Putumayo, al acecho de las disidencias

“¡Se acabó la guerra! nos dijeron, pero en el territorio seguimos mirando gente armada; hay más atracos, más muertes violentas”, cuenta un líder indígena que pertenece a la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), amenazado por denunciar los asesinatos y hostigamientos hacia los pueblos indígenas de este departamento.

>> Segunda entrega: Coca y disidencias, la encrucijada de Putumayo?

Según la Defensoría del Pueblo, en Putumayo hay 35 denuncias de amenazas a líderes sociales y 12 han sido asesinados desde el 1° de enero de 2016. Así ocurrió con Otto Valenzuela, líder de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica. Fue asesinado a tiros en la vereda Frontera, en Puerto Asís, a mediados de octubre. O con Oswaldo Taquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remolino en Orito. Él recibió cinco disparos por parte de hombres desconocidos el 20 de julio de este año, tras salir de una reunión donde compartía los avances del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

La mayoría de estos líderes y lideresas eran presidentes de Juntas de Acción Comunal que motivaron a sus comunidades a erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. Para los testigos, familiares y organizaciones sociales que han hecho el seguimiento de estos casos es claro que sus asesinatos y amenazas se deben, en gran parte, a esta labor. Sin embargo, las autoridades aún no reconocen que existan este tipo de motivación detrás de sus muertes.

El general Yuber Aranguren, comandante de la Brigada de Selva n.° 27, unidad operativa del Ejército Nacional en este departamento, sostiene que “no hay líderes sociales muertos, o no por sus funciones como líderes”. De los nueve casos registrados este año, se han resuelto siete y resultaron ser ajustes de cuentas o líos personales, según el general.

>> Puede leer: ¿Qué está pasando con la reubicación de desplazados en Putumayo?

Además de esto, quienes continúan promoviendo la sustitución a pesar de las amenazas de los grupos armados también han perdido la credibilidad de sus comunidades. Como fueron quienes convencieron a las familias para que se inscribieran en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) ahora, cuando las familias ya han erradicado y no llega ni el dinero ni la asistencia técnica para nuevos cultivos, los primeros reclamos van dirigidos hacia estos líderes. A muchos los tildan de “sapos”.

Hace un año, precisamente, Colombia 2020 evidenció la violencia que estaba empezando a resurgir en el Putumayo: el aumento de las amenazas, la llegada de las disidencias y la reaparición de casos de desplazamiento forzado y asesinatos tras un período de tranquilidad mientras se negociaba y firmaba el Acuerdo de Paz con las Farc. Un año después, estas situaciones están empeorando sin que las autoridades lancen un programa coordinado, más allá del aumento de pie de fuerza del Ejército y la Policía, para tener más presencia en más territorios y evitar el fortalecimiento de las disidencias y el narcotráfico.

Varias personas le han asegurado a este medio, bajo la condición de que su nombre esté bajo anonimato por temas de seguridad, que si bien la situación de Putumayo no ha llegado a las dimensiones de lo que sucede en Nariño o Catatumbo, la reconfiguración de las disidencias está generando terror.

La violencia continúa creciendo y lo que sienten las comunidades es que hay un silencio de las autoridades locales y el Gobierno Nacional como respuesta. El miedo a los enfrentamientos entre grupos armados por el territorio y la coca es de todos los días en este departamento, que tiene fronteras con Ecuador y Perú, con poca presencia del Estado.

>> Lea: Así van los homicidios contra los líderes de zonas de reserva campesina

Han vuelto las extorsiones o “vacunas” a comercios, incluso en Mocoa, la capital. Han ocurrido 109 casos de asesinatos violentos en lo que va corrido de este año, según la Defensoría, sobre todo en Puerto Asís, con 29 casos; Orito, con 14, y Valle del Guamuez, con 13. Lo mismo está ocurriendo con los desplazamientos forzados. Aunque últimamente no se han presentado desplazamientos masivos como en la década del 2000, la Unidad de Víctimas recibe declaraciones de desplazamientos gota a gota. Según esta entidad, en 2018 van 1.015 casos de desplazamiento forzado en Putumayo.

