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El pasado 22 de febrero, el mismo día en que en el sur del Cesar fueron asesinados los líderes Teófilo Acuña y Jorge Tafur, a Bogotá llegó una pequeña comisión de representantes campesinos del suroccidente colombiano. Su recorrido hasta la capital del país tenía como objetivo impulsar la bandera que vienen cargando desde hace por lo menos una década -y que también impulsaron Acuña y Tafur como miembros del movimiento agrario-: que el Estado salde la deuda histórica que tiene con los campesinos del país y formule una política pública diferenciada para esa población.
Vinieron a tocar las puertas del Ministerio de Agricultura, a cargo de esa tarea, y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que está acompañando el proceso.
Quienes llegaron a la capital del país eran miembros de la Asociación Campesina de Inzá Tierradentro (ACIT) del Cauca, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (Pupsoc), el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) y el Coordinador Nacional Agrario (CNA). Se trata de las mismas organizaciones que han estado detrás de los más recientes logros para el movimiento campesino en Colombia. Como lo dice Eliécer Morales, de la ACIT: “Esto ya ha tenido varias batallas”.
Hacia 2013, antes del paro nacional agrario, desde el pequeño municipio caucano de Inzá se empezaron a movilizar los campesinos para que el Estado tuviera en cuenta esa población en las estadísticas oficiales. Presentaron acciones jurídicas para que en el Censo Agropecuario de 2014 se les tuviera en cuenta. Perdieron esa batalla, pero insistieron en el Censo de Población y Vivienda que se hizo en 2018.
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Su tutela, que después suscribieron más de 1.700 campesinos del país, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que en febrero de 2018 emitió una sentencia que marcó un hito para esa población. Además de ordenarle al Gobierno Nacional que ejecutara estudios para delimitar a profundidad el concepto “campesino” y contabilizara a los ciudadanos que integran esa población, ordenó formular e implementar las políticas públicas necesarias para que los campesinos alcancen la igualdad material con el resto del país.
Pero eso no implicó ningún avance, y los campesinos decidieron sumarse a la Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz del Suroccidente, realizada entre marzo y abril de 2019. Para entonces se discutía en el Congreso la ley del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Duque, y la petición expresa del campesinado fue que allí quedara un artículo específico sobre esa política pública. Como resultado de la movilización, el Gobierno lo incluyó en el número 253.
Desde entonces, la relación entre el movimiento campesino organizado y el gobierno de Iván Duque ha estado marcada por la desconfianza. “Ante todo, nosotros hemos pedido una participación reforzada, no una que se limite a aprobar lo que unos técnicos sin concertar con nosotros decidan”, explica Eliécer Morales. Ha sido él, desde el Cauca, quien ha enviado un sinnúmero de misivas a diferentes entidades del Estado indagando por el avance de esa política y haciéndoles llegar la ruta de formulación que construyeron entre organizaciones campesinas.
Los últimos dos años del gobierno Duque se han ido en medio de dilaciones y una pandemia que se atravesó. Sin embargo, durante el segundo semestre de 2021, el Gobierno Nacional realizó espacios de participación relacionados con esa política, pero las organizaciones campesinas regionales y nacionales denuncian que no fueron convocadas. Así ocurrió el 5 de noviembre pasado, cuando se hizo el lanzamiento del proceso de formulación. Por las denuncias de esas organizaciones, que llegaron al espacio, se convocó otra para el 12 de noviembre, que finalmente nunca se realizó.
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Las organizaciones radicaron el 21 de febrero, un día antes de llegar a Bogotá, una misiva ante Rodolfo Zea, ministro de Agricultura; Daniel Palacios, ministro del Interior; Alejandra Botero, directora del Departamento Nacional de Planeación, y Alan Jorge Bojanic, representante de la FAO en Colombia, en la que denunciaron: “La metodología para seleccionar los campesinos a los espacios que de manera no concertada empezó a adelantar el Ministerio de Agricultura se está haciendo mediante la convocatoria realizada a través de las secretarías de Agricultura (departamentales), sin que se convoque a las organizaciones campesinas que suscribimos esta comunicación, quienes además fuimos las gestoras de dicha obligación legal”, señalan en la carta.
En su jornada en Bogotá, los líderes campesinos se reunieron con el representante de la FAO en Colombia. Desde ese organismo les explicaron que no son ellos los encargados de construir la política y que están trabajando con el Gobierno en la ruta metodológica para formularla. Igualmente, el jueves 24 de febrero los recibieron en el Ministerio de Agricultura delegados del ministro y les aseguraron que sus organizaciones serían tenidas en cuenta durante el proceso.
Campesinos versus emprendedores del campo
Lo que está en juego, y por lo que los campesinos no quieren quedar excluidos de la construcción de la política, es la visión que se consolidará del campo. Desde septiembre de 2021 se viene adelantando en la OCDE el proceso de revisión de la política rural de ese organismo y los campesinos en Colombia temen que la política para el campesinado se alinee con esos parámetros.
Ana Jimena Bautista, investigadora de Dejusticia que ha acompañado el proceso, dice que el riesgo es que “la visión que se pueda dar en la OCDE corresponda más a la visión desde los actores poderosos de la ruralidad, una visión comercial de la producción agraria y rural”, explica. Además, sostiene que lo que se ha conocido hasta ahora de la ruta que ha trazado el Gobierno “gira en torno al campesino como sujeto productor de alimentos, que sí lo es, pero no de forma exclusivaLa política pública no se debe limitar a eso sino a pensar el campesino como un sujeto cultural, territorial y político”.
Eliécer Morales dice que le preocupa que se quiera insistir en el enfoque fallido de los últimos años: “Hablar de que el campesino es un empresario, cuando las condiciones no están dadas para eso. Es absurdo”, señala, haciendo referencia a las declaraciones que han dado distintos funcionarios que han dicho que más que hablar de campesinos, hay que hablar de emprendedores del campo.
*** El 31 de enero pasado, representantes campesinos del Cauca estaban reunidos en Corinto ajustando detalles para la comisión que viajaría a Bogotá a exigir avances en la política pública sobre su sector. Al finalizar, llegó la noticia del asesinato de José Euclides González Marín, vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Zonas de Reserva Campesinas de Caloto (Astrazonacar), asociación que había participado de esa reunión. Luego vinieron los asesinatos, el 22 de febrero, de los líderes del Magdalena Medio Teófilo Acuña y Jorge Tafur.
La insistencia de los líderes por seguir en los diálogos con el Gobierno para avanzar no se detuvo. “En esto uno no es que haya perdido el miedo, pero digamos que no nos paraliza, porque si nos paralizamos, perdemos la posibilidad de seguir avanzando. Nos toca así”, sostiene Eliécer Morales. “Es una impotencia muy grande que uno siente porque hoy está uno con estos líderes y al otro día ya no pueden estar. Hasta uno mismo no sabe cuándo le va a tocar a uno”.
