Por un trámite mal hecho, 800 familias desplazadas permanecen sin atención en Ocaña

Unas 800 familias desplazadas en Ocaña (Norte de Santander) se encuentran sin recibir atención estatal. Eso a pesar de que la ley obliga a las entidades del Estado a garantizar unos derechos como la alimentación, el alojamiento y la atención psicosocial.  Yesica Ibañez, profesional universitaria de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y atención a víctimas de la Alcaldía de Ocaña, aseguró que la culpa no ha sido de la administración municipal. “Nosotros tenemos como defendernos porque hay unos documentos que nos respaldan”, aseveró el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas tiene otra versión.

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Ibañez dijo que la Alcaldía le ha pedido a la Nación y a la Gobernación las ayudas debido a que, según ella, el dinero que el municipio tenía destinado para la atención de las víctimas “se agotó”. Esa versión concuerda con la de Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno de la administración. Los funcionarios se quejan de que el gobierno nacional no ha apoyado a Ocaña lo suficiente para atender a todos los desplazados a pesar de que, según ellos, se han hecho todos los trámites para que lleguen las ayudas.

Ocaña padece los estragos la guerra. Desde el 14 de marzo el Eln y el Epl se enfrentan en varios municipios del Catatumbo. Según datos de la administración municipal, unas 1374 familias han llegado a Ocaña en condición de desplazamiento. Los municipios de donde más familias han llegado son: Hacarí, con 260; Teorama, con 411; El Tarra, con 213; Convención, con 214 y San Calixto, con 131. En esos cinco municipios es donde más confrontaciones se han dado entre ambas organizaciones armadas.

La situación es tan crítica que incluso se han presentado choques entre algunas familias desplazadas y la Policía. Así sucedió el 12 de septiembre cuando la Fuerza Pública desalojó a 16 familias de una zona verde del barrio Transparencia 1. Los desplazados habían construido ahí cambuches de lona con techos de zinc debido a la falta de soluciones de vivienda. El 13 de septiembre volvieron a invadir el mismo sector. Y el 20 del mismo mes un juez falló una tutela a favor de las familias y le ordenó a la Unidad de Víctimas garantizarles un albergue en un plazo no mayor de tres meses. La mesa de participación de víctimas ha hecho llegar al Miniserio Público diferentes quejas por la situación de los desplazados en el municipio.

La ley 1448 de 2011 contempla que “la Nación y los departamentos, en su orden, apoyarán a los municipios que presenten menor capacidad institucional, técnica y/o financiera para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades” para la asistencia a las víctimas. Eso es lo que reclama la administración de Ocaña.

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La Unidad para las Víctimas contestó a los cuestionamientos señalando a la Alcaldía por la falta de atención a los desplazados. Según la entidad, efectivamente la administración local hizo la solicitud para que se dieran los apoyos para la atención de los desplazados. El apoyo fue aprobado el 22 de mayo, pero para que se hiciera efectivo la Alcaldía debía cumplir con algunos requisitos contenidos en la resolución 01249 de 2016.

Eso suponía, según dice la Unidad para las Víctimas, que “se informara de manera oficial, mediante las herramientas dispuestas (planillas de solicitudes y oficio remisorio), la relación de los hogares a los que se le entregarían las ayudas humanitarias, describiendo la información completa de todos los integrantes del núcleo familiar y demás información solicitada en ella, así como un oficio suscrito por la alcaldesa donde avala los hogares censados y la remisión de la solicitud a la Unidad”.

La Alcaldía hizo cuatro solicitudes de apoyo para 1076 familias. Sin embargo, según la Unidad para las Víctimas, la información que envió la administración municipal presentaba inconsistencias. Por eso, no se hicieron los giros que había solicitado la Alcaldía. La información presentaba problemas por contener nombres duplicados, números de identificación inexistentes, no reconocer al jefe de hogar y en algunos casos no se logró determinar si las familias hicieron la declaración ante la Unidad para las Víctimas como desplazados.

