Putumayo, el reto de ponerle un alto a la violencia en su territorio

Nueve de los 13 municipios en Putumayo fueron incluidos dentro de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y adscritos al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), creados después del Acuerdo de Paz. El objetivo era que con estas estrategias por fin llegaran a los territorios más afectados por la violencia la tranquilidad y el desarrollo. Sin embargo, para distintos líderes campesinos y de pueblos étnicos esto ha servido de poco por problemas de alcance y porque no logran solucionar problemas estructurales de la región.

Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en ese departamento amazónico, en el suroccidente del país, hay cerca de 24.000 hectáreas de cultivos de coca, que si bien han buscado ser mitigados por más de 20.000 familias inscritas en procesos de sustitución voluntaria, representan un problema estructural, porque Putumayo sigue siendo un terreno fértil para el narcotráfico y los grupos armados que se disputan las rentas de estas economías ilegales.

Líderes y lideresas sociales se preguntan: ¿por qué persisten esas dinámicas si en el papel Putumayo parece avanzar en una reconfiguración del campo? Uno de ellos es Éder Jair Sánchez, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), para quien es inadmisible que el Acuerdo de Paz comience y termine con los PDET y las campañas de erradicación de cultivos.

Uno de los temores de Sánchez es que con el pasar del tiempo los campesinos van creyendo menos en lo que se pactó en La Habana (Cuba). “A raspachines y a miles de familias que sustituyen voluntariamente no les han cumplido con los subsidios del PNIS. Este Gobierno siempre mira al retrovisor para echarles la culpa a otros presidentes y se olvidan de que en este momento está en sus manos la seguridad jurídica y económica de todos nosotros. Además, desde 2017 hemos advertido que somos objetivo militar de grupos armados que están en contra de nuestra labor y como no hemos visto despliegue social ni militar, muchas familias se vieron obligadas desde ese entonces a la resiembra”, advierte.

Hernán Serrano, líder social en Puerto Leguízamo y consejero departamental de Paz, señala que en Putumayo persiste una violencia armada indiscriminada por culpa del narcotráfico y la falta de políticas de choque: “Los huecos que dejaron los frentes 48 y 32 de las Farc ahora son motivo de disputa entre disidentes y una organización de narcos que se autodenomina Comandos de la Frontera. En los últimos días han puesto panfletos en San Miguel, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez, en los que amenazan con fuegos cruzados en los que pretenden callar a las personas defensoras de derechos humanos y pasar sobre cualquiera que se cruce en su camino con tal de tener el control”.

De hecho, las dinámicas de estos grupos armados ilegales, incluyendo al frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, dejaron en 2020 cuatro masacres, en las que fueron asesinadas 15 personas, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Recientemente, en el municipio de Orito, de acuerdo con denuncias de la Red de Derechos Humanos del departamento y posteriormente con la confirmación de la Fiscalía, miembros de los Comandos de la Frontera asesinaron a dos personas y a su hijo de nueve meses de nacido.

Ese hecho delictivo, y el panorama general de inseguridad, ocasionó que el 24 de febrero pasado se llevara a cabo un consejo de seguridad departamental en Mocoa, en el que según Édder Sánchez “no se concluyó ni se avanzó en nada”.

Por su parte, Yuly Artunduaga, representante de la Instancia Especial de Género en la Paz , hace un llamado a mantener la calma en medio de la adversidad. Insiste en que si bien no se siente un acompañamiento estatal para asumir de la forma menos traumática posible el posconflicto, especialmente en temas relacionados con PNIS, la voluntad de la gente los sacará adelante.

“Muchos compañeros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), entre otros colectivos, están comprometidos con la sustitución voluntaria. Indicadores recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indican que se han reducido en un 5 % los cultivos de coca. Eso es muestra de que hay voluntad comunitaria por no dejar que el conflicto siga formando parte de nuestras vidas, a pesar de que nos toque con las uñas y con escasa ayuda de las autoridades”, afirma la lideresa.

Puestos esos puntos sobre la mesa, este miércoles 10 de marzo, desde las 3:00 p.m., la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad realizará el conversatorio “Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz y verdad”, un espacio virtual de reflexión que será emitido por los canales digitales de Colombia 2020 y de esta entidad. Se trata de un nuevo episodio de los “Diálogos para la no repetición y la no continuidad” del conflicto armado, que ya se ha realizado en Catatumbo y en el Bajo Cauca antioqueño, subregiones donde la confrontación armada también se ha recrudecido tras la firma del Acuerdo de Paz.

