¿Por qué una mesa por la vida en los Montes de María?

El temor se volvió a apoderar de los Montes de María. La Mesa por la Protección a la Vida sesiona hoy de manera extraordinaria en la capital natural de esta región, El Carmen de Bolívar, a raíz de las constantes amenazas que han recibido los pobladores a través de redes sociales y llamadas telefónicas. “Se acabaron las excusas y el mal funcionamiento de la vida en El Salado. Pagan justos por pecadores y esos justos ya saben quiénes son, no lo hacemos porque sean malas personas, lo hacemos porque tienen influencia en toda la comunidad”, fue uno de los mensajes que alertó al procurador general, Fernando Carrillo, y lo llevó a convocar a toda la institucionalidad en esta zona del Caribe colombiano.

Esta región, situada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, que vivió años de relativa calma tras la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María en 2005, y dos años después la desarticulación del frente 37 de las Farc, ha visto renacer expresiones de violencia que les recuerdan a sus habitantes masacres como la de El Salado, en la que los paramilitares jugaron fútbol con las cabezas de los pobladores y fueron asesinadas más de 60 personas.

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La violencia que hoy resurge en la zona responde a una de las principales consecuencias que dejó ese conflicto en estos 15 municipios montemarianos: despojo y predios en disputa. Quienes hoy son víctimas de hostigamientos y amenazas son principalmente quienes lideran procesos de restitución de tierras despojadas durante la arremetida paramilitar.

La situación la advirtió la Defensoría del Pueblo desde junio de 2018. Entonces, emitió una alerta temprana para El Carmen de Bolívar. Entre otros factores de riesgo mencionados, llamó la atención por la aparición de ejércitos privados al servicio de particulares para custodiar predios en litigio.

Según la Alerta Temprana, dichos ejércitos estarían siendo utilizados por grandes propietarios dedicados a la ganadería, el cultivo de palma de aceite o la teca, quienes tienen responsabilidad en el despojo de miles de hectáreas de tierra. “Este interés estaría relacionado con la participación de terceros en el conflicto, es decir, familias y empresarios que apoyaron y financiaron los grupos paramilitares que pretenden defender la acumulación de predios llevada a cabo durante la fase de dominio paramilitar”, se lee en el documento.

Uno de los sectores que ha liderado la restitución de tierras en El Carmen de Bolívar es la Mesa Municipal de Víctimas, cuyos integrantes (23 campesinos), en su mayoría, están amenazados. A algunos les han advertido que, de seguir con estos procesos, se tomarían represalias contra sus hijos. Otros registraron movimientos inusuales de hombres en motos alrededor de sus casas. Y miembros del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, que desarrollan procesos de reconciliación en dicho municipio, fueron alertados sobre un plan para atentar contra sus vidas.

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Este panorama no se registra solo en El Carmen. En enero pasado la Defensoría emitió otra alerta temprana para el municipio de María la Baja. Allí, los campesinos se han visto cada vez más acorralados frente al avance del monocultivo de palma de aceite, denuncian los pobladores. La estrategia de defensa adoptada por las comunidades ha sido agruparse en consejos comunitarios, con el fin de avanzar en procesos de colectivización de la tierra: entre 2014 y 2018 se han triplicado las inscripciones de estos consejos ante la Alcaldía.

Varios líderes de estos consejos comunitarios han recibido amenazas. Es el caso del consejo de El Níspero (corregimiento de María la Baja). Uno de sus integrantes contó que las amenazas las han recibido sus compañeros vía telefónica. “Que amenacen a uno es como si nos amenazaran a todos”, sentenció. Por eso, tomar únicamente la cifra de al menos 40 líderes amenazados en los Montes de María, según la Defensoría de Pueblo, no deja ver todo el panorama.

En eso coincide una integrante de la junta directiva de la Asociación de Campesinos Afrodescendientes (Asocaafro), organización que desde 2015 es víctima de hostigamientos por la disputa sobre un predio de más de 500 hectáreas, ubicado cerca de la represa de Matuya, que hoy está sembrado con palma. Según su relato, a varios de sus compañeros les quemaron los ranchos y a otros los abordaron hombres desconocidos que se han presentado como miembros del Clan Úsuga.

