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El pueblo indígena guna dule de Arquía está ubicado en una de las fronteras con Panamá, en el municipio de Unguía (Chocó). Su territorio colinda con el resguardo indígena Púcuro y Paya, en territorio panameño. Cuando no hay lluvias ni percances, atravesar el camino que divide ambas comunidades puede tomar entre día y medio o dos días caminando.
Es una trocha directa y de las menos peligrosas para llegar hasta Panamá desde Colombia y, desde noviembre de 2022, los indígenas binacionales de esas comunidades advirtieron que sus pasos empezaron a ser utilizados por migrantes de manera ilegal.
De hecho, el 1.° de diciembre pasado, hacia las 9 a.m., ocho indígenas de esa comunidad fueron detenidos por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) mientras pasaban la vía al mismo tiempo que un grupo de migrantes. Las autoridades de ese país los acusaron de tráfico de personas y, en hechos todavía confusos que son materia de investigación, uno de los líderes, que en Colombia es guardia indígena, terminó herido por un disparo por parte de la fuerza pública de ese país. Eso lo confirmaron las mismas autoridades panameñas, quienes explicaron después que un oficial había disparado porque uno de los indígenas habría intentado agredirlo.
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Los ocho detenidos fueron procesados por las autoridades y trasladados hasta Ciudad de Panamá para oficializar su captura. Desde entonces, permanecen retenidos en la prisión de La Joyita, donde esperan, desde hace casi tres meses, que la justicia presente pruebas contra ellos. Sus nombres son Calixto Poyato Ramírez, Iván Pizarro, Leonel Álvarez Chovil, Orley Gutiérrez, Yoliver Echeverry, Francisco Campillo, Jaime Chovil y Luis Alberto Garrido.
Las autoridades panameñas aseguran tener evidencia de que los indígenas habían pasado la trocha ese día para acompañar el paso de migrantes haciendo las veces de “coyotes”. Sin embargo, Colombia+20 conoció la grabación de la audiencia de imputación de cargos realizada el 7 de diciembre en la que dos migrantes detenidos junto a los indígenas niegan que ellos tuvieran relación con su paso ilegal.
Los indígenas señalados de ser “coyotes”
En esa audiencia, una de las mujeres migrantes detenidas niega que los indígenas tuvieran relación con el paso de los migrantes. Asegura que el pago se lo realizaron a un hombre al que llamaban el “Flaco” desde el municipio de Turbo (Antioquia).
“Cuando empezamos a pasar la trocha le pagamos a un guía, que le decían el ‘flaco’ y venía con nosotros desde Turbo. Nos cobró US$450 por pasar hasta Panamá”. Cuando la fiscal le preguntó si los ocho indígenas detenidos junto a ellos tenían algo que ver, ella respondió: “Nosotros no les pagamos a ellos directamente. No sabemos en qué momento aparecieron, ellos iban adelante de nosotros hacia otro lugar. Inicialmente íbamos solos”.
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Aunque no hay claridad de si los ocho detenidos habrían sido utilizados por los “guías” para acompañar el paso de los indígenas, esa comunidad se defiende asegurando que ese día tenían programada una visita a la frontera para verificar la situación en una choza que, según la comunidad, incineró Senafront.
La comunidad indígena también suministró documentos que respaldan esa versión y muestran que el resguardo había emitido el 30 de noviembre salvoconductos y permisos para que una comisión de 64 indígenas llegara hasta la frontera a verificar el estado de la choza en el sector de Payita.
Según un acta de reunión de esa comunidad, la casa que habría sido incinerada llevaba más de 22 años de construida y pertenecía a tres comunidades binacionales.
Este es el acta de la reunión que llevaron a cabo los indígenas el 30 de noviembre en la que pactaron consolidar un comité para la reconstrucción de la choza incinerada:
Tenía como finalidad “seguir nuestro legado ancestral de los abuelos que utilizaron la casa de paso en busca de realizar cacería, medicinas tradicionales y actividades culturales, entre otras”. Por eso, el 30 de noviembre el cacique Hilario Ramírez y el secretario general Nelson Yabur autorizaron a una comisión para que, al día siguiente (1.° de diciembre), fuera a verificar el lugar y consolidara un plan de reconstrucción. José Quiroga, asesor jurídico del resguardo de Arquía, explica que la comunidad tule viene denunciando procedimientos irregulares desde ese día. “Lo primero que sucedió fue que, el 27 de noviembre, Senafront llegó hasta la frontera y quemó una choza que servía como lugar de encuentro para los indígenas de ambos países. Dicen que la quemaron porque ese era un lugar de encuentro de migrantes para gestionar cobros por pasar al otro país”.
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La trocha sagrada
Belisario Garrido, cacique de la comunidad, explica que aunque son un pueblo binacional, “siempre que vamos a estar en la frontera emitimos unos permisos para que la fuerza pública sepa con qué fin estamos cruzando”.
Por la autonomía que tienen los pueblos indígenas en ambos países, el documento al que se refiere fue expedido por las máximas autoridades étnicas del resguardo el 30 de noviembre y les concedía permiso para transitar hacia los pueblos indígenas panameños hasta el 5 de diciembre “con el objetivo de construcción de casa de paso en Payita. De igual forma, certificamos que algunos miembros son dueños de escopetas, caballos, yeguas y mulos”, dice el papel.
