¿Por qué la minga indígena resiste tanto tiempo?

La tensión entre la delegación del Gobierno y los voceros de la minga indígena creció ayer, cuando la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, suspendió los diálogos por el supuesto secuestro de un soldado en la zona. Aunque el militar fue entregado horas después por la Guardia Indígena a una comisión de la Defensoría del Pueblo, al cierre de esta edición la mesa no se había reanudado.

En 17 días de bloqueo de la carretera Panamericana por parte de 15.000 indígenas, campesinos y afros, las negociaciones no han avanzado. Mientras los mingueros siguen exigiendo la presencia del presidente Iván Duque, el primer mandatario reitera que no irá si la carretera continúa bloqueada. Los voceros de la minga le han pedido definir una fecha para esperarlo a la orilla de la Panamericana, pero la ministra Gutiérrez insiste en que el Estado no va a pactar compromisos que no cumplirá posteriormente.

Justamente ese es el temor de los voceros de la minga, dijo Neil Lame, el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien expresó que los $10 billones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para todos los pueblos aborígenes del país son para cumplir con la oferta institucional de estas comunidades, pero no incluyen los compromisos de compra de tierras, planes colectivos de salud y educación propios, entre otros, los cuales están escritos en acuerdos con gobiernos pasados.

Lea: Las causas de la inestabilidad en el Cauca

En la zona también está el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, intentando mediar en la negociación, pero, principalmente, diagnosticando la situación humanitaria de la minga. Hasta la fecha se registran más de 30 mingueros heridos en las confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la muerte del patrullero Boris Alexánder Benítez durante una confrontación con un grupo desconocido y el ataque a una misión de la Defensoría, que verificaba la situación de derechos humanos en la vereda del Cairo (Cajibío).

Mientras tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó ayer en Bogotá la agenda de la minga e hizo un llamado “a todo el movimiento indígena del país para que se sumen a la gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”, dijo su vocero, Luis Fernando Arias, quien además presentó una carta, firmada por más de 490 organizaciones sociales, exigiendo al Gobierno el respeto por los derechos humanos de los mingueros y que no le dé un trato militar a la protesta.

Así se planeó la minga 2019

Mientras las pérdidas para el sector agropecuario y de comercio siguen creciendo y preocupando a los gremios y al Gobierno, los voceros indígenas anuncian que la minga está preparada para resistir en el tiempo. Y evocan la movilización del 2008, que duró más de 60 días e incluso llevó a Bogotá a más de 5.000 marchantes.

Hace un año, las 129 autoridades indígenas del Cauca realizaron cuatro encuentros para definir la agenda de lo que sería esta movilización planeada para resistir varias semanas, dijo el consejero del CRIC, Neil Lame. En ese entonces definieron que llamarían al presidente (sin saber quién sería elegido), “como lo hemos hecho con todos en el pasado”, para dialogar sobre los acuerdos incumplidos del Estado y sobre la política de paz, que afecta en gran medida los territorios de estas comunidades, en donde aún hay presencia de grupos armados ilegales, a pesar de que terminó el conflicto con las Farc.

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Tras estos encuentros, las autoridades ancestrales se trasladaron a los 129 cabildos regados por el norte, centro, sur y Pacífico caucano, con el fin de socializar la agenda y definir cómo los territorios de clima frío, templado y caliente aportarían con los alimentos para sostener la minga durante varias semanas.

Así, se realizaron varias mingas en las veredas, aprovisionaron los comestibles y durante la primera semana de marzo de este año empezaron a trasladarse en cientos de chivas a dos puntos de la carretera Panamericana: La María (Piendamó) y La Agustina (Santander de Quilichao).

Una vez instalados en los puntos de la minga, la organización indígena del CRIC organizó los relevos. Esta práctica tiene como objetivo que la movilización resista el tiempo que sea necesario. “Si se retiran 10 chivas o buses, la misma cantidad debe ingresar al territorio donde están concentrados los mingueros. Por eso hay gente que permanece ocho días, pero llegan nuevas personas con alimentos y asumen responsabilidades”.