La entidad asegura que tras los errores, asesoró 12 veces a la Alcaldía para que enviaran bien la información. Según esa institución, algunas asesorías se hicieron de manera telefónica, otras presenciales y otras por correo electrónico. “Infortunadamente a la fecha no se ha logrado que la administración municipal de Ocaña subsane por completo las planillas, impidiendo la colocación de las ayudas a los hogares solicitantes”, aseguró, por medio de un correo electrónico, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE) de la Unidad para las Víctimas.

Ibañez acepta que no lograron que las planillas fueran aceptadas. Argumenta que los errores se pudieron deber a la cantidad de personas que debían ser incluidas en cada matriz. “Reportamos (las familias desplazadas de) abril, mayo, junio y julio. Se enviaron cuatro matrices. Algunas eran de unas 571 familias, otras de doscientas y pico y debíamos meter cada núcleo familiar”, contó en una entrevista realizada el 25 de septiembre.  Sobre las asesorías dijo que en dos ocasiones un funcionario de la Unidad fue a explicarles cómo llenar las planillas. “La persona que delegaron revisó la información y dijo que las matrices estaban bien. Sin embargo, las enviamos y las devolvieron”, puntualizó.

Al preguntarle si dejaron de enviar las planillas tras las veces que se las devolvieron dijo: “Pues… Algo así. Sí, porque la verdad fue desgastante en medio de lo que se está viviendo, el afán de conseguir las cosas y en ese proceso de volver a arreglar y todo eso”. 

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La funcionaria, a pesar de esto, se defendió. Aseguró que la administración municipal y la entidad nacional llegaron al acuerdo de que los desplazados fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas de manera rápida. La inclusión a ese sistema, por ley, se tarda hasta 60 días hábiles. Por ese plazo, es que el primer ente encargado de brindar ayudas humanitarias a los desplazados son las alcaldías de los municipios a donde llegan. “Yo de pronto asumí que la Unidad estaba aportando esas ayudas por el hecho de incluir a la gente de manera inmediata, más rápida”, reconoció Ibañez. Sin embargo, Colombia2020 pudo constatar que algunas víctimas desplazadas en julio no han sido incluidas, por lo cual no reciben ayuda ni de la Unidad de Víctimas, ni de la Alcaldía.

Ibañez dijo que presentaron una solicitud ante la Unidad para que lleguen algunos mercados al municipio. Según la funcionaria, la otra semana podrían ser repartidos entre las familias que se desplazaron en agosto y septiembre porque, según ella, la mayoría de quienes se desplazaron entre abril y julio ya fueron atendidos. Colombia2020 habló con Elizabeth Vergel, desplazada en Ocaña desde julio, quien aseguró que sólo ha recibido un mercado en estos dos meses. Las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo han pedido que la atención de Vergel y otras dos familias desplazadas sean priorizadas, debido al estado de vulnerabilidad de varios niños. Sin embargo, el Estado tampoco a garantizado sus derechos.

La personera del municipio, Diana Martinez, contó que tiene 12 quejas de familias que no han recbido la atención humanitaria. En su despacho tiene un formato con el que espera recoger más casos que luego enviará a la Procuraduría. Además, el pasado viernes 21 de septiembre le envió un oficio a la Gobernación y a la Unidad para las Víctimas en el que les pide a ambas entidades responder cómo ha sido el apoyo que le han brindado a la Alcaldía de Ocaña. Al preguntarle por qué no ha iniciado indagación en contra de algún funcionario de la administración municipal respondió: “Yo puedo iniciar indagaciones, pero yo sé que el titular es la alcaldesa (Miriam Prado) y es ella la encargada de procurar la atención a las víctimas”. Sobre la mandataria solo recae el poder discplinario de la Procuraduría, la Personería no tiene fuero sobre ella.  

Mientras se resuelven todos los trámites, cientos de familias se rebuscan día a día el dinero para alimentación y una vivienda, recursos que las entidades estatales, por ley, deberían entregarles. A eso se suma, que la guerra en el Catatumbo sigue activa.

