¿Qué está pasando en Buenaventura?

El informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo Nº 047-17 alertó sobre la posible llegada de nuevos grupos armados a Buenaventura. A pesar de que las autoridades locales y la Fuerza Pública lo desmintieron, lo cierto es que en este puerto del Pacífico colombiano se está dando un reacomodo del crimen organizado. Ya desde mediados de año afirmamos, en el documento “Crimen Organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, que había una disputa de las comunas 10, 11 y 12 entre ‘La Empresa’ –que venía en proceso de fortalecimiento y recuperación militar– y otra organización que algunos llamaban ‘Urabeños’ por su relación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’, pero que las autoridades denominaron ‘Banda Local’ por considerarla una estructura autónoma.

Sin embargo, este escenario ha cambiado sustancialmente. Hacia finales de 2016 estas dos organizaciones llegaron a un pacto de no agresión que habría ocasionado el debilitamiento sustancial de ‘La Empresa’ y su integración a la estructura de la ‘Local’. Esto influyó en la reducción del impacto sobre la población, situación que mantuvo hasta mediados de este año cuando se observó un aumento en los índices de violencia y presiones contra líderes sociales y la comunidad en general, principalmente, en las comunas 3, 4, 10 y 12. En el caso de los homicidios, por ejemplo, si bien hubo bajos niveles durante los primeros meses de 2017 (ver gráfico 1), entre mayo y junio se observa un aumento.

Gráfico 1. Homicidios en Buenaventura por mes – 2017 (Fuente. Policía Nacional)

Sumado a lo anterior, en las comunas 10 y 12 reaparecieron las fronteras invisibles y la confrontación se focaliza entre algunos barrios, como se puede ver en el siguiente mapa:

La lectura la Defensoría del Pueblo, respaldada por algunos líderes y organizaciones consultadas, señala la llegada del Clan del Golfo y el ELN a la zona rural del municipio, principalmente por el norte, por Juanchaco, La Barra y Ladrilleros. Allí, se han presentado desplazamientos por la llegada de estos grupos desde el Litoral de San Juan. En este caso, la confrontación entre el ELN y las AGC en el sur del Chocó estarían afectando las condiciones de seguridad de la zona rural de Buenaventura.

El mismo informe advierte sobre la presunta desaparición de ‘La Empresa’ y “la presencia de nuevos grupos armados ilegales denominados ‘La Gente del Orden’ (GO), y el posible fortalecimiento de otros que se encentraban en sectores rurales aledaños como el ELN y las AGC”. Sobre GO se sabe que ha venido presionando a niños y jóvenes para reclutarlos. Asimismo, no es claro si hay una relación entre este grupo y los que recibieron el mismo nombre en Tumaco –que hoy en día se autodenominan Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). A pesar de esto, nuestras entrevistas dejan entrever que habría una relación entre ambos puertos, ya que los de Tumaco habrían establecido una franquicia en Buenaventura. De todas formas, no se descarta que se esté usando la marca ‘La Gente del Orden’.

La Defensoría también hace un llamado respecto al ELN y sus intereses en fortalecer sus estructuras para consolidar algún tipo de presencia en la Comuna 12, en la que ha circulado propaganda y ha habido intentos de reclutamiento. Y en las comunas 3 y 4 la afectación humanitaria estaría relacionada con el fortalecimiento de las AGC, grupo que cobra exacciones, amenazan a las comunidades y cometen homicidios y desplazamientos.

Nuestro trabajo de campo identificó otra versión que contradice a la de la Defensoría de Pueblo. La administración municipal y la Fuerza Pública establecieron que no hay indicios de la presencia del ELN ni de ‘La Gente del Orden’ en Buenaventura. Además, destacan que los esfuerzos de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales han evitado la llegada del ‘Clan del Golfo’ o AGC.

Pero en claro contraste con ambas versiones, hay otra interpretación. De acuerdo con nuestras entrevistas, actualmente se está presentando un reacomodo o enfrentamiento entre la ‘Banda Local’ o ‘Los del golfo’ con una facción de ‘La Empresa’ que se estaría conformando después de la salida de la cárcel de antiguos mandos de la organización, como Orlando Antonio Cuero Ramírez, alias ‘Orejas’ o ‘Mono’, quien estaría reuniendo cabecillas cercanos a él para organizar su regreso al puerto.