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Sin embargo, ese día, según los habitantes del resguardo de Arquía, cuando la comisión delegada por las autoridades se desplazaba hacia la choza escucharon unos disparos en la zona cercana a la frontera. “En total iban 64 indígenas pasando, pero ocho de ellos iban liderando en la parte de adelante y los otros al final del camino. Ellos llevaban sus salvoconductos para presentar a la fuerza pública si los paraban”, relata el cacique Garrido.
Fueron miembros de una comunidad del lado panameño los que pudieron acercarse más rápidamente hasta la frontera y quienes habrían verificado la situación de los indígenas con Senafront. Esa entidad, en respuesta a este diario, contestó que ocho colombianos “fueron detectados movilizando a un grupo de 60 migrantes por la selva darienita (…) Se les imputó cargos por delito contra la humanidad en modalidad de tráfico ilícito de migrantes, decretándoles medida de detención provisional de seis meses mientras duren las investigaciones”.
Lo contradictorio de esta versión es que las autoridades de ese país reseñaron como migrantes a los otros 60 indígenas que iban en la comisión, cuyos nombres aparecen en los salvoconductos emitidos por las autoridades étnicas. La institución también reconoció que en medio de la retención uno de los oficiales le disparó a uno de los indígenas. “Uno de estos delincuentes intentó agredir con un machete a nuestras unidades que, viendo amenazas a su integridad, usó su arma de fuego impactándolo en el pie”.
El indígena que fue herido en medio de la detención es Calixto Poyato Ramírez, reconocido por la comunidad de Arquía como un guardia indígena. Héctor Huertas, abogado panameño que lleva el caso ante las autoridades, señala que el caso de Poyato es el más grave porque a pesar de que le dieron los primeros auxilios no han podido verificar su estado de salud. “Lo único que nos han hecho llegar es una fotografía de él en la cárcel donde se le ve con un yeso en la pierna, pero hasta donde sabemos no ha tenido acceso a controles médicos ni a medicinas”.
Desde que se presentó el caso, las autoridades étnicas de ambos países han intentado intervenir solicitando que los ocho procesados puedan pasar su detención en territorios indígenas, apelando a su derecho de ser investigados también por la justicia propia. El 15 de diciembre de 2022, Fidel Díaz, cacique de la comunidad guna en Panamá, le envío una carta al juez de cumplimiento de Darién en la que le informa que hay ocho personas que ofrecieron sus casas para preservar la detención en territorio indígena panameño. Sin embargo, según el abogado, nunca llegó una respuesta y por eso permanecen en la cárcel Joyita.
Una de las pruebas con la que se defienden los indígenas es un documento emitido el 4 de noviembre de 2022, casi un mes antes de los hechos, en los que la comunidad dule de Arquía había advertido al Ministerio de Relaciones Exteriores, Gobernación del Chocó, Defensoría del Pueblo, Alcaldía del municipio de Unguía y Migración sobre el paso irregular de migrantes a través de lo que ellos denominan su camino sagrado.
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“Somos conscientes de que una de las mejores rutas para realizar el cruce de la frontera hacia Panamá es nuestro camino ancestral que por años hemos utilizado para el intercambio económico y cultural con nuestros hermanos de Paya y Púcuro”. En ese documento son enfáticos en decir que no van a cerrar el paso ni tampoco van a impedir el paso de migrantes, pero piden a las autoridades que lleguen hasta esta zona para verificar la situación. “Solicitamos que nuestra comunidad no sea señalada de participar en conductas relacionadas con el tráfico de migrantes; se trata de una decisión de carácter humanitario”.
Pero ese documento, que según la comunidad de Arquía tenía como finalidad advertir a las autoridades colombianas, podría ser usado en su contra. Una fuente de Senafront aseguró que en ese comunicado, además de advertir que permitirán el paso de migrantes como “una decisión de carácter humanitario”, también mencionan que harán unos cobros de manutención a la población de paso que llegue hasta allí. “Hemos acordado que sea nuestra comunidad, a través de un comité, la que brinde los servicios que los migrantes requieran durante su paso por nuestro territorio mediante un pago justo, de acuerdo con el servicio brindado”.
Sobre esa alerta, el cacique Garrido dijo que “lo que nosotros pretendíamos decir ahí es que a nuestro territorio han empezado a entrar migrantes desde el año pasado y no podemos impedirlo, porque no podemos cerrar ese paso, entonces lo que ofrecíamos era brindar alimentación y hospedaje, pero no nos comprometimos a acompañarlos a pasar por el camino sagrado. Fueron malos entendidos”. Reiteró que, de haber tenido intención de lucrarse con la crisis migratoria, no habrían dirigido ese oficio advirtiendo a las autoridades colombianas como Migración Colombia y la Cancillería.
El Espectador consultó a Migración, Cancillería y la Gobernación del Chocó para saber cuál fue su respuesta a ese oficio emitido el 4 de noviembre, pero hasta el cierre de esta edición las dos primeras entidades no habían entregado una respuesta. Por su parte, la oficina de prensa de la Gobernación contestó: “Estamos en estos momentos en una situación administrativa difícil, entonces está difícil conseguir esa información”.
El abogado Huertas, quien lleva el caso ante la justicia de Panamá, aseguró que le preocupan las dilaciones en el caso. “Nuestro sistema judicial es de los más lentos de la región. Hay audiencias que están programadas para el año 2027 por la congestión que tienen los jueces”. A los ocho capturados se les decretaron seis meses de detención preventiva y su petición a las autoridades es que les permitan pasar los tres meses restantes de detención en un resguardo indígena de cualquiera de los dos países mientras definen su supuesta responsabilidad en el hecho.