No obstante, la Defensoría del Pueblo solo ha documentado la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varios municipios de los Montes de María. De hecho, ese es el otro factor de riesgo al que están sometidas las comunidades. Las AGC tienen el control de rutas de narcotráfico, para las cuales los municipios de El Carmen de Bolívar y María la Baja son estratégicos, pues les permiten articularse con el golfo de Morrosquillo, entre Sucre y Córdoba, para sacar droga hacia Centroamérica.

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A las AGC se le atribuye en la región lo que desde la Defensoría llaman la racionalización del terror: perros a los que les quitaron la piel han aparecido en los últimos días en El Carmen de Bolívar. Circularon amenazas vía telefónica y por redes sociales. Según la entidad, se trata de una estrategia de dicho grupo ilegal para establecer un control social preventivo. Este escenario recuerda los días previos a la masacre de El Salado, en febrero de 2000.

En la sesión de la Mesa por la Protección a la Vida estarán presentes Carlos Negret, defensor del Pueblo; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Fernando Carrillo, procurador general de la nación, y miembros de la comunidad internacional. El objetivo es evitar que haya desatención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo frente a los riesgos que están corriendo los líderes sociales en las regiones. “Lo que está pasando en este momento es que desatender una alerta temprana en un territorio termina derivando en el asesinato de líderes sociales”, explicó Carlos Medina, procurador delegado para los derechos humanos.

Por eso, la Procuraduría planteará durante esta sesión que la responsabilidad de la protección de líderes también recaiga sobre los alcaldes y gobernadores de los territorios mencionados en las alertas. De no emprender acciones para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, dijo Medina, los mandatarios se verán sometidos a investigaciones disciplinarias.

Entretanto, el llamado de los líderes sociales de los Montes de María es para que el Gobierno Nacional haga presencia integral en el territorio. Que su intervención no se limite a la militarización de la zona, como ocurrió hace pocas semanas en El Salado luego de que se conocieron las amenazas contra varios líderes.

El temor se volvió a apoderar de los Montes de María. La Mesa por la Protección a la Vida sesiona hoy de manera extraordinaria en la capital natural de esta región, El Carmen de Bolívar, a raíz de las constantes amenazas que han recibido los pobladores a través de redes sociales y llamadas telefónicas. “Se acabaron las excusas y el mal funcionamiento de la vida en El Salado. Pagan justos por pecadores y esos justos ya saben quiénes son, no lo hacemos porque sean malas personas, lo hacemos porque tienen influencia en toda la comunidad”, fue uno de los mensajes que alertó al procurador general, Fernando Carrillo, y lo llevó a convocar a toda la institucionalidad en esta zona del Caribe colombiano.

Esta región, situada entre los departamentos de Bolívar y Sucre, que vivió años de relativa calma tras la desmovilización del bloque Héroes de los Montes de María en 2005, y dos años después la desarticulación del frente 37 de las Farc, ha visto renacer expresiones de violencia que les recuerdan a sus habitantes masacres como la de El Salado, en la que los paramilitares jugaron fútbol con las cabezas de los pobladores y fueron asesinadas más de 60 personas.

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La situación la advirtió la Defensoría del Pueblo desde junio de 2018. Entonces, emitió una alerta temprana para El Carmen de Bolívar. Entre otros factores de riesgo mencionados, llamó la atención por la aparición de ejércitos privados al servicio de particulares para custodiar predios en litigio.

Según la Alerta Temprana, dichos ejércitos estarían siendo utilizados por grandes propietarios dedicados a la ganadería, el cultivo de palma de aceite o la teca, quienes tienen responsabilidad en el despojo de miles de hectáreas de tierra. “Este interés estaría relacionado con la participación de terceros en el conflicto, es decir, familias y empresarios que apoyaron y financiaron los grupos paramilitares que pretenden defender la acumulación de predios llevada a cabo durante la fase de dominio paramilitar”, se lee en el documento.

