¿Por qué se agudizó la violencia en la Sierra Nevada?

Lo que se vive hoy en los territorios de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta es el reflejo de una guerra perpetua. Las razones de la violencia son las mismas desde la época de la bonanza marimbera de los años 60, las mismas que esgrimieron los grupos de autodefensa para apoderarse del territorio y crear sus propias leyes en lugares ausentes de Estado, y las mismas que tienen hoy las estructuras armadas ilegales que proliferan en la zona bajo distintas denominaciones: el control de corredores geográficos estratégicos para las economías ilícitas. Un fenómeno que se replica en otras regiones del país que han vivido por igual los rigores de la guerra.

Por eso los conflictos nuevos parecen viejos. En el fondo el escenario actual está configurado por sucesores de antiguos grupos que heredaron los negocios ilícitos de temidos comandantes paramilitares como Hernán Giraldo o Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Para quienes viven en poblaciones como Ciénaga (Magdalena), Dibulla (La Guajira) o Pueblo Bello (Cesar), son los mismos de antes con nombres nuevos. “Antes se hablaba de los del Resistencia Tayrona o los del Bloque Nevado o el Cacique Arhuaco, ahora son los Pachenchas, las Autodefensas de los Conquistadores de la Sierra y las Gaitanistas. Los mismos malos, pero se cambiaron las siglas”, asegura un líder social de la región.

(Lea también: ¿Quién está matando a los líderes sociales en la Sierra Nevada?)

Lo cierto es que el mapa de la guerra está mutando y la violencia parece recrudecerse en zonas en las que confluyen fuertes intereses económicos. El fenómeno, sin embargo, está tan diagnosticado, que tan solo entre abril y diciembre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas dando cuenta del nivel del riesgo en el que se encuentran varias poblaciones de estos tres departamentos por cuenta de la reconfiguración y el fortalecimiento de estructuras que ejercen poder sobre el corredor vial más importante de esta región del país: la Troncal del Caribe.

Con tantos nuevos nombres la radiografía parece compleja, pero en la práctica es mucho más simple. Dos grandes actores en disputa con varias alianzas criminales: los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas. En el caso de los primeros, se trata de los herederos del poder de Hernán Giraldo, comandante político del Bloque Resistencia Tayrona que se desmovilizó en 2006, con 1.166 hombres a su mando.

Los Pachenca estuvieron bajo la comandancia de Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía, hasta junio de 2019, cuando murió durante un enfrentamiento con la Policía en inmediaciones de la Sierra Nevada. De acuerdo con los reportes de la Defensoría, fue tras la caída de Aguirre que la organización comenzó a funcionar con el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “Podría tratarse de una división interna ante el cambio de comandancia y así desmarcarse del nombre los Pachenca, para dificultar el rastreo de la Fuerza Pública o el fortalecimiento de un brazo armado con dominio hasta el Cesar”, señaló el organismo en una alerta temprana emitida en octubre.

Chucho Mercancía fue parte de la organización de Hernán Giraldo y es tan cercano a sus familiares, que la alianza más importante que tienen los Pachenca es con la Oficina Caribe, un centro de cobro creado por el ahora excomandante paramilitar, poco antes de la desmovilización, en asocio con la Oficina de Envigado. Funciona como el músculo financiero de la estructura ilegal, pues recibe las rentas de las extorsiones que cobran al sector turístico y los impuestos que exigen a las ventas de tierras en el sector de la Troncal Caribe. Por eso su zona de influencia abarca municipios del Magdalena y La Guajira.

En la zona la lectura es clara: “Es una gente que mantiene un control territorial y social fuerte en esa zona, no solamente en el sentido de los puertos del Caribe por donde sale el narcotráfico que viene de otras partes del país -sobre todo del sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Catatumbo-, sino que también han logrado controlar buena parte de la industria turística. En zonas como Dibulla y Palomino la clave es el envío de coca, porque tienen todo a la mano, muelles para salir y el procesadero en la Sierra”.

Es más, aseguran que su poder es tal, que lograron construir un orden, un statu quo en el que se benefician distintos sectores: “Haga de cuenta que estamos en un territorio, tenemos unas industrias en torno al turismo, somos empresarios y hay una organización que garantiza que ese orden funciona y que evita, por ejemplo, que llegue alguien más a poner otro negocio y a hacernos competencia. Así todos ganan, por decir algo”.