El 10 de marzo arrancó en firme esta movilización que está poniendo en aprietos al gobierno de Duque. El vocero del CRIC dice que, aunque no quisieran acudir a las vías de hecho, deben hacerlo “como una garantía para que el Gobierno nos escuche. Porque si enviamos una carta o una solicitud, nunca es tenida en cuenta”. Por eso, mientras unos asumen la tarea de bloquear el tránsito de los vehículos por la vía internacional, otros están en las carpas coordinando la alimentación, otros se encargan de la salud o de vigilar la seguridad de la zona, mientras las autoridades indígenas, bajo la protección de la guardia ancestral, debaten la agenda con voceros del Gobierno o con organizaciones internacionales para llamar la atención. Así, Lame y otros voceros de la minga han dicho que están preparados para permanecer un mes más, de ser necesario, hasta que el presidente Duque defina la fecha y la hora para el encuentro.

Las visitas presidenciales

Son más de 50 las mingas que el movimiento indígena y campesino del sur del país ha realizado en las últimas dos décadas. Si bien el reclamo de las comunidades ancestrales es de vieja data, solo a partir de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Estado adquirió compromisos firmados en papel, como el decreto 982 de ese año, que contiene políticas públicas en beneficio de estas comunidades.

Lea: Vientos de guerra en el Norte de Cauca

Años después, en mayo de 2006, más de 18.000 indígenas y campesinos coparon ese territorio para rechazar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y la reelección de Álvaro Uribe. Entonces, el clamor era la salida negociada al conflicto con las insurgencias, algo que sigue vigente, dice Lame. Fueron seis días de encuentro, calificados por el Gobierno como “una movilización del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla”. En esa movilización marcharon a Cali y también exigían un debate con Uribe en La María. Pero esto nunca sucedió.

Dos años más tarde, cuando Uribe ya era presidente por segunda vez, estas comunidades convocaron en la hacienda La María la Minga Nacional de Resistencia Social y Comunitaria, la cual se realizó desde el 12 de octubre de 2008. Más de 40.000 comuneros se desplegaron por la Panamericana para presionar el diálogo con Uribe y exigir el fin del conflicto armado. Luego de los enfrentamientos con el Esmad y de la muerte de un indígena, finalmente se acordó una reunión con el presidente en la Universidad del Valle. Uribe no estuvo de acuerdo con el lugar, los indígenas tampoco cedieron y la disputa se trasladó a una calle de Cali gritándose arengas sin llegar a acuerdos: Uribe desde un puente peatonal y los indígenas desde la carretera.

Aun así, la minga continuó sus actividades de protesta, aunque sin bloquear la carretera. El 2 de noviembre de 2008, finalmente, Uribe llegó al resguardo de La María y durante varias horas escuchó las denuncias de los nasas sobre la represión del Gobierno a estas comunidades, tildadas por el mandatario como auxiliadoras del terrorismo. En ese acto, los indígenas se quedaron sentados al escuchar el himno nacional y Aida Quilcué, entonces consejera mayor del CRIC y hoy una de las voceras de la minga, le dijo a Uribe que lo hacían como protesta ante las agresiones de la Fuerza Pública, que días antes había incursionado en el resguardo, cortado y quemado las banderas de Colombia y de la organización indígena.

La discusión no terminó en acuerdo y los indígenas llegaron caminando a Bogotá el 22 de noviembre. En diciembre de ese año, en un retén militar, fue asesinado Edwin Legarda, el esposo de una líder de la minga, Aída Quilcué. El diálogo político no prosperó, pero se pactó la adjudicación de 10.000 hectáreas al Cric, de las cuales, al final de su mandato, se habían entregado 9.000 .

En la era de Juan Manuel Santos se convocó una nueva minga, ante los incumplimientos de gobiernos anteriores. Fueron nueve días de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los indígenas, que dejaron una decena de heridos. Al final, el presidente aceptó sentarse en el resguardo. El 15 de agosto de 2012, ad portas de conocerse el inicio de la negociación con las Farc en Cuba, Santos visitó La María y pidió perdón a las víctimas “que ha dejado este absurdo conflicto”, expresó.

A mediados de 2016, nuevamente la minga convocó al Gobierno a La María para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Entonces hizo presencia el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien selló “el pacto del chirrinchi”, como lo denominó la prensa caucana, en razón de que el ministro recibió un trago de esa bebida ancestral. Ahí, el Estado pactó que cumpliría con la adjudicación de tierras para los indígenas y campesinos. Ese acuerdo no se ha cumplido en su totalidad.