Por otro lado, según una fuente consultada, en los últimos meses se ha debilitado la cadena de mando del ‘Clan del Golfo’ o ‘Banda local’ que controlan el puerto, debido a la falta de pago a los cabecillas de barrio y miembros rasos. Esta situación generó que las estructuras barriales ganaran cierta autonomía para el manejo de la extorsión, el ajuste de cuentas e incluso del microtráfico. Una hipótesis es que los enfrentamientos pueden ser producto del intento de algunas estructuras barriales de ganar mayor control territorial en zonas estratégicas, como las comunas 3, 4, 10 y 12. 

Ahora bien, las tres versiones que identificamos tienen al menos tres elementos en común.

En primer lugar, hay consenso sobre la llegada de extraños a las comunas mencionadas. Más allá del nombre u organización a las que estas personas puedan pertenecer se teme que un nuevo grupo armado genere un recrudecimiento de la violencia o, por el contrario, se hagan acuerdos o alianzas para no llamar la atención de las autoridades locales ni nacionales, como ocurrió en 2014 y 2015. Esto tendría un efecto negativo en la población civil y es la imposición de normas de control social, confinamiento y la ocurrencia de violencias menos visibles, a las que se sumaría las restricciones para el acceso de organismos humanitarios.

En segundo lugar, hay una reconfiguración entre diferentes estructuras armadas con su respectivo impacto sobre la población, aspecto que está pasando desapercibido en el resto del país. Además de las fronteras invisibles y las restricciones a la movilidad, se teme que han aumentado las amenazas, la extorsión, el desplazamiento y el despojo de casas en zonas estratégicas de los barrios. De igual manera, hay una gran preocupación por la violencia sexual, explotación sexual, y tráfico y trata de personas de carácter nacional y transnacional.

No se puede dejar de lado las denuncias y los llamados de la población sobre el uso y reclutamiento de niños y jóvenes por parte de los diferentes grupos armados (siendo incluso cada vez de menor edad, pues se conocen casos de niños de ocho años) para para transportar armas y drogas. Los mayores de 14 años son reclutados para extorsionar, controlar el microtráfico y cometer acciones sicariales. En el caso de las niñas y mujeres jóvenes, están siendo inducidas a la prostitución y son forzadas sexualmente por los integrantes de los grupos armados.

Y, en tercer lugar, hay consenso sobre el aumento de las muertes violentas desde agosto. Pero más allá del registro oficial y el subregistro, como lo señala un entrevistado, “actualmente hay una forma distinta de ejercer la violencia para no llamar la atención. Aquí ya no hay ‘casas de pique’, sino ‘casas de desaparición’”.

Al observar la tendencia general de los homicidios, en los últimos años vienen disminuyendo, con excepción de los años 2013 y 2014 (ver gráfico 2), cuando se enfrentaron la naciente organización ‘Banda Local’ con gente del ‘Clan del Golfo’ que llegó desde Urabá para tomar el control de la organización. Al mismo tiempo, la ‘Banda Local’ libraba una guerra por el control territorial con la debilitada ‘Empresa’. Entre enero y octubre de 2017 las cifras de homicidios se mantienen estables con respecto al año anterior, ya que se presentaron 54 asesinatos y 51 para el mismo periodo de 2016.

Gráfico 2. Homicidios en Buenaventura 2008-2016 (Fuente: Policía Nacional)

No es claro lo que está ocurriendo en Buenaventura a pesar de los aparentes consensos. A pesar de que las respuestas institucionales siguen el mismo libreto de individualización y capturas –resultados operacionales que deben reconocerse– lo que está ocurriendo en el puerto hace parte de un contexto macroregional que abarca todo el Andén Pacífico y que parece habérsele salido de las manos al gobierno colombiano.

El pacífico nariñense, Tumaco, el Sanquianga, la costa caucana (Guapi, Timbiquí y López de Micay), los escenarios de confrontación abierta en el centro y sur de Chocó, y los interrogantes que dejan los recambios en el norte del mismo departamento siguen siendo serias alertas de dinámicas territoriales que recogen los legados del conflicto armado. En este extenso territorio el posacuerdo parece ser una nueva etapa de la confrontación armada, más focalizada y criminalizada.

Queda por ver qué tan efectiva y eficiente será la recién creada Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que, como parte del Acuerdo de Paz, deberá coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas. Esperamos que esta instancia no se quede en otro saludo a la bandera en medio de las múltiples (y quizá innecesarias) instancias para velar por las garantías de seguridad en tiempos de transición.

El informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo Nº 047-17 alertó sobre la posible llegada de nuevos grupos armados a Buenaventura. A pesar de que las autoridades locales y la Fuerza Pública lo desmintieron, lo cierto es que en este puerto del Pacífico colombiano se está dando un reacomodo del crimen organizado. Ya desde mediados de año afirmamos, en el documento “Crimen Organizado y saboteadores armados en tiempos de transición”, que había una disputa de las comunas 10, 11 y 12 entre ‘La Empresa’ –que venía en proceso de fortalecimiento y recuperación militar– y otra organización que algunos llamaban ‘Urabeños’ por su relación con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o ‘Clan del Golfo’, pero que las autoridades denominaron ‘Banda Local’ por considerarla una estructura autónoma.

Sin embargo, este escenario ha cambiado sustancialmente. Hacia finales de 2016 estas dos organizaciones llegaron a un pacto de no agresión que habría ocasionado el debilitamiento sustancial de ‘La Empresa’ y su integración a la estructura de la ‘Local’. Esto influyó en la reducción del impacto sobre la población, situación que mantuvo hasta mediados de este año cuando se observó un aumento en los índices de violencia y presiones contra líderes sociales y la comunidad en general, principalmente, en las comunas 3, 4, 10 y 12. En el caso de los homicidios, por ejemplo, si bien hubo bajos niveles durante los primeros meses de 2017 (ver gráfico 1), entre mayo y junio se observa un aumento.

Gráfico 1. Homicidios en Buenaventura por mes – 2017 (Fuente. Policía Nacional)

Sumado a lo anterior, en las comunas 10 y 12 reaparecieron las fronteras invisibles y la confrontación se focaliza entre algunos barrios, como se puede ver en el siguiente mapa:

La lectura la Defensoría del Pueblo, respaldada por algunos líderes y organizaciones consultadas, señala la llegada del Clan del Golfo y el ELN a la zona rural del municipio, principalmente por el norte, por Juanchaco, La Barra y Ladrilleros. Allí, se han presentado desplazamientos por la llegada de estos grupos desde el Litoral de San Juan. En este caso, la confrontación entre el ELN y las AGC en el sur del Chocó estarían afectando las condiciones de seguridad de la zona rural de Buenaventura.

El mismo informe advierte sobre la presunta desaparición de ‘La Empresa’ y “la presencia de nuevos grupos armados ilegales denominados ‘La Gente del Orden’ (GO), y el posible fortalecimiento de otros que se encentraban en sectores rurales aledaños como el ELN y las AGC”. Sobre GO se sabe que ha venido presionando a niños y jóvenes para reclutarlos. Asimismo, no es claro si hay una relación entre este grupo y los que recibieron el mismo nombre en Tumaco –que hoy en día se autodenominan Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP). A pesar de esto, nuestras entrevistas dejan entrever que habría una relación entre ambos puertos, ya que los de Tumaco habrían establecido una franquicia en Buenaventura. De todas formas, no se descarta que se esté usando la marca ‘La Gente del Orden’.

La Defensoría también hace un llamado respecto al ELN y sus intereses en fortalecer sus estructuras para consolidar algún tipo de presencia en la Comuna 12, en la que ha circulado propaganda y ha habido intentos de reclutamiento. Y en las comunas 3 y 4 la afectación humanitaria estaría relacionada con el fortalecimiento de las AGC, grupo que cobra exacciones, amenazan a las comunidades y cometen homicidios y desplazamientos.

Nuestro trabajo de campo identificó otra versión que contradice a la de la Defensoría de Pueblo. La administración municipal y la Fuerza Pública establecieron que no hay indicios de la presencia del ELN ni de ‘La Gente del Orden’ en Buenaventura. Además, destacan que los esfuerzos de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales han evitado la llegada del ‘Clan del Golfo’ o AGC.

Pero en claro contraste con ambas versiones, hay otra interpretación. De acuerdo con nuestras entrevistas, actualmente se está presentando un reacomodo o enfrentamiento entre la ‘Banda Local’ o ‘Los del golfo’ con una facción de ‘La Empresa’ que se estaría conformando después de la salida de la cárcel de antiguos mandos de la organización, como Orlando Antonio Cuero Ramírez, alias ‘Orejas’ o ‘Mono’, quien estaría reuniendo cabecillas cercanos a él para organizar su regreso al puerto.

