‘Putumayo estará a merced de la violencia si no se priorizan las deudas del Acuerdo de Paz’

“En los pasos de la fronteras entre Colombia y Ecuador no vigilaban ni la Policía, ni los militares, ni los aduaneros el paso de coca. Había gente con paquetes de 5 kilos y hacían como si nada. Solo inspeccionaban y retenían a personas como mi mamá, mujeres campesinas que no tenían que ver con ellos y que aprovechaban de su inocencia para fingir que hacían su trabajo”.

Con este tipo de testimonios, producto de escuchas en distintas zonas rurales de Putumayo, la comisionada de la Verdad, Alejandra Miller, le dio inicio al conversatorio “Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz”, un espacio que profundizó, desde las distintas causas socioeconómicas y políticas, por qué ha continuado la violencia armada en ese territorio, aún en tiempos de posacuerdo.

La continuidad del narcotráfico, el bajo alcance estatal para implementar el Acuerdo de Paz, especialmente la falta de implementación de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, y el terror sembrado por grupos armados ilegales que ocuparon los territorios que dejaron las antiguas Farc fueron algunos de los elementos comunes que para los panelistas permiten que las condiciones de violencia se repitan.

En esa dirección, para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “en lugares como Puerto Caicedo o Puerto Guzmán se concentran muchos problemas relacionados con la coca. También allí y al sur hay una altísima militarización, que supuestamente fue establecida para alcanzar garantías inversionistas, pero en lugar de lograr eso, se ha generado mucha violencia y arbitrariedades frente a personas que intentan sustituir coca voluntariamente”.

Para Elena Ambrosi, exprocuradora delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, no abordar una reforma estructural al sector defensa en el Acuerdo de Paz ha contribuido a que el Estado no tenga la capacidad de contener la escalada de violencia en el país. “Han vuelto aumentar las masacres, cuatro en el Putumayo y el 10% de los 260 excombatientes asesinados fueron también allí”, agregó.

Sin embargo, para González Posso, no se puede decir que estemos ante una nueva fase del conflicto armado. Lo que sí es urgente es una respuesta estatal diferente: “No hay una estrategia de seguridad humana para el posconflicto y el Gobierno orienta todo a los objetivos de alto valor y a un pie de fuerza poco efectivo”, precisó el presidente de Indepaz.

Otra cuestión, no menos preocupante, que dijeron Ambrosi y Eduardo Perdomo, firmante del acuerdo de paz e integrante del Partido Comunes de Putumayo, es que la situación de las personas en proceso de reincorporación es crítica. Más del 63% de ellos no tienen vigentes proyectos productivos en marcha y, a la luz de la interpretación de Perdomo, “esto no solo afecta la calidad de vida de los exguerrilleros, sino de la comunidad en general que no ve hacia dónde avanzar con los temas del campo”.

De hecho, el militante Perdomo propuso una solución ante ese fenómeno, al comentar que una apuesta de largo aliento a los proyectos de reincorporación, que apoyen procesos de sustitución voluntaria, podría aportar en esa dirección y que los exguerrilleros no tengan que abandonar los sitios de preagrupamiento.

Por su parte, Ambrosi sugirió que una continuidad en la estabilidad de las organizaciones femeninas, que articulan diálogos con entidades territoriales desde tiempo atrás en el Putumayo, también podría ayudar a mejorar la situación social de este departamento.

Sin embargo, en una tercera etapa de este diálogo, la lideresa Enilce Bernal Bastidas, defensora de derechos humanos en el Putumayo, alegó que antes de proponer soluciones locales, la comunidad debe ser insistente con las demandas dirigidas hacia el Gobierno, pues según ella, “la respuesta institucional a las violencias es muy débil y nos vemos en un panorama de desprotección y no hay garantías y en cambio están las condiciones para que se repitan con más fuerza”.