Uno de los sectores que ha liderado la restitución de tierras en El Carmen de Bolívar es la Mesa Municipal de Víctimas, cuyos integrantes (23 campesinos), en su mayoría, están amenazados. A algunos les han advertido que, de seguir con estos procesos, se tomarían represalias contra sus hijos. Otros registraron movimientos inusuales de hombres en motos alrededor de sus casas. Y miembros del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, que desarrollan procesos de reconciliación en dicho municipio, fueron alertados sobre un plan para atentar contra sus vidas.

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Este panorama no se registra solo en El Carmen. En enero pasado la Defensoría emitió otra alerta temprana para el municipio de María la Baja. Allí, los campesinos se han visto cada vez más acorralados frente al avance del monocultivo de palma de aceite, denuncian los pobladores. La estrategia de defensa adoptada por las comunidades ha sido agruparse en consejos comunitarios, con el fin de avanzar en procesos de colectivización de la tierra: entre 2014 y 2018 se han triplicado las inscripciones de estos consejos ante la Alcaldía.

Varios líderes de estos consejos comunitarios han recibido amenazas. Es el caso del consejo de El Níspero (corregimiento de María la Baja). Uno de sus integrantes contó que las amenazas las han recibido sus compañeros vía telefónica. “Que amenacen a uno es como si nos amenazaran a todos”, sentenció. Por eso, tomar únicamente la cifra de al menos 40 líderes amenazados en los Montes de María, según la Defensoría de Pueblo, no deja ver todo el panorama.

En eso coincide una integrante de la junta directiva de la Asociación de Campesinos Afrodescendientes (Asocaafro), organización que desde 2015 es víctima de hostigamientos por la disputa sobre un predio de más de 500 hectáreas, ubicado cerca de la represa de Matuya, que hoy está sembrado con palma. Según su relato, a varios de sus compañeros les quemaron los ranchos y a otros los abordaron hombres desconocidos que se han presentado como miembros del Clan Úsuga.

No obstante, la Defensoría del Pueblo solo ha documentado la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varios municipios de los Montes de María. De hecho, ese es el otro factor de riesgo al que están sometidas las comunidades. Las AGC tienen el control de rutas de narcotráfico, para las cuales los municipios de El Carmen de Bolívar y María la Baja son estratégicos, pues les permiten articularse con el golfo de Morrosquillo, entre Sucre y Córdoba, para sacar droga hacia Centroamérica.

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A las AGC se le atribuye en la región lo que desde la Defensoría llaman la racionalización del terror: perros a los que les quitaron la piel han aparecido en los últimos días en El Carmen de Bolívar. Circularon amenazas vía telefónica y por redes sociales. Según la entidad, se trata de una estrategia de dicho grupo ilegal para establecer un control social preventivo. Este escenario recuerda los días previos a la masacre de El Salado, en febrero de 2000.

En la sesión de la Mesa por la Protección a la Vida estarán presentes Carlos Negret, defensor del Pueblo; Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior; Fernando Carrillo, procurador general de la nación, y miembros de la comunidad internacional. El objetivo es evitar que haya desatención a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo frente a los riesgos que están corriendo los líderes sociales en las regiones. “Lo que está pasando en este momento es que desatender una alerta temprana en un territorio termina derivando en el asesinato de líderes sociales”, explicó Carlos Medina, procurador delegado para los derechos humanos.

Por eso, la Procuraduría planteará durante esta sesión que la responsabilidad de la protección de líderes también recaiga sobre los alcaldes y gobernadores de los territorios mencionados en las alertas. De no emprender acciones para garantizar la seguridad de los defensores de derechos humanos, dijo Medina, los mandatarios se verán sometidos a investigaciones disciplinarias.

Entretanto, el llamado de los líderes sociales de los Montes de María es para que el Gobierno Nacional haga presencia integral en el territorio. Que su intervención no se limite a la militarización de la zona, como ocurrió hace pocas semanas en El Salado luego de que se conocieron las amenazas contra varios líderes.