La Defensoría del Pueblo caracteriza a los Pachenca como “expresiones de los grupos armados que lejos de conformar estructuras rígidas y permanentes, compuestas por unidades que visten algunas prendas de uso restringido, ahora funcionan a través del despliegue de redes flexibles y cambiantes distribuidas de manera dispersa y desconcentrada en el territorio, a lo largo de eslabones de la cadena que articulan sus actividades económicas ilegales e ilícitas y que reúnen a sus unidades transitoria y excepcionalmente cuando se hace necesario”.

Los pobladores aseguran que en varias zonas son ellos los que manejan las redes de mototaxis que les sirven, además, de informantes y ayudan controlar a el ingreso de personas extrañas a los territorios. El éxito de esa gobernanza criminal que han creado pareciera estar en que mantienen unos índices de violencia tan bajos, que en el imaginario nacional queda la idea de que no está pasando nada.

Del otro lado están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que desde 2012 hacen presencia en la zona y quienes hasta 2018 habían mantenido una alianza con los Pachencas. Hay quienes consideran que algo que podría explicar el aumento de la violencia en los últimos meses en la zona es precisamente la ruptura de acuerdos en las AGC y los herederos de Giraldo. Dicho quiebre se habría generado en los primeros meses de 2019 a raíz del asesinato de un miembro de los Pachenca como represalia de las Gaitanistas por el decomiso de un cargamento de droga al exterior que terminó siendo incautada por las autoridades.

En departamentos como Magdalena y La Guajira, las AGC subcontratan a estructuras locales para ejercer presión militar y tener presencia efectiva en algunas zonas de su interés para el narcotráfico y los negocios inmobiliarios. Los reportes de la Defensoría señalan que las Gaitanistas no están interesadas en la extorsión de las calles pero sí en el control territorial. Por eso los grupos armados bajo su influencia mantienen cierto grado de autonomía en las regiones y zonas donde delinquen.

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“Lo que se ha visto es un interés de las ahora Conquistadoras de la Sierra Nevada de pasar a controlar ya no solo la cara norte de la Sierra, sino la occidental y la suroriental. Pareciera que se va a sobrevenir algo grande en la zona y estos conquistadores están creando otros espacios y territorios a manera de refugio, retaguardia en donde puedan moverse en algún momento, generar otro tipo de corredores de movilidad sobre la Sierra”, explicó otro líder de la zona.

Pero más allá de las alianzas que se han establecido para mantener la hegemonía en la región, lo que preocupa son los movimientos de poder ante el inminente retorno de quienes con la desmovilización de las autodefensas se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, y ahora tienen intereses de reestructurar sus antiguos grupos o integrar los que ya operan en la zona.

De hecho, hay quienes consideran que el recrudecimiento de la violencia en algunos lugares está directamente relacionado con el posible regreso a Colombia de Jorge 40, quien fue extraditado en 2008 por el gobierno de Álvaro Uribe. Aunque fue condenado en Estados Unidos, en 2015, a 16 años y medio de prisión por cargos relacionado con narcotráfico, podría quedar libre en 2020, porque el juez que lo condenó determinó que se le convalidaría el tiempo que estuvo en prisión tanto en Colombia como en Estados Unidos.

“Lo que se dice es que habrá gente que está muy cercana a Jorge 40 y que sigue en la misma orilla, pero hay otra gente que ya no quiere estar bajo el mismo paraguas de él. Después de la desmovilización acá quedaron muchos bienes y la economía ilegal se siguió moviendo. Hay testaferros que no tienen problema en seguir el camino que les tracen, pero hay otros que sí quieren independizarse. Eso genera algunos ajustes de cuentas entre ellos”, sostiene otro líder.

(También lea: Defensoría había advertido riesgos en zona donde fue asesinada Maritza Quiroz)

Entre los habitantes de los municipios golpeados por esta nueva oleada de violencia, la sensación es que la región está regresando a los años aciagos de la guerra paramilitar y que el ciclo de muerte está comenzando de nuevo: “Sabemos que el gran jefe que estaba acá era Hernán Giraldo y cuando fue extraditado quedaron los amigos y familiares que heredaron todo su poderío. Eso se siente, hay tensión e incertidumbre. En zonas como Palomino lo que se respira es el aire de una guerra fría”.

