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En una reciente decisión, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería reconoció que las 862 hectáreas que la familia Cabrales consiguió a través de vías judiciales en Córdoba no son de su propiedad porque en realidad son baldíos de la Nación, como lo denunció en febrero la organización Dejusticia y el portal periodístico Verdad Abierta. La decisión ya fue impugnada y afecta al actual embajador de Colombia en República Dominicana, Daniel Alberto Cabrales Castillo (exsenador de la República por el Centro Democrático para el periodo 2014-2018), a su padre, Manuel Prisciliano Cabrales Lacharme y a dos de sus hermanos, María Patricia y Cristóbal José.
Esto quiere decir que los 13 predios en las veredas Alto Viento y El Ratón, del corregimiento San Felipe de Cadillo, en Tierralta (Córdoba), a los que se hicieron la familia Cabrales, en los años de control paramilitar en la región, y a través de una figura jurídica que se conoce como “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio”, realmente son predios del Estado.
Es decir, según el Tribunal, son tierras imprescriptibles y que están por fuera del comercio. Por lo tanto, no es suficiente que una persona acredite que los ha ocupado o explotado por años para que se les reconozca su propiedad, a menos de que una autoridad agraria verifique que se trata de una persona sujeta de reforma agraria: un campesino sin tierra o con tierra insuficiente, y por eso se los adjudique.
Pero este no sería el caso, como dijo la Agencia Nacional de Tierras (ANT), luego de que se conociera esta investigación. Por esa razón, la ANT instauró una acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Montería, que el 1 de septiembre de 2009 acreditó su propiedad a los Cabrales, por considerar que ese despacho judicial vulneró los derechos de la Nación.
(También lea: Las maniobras que habrían usado particulares para apoderarse de baldíos)
En ese sentido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería le acaba de dar la razón a la ANT, en este fallo de primera instancia que deberá revisar la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, al reconocer que “los predios no contaban con antecedentes registrales y en consecuencia carecían de titulares de derecho de dominio. El juez pasó por alto los elementos de juicio para pensar, razonablemente, que los inmuebles inmersos en el proceso podrían tratarse de uno o varios baldíos”, dice la sentencia.
Consultado por este diario, el abogado de la familia Cabrales, William Quintero Villarreal, argumentó que se impugnó la decisión por varias razones. Una de ellas procedimentales, como por ejemplo, la falta de inmediatez en la presentación de la tutela. “Aunque la ley no establece el lapso que debe pasar, se estipula de que un tiempo prudencial. Esa sentencia que quieren derogar es del año 2009, o sea estamos hablando de once años después. Ellos alegan que solamente se enteraron de la sentencia con una publicación de la revista Verdad Abierta del 20 de febrero de este año. Nosotros no estuvimos de acuerdo con eso por la razón de que el señor Prisciliano Cabrales había presentado en 2017 a la Agencia Nacional de Tierras una solicitud de venta voluntaria de esos predios. La agencia al hacer el estudio jurídico de la propuesta determinó que no era viable porque se presentaba la discusión de que eran o no baldíos esos predios, por lo tanto, rechazaron la oferta voluntaria. En ese orden de ideas, de 2017 a 2020 han pasado ya tres años para que ellos pudiesen alegar en este momento que solo se enteraron a partir de la publicación periodística”, comentó Quintero.
Sobre la discusión de fondo, alrededor de si sus defendidos podrían probar a quiénes les compraron cada uno de esos predios de 860 hectáreas, Quintero señaló que “la tutela es para que el juez que emitió la sentencia en 2009 vuelva a retomar el caso y estudie a ver si es baldío o no”. El padre del embajador ya había acudido al juzgado de Montería con el fin de demostrar la buena fe en la compra en 2003 de las “mejoras” de esas tierras, que campesinos ocupaban aunque no tenían títulos de propiedad. “La historia es que esas tierras estaban colonizadas, ahí existían colonizadores. Ahí había personas que tenían más 30, 35 años de estar en posesión de esas tierras y las estaban explotando económicamente. Cuando llegan estos señores a la zona, en el 2003, cogen y presentan la oferta de compra de esos predios y efectivamente cada persona que estaba interesada en el área le vendió a la familia Cabrales”, dice sobre el tema Quintero. Pero el contexto de violencia en la región en esos años sería adverso a esa hipótesis.
De hecho, según una investigación de Dejusticia y el grupo de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional que está en curso, la mayoría de legalizaciones de tierras baldías (solo en Córdoba hay 3.442 casos), con extensiones de tierra de más de 100 hectáreas, se concentraron en municipios de Córdoba, como Montelivano, Puerto Libertador, Ayapel y Tierralta en los años más duros de la violencia y control paramilitar.
“La mayoría de los casos, el 57%, ocurrieron entre 2008 y 2013, en pleno rearme de grupos paramilitares. Sin embargo, entre 1999 y 2000, la entrega de tierras por medio de jueces civiles se incrementó en un 409%. Es decir, los jueces subieron de 273 hectáreas a 1.117 hectáreas entregadas a particulares y ese periodo es importante porque lo que ha mostrado hasta ahora la Unidad de Restitución de Tierras es que el despojo tuvo un pico en esa fecha. Las fuerzas paramilitares en asoció con élites políticas y ganaderos de esa región ya habían cooptado el poder público y las entidades estatales en esos municipios”, dice el documento que Dejusticia y la Universidad Nacional presentaron ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
(Vea: Así va el Acuerdo de Paz: la deuda con la Reforma Rural Integral)
Incluso, según las declaraciones de los propios paramilitares en Justicia y Paz, Salvatore Mancuso, en el pacto de Granda, firmado en marzo de 2000 en Tierralta, ya habría definido quiénes serían los alcaldes de ese municipio en los tres periodos siguientes: Sigifredo Senior (Partido Liberal), Humberto Santos Negrete (Movimiento Colombia Viva) y Aníbal Ortiz Naranjo (Partido Liberal).
También se ha probado judicialmente que lo mismo pasó a nivel departamental. El caso más sonado fue el del exgobernador de Córdoba y Representante a la Cámara por la misma región, Juan Manuel López Cabrales. Un político del Partido Liberal que firmó el pacto de Ralito (pacto secreto, firmado en el año 2002 entre jefes paramilitares y más de cincuenta políticos de diferentes regiones aliadas con este poder criminal) y luego fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por concierto para delinquir en el proceso conocido como “parapolítica”.
“Ese señor es familiar lejano de Manuel Prisciliano y de Daniel Cabrales (el embajador en República Dominicana)”, le dijo un líder de la región a este medio, cosa que también confirmó el abogado William Quintero Villarreal. “En esos años, lo que se registró en Córdoba fue un despojo legal, a través de jueces y sometiendo a entidades como el Incora. En Tierralta, específicamente, en el año en que Manuel Prisciliano le compró a los campesinos, las sentencias de restitución muestran que los paramilitares, o a través de testaferros, dirigieron toda su acción, y así lo reconoció Salvatore Mancuso en su versión ante Justicia y Paz, con el objetivo de quitarles a los campesinos las tierras que habían recibido del Incora como parte de la reforma agraria”, concluye la investigación de Dejusticia y la Universidad Nacional.
(Lea una columna al respecto: Una reforma rural que no arranca)