La tensión entre la delegación del Gobierno y los voceros de la minga indígena creció ayer, cuando la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, suspendió los diálogos por el supuesto secuestro de un soldado en la zona. Aunque el militar fue entregado horas después por la Guardia Indígena a una comisión de la Defensoría del Pueblo, al cierre de esta edición la mesa no se había reanudado.

En 17 días de bloqueo de la carretera Panamericana por parte de 15.000 indígenas, campesinos y afros, las negociaciones no han avanzado. Mientras los mingueros siguen exigiendo la presencia del presidente Iván Duque, el primer mandatario reitera que no irá si la carretera continúa bloqueada. Los voceros de la minga le han pedido definir una fecha para esperarlo a la orilla de la Panamericana, pero la ministra Gutiérrez insiste en que el Estado no va a pactar compromisos que no cumplirá posteriormente.

Justamente ese es el temor de los voceros de la minga, dijo Neil Lame, el representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien expresó que los $10 billones incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo para todos los pueblos aborígenes del país son para cumplir con la oferta institucional de estas comunidades, pero no incluyen los compromisos de compra de tierras, planes colectivos de salud y educación propios, entre otros, los cuales están escritos en acuerdos con gobiernos pasados.

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En la zona también está el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, intentando mediar en la negociación, pero, principalmente, diagnosticando la situación humanitaria de la minga. Hasta la fecha se registran más de 30 mingueros heridos en las confrontaciones con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la muerte del patrullero Boris Alexánder Benítez durante una confrontación con un grupo desconocido y el ataque a una misión de la Defensoría, que verificaba la situación de derechos humanos en la vereda del Cairo (Cajibío).

Mientras tanto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) presentó ayer en Bogotá la agenda de la minga e hizo un llamado “a todo el movimiento indígena del país para que se sumen a la gran minga nacional por la defensa de la vida, el territorio y la paz”, dijo su vocero, Luis Fernando Arias, quien además presentó una carta, firmada por más de 490 organizaciones sociales, exigiendo al Gobierno el respeto por los derechos humanos de los mingueros y que no le dé un trato militar a la protesta.

Así se planeó la minga 2019

Mientras las pérdidas para el sector agropecuario y de comercio siguen creciendo y preocupando a los gremios y al Gobierno, los voceros indígenas anuncian que la minga está preparada para resistir en el tiempo. Y evocan la movilización del 2008, que duró más de 60 días e incluso llevó a Bogotá a más de 5.000 marchantes.

Hace un año, las 129 autoridades indígenas del Cauca realizaron cuatro encuentros para definir la agenda de lo que sería esta movilización planeada para resistir varias semanas, dijo el consejero del CRIC, Neil Lame. En ese entonces definieron que llamarían al presidente (sin saber quién sería elegido), “como lo hemos hecho con todos en el pasado”, para dialogar sobre los acuerdos incumplidos del Estado y sobre la política de paz, que afecta en gran medida los territorios de estas comunidades, en donde aún hay presencia de grupos armados ilegales, a pesar de que terminó el conflicto con las Farc.

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Tras estos encuentros, las autoridades ancestrales se trasladaron a los 129 cabildos regados por el norte, centro, sur y Pacífico caucano, con el fin de socializar la agenda y definir cómo los territorios de clima frío, templado y caliente aportarían con los alimentos para sostener la minga durante varias semanas.

Así, se realizaron varias mingas en las veredas, aprovisionaron los comestibles y durante la primera semana de marzo de este año empezaron a trasladarse en cientos de chivas a dos puntos de la carretera Panamericana: La María (Piendamó) y La Agustina (Santander de Quilichao).

Una vez instalados en los puntos de la minga, la organización indígena del CRIC organizó los relevos. Esta práctica tiene como objetivo que la movilización resista el tiempo que sea necesario. “Si se retiran 10 chivas o buses, la misma cantidad debe ingresar al territorio donde están concentrados los mingueros. Por eso hay gente que permanece ocho días, pero llegan nuevas personas con alimentos y asumen responsabilidades”.