Lo que se vive hoy en los territorios de influencia de la Sierra Nevada de Santa Marta es el reflejo de una guerra perpetua. Las razones de la violencia son las mismas desde la época de la bonanza marimbera de los años 60, las mismas que esgrimieron los grupos de autodefensa para apoderarse del territorio y crear sus propias leyes en lugares ausentes de Estado, y las mismas que tienen hoy las estructuras armadas ilegales que proliferan en la zona bajo distintas denominaciones: el control de corredores geográficos estratégicos para las economías ilícitas. Un fenómeno que se replica en otras regiones del país que han vivido por igual los rigores de la guerra.

Por eso los conflictos nuevos parecen viejos. En el fondo el escenario actual está configurado por sucesores de antiguos grupos que heredaron los negocios ilícitos de temidos comandantes paramilitares como Hernán Giraldo o Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40. Para quienes viven en poblaciones como Ciénaga (Magdalena), Dibulla (La Guajira) o Pueblo Bello (Cesar), son los mismos de antes con nombres nuevos. “Antes se hablaba de los del Resistencia Tayrona o los del Bloque Nevado o el Cacique Arhuaco, ahora son los Pachenchas, las Autodefensas de los Conquistadores de la Sierra y las Gaitanistas. Los mismos malos, pero se cambiaron las siglas”, asegura un líder social de la región.

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Lo cierto es que el mapa de la guerra está mutando y la violencia parece recrudecerse en zonas en las que confluyen fuertes intereses económicos. El fenómeno, sin embargo, está tan diagnosticado, que tan solo entre abril y diciembre de 2019 la Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas dando cuenta del nivel del riesgo en el que se encuentran varias poblaciones de estos tres departamentos por cuenta de la reconfiguración y el fortalecimiento de estructuras que ejercen poder sobre el corredor vial más importante de esta región del país: la Troncal del Caribe.

Con tantos nuevos nombres la radiografía parece compleja, pero en la práctica es mucho más simple. Dos grandes actores en disputa con varias alianzas criminales: los Pachenca y las Autodefensas Gaitanistas. En el caso de los primeros, se trata de los herederos del poder de Hernán Giraldo, comandante político del Bloque Resistencia Tayrona que se desmovilizó en 2006, con 1.166 hombres a su mando.

Los Pachenca estuvieron bajo la comandancia de Jesús María Aguirre Gallego, alias Chucho Mercancía, hasta junio de 2019, cuando murió durante un enfrentamiento con la Policía en inmediaciones de la Sierra Nevada. De acuerdo con los reportes de la Defensoría, fue tras la caída de Aguirre que la organización comenzó a funcionar con el nombre de Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. “Podría tratarse de una división interna ante el cambio de comandancia y así desmarcarse del nombre los Pachenca, para dificultar el rastreo de la Fuerza Pública o el fortalecimiento de un brazo armado con dominio hasta el Cesar”, señaló el organismo en una alerta temprana emitida en octubre.

Chucho Mercancía fue parte de la organización de Hernán Giraldo y es tan cercano a sus familiares, que la alianza más importante que tienen los Pachenca es con la Oficina Caribe, un centro de cobro creado por el ahora excomandante paramilitar, poco antes de la desmovilización, en asocio con la Oficina de Envigado. Funciona como el músculo financiero de la estructura ilegal, pues recibe las rentas de las extorsiones que cobran al sector turístico y los impuestos que exigen a las ventas de tierras en el sector de la Troncal Caribe. Por eso su zona de influencia abarca municipios del Magdalena y La Guajira.

En la zona la lectura es clara: “Es una gente que mantiene un control territorial y social fuerte en esa zona, no solamente en el sentido de los puertos del Caribe por donde sale el narcotráfico que viene de otras partes del país -sobre todo del sur de Bolívar, el Magdalena Medio y el Catatumbo-, sino que también han logrado controlar buena parte de la industria turística. En zonas como Dibulla y Palomino la clave es el envío de coca, porque tienen todo a la mano, muelles para salir y el procesadero en la Sierra”.

Es más, aseguran que su poder es tal, que lograron construir un orden, un statu quo en el que se benefician distintos sectores: “Haga de cuenta que estamos en un territorio, tenemos unas industrias en torno al turismo, somos empresarios y hay una organización que garantiza que ese orden funciona y que evita, por ejemplo, que llegue alguien más a poner otro negocio y a hacernos competencia. Así todos ganan, por decir algo”.