Por otro lado, según una fuente consultada, en los últimos meses se ha debilitado la cadena de mando del ‘Clan del Golfo’ o ‘Banda local’ que controlan el puerto, debido a la falta de pago a los cabecillas de barrio y miembros rasos. Esta situación generó que las estructuras barriales ganaran cierta autonomía para el manejo de la extorsión, el ajuste de cuentas e incluso del microtráfico. Una hipótesis es que los enfrentamientos pueden ser producto del intento de algunas estructuras barriales de ganar mayor control territorial en zonas estratégicas, como las comunas 3, 4, 10 y 12. 

Ahora bien, las tres versiones que identificamos tienen al menos tres elementos en común.

En primer lugar, hay consenso sobre la llegada de extraños a las comunas mencionadas. Más allá del nombre u organización a las que estas personas puedan pertenecer se teme que un nuevo grupo armado genere un recrudecimiento de la violencia o, por el contrario, se hagan acuerdos o alianzas para no llamar la atención de las autoridades locales ni nacionales, como ocurrió en 2014 y 2015. Esto tendría un efecto negativo en la población civil y es la imposición de normas de control social, confinamiento y la ocurrencia de violencias menos visibles, a las que se sumaría las restricciones para el acceso de organismos humanitarios.

En segundo lugar, hay una reconfiguración entre diferentes estructuras armadas con su respectivo impacto sobre la población, aspecto que está pasando desapercibido en el resto del país. Además de las fronteras invisibles y las restricciones a la movilidad, se teme que han aumentado las amenazas, la extorsión, el desplazamiento y el despojo de casas en zonas estratégicas de los barrios. De igual manera, hay una gran preocupación por la violencia sexual, explotación sexual, y tráfico y trata de personas de carácter nacional y transnacional.

No se puede dejar de lado las denuncias y los llamados de la población sobre el uso y reclutamiento de niños y jóvenes por parte de los diferentes grupos armados (siendo incluso cada vez de menor edad, pues se conocen casos de niños de ocho años) para para transportar armas y drogas. Los mayores de 14 años son reclutados para extorsionar, controlar el microtráfico y cometer acciones sicariales. En el caso de las niñas y mujeres jóvenes, están siendo inducidas a la prostitución y son forzadas sexualmente por los integrantes de los grupos armados.

Y, en tercer lugar, hay consenso sobre el aumento de las muertes violentas desde agosto. Pero más allá del registro oficial y el subregistro, como lo señala un entrevistado, “actualmente hay una forma distinta de ejercer la violencia para no llamar la atención. Aquí ya no hay ‘casas de pique’, sino ‘casas de desaparición’”.

Al observar la tendencia general de los homicidios, en los últimos años vienen disminuyendo, con excepción de los años 2013 y 2014 (ver gráfico 2), cuando se enfrentaron la naciente organización ‘Banda Local’ con gente del ‘Clan del Golfo’ que llegó desde Urabá para tomar el control de la organización. Al mismo tiempo, la ‘Banda Local’ libraba una guerra por el control territorial con la debilitada ‘Empresa’. Entre enero y octubre de 2017 las cifras de homicidios se mantienen estables con respecto al año anterior, ya que se presentaron 54 asesinatos y 51 para el mismo periodo de 2016.

Gráfico 2. Homicidios en Buenaventura 2008-2016 (Fuente: Policía Nacional)

No es claro lo que está ocurriendo en Buenaventura a pesar de los aparentes consensos. A pesar de que las respuestas institucionales siguen el mismo libreto de individualización y capturas –resultados operacionales que deben reconocerse– lo que está ocurriendo en el puerto hace parte de un contexto macroregional que abarca todo el Andén Pacífico y que parece habérsele salido de las manos al gobierno colombiano.

El pacífico nariñense, Tumaco, el Sanquianga, la costa caucana (Guapi, Timbiquí y López de Micay), los escenarios de confrontación abierta en el centro y sur de Chocó, y los interrogantes que dejan los recambios en el norte del mismo departamento siguen siendo serias alertas de dinámicas territoriales que recogen los legados del conflicto armado. En este extenso territorio el posacuerdo parece ser una nueva etapa de la confrontación armada, más focalizada y criminalizada.

Queda por ver qué tan efectiva y eficiente será la recién creada Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que, como parte del Acuerdo de Paz, deberá coordinar e impulsar las medidas preventivas y de reacción rápida ante los factores de riesgo advertidos por la Defensoría del Pueblo, de modo que las entidades y autoridades competentes adopten de manera urgente las medidas necesarias y pertinentes para prevenir y conjurar los riesgos y amenazas. Esperamos que esta instancia no se quede en otro saludo a la bandera en medio de las múltiples (y quizá innecesarias) instancias para velar por las garantías de seguridad en tiempos de transición.