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El asesinato de tres líderes de la Unión Patriótica (UP), la violencia sexual contra una adolescente de 14 años y las amenazas de los paramilitares al mando de Hebert Veloza, conocido como HH, hacen parte de la memoria de seis familias que vivían en unas parcelas en la vereda Casanova de Turbo (Antioquia). En 2015, los campesinos empezaron a presentar solicitudes de restitución porque, aseguran, malvendieron sus terrenos debido al miedo que les impusieron los violentos. Una resolución de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) le dio la razón a los parceleros y desestimó los argumentos de la empresa Sociedad Portuaria de Urabá (Pisisí S.A), que pretende construir un puerto internacional en esos terrenos, según los cuales no hubo despojo de tierras.
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“Se acreditó que los seis solicitantes sufrieron daños por hechos ocurridos como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y/o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, lo cual derivó en el abandono y posterior despojo de los fundos solicitados”, se lee en el documento fechado el 31 de diciembre.
La resolución da cuenta de que las familias salieron de los predios luego de los asesinatos de Candelario Pérez, exsecretario del Concejo municipal de Turbo, en 1990; Hoover Quintero, en 1993, y Luis Eduardo Cubides, exconcejal del mismo municipio, en 1996. Los tres eran militantes de la UP. “Los que están reclamando hoy son las viudas y los huérfanos de ellos”, puntualizó Gerardo Vega, director de la fundación Forjando Futuros, organización que representa legalmente a las seis familias.
Las familias habían llegado a esos terrenos como producto de una invasión de tierras que auspiciaron Pérez, Quintero y Cubides, un fenómeno que se extendió por la región de Urabá y, por medio del cual, fueron fundados varios barrios para familias de bajos recursos en municipios como Turbo y Apartadó. En total, ocuparon un terreno de 30 hectáreas que parcelaron y empezaron a sembrar papaya, arroz, yuca, entre otros productos agrícolas.
Estando allá arreció la violencia contra los integrantes de la UP, partido que había sido creado en 1984 producto de las conversaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc. El genocidio contra esa colectividad se perpetró, en gran medida, en Urabá, donde, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, murieron un tercio del total de víctimas. El documento de la URT pone de presente que solamente en 1996 fueron asesinados 21 integrantes de esa colectividad en Turbo.
El control paramilitar en el sector aledaño a las parcelas que reclaman los campesinos quedó documentado en el documento de la URT, en el que se reconoce que las familias fueron víctimas “de amenazas, persecución política, homicidios, desplazamiento forzado y violencia sexual, sufridos en virtud de su vínculo con las parcelas objeto de solicitud y por la condición de líderes políticos de la Unión Patriótica de algunos de sus miembros”. Tras sufrir esos crímenes las seis familias salieron del lugar.
Luego de ir y volver, algunos decidieron vender sus parcelas ante el temor que tenían por la presencia de los grupos paramilitares. Incluso, Hebert Veloza, excomandante paramilitar en Urabá, confesó en el Tribunal Justicia y Paz, en el que se juzgaron a los miembros de las AUC, que hombres de su estructura criminal asesinaron a Cubides. En 2015, luego de varios años de las ventas de las familias de Casanova, la Sociedad Portuaria de Urabá adquirió esas tierras para construir un puerto que movilizaría más de un millón y medio de toneladas al año.
La defensa de la empresa
Teofilo Lemos, gerente de la Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A, en conversación con Colombia 2020, se declaró sorprendido frente a la decisión que tomó la URT de incluir las seis parcelas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Sociedad Portuaria de Urabá Pisisí S.A cuenta con participación de capitales estadounidenses, españoles y colombianos.
“Se quiere mostrar ahora como si los despojadores fuéramos nosotros cuando yo, que fui el fundador de Pisisí, en esa época (cuando sucedieron los hechos violentos) tenía 14 años”, aseguró Lemos. Vega coincide al decir que “no podemos decir que como empresa Pisisí fue la causante de esas violaciones de derechos humanos”, pero, agregó, “sí están invirtiendo en una zona donde hubo una violencia generalizada”.
Lemos también señaló que la decisión de la URT se dio en medio “de un proceso lleno de irregularidades”. El gerente culpa a Dayra Reina Hernández, exdirectora de la territorial Urabá de la URT, de buscar perjudicar a Pisisí con el fin de favorecer a los inversionistas de Puerto Antioquia, otra obra portuaria en la región a la que se refiere como “la competencia”. “Cuando ella fue a notificarnos a nosotros tenía nuestro correo, tenía todos nuestros datos y fue y pegó la notificación en un palo en el predio, eso es actuar de mala fe”, relató. Reina Hernández trabajó para la empresa Agrícola Santa María SAS, propiedad de Jaime Henriquez Gallo, empresario que es el socio mayoritario de Puerto Antioquia. La funcionaria se declaró impedida, pero Lemos opinó que lo hizo en una estancia muy avanzada del proceso. La empresa presentó una queja disciplinaria en contra de Reina Hernández en la Procuraduría. Contactamos a la URT, entidad que decidió no pronunciarse frente a esos señalamientos.
“Nosotros como proyecto no tenemos la culpa de que hayan asesinado a los de la UP hace 30 años. El que tiene que repararlos es el Estado, no nosotros. A Candelario Pérez lo mataron en el 90 y la señora vendió el predio en el 2003, 13 años les duró el susto. Al señor Hoover Quintero lo mataron en el 93 y la señora vendió el predio en el 2003, eso no es coherente”, enfatizó Lemos cuestionando los motivos por los que las seis familias salieron de los predios. Además, señaló a los reclamantes de vender predios que pertenecían al Estado. “El juez se va a dar cuenta que en 1995 esos predios fueron objeto de extinción de dominio por parte del Incora de la época y las personas que están reclamando estaban ahí”, agregó.
“Ha habido una agresión permanente que la consideramos una amenaza porque siempre ha pasado así: primero tratan de desacreditar, luego amenazan, desplazan y asesinan. Eso tiene que parar”, advirtió Gerardo Vega, quien además dijo que ha habido hostigamiento por redes sociales a las familias diciendo que son falsas víctimas. Colombia2020 conoció un video que circuló por Whatsapp en el cual desacreditan a las víctimas. Le preguntamos a Lemos si la empresa tenía algo que ver con la elaboración de esa pieza y aseguró que no.
Al preguntarle a Lemos qué significa la decisión de la URT para el proyecto dijo que “esto puede llegar a cancelar el proyecto porque los inversionistas están cabreados”. También consultamos a la Agencia Nacional de Infraestructura, entidad que debe entregar la concesión portuaria para que arranque la construcción, y respondieron: “Hasta tanto no se tenga certeza sobre el asunto (de la disponibilidad de los predios) el contrato de concesión portuaria no será suscrito”. Según la página de Pisisí, la operación del puerto debía empezar en 2018, pero los trámites están frenados a la espera que se defina la situación de la tierra.
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El representante de las seis familias enfatizó que “las víctimas no están en contra de la construcción del puerto, pero buscan que se les repare, que su nombre sea restablecido y que se les restituyan las tierras a través de compensación, de las mismas parcelas o económicamente”. También aseguró que es posible encontrar puntos comunes entre víctimas y empresarios, pero concluyó que “la inversión extranjera no puede ponerse por encima de todas esas violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.