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Un avión de pasajeros y carga permaneció retenido en la pista local de Miraflores, Guaviare, desde el pasado martes hasta este miércoles a las 6 a. m., por más de 600 campesinos que quieren, de manera pacífica, llamar la atención del Gobierno Nacional. Exigen que les solucione el problema de desabastecimiento de alimentos y combustible porque no pueden transportar carga por la única vía que comunica a este municipio con Calamar, pues un juez ordenó su cierre hace un año, según él, para prevenir la deforestación y la siembra de cultivos de coca.
Diomedes Sánchez es vocero de la Junta de Acción Comunal de la inspección de Barranquillita, que queda a mitad de camino entre Calamar y Miraflores. Sánchez cría pollos y produce plátano, yuca y cacao para venderlos en ambos municipios, pero se ha visto “berracamente afectado”, no solo porque no ha podido sacarlos, sino porque los productos que llegan de otros lugares están muy costosos. “Un bulto de papa en Calamar estaba valiendo entre $60.000 a $70.000, pero en este momento vale casi $180.000. La traída de un bulto de Calamar a Barranquillita cuesta $30.000. Necesitamos vitalmente la vía”, denunció.
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Aparte de esta carretera de casi 138 km, que es más bien una trocha, las únicas vías de comunicación entre los municipios son el río Vaupés, que está muy disminuido por el verano, y el transporte aéreo, que es muy costoso.
Por eso, desde el lunes 17 de enero, Diomedes Sánchez junto con unos 600 campesinos se movilizaron hasta el casco urbano de Miraflores para pedirle a la Alcaldía el préstamo de maquinaria para intervenir la vía y habilitarla para sacar los alimentos que producen. También para permitir la entrada de las cargas de 36 lanchas que se quedaron encalladas en Barranquillita porque el río está seco.
El alcalde Arley Acosta se negó a prestarles la maquinaria. “Si yo como alcalde presto la maquinaria, cometo un delito, porque las medidas cautelares prohíben el mantenimiento de la vía. Yo debo hacer cumplir la normatividad, pero entiendo las necesidades del campesino”, explicó Acosta a Colombia+20.
Pese a ello, aseguró que ha extendido el llamado de atención a las entidades nacionales para que se solucione el problema de desabastecimiento que afecta también a los municipios de Mitú y Carurú, en Vaupés. Además, porque está empezando a dejar a la comunidad sin energía, pues dependen de la generación por diesel “y el combustible también está escaseando”. “Ha sido muy difícil mediar porque el proceso se ha dilatado mucho. Estamos en la espera de las audiencias que se demoran de tres a cuatro meses. La última la tuvimos el 10 de diciembre, pero fue suspendida y estamos esperando que nos notifiquen en qué fecha continúa para buscar que nos habiliten la vía”, señaló el alcalde.
“Los campesinos no quieren hacerle daño al medio ambiente y mucho menos quieren volver a la coca”
Habitantes de Miraflores
Luisa Cárdenas, lideresa de Miraflores, y Arisaldo Capote, periodista local, resaltaron que, contrario a las razones que llevaron al cierre de la vía “los campesinos no quieren hacerle daño al medio ambiente y mucho menos quieren volver a la coca”. Capote explica que desde la firma del Acuerdo de Paz, los cultivos ilícitos se han disminuido en un gran porcentaje porque la mayoría de campesinos se acogieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que les prometía proyectos legales a cambio de arrancar sus matas.
Cárdenas añadió que con el PNIS, además, les prometieron resolver el problema de la carretera. Pero actualmente están sin proyectos y sin vía. “La gente ya no tiene coca, quiere el desarrollo agrario, pero no hay cómo sacarlo de aquí. Los campesinos prácticamente están aguantando hambre”, sostuvo Arisaldo Capote.
La vía y la zona de reserva forestal
Habilitar la vía, que existe desde hace más de 40 años, es una petición urgente, pero temporal de la comunidad. La discusión en torno a esta carretera existe desde hace varios años e incluye conflictos por el medio ambiente, por los cultivos ilícitos y por la tierra. Además, ha generado varios enredos políticos y legales que en 2019 desencadenaron la imputación de cargos a los entonces alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal; y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, por los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada.
En resumen, al igual que todo el departamento del Guaviare, la vía está ubicada en la Zona de Reserva Forestal de la Amazonía, por Ley 2 de 1959, para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, a los municipios de Calamar, San José del Guaviare y El Retorno los acobija la figura de Zona de Reserva Campesina, que permite algunas actividades agropecuarias mientras que no atenten contra el medio ambiente.
(En contexto: La carretera con la que quieren pavimentar el Amazonas)
Por las denuncias de que la vía facilitaba la deforestación, explicó Arisaldo Capote, “un juez ordenó el cierre total en 2019, se reabrió en 2020 y en 2021 otro juez le volvió a imponer medidas cautelares para que solo puedan transitar ambulancias, motos y vehículos particulares, pero no pueden transportarse camiones con carga pesada o carros grandes con pasajeros”.
Por estas razones, los líderes de la comunidad que se congregaron en la pista local exigen medidas que puedan solucionar de raíz la problemática. Luisa Cárdenas las enumera así: “Primero, pedimos la sustracción de la vía y la malla vial para que esta sea reconocida como carretera terciaria y sea el Gobierno el encargado del mantenimiento. Segundo, la sustracción de los lugares ya intervenidos para lograr la titulación de las tierras a los campesinos . Tercero, ampliar la Zona de Reserva Campesina del Guaviare. Cuarto, obtener un contrato de pago de servicios ambientales. Cinco, solucionar el conflicto que hay entre indígenas y colonos por el territorio, y sexto, proponer una fecha de cabildo abierto que incluya, además de las alcaldías, entidades de nivel departamental, nacional e internacional, organizaciones de derechos humanos y todos los que tengan competencia para brindar solución a estas problemáticas”.
Este miércoles en horas de la mañana, campesinos y entidades acordaron que tendrán una reunión el 3 de febrero para continuar el diálogo sobre estas medidas.