Unas 800 familias desplazadas en Ocaña (Norte de Santander) se encuentran sin recibir atención estatal. Eso a pesar de que la ley obliga a las entidades del Estado a garantizar unos derechos como la alimentación, el alojamiento y la atención psicosocial.  Yesica Ibañez, profesional universitaria de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y atención a víctimas de la Alcaldía de Ocaña, aseguró que la culpa no ha sido de la administración municipal. “Nosotros tenemos como defendernos porque hay unos documentos que nos respaldan”, aseveró el pasado 18 de septiembre. Sin embargo, la Unidad para las Víctimas tiene otra versión.

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Ibañez dijo que la Alcaldía le ha pedido a la Nación y a la Gobernación las ayudas debido a que, según ella, el dinero que el municipio tenía destinado para la atención de las víctimas “se agotó”. Esa versión concuerda con la de Juan Pablo Bacca, secretario de Gobierno de la administración. Los funcionarios se quejan de que el gobierno nacional no ha apoyado a Ocaña lo suficiente para atender a todos los desplazados a pesar de que, según ellos, se han hecho todos los trámites para que lleguen las ayudas.

Ocaña padece los estragos la guerra. Desde el 14 de marzo el Eln y el Epl se enfrentan en varios municipios del Catatumbo. Según datos de la administración municipal, unas 1374 familias han llegado a Ocaña en condición de desplazamiento. Los municipios de donde más familias han llegado son: Hacarí, con 260; Teorama, con 411; El Tarra, con 213; Convención, con 214 y San Calixto, con 131. En esos cinco municipios es donde más confrontaciones se han dado entre ambas organizaciones armadas.

La situación es tan crítica que incluso se han presentado choques entre algunas familias desplazadas y la Policía. Así sucedió el 12 de septiembre cuando la Fuerza Pública desalojó a 16 familias de una zona verde del barrio Transparencia 1. Los desplazados habían construido ahí cambuches de lona con techos de zinc debido a la falta de soluciones de vivienda. El 13 de septiembre volvieron a invadir el mismo sector. Y el 20 del mismo mes un juez falló una tutela a favor de las familias y le ordenó a la Unidad de Víctimas garantizarles un albergue en un plazo no mayor de tres meses. La mesa de participación de víctimas ha hecho llegar al Miniserio Público diferentes quejas por la situación de los desplazados en el municipio.

La ley 1448 de 2011 contempla que “la Nación y los departamentos, en su orden, apoyarán a los municipios que presenten menor capacidad institucional, técnica y/o financiera para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades” para la asistencia a las víctimas. Eso es lo que reclama la administración de Ocaña.

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La Unidad para las Víctimas contestó a los cuestionamientos señalando a la Alcaldía por la falta de atención a los desplazados. Según la entidad, efectivamente la administración local hizo la solicitud para que se dieran los apoyos para la atención de los desplazados. El apoyo fue aprobado el 22 de mayo, pero para que se hiciera efectivo la Alcaldía debía cumplir con algunos requisitos contenidos en la resolución 01249 de 2016.

Eso suponía, según dice la Unidad para las Víctimas, que “se informara de manera oficial, mediante las herramientas dispuestas (planillas de solicitudes y oficio remisorio), la relación de los hogares a los que se le entregarían las ayudas humanitarias, describiendo la información completa de todos los integrantes del núcleo familiar y demás información solicitada en ella, así como un oficio suscrito por la alcaldesa donde avala los hogares censados y la remisión de la solicitud a la Unidad”.

La Alcaldía hizo cuatro solicitudes de apoyo para 1076 familias. Sin embargo, según la Unidad para las Víctimas, la información que envió la administración municipal presentaba inconsistencias. Por eso, no se hicieron los giros que había solicitado la Alcaldía. La información presentaba problemas por contener nombres duplicados, números de identificación inexistentes, no reconocer al jefe de hogar y en algunos casos no se logró determinar si las familias hicieron la declaración ante la Unidad para las Víctimas como desplazados.

