y 95 % fue abusadas sexualmente en la infancia o en la adolescencia. El 61 % ha sido atacada físicamente (entiéndase mutilada, lacerada y golpeada por los puteros o “clientes”).
El subregistro actual, indica María Fernanda Arboleda, tiene varias causas. La principal es que muchas mujeres en prostitución se acercaban al Distrito a través de la estrategia “Casa de todas”, un lugar en el que recibían capacitaciones y se reunían. Sin embargo, eso cambió. Arboleda señala que “Casa de todas” se volvió un lugar en el que no se sienten acogidas y donde “solo vamos a registrarnos como prostitutas con el documento del Código de Policía, y así quedamos en todas las instituciones”. Esto, señalan otras mujeres, aumenta la estigmatización contra ellas.
“Es claro que son las mujeres que tienen más baja escolaridad quienes más manifiestan no poder salir del ejercicio, posiblemente por reconocer que no tienen muchas posibilidades de movilidad a otras actividades laborales, son, a la vez, quienes viven más violencias y manifiestan con mayor frecuencia haber sido víctimas del conflicto”, dice otro informe, llamado Acercamiento al fenómeno de la prostitución en Bogotá, del año 2015.
Clara Valdés, integrante del equipo de género de la Comisión de la Verdad, explica que el desplazamiento forzado genera impactos psicosociales graves en las mujeres, y que en sus vidas se combinan varias situaciones. “La carencia de un proceso de reparación o una acogida que pueda resolver las condiciones básicas de manera inmediata es una generalidad en las personas desplazadas”, señala. “Esto hace que lleguen a lugares periféricos en las ciudades y que vivan muchísimas situaciones complejas y de opresión que se exacerban si tenemos mujeres negras o indígenas. También hay discriminación racial. Esto disminuye las posibilidades para obtener sustento”.
Así, hay una línea muy delgada entre desplazamiento y empobrecimiento. Entonces aparece la feminización de la pobreza. Para Valdés, “la explotación doméstica, la explotación sexual y otras situaciones hacen que las mujeres no tengan opción ni las garantías para el acceso al trabajo”. En Petra, por ejemplo, esto desembocó en explotación sexual y en la imposibilidad de salir de ella. La mayoría vive en la calle o en habitaciones llamadas “pagadiario” en zonas donde se junta la prostitución, la delincuencia, la habitabilidad de calle y la pobreza.
A esto se suman, de acuerdo con lo que ha encontrado hasta ahora la Comisión y organizaciones de mujeres, las afectaciones a la dignidad después de sufrir violencia sexual. “No tenía cómo comer ni cómo buscar dónde bañarme, entonces empecé a que los hombres me daban plata y me acostaba con ellos, pero no lo podía hacer así porque sentía un rechazo muy grande”, recuerda Estrella. “Entonces empecé a drogarme para soportar y mientras tanto mi barriga crecía y crecía”.
Salomé Gómez Corrales, coordinadora del equipo de género de la Comisión, explica que después de la violencia sexual muchas veces las mujeres dejan de reconocer su cuerpo como algo valioso: “Es decir, si a mí ya me violaron, si ya sufrí una violencia de estas, por qué no puedo resolver el día a día prestando servicios sexuales. Además, en condiciones de esclavitud, que pareciera una cosa que no hubiese ocurrido en el marco del conflicto, pero que lo venimos encontrando desde el grupo de trabajo de género”.
Eso le pasó a Estrella y también a María Fernanda. Le pasó a Alejandra*, que sufrió violencia sexual en Medellín, y a Luna*, que la sufrió en La Guajira. A pesar de que solo Alejandra continúa en prostitución, todas concuerdan en que los impactos sobre sus cuerpos y sobre su salud mental son enormes y no terminan al salir de la explotación.
Estrella, por ejemplo, es paciente psiquiátrica y sólo fue capaz de hablar sobre lo vivido después de diez sesiones de manejo emocional en la Universidad de los Andes. Además, tiene incontinencia urinaria. A esto se suma la falta de protección por parte de las instituciones, la exposición a enfermedades de transmisión sexual, la violencia física y verbal de los puteros. A estos últimos ellas no los llaman clientes. Para ellas, son hombres que se aprovechan de su vulnerabilidad. Llamarlos clientes implicaría que existe una transacción de igual a igual, cuando lo que hay es violencia.
La estigmatización que sufren por ser explotadas sexualmente tampoco es un tema menor. “A uno le da vergüenza decir lo que uno hace. A todas las vecinas les digo que hago aseo, sabiendo que ya no puedo ni hacer eso. A veces he confiado en las que se vuelven amigas y cuando les digo que trabajo en la calle, ya me discriminan, no me hablan, le cuentan a todo el barrio, que yo soy la puta del barrio. Menos puedo decir que soy lesbiana. No me aceptan como yo soy. Sabiendo que nadie le da trabajo a una en las casas porque ya dicen que una roba”, cuenta Alejandra.
Por todas estas razones, la lucha de las mujeres de Petra es porque el Estado las vea como lo que son: mujeres víctimas del conflicto que, por falta de protección institucional y oportunidades, terminaron siendo violentadas en las capitales de Colombia, a merced de las redes de prostitución y trata, y de los puteros, que podían hacer con ellas lo que quisieran porque eran mujeres, desplazadas y pobres.
La Comisión de la Verdad ha recibido varios de sus relatos y ha hecho, con ellas, cartografías de la violencia que han vivido. La Jurisdicción Especial para la Paz también las ha escuchado. Después de que el Estado haga ese reconocimiento, solo restará que llegue la reparación.
* Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de las víctimas.
**Este artículo fue producido en el marco del Laboratorio de Periodismo Situado.