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En la mañana de este miércoles, desde la base militar de Tolemaida (Cundinamarca), el presidente Iván Duque lanzó la Política de Seguridad y Defensa (PSD) de su gobierno. ¿Se parece en algo a la Política de Seguridad Democrática (PSD) que lanzó en 2003 quien es su mentor en la política, el expresidente Álvaro Uribe? El Espectador revisó ambos documentos, y aunque hay asuntos que preocupan al gobierno Duque que no fueron mencionados por el de Uribe —por ejemplo, la protección de los recursos naturales desde el sector defensa—, sus lineamientos en esta materia coinciden más de una vez.
Zonas especiales
El gobierno Uribe las llamó “zonas de rehabilitación y consolidación”. El gobierno Duque, “Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII)”. Ambas con un mismo propósito: reducir los factores de inestabilidad en áreas de complejo orden público. En el período Uribe se trataba especialmente de aumentar el pie de Fuerza Pública, y el plan comenzó en los Montes de María, en Sucre y en Arauca, regiones que, para el comienzo de la era Uribe, venían de sufrir fuertemente con la violencia tanto guerrillera como paramilitar.Lea: El riesgo de armar a civiles
Las ZEII “son espacios del territorio con ausencia o déficit de legalidad; vacíos de institucionalidad o con una precaria presencia estatal”, y en algunas de ellas puede, además, haber “importantes reservas de recursos naturales”. Allí, el gobierno Duque también piensa reforzar la presencia de la Fuerza Pública: “La intervención integral en estas zonas estará precedida del despliegue de unidades de las Fuerzas Militares y de Policía, y será acompañada por la acción unificada del Estado, que contribuirá a eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad”.
Planes en las fronteras
“Hay que cerrar las fronteras al delito y a los delincuentes (…) Los esfuerzos binacionales y multinacionales se proponen denegar las fronteras al delito transnacional y al terrorismo”, expresa el gobierno Duque en su Política de Seguridad y Defensa. “El Gobierno buscará una cooperación más estrecha con los países vecinos, para evitar el abuso de los territorios fronterizos por parte de las organizaciones terroristas y de narcotráfico”, señaló la administración Uribe hace más de 15 años.La propuesta del presidente Duque habla de los “Planes binacionales de seguridad fronteriza” suscritos con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil. Venezuela, país con el que Colombia comparte la mayor de sus líneas fronterizas (2.219 kilómetros), no hace parte de esta estrategia. Para el gobierno Uribe, también era clave fortalecer y ampliar las comisiones bilaterales fronterizas.
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Civiles delatores
Para ambos gobiernos, involucrar a la población civil es esencial para acabar con las amenazas a la seguridad. Con Uribe, era la Red de Cooperantes: “Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando información que permita la prevención y la persecución del delito”.En la era Duque, se llama Red de Participación Cívica, que opera bajo el lema “La seguridad es un asunto de todos”. En ambos casos se promueve la comunicación permanente entre ciudadanos y autoridades. “Una comunidad es más segura si sus miembros son capaces de organizarse, comunicarse y reaccionar ante un riesgo o una amenaza”, señala la Política de Defensa y Seguridad del mandatario Duque, quien en Tolemaida aseguró que para el fin de año se espera que esta red tenga un millón de integrantes.
Narcotráfico y cárcel
Recién posesionado, el presidente Uribe dijo al explicar la Política de Seguridad Democrática que “las reformas a la política criminal incluirán la abolición de la excarcelación para crímenes como el narcotráfico”. Es decir, su propósito era que la gente condenada por comercialización de estupefacientes se quedara en prisión por mucho tiempo.
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El presidente Duque, por su parte, señaló que también tiene intención de abordar la problemática del narcotráfico desde la cárcel. Para empezar, indicó que “el Gobierno proscribirá la conexidad de los delitos relacionados con el narcotráfico con el delito político”. Por esa vía, exguerrilleros de las Farc que no han cometido delitos de lesa humanidad, han logrado evadir la cárcel. El jefe de Estado, sin embargo, no dejó claro si alterará lo pactado en el Acuerdo de Paz, aunque el documento señala: “El narcotráfico no será objeto de indulto, ni de amnistía, tampoco de ninguna figura jurídica que tenga en la práctica los mismos efectos de impunidad. No se dará tratamiento político a los narcotraficantes”.
Inteligencia
Con la Política de Seguridad Democrática, la inteligencia de la Fuerza Pública empezó a tomar otra forma. Se creó, por ejemplo, la Junta de Inteligencia Conjunta, con la que se consolidó por primera vez que todas las Fuerzas Militares y la Policía trabajaran de la mano y no de manera independiente, como hasta ese momento se venía haciendo. Para el gobierno Uribe, fortalecer la inteligencia era indispensable en la batalla contra las organizaciones ilegales, aunque, como ya se sabe, los excesos de la policía secreta de la Presidencia (el DAS) en sus labores de inteligencia llevaron a la entidad a su liquidación.Para el gobierno Duque, robustecer la inteligencia también es prioridad: “El fortalecimiento de los organismos que desarrollan actividades de inteligencia y contrainteligencia será la prioridad en la tarea de prevención y en la respuesta eficaz a los retos de seguridad”. En la Política de Seguridad Democrática de la era Uribe decía: “Se promoverán todas las medidas que contribuyan a la integración de la inteligencia (…) El fortalecimiento de la capacidad de contrainteligencia de los organismos de seguridad del Estado recibirá especial atención”.
No hay guerra
Ni el documento del gobierno Uribe ni el del presidente Duque reconocen la existencia de un conflicto armado en el país. Este término no aparece ni una vez en sus documentos respectivos.