La entidad asegura que tras los errores, asesoró 12 veces a la Alcaldía para que enviaran bien la información. Según esa institución, algunas asesorías se hicieron de manera telefónica, otras presenciales y otras por correo electrónico. “Infortunadamente a la fecha no se ha logrado que la administración municipal de Ocaña subsane por completo las planillas, impidiendo la colocación de las ayudas a los hogares solicitantes”, aseguró, por medio de un correo electrónico, la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE) de la Unidad para las Víctimas.

Ibañez acepta que no lograron que las planillas fueran aceptadas. Argumenta que los errores se pudieron deber a la cantidad de personas que debían ser incluidas en cada matriz. “Reportamos (las familias desplazadas de) abril, mayo, junio y julio. Se enviaron cuatro matrices. Algunas eran de unas 571 familias, otras de doscientas y pico y debíamos meter cada núcleo familiar”, contó en una entrevista realizada el 25 de septiembre.  Sobre las asesorías dijo que en dos ocasiones un funcionario de la Unidad fue a explicarles cómo llenar las planillas. “La persona que delegaron revisó la información y dijo que las matrices estaban bien. Sin embargo, las enviamos y las devolvieron”, puntualizó.

Al preguntarle si dejaron de enviar las planillas tras las veces que se las devolvieron dijo: “Pues… Algo así. Sí, porque la verdad fue desgastante en medio de lo que se está viviendo, el afán de conseguir las cosas y en ese proceso de volver a arreglar y todo eso”. 

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La funcionaria, a pesar de esto, se defendió. Aseguró que la administración municipal y la entidad nacional llegaron al acuerdo de que los desplazados fueran incluidos en el Registro Único de Víctimas de manera rápida. La inclusión a ese sistema, por ley, se tarda hasta 60 días hábiles. Por ese plazo, es que el primer ente encargado de brindar ayudas humanitarias a los desplazados son las alcaldías de los municipios a donde llegan. “Yo de pronto asumí que la Unidad estaba aportando esas ayudas por el hecho de incluir a la gente de manera inmediata, más rápida”, reconoció Ibañez. Sin embargo, Colombia2020 pudo constatar que algunas víctimas desplazadas en julio no han sido incluidas, por lo cual no reciben ayuda ni de la Unidad de Víctimas, ni de la Alcaldía.

Ibañez dijo que presentaron una solicitud ante la Unidad para que lleguen algunos mercados al municipio. Según la funcionaria, la otra semana podrían ser repartidos entre las familias que se desplazaron en agosto y septiembre porque, según ella, la mayoría de quienes se desplazaron entre abril y julio ya fueron atendidos. Colombia2020 habló con Elizabeth Vergel, desplazada en Ocaña desde julio, quien aseguró que sólo ha recibido un mercado en estos dos meses. Las Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo han pedido que la atención de Vergel y otras dos familias desplazadas sean priorizadas, debido al estado de vulnerabilidad de varios niños. Sin embargo, el Estado tampoco a garantizado sus derechos.

La personera del municipio, Diana Martinez, contó que tiene 12 quejas de familias que no han recbido la atención humanitaria. En su despacho tiene un formato con el que espera recoger más casos que luego enviará a la Procuraduría. Además, el pasado viernes 21 de septiembre le envió un oficio a la Gobernación y a la Unidad para las Víctimas en el que les pide a ambas entidades responder cómo ha sido el apoyo que le han brindado a la Alcaldía de Ocaña. Al preguntarle por qué no ha iniciado indagación en contra de algún funcionario de la administración municipal respondió: “Yo puedo iniciar indagaciones, pero yo sé que el titular es la alcaldesa (Miriam Prado) y es ella la encargada de procurar la atención a las víctimas”. Sobre la mandataria solo recae el poder discplinario de la Procuraduría, la Personería no tiene fuero sobre ella.  

Mientras se resuelven todos los trámites, cientos de familias se rebuscan día a día el dinero para alimentación y una vivienda, recursos que las entidades estatales, por ley, deberían entregarles. A eso se suma, que la guerra en el Catatumbo sigue activa.