El 10 de marzo arrancó en firme esta movilización que está poniendo en aprietos al gobierno de Duque. El vocero del CRIC dice que, aunque no quisieran acudir a las vías de hecho, deben hacerlo “como una garantía para que el Gobierno nos escuche. Porque si enviamos una carta o una solicitud, nunca es tenida en cuenta”. Por eso, mientras unos asumen la tarea de bloquear el tránsito de los vehículos por la vía internacional, otros están en las carpas coordinando la alimentación, otros se encargan de la salud o de vigilar la seguridad de la zona, mientras las autoridades indígenas, bajo la protección de la guardia ancestral, debaten la agenda con voceros del Gobierno o con organizaciones internacionales para llamar la atención. Así, Lame y otros voceros de la minga han dicho que están preparados para permanecer un mes más, de ser necesario, hasta que el presidente Duque defina la fecha y la hora para el encuentro.

Las visitas presidenciales

Son más de 50 las mingas que el movimiento indígena y campesino del sur del país ha realizado en las últimas dos décadas. Si bien el reclamo de las comunidades ancestrales es de vieja data, solo a partir de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana, el Estado adquirió compromisos firmados en papel, como el decreto 982 de ese año, que contiene políticas públicas en beneficio de estas comunidades.

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Años después, en mayo de 2006, más de 18.000 indígenas y campesinos coparon ese territorio para rechazar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos y la reelección de Álvaro Uribe. Entonces, el clamor era la salida negociada al conflicto con las insurgencias, algo que sigue vigente, dice Lame. Fueron seis días de encuentro, calificados por el Gobierno como “una movilización del terrorismo, el narcotráfico y la guerrilla”. En esa movilización marcharon a Cali y también exigían un debate con Uribe en La María. Pero esto nunca sucedió.

Dos años más tarde, cuando Uribe ya era presidente por segunda vez, estas comunidades convocaron en la hacienda La María la Minga Nacional de Resistencia Social y Comunitaria, la cual se realizó desde el 12 de octubre de 2008. Más de 40.000 comuneros se desplegaron por la Panamericana para presionar el diálogo con Uribe y exigir el fin del conflicto armado. Luego de los enfrentamientos con el Esmad y de la muerte de un indígena, finalmente se acordó una reunión con el presidente en la Universidad del Valle. Uribe no estuvo de acuerdo con el lugar, los indígenas tampoco cedieron y la disputa se trasladó a una calle de Cali gritándose arengas sin llegar a acuerdos: Uribe desde un puente peatonal y los indígenas desde la carretera.

Aun así, la minga continuó sus actividades de protesta, aunque sin bloquear la carretera. El 2 de noviembre de 2008, finalmente, Uribe llegó al resguardo de La María y durante varias horas escuchó las denuncias de los nasas sobre la represión del Gobierno a estas comunidades, tildadas por el mandatario como auxiliadoras del terrorismo. En ese acto, los indígenas se quedaron sentados al escuchar el himno nacional y Aida Quilcué, entonces consejera mayor del CRIC y hoy una de las voceras de la minga, le dijo a Uribe que lo hacían como protesta ante las agresiones de la Fuerza Pública, que días antes había incursionado en el resguardo, cortado y quemado las banderas de Colombia y de la organización indígena.

La discusión no terminó en acuerdo y los indígenas llegaron caminando a Bogotá el 22 de noviembre. En diciembre de ese año, en un retén militar, fue asesinado Edwin Legarda, el esposo de una líder de la minga, Aída Quilcué. El diálogo político no prosperó, pero se pactó la adjudicación de 10.000 hectáreas al Cric, de las cuales, al final de su mandato, se habían entregado 9.000 .

En la era de Juan Manuel Santos se convocó una nueva minga, ante los incumplimientos de gobiernos anteriores. Fueron nueve días de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los indígenas, que dejaron una decena de heridos. Al final, el presidente aceptó sentarse en el resguardo. El 15 de agosto de 2012, ad portas de conocerse el inicio de la negociación con las Farc en Cuba, Santos visitó La María y pidió perdón a las víctimas “que ha dejado este absurdo conflicto”, expresó.

A mediados de 2016, nuevamente la minga convocó al Gobierno a La María para exigir el cumplimiento de los acuerdos. Entonces hizo presencia el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, quien selló “el pacto del chirrinchi”, como lo denominó la prensa caucana, en razón de que el ministro recibió un trago de esa bebida ancestral. Ahí, el Estado pactó que cumpliría con la adjudicación de tierras para los indígenas y campesinos. Ese acuerdo no se ha cumplido en su totalidad.