Bernal también reiteró que las medidas de autoprotección tienen un techo muy bajo y que de no cuidar a las bases sociales, los fenómenos de narcotráfico y violencia armada se asentarán cómodamente por mucho más tiempo. Por eso la importancia de pensar pilotos de protección colectiva de la población en riesgo, pero eso debe partir de acabar con la estigmatización de estas comunidades por parte de las propias entidades locales y nacionales, que los ven como facilitadores de las organizaciones ilegales.

Recomendaciones para frenar la violencia

Eduardo Perdomo y Elena Ambrosi fueron enfáticos en que es imposible avanzar en medidas concretas para que el departamento no esté a merced de la violencia si no se implementa el Acuerdo de Paz a cabalidad. Mientras que Ambrosi dijo que “hay una deuda con el punto dos en las garantías de participación de las organizaciones y ni hablar de los estándares de formalización de tierras”, Perdomo argumentó que “no pensar en los campesinos del Putumayo les corta sus sueños y les hace pensar sus proyectos de vida a partir de necesidades y muchos vacíos”.

El diálogo lo cerraron González y la comisionada Miller. El investigador pidió que las medidas de seguridad con escoltas no son efectivas a nivel colectivo y que en lugar de aferrarse a eso, se debe evaluar cómo puede haber una transición en Putumayo que beneficie realmente a las comunidades. Asimismo, sugirió la necesidad de nuevos pactos, no solo con la guerrilla del ELN, sino también con ese sector político de derecha que se opuso al acuerdo de paz.

Al cierre de este diálogo, la comisionada Miller invitó a acompañar más los procesos al suroccidente del país y a priorizar las medidas para no prolongar el narcotráfico. “La sustitución de cultivos es uno de los aspectos que más urgen en el sur del país. En este conflicto, los líderes sociales quedan en medio de los intereses de grupos armados y de intereses económicos. Ya es necesario un respiro”, aseguró.

Le recomendamos:

*Al menos 12.481 menores de edad fueron víctimas de grupos armados en 2020

*Partido Comunes denuncia el asesinato de un excombatiente en Putumayo

*Así quieren ser reparadas las víctimas del conflicto en Putumayo

*Putumayo, el reto de ponerle un alto a la violencia en su territorio

“En los pasos de la fronteras entre Colombia y Ecuador no vigilaban ni la Policía, ni los militares, ni los aduaneros el paso de coca. Había gente con paquetes de 5 kilos y hacían como si nada. Solo inspeccionaban y retenían a personas como mi mamá, mujeres campesinas que no tenían que ver con ellos y que aprovechaban de su inocencia para fingir que hacían su trabajo”.

Con este tipo de testimonios, producto de escuchas en distintas zonas rurales de Putumayo, la comisionada de la Verdad, Alejandra Miller, le dio inicio al conversatorio “Putumayo defiende la vida y construye rutas de paz”, un espacio que profundizó, desde las distintas causas socioeconómicas y políticas, por qué ha continuado la violencia armada en ese territorio, aún en tiempos de posacuerdo.

La continuidad del narcotráfico, el bajo alcance estatal para implementar el Acuerdo de Paz, especialmente la falta de implementación de los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, y el terror sembrado por grupos armados ilegales que ocuparon los territorios que dejaron las antiguas Farc fueron algunos de los elementos comunes que para los panelistas permiten que las condiciones de violencia se repitan.

En esa dirección, para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “en lugares como Puerto Caicedo o Puerto Guzmán se concentran muchos problemas relacionados con la coca. También allí y al sur hay una altísima militarización, que supuestamente fue establecida para alcanzar garantías inversionistas, pero en lugar de lograr eso, se ha generado mucha violencia y arbitrariedades frente a personas que intentan sustituir coca voluntariamente”.

Para Elena Ambrosi, exprocuradora delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz, no abordar una reforma estructural al sector defensa en el Acuerdo de Paz ha contribuido a que el Estado no tenga la capacidad de contener la escalada de violencia en el país. “Han vuelto aumentar las masacres, cuatro en el Putumayo y el 10% de los 260 excombatientes asesinados fueron también allí”, agregó.

