¿Qué es la Corte Penal Internacional?
¿Por qué es tan importante que esta corte le haya pedido al presidente Iván Duque que sancione la ley estatutaria de la JEP, qué hace y por qué tiene los ojos sobre Colombia?
Colombia en Transición
En medio de la incertidumbre por el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corte Penal Internacional (CPI) se unió a las peticiones públicas para que el presidente Iván Duque sancione lo más pronto posible el marco legal para que la JEP funcione con todas las de la ley.
El vicefiscal de la CPI, James Stewart, dijo que, de no sancionarse la ley, "esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones". Agregó: "Es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco definido".
Aunque este espaldarazo fue muy aplaudido por quienes respaldan a esta justicia, la verdad es que muchos quedaron con varias preguntas alrededor de la CPI y, sobre todo, por qué puede intervenir en estos debates del país.
Empecemos por el principio, ¿qué es la Corte Penal Internacional?
Es el máximo tribunal de justicia penal del mundo. Nació después de una Conferencia de Naciones Unidas, que se celebró en Roma, Italia, en junio de 1998.En esa reunión, expertos en conflicto de varios países expresaron su preocupación porque no había seguimiento a los graves delitos que se cometían en las guerras y tampoco había condiciones para juzgar a los responsables. Para resolver ese problema, que no es un asunto menor en un planeta que en los últimos 50 años ha tenido 250 conflictos, decidieron crear el Estatuto de Roma, que, en palabras sencillas, es un documento que le dio vida a la CPI.
Fueron 124 los países que se pusieron de acuerdo para que sea este tribunal el que juzgue a los responsables de las peores conductas cometidas contra toda la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Respuesta: Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional desde junio de 2012.
Pero la Corte no buscará a todos los criminales de guerra del mundo o a todos los genocidas, sino que juzgará a aquellos que tienen la máxima responsabilidad o mando en la comisión de un delito, sí y solo si, los países no han juzgado a esas personas y el crimen sigue impune.
No nos enredemos. Vayamos a un ejemplo concreto con el caso colombiano: a la CPI no le interesa ir detrás de todos los actores del conflicto que hayan cometido violencia sexual, sino de aquellas personas que fueron los máximos responsables de que eso fuera posible en la organización. Juzgaría a un comandante que permitió que sus tropas cometieran abusos sexuales en el marco del conflicto armado.
¿Qué penas puede imponer la CPI?
La CPI puede emitir condenas de hasta 30 años. En algunos casos, según la gravedad del delito y la responsabilidad, aplican la cadena perpetua, pero el delito tiene que ser muy grave para que esto suceda.La primera condena de la CPI fue en 2012. Thomas Lubanga Dyilo, exjefe de un movimiento rebelde, fue sentenciado a 14 años de prisión por reclutar y usar a niños y niñas soldados en un conflicto armado.
Aunque en las leyes colombianas no existe la cadena perpetua, en 2009, la Corte Constitucional de Colombia aceptó que la CPI pueda condenar a cadena perpetua a los colombianos en caso de que asuma algún proceso en el país.
¿Por qué la CPI tiene los ojos puestos en Colombia?
Porque Colombia firmó el Estatuto de Roma. Es decir, en el 2002, el expresidente Andrés Pastrana ratificó la competencia de la CPI de juzgar y castigar a quienes cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De hecho, podemos presumir que fuimos el séptimo país en el mundo en suscribirse y el primero en América… ¡Y cómo no, con semejante conflicto!
PERO OJO: les recordamos que la CPI sólo entra a actuar si comprueba que el Estado no está haciendo nada para juzgar a los responsables.
En Colombia, donde sabemos que hay altos índices de impunidad, la CPI ya empezó a presionar. Por ejemplo, en 2012 abrió un informe preliminar por las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”.
La CPI aseguró en ese entonces que comenzaría a hacer un seguimiento a estos casos porque el Estado no estaba impartiendo justicia en los delitos ocurridos entre 2002 y 2019. Este examen está abierto, pero suspendido porque el Estado le avisó al tribunal que será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que se encargue de juzgarlos.
¿Ya entienden por qué es tan importante que se sancione la ley estatutaria de la JEP? Sin ella, no puede funcionar bien esta jurisdicción que espera sancionar los graves delitos del conflicto armado, que cometieron todos los actores, desde exguerrilleros de las Farc hasta militares, entre eso, las ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, los más perjudicados serían los 1.958 miembros de la Fuerza Pública que ya se acogieron a la JEP, pues si esta justicia no funciona, la CPI pondría sus ojos sobre ellos. Y recuerden: puede haber sanciones hasta de cadena perpetua para los máximos responsables.
Pero este no es el único caso. Actualmente, la CPI está pendiente de Colombia por tres hechos: desplazamiento forzado, violencia sexual y delitos cometidos por paramilitares.
¿Por qué a la CPI le interesa tanto la JEP?
Porque el Estado debe evidenciar resultados en la lucha contra la impunidad y demostrar que se está poniendo las pilas para investigar a quienes cometieron los delitos ya mencionados.En ese sentido, la JEP es una muestra de que el estado colombiano se preocupa por la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Esta jurisdicción se creó después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, para investigar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes.
La CPI tiene claro que la JEP se encargará de las conductas graves que pueden ser de su competencia. Si no funciona la JEP, la Fiscalía de la CPI va a entender que el Estado no quiere juzgar las conductas y entonces debe intervenir.
Por eso es tan importante que el Estado colombiano envíe señales contundentes de que está comprometido en impartir justicia. Y una señal importante es sancionar la ley estatutaria que le permite a la JEP funcionar.