“El único desplazamiento masivo que tuvimos este año fue en Orito. Fue el 4 de julio, cuando tres personas fueron asesinadas en las comunidades indígenas de Villarrica y Cañabravita, del pueblo emberá. Tras este hecho la comunidad se desplazó, por el miedo, hacia la cabecera municipal. Fueron cerca de ochenta personas”, asegura Vera Quina, jefa regional de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Putumayo.

Con el seguimiento que este tipo de entidades le han hecho a la situación humanitaria en el departamento, Quina agrega que desde finales de 2017 se ha visto un incremento en la violencia. “Este año ha habido una reconfiguración del control del territorio por la salida de las Farc. No hay enfrentamientos abiertos, como ocurría anteriormente”, señala.

Uno de los síntomas que más ha tenido el departamento por la reconfiguración de las disidencias es el reclutamiento forzado de menores. La Defensoría, a octubre de 2018, había recogido 23 casos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que mediante engaños y “ofertas laborales” fueron reclutados por la disidencia del Frente 1, comandada por Iván Mordisco o la 62, comandada por Rodrigo Cadete, quien abandonó el proceso de paz en septiembre de 2017.

Cuatro niños fueron reclutados en Puerto Asís, seis en Puerto Guzmán y otros seis en Puerto Leguízamo. Se ha podido desvincular a 14 menores de edad; 11 son mujeres, algunas de las cuales han sufrido violencia sexual y 15 pertenecen a cuatro pueblos indígenas del Putumayo (nasa, muruy, kichwas o coreguaje), una de las poblaciones más vulnerables en este departamento.

>> Puede esuchar: (Podcast) "Presidente Duque, no nos fumigue con glifosato": líderes cocaleros

“A principios de octubre asesinaron a tres jóvenes indígenas en el resguardo Yunguillo, del pueblo inga, cerca de Mocoa. Sus cuerpos tenían impactos de bala y sus motos aparecieron incineradas. Aun no se sabe quiénes fueron los autores del asesinato ni sus motivaciones, pero sí queremos dar una alerta y hacer un llamado al Gobierno Nacional para que les brinden medidas de protección individual y colectivas a los pueblos indígenas de Putumayo”, es la justa petición desde la Secretaría de Derechos Humanos de la OZIP.

*Corrección: La Constru no pertenece a las disidencias, sino que es un grupo delincuencial reducto del paramilitarismo. 

“¡Se acabó la guerra! nos dijeron, pero en el territorio seguimos mirando gente armada; hay más atracos, más muertes violentas”, cuenta un líder indígena que pertenece a la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), amenazado por denunciar los asesinatos y hostigamientos hacia los pueblos indígenas de este departamento.

>> Segunda entrega: Coca y disidencias, la encrucijada de Putumayo?

Según la Defensoría del Pueblo, en Putumayo hay 35 denuncias de amenazas a líderes sociales y 12 han sido asesinados desde el 1° de enero de 2016. Así ocurrió con Otto Valenzuela, líder de la Asociación de Desarrollo Integral Sostenible de la Perla Amazónica. Fue asesinado a tiros en la vereda Frontera, en Puerto Asís, a mediados de octubre. O con Oswaldo Taquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Remolino en Orito. Él recibió cinco disparos por parte de hombres desconocidos el 20 de julio de este año, tras salir de una reunión donde compartía los avances del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.

La mayoría de estos líderes y lideresas eran presidentes de Juntas de Acción Comunal que motivaron a sus comunidades a erradicar voluntariamente sus cultivos de coca. Para los testigos, familiares y organizaciones sociales que han hecho el seguimiento de estos casos es claro que sus asesinatos y amenazas se deben, en gran parte, a esta labor. Sin embargo, las autoridades aún no reconocen que existan este tipo de motivación detrás de sus muertes.

El general Yuber Aranguren, comandante de la Brigada de Selva n.° 27, unidad operativa del Ejército Nacional en este departamento, sostiene que “no hay líderes sociales muertos, o no por sus funciones como líderes”. De los nueve casos registrados este año, se han resuelto siete y resultaron ser ajustes de cuentas o líos personales, según el general.

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Además de esto, quienes continúan promoviendo la sustitución a pesar de las amenazas de los grupos armados también han perdido la credibilidad de sus comunidades. Como fueron quienes convencieron a las familias para que se inscribieran en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícitos (PNIS) ahora, cuando las familias ya han erradicado y no llega ni el dinero ni la asistencia técnica para nuevos cultivos, los primeros reclamos van dirigidos hacia estos líderes. A muchos los tildan de “sapos”.