Sin embargo, para González Posso, no se puede decir que estemos ante una nueva fase del conflicto armado. Lo que sí es urgente es una respuesta estatal diferente: “No hay una estrategia de seguridad humana para el posconflicto y el Gobierno orienta todo a los objetivos de alto valor y a un pie de fuerza poco efectivo”, precisó el presidente de Indepaz.

Otra cuestión, no menos preocupante, que dijeron Ambrosi y Eduardo Perdomo, firmante del acuerdo de paz e integrante del Partido Comunes de Putumayo, es que la situación de las personas en proceso de reincorporación es crítica. Más del 63% de ellos no tienen vigentes proyectos productivos en marcha y, a la luz de la interpretación de Perdomo, “esto no solo afecta la calidad de vida de los exguerrilleros, sino de la comunidad en general que no ve hacia dónde avanzar con los temas del campo”.

De hecho, el militante Perdomo propuso una solución ante ese fenómeno, al comentar que una apuesta de largo aliento a los proyectos de reincorporación, que apoyen procesos de sustitución voluntaria, podría aportar en esa dirección y que los exguerrilleros no tengan que abandonar los sitios de preagrupamiento.

Por su parte, Ambrosi sugirió que una continuidad en la estabilidad de las organizaciones femeninas, que articulan diálogos con entidades territoriales desde tiempo atrás en el Putumayo, también podría ayudar a mejorar la situación social de este departamento.

Sin embargo, en una tercera etapa de este diálogo, la lideresa Enilce Bernal Bastidas, defensora de derechos humanos en el Putumayo, alegó que antes de proponer soluciones locales, la comunidad debe ser insistente con las demandas dirigidas hacia el Gobierno, pues según ella, “la respuesta institucional a las violencias es muy débil y nos vemos en un panorama de desprotección y no hay garantías y en cambio están las condiciones para que se repitan con más fuerza”.

Bernal también reiteró que las medidas de autoprotección tienen un techo muy bajo y que de no cuidar a las bases sociales, los fenómenos de narcotráfico y violencia armada se asentarán cómodamente por mucho más tiempo. Por eso la importancia de pensar pilotos de protección colectiva de la población en riesgo, pero eso debe partir de acabar con la estigmatización de estas comunidades por parte de las propias entidades locales y nacionales, que los ven como facilitadores de las organizaciones ilegales.

Recomendaciones para frenar la violencia

Eduardo Perdomo y Elena Ambrosi fueron enfáticos en que es imposible avanzar en medidas concretas para que el departamento no esté a merced de la violencia si no se implementa el Acuerdo de Paz a cabalidad. Mientras que Ambrosi dijo que “hay una deuda con el punto dos en las garantías de participación de las organizaciones y ni hablar de los estándares de formalización de tierras”, Perdomo argumentó que “no pensar en los campesinos del Putumayo les corta sus sueños y les hace pensar sus proyectos de vida a partir de necesidades y muchos vacíos”.

El diálogo lo cerraron González y la comisionada Miller. El investigador pidió que las medidas de seguridad con escoltas no son efectivas a nivel colectivo y que en lugar de aferrarse a eso, se debe evaluar cómo puede haber una transición en Putumayo que beneficie realmente a las comunidades. Asimismo, sugirió la necesidad de nuevos pactos, no solo con la guerrilla del ELN, sino también con ese sector político de derecha que se opuso al acuerdo de paz.

Al cierre de este diálogo, la comisionada Miller invitó a acompañar más los procesos al suroccidente del país y a priorizar las medidas para no prolongar el narcotráfico. “La sustitución de cultivos es uno de los aspectos que más urgen en el sur del país. En este conflicto, los líderes sociales quedan en medio de los intereses de grupos armados y de intereses económicos. Ya es necesario un respiro”, aseguró.

Le recomendamos:

*Al menos 12.481 menores de edad fueron víctimas de grupos armados en 2020

*Partido Comunes denuncia el asesinato de un excombatiente en Putumayo

*Así quieren ser reparadas las víctimas del conflicto en Putumayo

*Putumayo, el reto de ponerle un alto a la violencia en su territorio