En medio de la incertidumbre por el futuro de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Corte Penal Internacional (CPI) se unió a las peticiones públicas para que el presidente Iván Duque sancione lo más pronto posible el marco legal para que la JEP funcione con todas las de la ley.
El vicefiscal de la CPI, James Stewart, dijo que, de no sancionarse la ley, "esto podría constituir un revés y tendríamos que considerar sus implicaciones". Agregó: "Es nuestro deseo que la Fiscalía y la JEP puedan establecer conjuntamente una distribución eficiente de trabajo y sinergias. A tal fin, observamos la importancia de que la JEP tenga un marco definido".
Aunque este espaldarazo fue muy aplaudido por quienes respaldan a esta justicia, la verdad es que muchos quedaron con varias preguntas alrededor de la CPI y, sobre todo, por qué puede intervenir en estos debates del país.
Empecemos por el principio, ¿qué es la Corte Penal Internacional?
Es el máximo tribunal de justicia penal del mundo. Nació después de una Conferencia de Naciones Unidas, que se celebró en Roma, Italia, en junio de 1998.En esa reunión, expertos en conflicto de varios países expresaron su preocupación porque no había seguimiento a los graves delitos que se cometían en las guerras y tampoco había condiciones para juzgar a los responsables. Para resolver ese problema, que no es un asunto menor en un planeta que en los últimos 50 años ha tenido 250 conflictos, decidieron crear el Estatuto de Roma, que, en palabras sencillas, es un documento que le dio vida a la CPI.
Fueron 124 los países que se pusieron de acuerdo para que sea este tribunal el que juzgue a los responsables de las peores conductas cometidas contra toda la humanidad: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Respuesta: Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional desde junio de 2012.
Pero la Corte no buscará a todos los criminales de guerra del mundo o a todos los genocidas, sino que juzgará a aquellos que tienen la máxima responsabilidad o mando en la comisión de un delito, sí y solo si, los países no han juzgado a esas personas y el crimen sigue impune.
No nos enredemos. Vayamos a un ejemplo concreto con el caso colombiano: a la CPI no le interesa ir detrás de todos los actores del conflicto que hayan cometido violencia sexual, sino de aquellas personas que fueron los máximos responsables de que eso fuera posible en la organización. Juzgaría a un comandante que permitió que sus tropas cometieran abusos sexuales en el marco del conflicto armado.
¿Qué penas puede imponer la CPI?
La CPI puede emitir condenas de hasta 30 años. En algunos casos, según la gravedad del delito y la responsabilidad, aplican la cadena perpetua, pero el delito tiene que ser muy grave para que esto suceda.La primera condena de la CPI fue en 2012. Thomas Lubanga Dyilo, exjefe de un movimiento rebelde, fue sentenciado a 14 años de prisión por reclutar y usar a niños y niñas soldados en un conflicto armado.
Aunque en las leyes colombianas no existe la cadena perpetua, en 2009, la Corte Constitucional de Colombia aceptó que la CPI pueda condenar a cadena perpetua a los colombianos en caso de que asuma algún proceso en el país.
¿Por qué la CPI tiene los ojos puestos en Colombia?
Porque Colombia firmó el Estatuto de Roma. Es decir, en el 2002, el expresidente Andrés Pastrana ratificó la competencia de la CPI de juzgar y castigar a quienes cometen genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. De hecho, podemos presumir que fuimos el séptimo país en el mundo en suscribirse y el primero en América… ¡Y cómo no, con semejante conflicto!
PERO OJO: les recordamos que la CPI sólo entra a actuar si comprueba que el Estado no está haciendo nada para juzgar a los responsables.
En Colombia, donde sabemos que hay altos índices de impunidad, la CPI ya empezó a presionar. Por ejemplo, en 2012 abrió un informe preliminar por las ejecuciones extrajudiciales o los mal llamados “falsos positivos”.
La CPI aseguró en ese entonces que comenzaría a hacer un seguimiento a estos casos porque el Estado no estaba impartiendo justicia en los delitos ocurridos entre 2002 y 2019. Este examen está abierto, pero suspendido porque el Estado le avisó al tribunal que será la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) la que se encargue de juzgarlos.
¿Ya entienden por qué es tan importante que se sancione la ley estatutaria de la JEP? Sin ella, no puede funcionar bien esta jurisdicción que espera sancionar los graves delitos del conflicto armado, que cometieron todos los actores, desde exguerrilleros de las Farc hasta militares, entre eso, las ejecuciones extrajudiciales.
En ese sentido, los más perjudicados serían los 1.958 miembros de la Fuerza Pública que ya se acogieron a la JEP, pues si esta justicia no funciona, la CPI pondría sus ojos sobre ellos. Y recuerden: puede haber sanciones hasta de cadena perpetua para los máximos responsables.
Pero este no es el único caso. Actualmente, la CPI está pendiente de Colombia por tres hechos: desplazamiento forzado, violencia sexual y delitos cometidos por paramilitares.
¿Por qué a la CPI le interesa tanto la JEP?
Porque el Estado debe evidenciar resultados en la lucha contra la impunidad y demostrar que se está poniendo las pilas para investigar a quienes cometieron los delitos ya mencionados.En ese sentido, la JEP es una muestra de que el estado colombiano se preocupa por la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas. Esta jurisdicción se creó después del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las Farc, para investigar y sancionar a los máximos responsables de estos crímenes.
La CPI tiene claro que la JEP se encargará de las conductas graves que pueden ser de su competencia. Si no funciona la JEP, la Fiscalía de la CPI va a entender que el Estado no quiere juzgar las conductas y entonces debe intervenir.
Por eso es tan importante que el Estado colombiano envíe señales contundentes de que está comprometido en impartir justicia. Y una señal importante es sancionar la ley estatutaria que le permite a la JEP funcionar.