Hace un año, precisamente, Colombia 2020 evidenció la violencia que estaba empezando a resurgir en el Putumayo: el aumento de las amenazas, la llegada de las disidencias y la reaparición de casos de desplazamiento forzado y asesinatos tras un período de tranquilidad mientras se negociaba y firmaba el Acuerdo de Paz con las Farc. Un año después, estas situaciones están empeorando sin que las autoridades lancen un programa coordinado, más allá del aumento de pie de fuerza del Ejército y la Policía, para tener más presencia en más territorios y evitar el fortalecimiento de las disidencias y el narcotráfico.

Varias personas le han asegurado a este medio, bajo la condición de que su nombre esté bajo anonimato por temas de seguridad, que si bien la situación de Putumayo no ha llegado a las dimensiones de lo que sucede en Nariño o Catatumbo, la reconfiguración de las disidencias está generando terror.

La violencia continúa creciendo y lo que sienten las comunidades es que hay un silencio de las autoridades locales y el Gobierno Nacional como respuesta. El miedo a los enfrentamientos entre grupos armados por el territorio y la coca es de todos los días en este departamento, que tiene fronteras con Ecuador y Perú, con poca presencia del Estado.

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Han vuelto las extorsiones o “vacunas” a comercios, incluso en Mocoa, la capital. Han ocurrido 109 casos de asesinatos violentos en lo que va corrido de este año, según la Defensoría, sobre todo en Puerto Asís, con 29 casos; Orito, con 14, y Valle del Guamuez, con 13. Lo mismo está ocurriendo con los desplazamientos forzados. Aunque últimamente no se han presentado desplazamientos masivos como en la década del 2000, la Unidad de Víctimas recibe declaraciones de desplazamientos gota a gota. Según esta entidad, en 2018 van 1.015 casos de desplazamiento forzado en Putumayo.

“El único desplazamiento masivo que tuvimos este año fue en Orito. Fue el 4 de julio, cuando tres personas fueron asesinadas en las comunidades indígenas de Villarrica y Cañabravita, del pueblo emberá. Tras este hecho la comunidad se desplazó, por el miedo, hacia la cabecera municipal. Fueron cerca de ochenta personas”, asegura Vera Quina, jefa regional de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Putumayo.

Con el seguimiento que este tipo de entidades le han hecho a la situación humanitaria en el departamento, Quina agrega que desde finales de 2017 se ha visto un incremento en la violencia. “Este año ha habido una reconfiguración del control del territorio por la salida de las Farc. No hay enfrentamientos abiertos, como ocurría anteriormente”, señala.

Uno de los síntomas que más ha tenido el departamento por la reconfiguración de las disidencias es el reclutamiento forzado de menores. La Defensoría, a octubre de 2018, había recogido 23 casos de niños, niñas, jóvenes y adolescentes que mediante engaños y “ofertas laborales” fueron reclutados por la disidencia del Frente 1, comandada por Iván Mordisco o la 62, comandada por Rodrigo Cadete, quien abandonó el proceso de paz en septiembre de 2017.

Cuatro niños fueron reclutados en Puerto Asís, seis en Puerto Guzmán y otros seis en Puerto Leguízamo. Se ha podido desvincular a 14 menores de edad; 11 son mujeres, algunas de las cuales han sufrido violencia sexual y 15 pertenecen a cuatro pueblos indígenas del Putumayo (nasa, muruy, kichwas o coreguaje), una de las poblaciones más vulnerables en este departamento.

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“A principios de octubre asesinaron a tres jóvenes indígenas en el resguardo Yunguillo, del pueblo inga, cerca de Mocoa. Sus cuerpos tenían impactos de bala y sus motos aparecieron incineradas. Aun no se sabe quiénes fueron los autores del asesinato ni sus motivaciones, pero sí queremos dar una alerta y hacer un llamado al Gobierno Nacional para que les brinden medidas de protección individual y colectivas a los pueblos indígenas de Putumayo”, es la justa petición desde la Secretaría de Derechos Humanos de la OZIP.

*Corrección: La Constru no pertenece a las disidencias, sino que es un grupo delincuencial reducto del paramilitarismo.