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El 13 de diciembre de 2018, rodeado por los ministros de Justicia y de Defensa, el fiscal general, el comandante de la Policía Nacional, entre otras figuras, el presidente Iván Duque le presentó al país su política contra las drogas: Ruta Futuro. En la presentación sostuvo que se trataba de una estrategia que por primera vez tenía una mirada integral del fenómeno y que sería el primer paso para la solución al narcotráfico en todos sus eslabones. Ruta Futuro se basaba en cinco pilares que pretendían atacar el consumo, la disponibilidad y producción, las estructuras criminales y el lavado de activos.
Hoy, a escasos tres meses de que el presidente Duque entregue su mandato, la organización Elementa DD. HH., que trabaja en política de drogas en México y Colombia, publica su investigación sobre el avance en esta materia durante el pasado cuatrienio.
Con base en información solicitada a las propias entidades estatales, el informe evidencia cómo casi la totalidad de los esfuerzos gubernamentales se centraron en reducir el número de hectáreas sembradas de coca, a través de operativos de la Fuerza Pública.
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El PNIS y la reducción de la oferta
El 95 % de la financiación para la política Ruta Futuro, que equivale a $4,2 billones, se lo llevó el segundo pilar, referido a la reducción de la disponibilidad de drogas en el país a través de 58 acciones.
De ese pilar, y como una de las estrategias para reducir la oferta, es parte el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que recoge a 99.097 familias y fue pactado en el Acuerdo de Paz. Según los datos entregados por la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se invirtieron $1,4 billones a dicho programa. El grueso de esos recursos ha sido destinado a los pagos para las familias que arrancaron sus matas de coca. El 81 % de ellas han recibido el total de los 12 pagos pactados, aunque la información oficial no detalla el retraso con el que fueron entregados: debían haberse recibido durante los 12 meses siguientes a la erradicación manual de sus cultivos y muchas familias los terminaron de recibir años después.
Según esas mismas cifras y después de cinco años de haberse puesto en marcha el PNIS, apenas el 9 % de las familias, poco más de 7.000, cuentan con su proyecto productivo en marcha. Esto, a pesar de que esas iniciativas debían estar implementándose a los dos años de iniciado el programa. En total, a través de esta estrategia de sustitución voluntaria, han sido erradicadas en el país 44.294 hectáreas.
De acuerdo con la ART, el cumplimiento general del punto 4 del Acuerdo de Paz es del 49 %, y en particular el programa de sustitución va en un 56 %. Esa misma agencia dice que el cumplimiento de las familias inscritas con la erradicación voluntaria ha sido del 98 % y la resiembra es apenas del 0,8 %.
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“Llama la atención que un programa que el Gobierno Nacional reporta con tales porcentajes y cifras de éxito, cumplimiento e inversión, no sea la estrategia en la que se centren los esfuerzos orientados a no solo reducir el número de hectáreas de cultivos de hoja de coca, sino a asegurar alternativas económicas para las familias que han expresado su voluntad e interés de sustituir sus cultivos”, se lee en el documento. El gobierno Duque limitó la inscripción de familias al programa a 99.097, aun cuando los acuerdos colectivos de 2017 y 2018 con las comunidades contemplaban cerca de 188.000 familias que manifestaron su voluntad de sustituir la coca.
Erradicación forzada
Donde sí estuvieron centrados los esfuerzos, dice la publicación, fue en los operativos de erradicación forzada y aspersión terrestre de los cultivos. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, al cierre de 2021 se habían erradicado 350.000 hectáreas durante el gobierno Duque.
La Defensoría del Pueblo, en información suministrada a Elementa DD. HH., confirmó que tuvo conocimiento de 18 incidentes entre Fuerza Pública y comunidades en medio de operativos de erradicación forzada de coca, entre 2020 y 2021. Los hechos ocurrieron en Puerto Asís (Putumayo); Tumaco, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y la subregión del Telembí (Nariño); Riosucio y la subregión del San Juan (Chocó); Vista Hermosa (Meta); San José del Guaviare (Guaviare); San Vicente del Caguán (Caquetá); Anorí (Antioquia); Puerto Libertador (Córdoba); Caloto, Cajibío, Piamonte y Suárez (Cauca); y Sardinada (Norte de Santander).
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Según la Defensoría, en esos hechos al menos tres personas murieron por balas de la Fuerza Pública: el indígena awá Ángel Artemio Nastacuas, en Tumaco; el campesino Ariolfo Sánchez, en Anorí, y el joven campesino Alejandro Carvajal, en Sardinata. Sin embargo, Colombia+20 tiene conocimiento de que, además de ellos tres, en 2020 también murieron a manos de la Fuerza Pública en operativos de erradicación Segundo Girón, en Tumaco, y Digno Emérito Buendía, en zona rural de Cúcuta.
“Las acciones siguen consolidándose en contravía del Acuerdo de Paz, en donde se estableció que la erradicación forzada sería la última medida ante la imposibilidad de llevar a cabo la sustitución voluntaria”
“La estrategia implementada por el Gobierno Nacional durante los últimos cuatro años demostró un despliegue presupuestal enorme en el segundo pilar de la Ruta Futuro. Sin embargo, las acciones siguen consolidándose en contravía del Acuerdo de Paz, en donde se estableció que la erradicación forzada sería la última medida ante la imposibilidad de llevar a cabo la sustitución voluntaria”, puntualiza el documento.
El Congreso, más centrado en DD. HH.
La investigación de Elementa DD. HH. dedica un capítulo aparte a lo que sucedió en el Congreso durante este cuatrienio. Desde julio de 2018 hasta mayo de 2022 se presentaron 32 proyectos de ley o de acto legislativo relacionados con política de drogas. El 66 % de esas iniciativas legislativas tenían un enfoque reformista y de derechos humanos, frente a un 34 % con enfoque prohibicionista.
Entre los primeros están, por ejemplo, los intentos de regulación del cannabis, el cáñamo, los intentos por prohibir el glifosato o reglamentar el tratamiento penal diferenciado para agricultores. Resalta particularmente el proyecto para regular la hoja de coca y sus derivados en Colombia. Por el contrario, entre los proyectos prohibicionistas están el de impedir el consumo y porte en espacios públicos o la penalización de la dosis mínima.
Durante este cuatrienio, el Congreso hizo seis debates de control político relacionados con el tema, sobre uso del glifosato, uso médico y científico del cannabis, la erradicación forzada de cultivos y las repercusiones del decomiso de sustancias psicoactivas.
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“Fueron dos poderes que no se hablaron en términos de política de drogas, porque por un lado tenemos un enfoque meramente prohibicionista y, por el otro, a un Congreso que intentó darle la vuelta y presentó proyectos reformistas en términos de derechos humanos”, recoge Paula Aguirre, coordinadora del informe. No obstante, lamenta: “Eso sigue siendo insuficiente en términos de votaciones. De nada sirve que le estén apostando a proyectos y nuevos enfoques, pero en la votación las mayorías no son suficientes”.
Pese a ello, para la investigadora, es de resaltar que en este Congreso se haya llegado a debatir el proyecto de la hoja de coca. “El Congreso está debatiendo temas desde enfoques que no esperábamos hace unos años. Es importante poder ver que un Congreso como el de Colombia, con una historia tan ligada al tema del narcotráfico, se diera la oportunidad de debatir un proyecto de ley relacionado con la posibilidad de regular los usos de la hoja de coca”.