La Defensoría del Pueblo caracteriza a los Pachenca como “expresiones de los grupos armados que lejos de conformar estructuras rígidas y permanentes, compuestas por unidades que visten algunas prendas de uso restringido, ahora funcionan a través del despliegue de redes flexibles y cambiantes distribuidas de manera dispersa y desconcentrada en el territorio, a lo largo de eslabones de la cadena que articulan sus actividades económicas ilegales e ilícitas y que reúnen a sus unidades transitoria y excepcionalmente cuando se hace necesario”.

Los pobladores aseguran que en varias zonas son ellos los que manejan las redes de mototaxis que les sirven, además, de informantes y ayudan controlar a el ingreso de personas extrañas a los territorios. El éxito de esa gobernanza criminal que han creado pareciera estar en que mantienen unos índices de violencia tan bajos, que en el imaginario nacional queda la idea de que no está pasando nada.

Del otro lado están las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que desde 2012 hacen presencia en la zona y quienes hasta 2018 habían mantenido una alianza con los Pachencas. Hay quienes consideran que algo que podría explicar el aumento de la violencia en los últimos meses en la zona es precisamente la ruptura de acuerdos en las AGC y los herederos de Giraldo. Dicho quiebre se habría generado en los primeros meses de 2019 a raíz del asesinato de un miembro de los Pachenca como represalia de las Gaitanistas por el decomiso de un cargamento de droga al exterior que terminó siendo incautada por las autoridades.

En departamentos como Magdalena y La Guajira, las AGC subcontratan a estructuras locales para ejercer presión militar y tener presencia efectiva en algunas zonas de su interés para el narcotráfico y los negocios inmobiliarios. Los reportes de la Defensoría señalan que las Gaitanistas no están interesadas en la extorsión de las calles pero sí en el control territorial. Por eso los grupos armados bajo su influencia mantienen cierto grado de autonomía en las regiones y zonas donde delinquen.

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“Lo que se ha visto es un interés de las ahora Conquistadoras de la Sierra Nevada de pasar a controlar ya no solo la cara norte de la Sierra, sino la occidental y la suroriental. Pareciera que se va a sobrevenir algo grande en la zona y estos conquistadores están creando otros espacios y territorios a manera de refugio, retaguardia en donde puedan moverse en algún momento, generar otro tipo de corredores de movilidad sobre la Sierra”, explicó otro líder de la zona.

Pero más allá de las alianzas que se han establecido para mantener la hegemonía en la región, lo que preocupa son los movimientos de poder ante el inminente retorno de quienes con la desmovilización de las autodefensas se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, y ahora tienen intereses de reestructurar sus antiguos grupos o integrar los que ya operan en la zona.

De hecho, hay quienes consideran que el recrudecimiento de la violencia en algunos lugares está directamente relacionado con el posible regreso a Colombia de Jorge 40, quien fue extraditado en 2008 por el gobierno de Álvaro Uribe. Aunque fue condenado en Estados Unidos, en 2015, a 16 años y medio de prisión por cargos relacionado con narcotráfico, podría quedar libre en 2020, porque el juez que lo condenó determinó que se le convalidaría el tiempo que estuvo en prisión tanto en Colombia como en Estados Unidos.

“Lo que se dice es que habrá gente que está muy cercana a Jorge 40 y que sigue en la misma orilla, pero hay otra gente que ya no quiere estar bajo el mismo paraguas de él. Después de la desmovilización acá quedaron muchos bienes y la economía ilegal se siguió moviendo. Hay testaferros que no tienen problema en seguir el camino que les tracen, pero hay otros que sí quieren independizarse. Eso genera algunos ajustes de cuentas entre ellos”, sostiene otro líder.

(También lea: Defensoría había advertido riesgos en zona donde fue asesinada Maritza Quiroz)

Entre los habitantes de los municipios golpeados por esta nueva oleada de violencia, la sensación es que la región está regresando a los años aciagos de la guerra paramilitar y que el ciclo de muerte está comenzando de nuevo: “Sabemos que el gran jefe que estaba acá era Hernán Giraldo y cuando fue extraditado quedaron los amigos y familiares que heredaron todo su poderío. Eso se siente, hay tensión e incertidumbre. En zonas como Palomino lo que se respira es el aire de una guerra fría”.