Allí dialogarán Alejandra Miller, comisionada de la Verdad; Elena Ambrosi, especialista en derecho internacional humanitario y relaciones internacionales; Camilo González, presidente de Indepaz; Emilce Bernal, vicepresidenta de la Asociación Campesina del Suroriente de Putumayo (Acsomayo), y Heiler Mosquera, representante del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación La Pradera, en Puerto Asís.

Para Alejandra Miller, quien también es delegada para la región surandina de la Comisión, un acompañamiento constante y una mirada diametral y profunda a los problemas de seguridad en el suroccidente colombiano son claves para descifrar hechos de violencia que, a pesar de la firma de la paz, no han dejado de persistir y se reciclan en otras zonas.

“Queremos que se amplíen y fortalezcan varios testimonios para explicar lo que sucedió en el departamento y a partir de allí avanzaremos en recomendaciones de una no repetición efectiva. Putumayo debería estar en una etapa de conocer verdades y hechos que sean apropiados por la gente -como esperamos que lo sea el informe final de la Comisión de la Verdad, en lugar de seguir en medio de problemas estructurales que hacen que la guerra persista, como los cultivos de uso ilícito o la minería ilegal. Haremos todos los esfuerzos posibles para que los diálogos de no repetición sigan sirviendo para que las personas le sigan apostando a la paz”, reafirmó la comisionada Miller.

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Según cifras del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en ese departamento amazónico, en el suroccidente del país, hay cerca de 24.000 hectáreas de cultivos de coca, que si bien han buscado ser mitigados por más de 20.000 familias inscritas en procesos de sustitución voluntaria, representan un problema estructural, porque Putumayo sigue siendo un terreno fértil para el narcotráfico y los grupos armados que se disputan las rentas de estas economías ilegales.

Líderes y lideresas sociales se preguntan: ¿por qué persisten esas dinámicas si en el papel Putumayo parece avanzar en una reconfiguración del campo? Uno de ellos es Éder Jair Sánchez, vocero de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), para quien es inadmisible que el Acuerdo de Paz comience y termine con los PDET y las campañas de erradicación de cultivos.

Uno de los temores de Sánchez es que con el pasar del tiempo los campesinos van creyendo menos en lo que se pactó en La Habana (Cuba). “A raspachines y a miles de familias que sustituyen voluntariamente no les han cumplido con los subsidios del PNIS. Este Gobierno siempre mira al retrovisor para echarles la culpa a otros presidentes y se olvidan de que en este momento está en sus manos la seguridad jurídica y económica de todos nosotros. Además, desde 2017 hemos advertido que somos objetivo militar de grupos armados que están en contra de nuestra labor y como no hemos visto despliegue social ni militar, muchas familias se vieron obligadas desde ese entonces a la resiembra”, advierte.

Hernán Serrano, líder social en Puerto Leguízamo y consejero departamental de Paz, señala que en Putumayo persiste una violencia armada indiscriminada por culpa del narcotráfico y la falta de políticas de choque: “Los huecos que dejaron los frentes 48 y 32 de las Farc ahora son motivo de disputa entre disidentes y una organización de narcos que se autodenomina Comandos de la Frontera. En los últimos días han puesto panfletos en San Miguel, Puerto Leguízamo y Valle del Guamuez, en los que amenazan con fuegos cruzados en los que pretenden callar a las personas defensoras de derechos humanos y pasar sobre cualquiera que se cruce en su camino con tal de tener el control”.

De hecho, las dinámicas de estos grupos armados ilegales, incluyendo al frente Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, dejaron en 2020 cuatro masacres, en las que fueron asesinadas 15 personas, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Recientemente, en el municipio de Orito, de acuerdo con denuncias de la Red de Derechos Humanos del departamento y posteriormente con la confirmación de la Fiscalía, miembros de los Comandos de la Frontera asesinaron a dos personas y a su hijo de nueve meses de nacido.

Ese hecho delictivo, y el panorama general de inseguridad, ocasionó que el 24 de febrero pasado se llevara a cabo un consejo de seguridad departamental en Mocoa, en el que según Édder Sánchez “no se concluyó ni se avanzó en nada”.

Por su parte, Yuly Artunduaga, representante de la Instancia Especial de Género en la Paz , hace un llamado a mantener la calma en medio de la adversidad. Insiste en que si bien no se siente un acompañamiento estatal para asumir de la forma menos traumática posible el posconflicto, especialmente en temas relacionados con PNIS, la voluntad de la gente los sacará adelante.

“Muchos compañeros de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), entre otros colectivos, están comprometidos con la sustitución voluntaria. Indicadores recientes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) indican que se han reducido en un 5 % los cultivos de coca. Eso es muestra de que hay voluntad comunitaria por no dejar que el conflicto siga formando parte de nuestras vidas, a pesar de que nos toque con las uñas y con escasa ayuda de las autoridades”, afirma la lideresa.

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