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En una reunión de carácter confidencial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó este martes a los representantes de las Farc. Allí, estos últimos le expusieron a esa instancia internacional las razones que los llevaron a solicitar de manera formal medidas cautelares de protección para los más de 10 mil excombatientes que avanzan en su proceso de reincorporación y que a su juicio están siendo víctimas de una “política de exterminio”.
Este diario habló con Diego Martínez, integrante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y peticionario en representación del partido FARC, junto con la Fundación de Derechos Humanos del Oriente Colombiano, ante la CIDH. En esta entrevista, explicó en detalle los motivos que llevaron a esa colectividad a acudir ante ese órgano y cuáles son las expectativas frente a las acciones que pueda tomar de cara al Estado colombiano.
(Contexto: Tras 197 asesinatos de excombatientes, FARC busca medidas cautelares de la CIDH)
¿Por qué el partido FARC acude en este momento ante la CIDH?
Por considerar que hay una situación de gravedad y urgencia, toda vez que están ocurriendo en contra del partido FARC, y sobre todo de los firmantes del acuerdo de paz, una serie de hechos y circunstancias que nos hacen presumir que estamos camino a que se desarrolle una política tendiente a exterminar un grupo político nacional.
¿Cuáles son esos hechos?
En primer lugar, la falta de garantías para la vida y la integridad física de los firmantes del acuerdo en varias regiones, como Huila, Cauca y en las nuevas áreas de reincorporación que están surgiendo. En segunda medida, la omisión de implementación de parte del Estado en materia de las garantías de seguridad dispuestas en el Acuerdo Final de Paz. Esa omisión está constitucionalmente plasmada en el acto legislativo 02 de 2017, donde dice que los derechos humanos que se encuentran en el acuerdo son de obligatorio cumplimiento. Y un tercer hecho es la persecución y la estigmatización a los exintegrantes de las extintas Farc que tienen como repercusión transgresiones al derecho a la vida, desplazamientos forzados, entre otras. En concreto estamos hablando de más de 197 excombatientes asesinados, espacios territoriales enteros que han tenido que desplazarse porque el Estado no brinda las garantías, chuzadas ilegales por parte del Ejército, y en muchos casos acciones directas de agentes de la fuerza pública en contra de exintegrantes de las Farc.
Y un factor detonante tiene que ver con la impunidad. De acuerdo con los datos proporcionados por la Fiscalía, calculamos una impunidad, es decir una falta de sentencias judiciales, en un 90% de los casos.
¿Cómo demostrar ante la CIDH la omisión del Estado con esas responsabilidades?
Porque se ha dejado de poner en práctica muchos instrumentos legales que contiene el Acuerdo Final en materia de garantías de seguridad. Por ejemplo, no se ha realizado el proceso para construir un pacto político nacional para alejar las armas de la política. Segundo, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía no cuenta con la autonomía que preveía el acuerdo, es decir, el Estado dejó de implementar esa autonomía que la unidad necesitaba para investigar y, a pesar de que existen importantes esfuerzos por parte de la Fiscalía, eso se traduce en las siguientes cifras: de 228 casos de homicidio, tentativas de homicidio y desapariciones forzadas, en 103 hay avances en la investigación y solo hay 26 sentencias judiciales. Y ahí están por fuera las amenazas, las afectaciones a derechos políticos o el desplazamiento forzado, este último el más común. Entonces, sólo se han proferido sentencias en 11% de los casos. La impunidad es cercana al 90%. Otro elemento por el que consideramos que el Estado no está actuando es que hay muchas medidas de protección asignadas en la Unidad Nacional de Protección (UNP) a excombatientes de las Farc y no se han materializado. Y lo más grave es que el Estado no ha hecho las reformas y ajustes institucionales para garantizar la no repetición de lo ocurrido. Un caso concreto son las chuzadas del Ejército, donde aparecen los negociadores y los líderes del partido FARC, que también están siendo chuzados e investigados de manera ilegal por el Ejército.
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¿Qué se espera de la CIDH?
Existen diversas peticiones al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Esta situación se presentó ante Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a su representante en Colombia, Alberto Brunori. Lo que esperamos en el caso de la CIDH es poder instaurar una mesa de concertación con el Estado colombiano a efectos de hacer seguimiento sistemático a una necesidad de protección a los exintegrantes de las Farc, así como también hacer seguimiento y realizar recomendaciones para que el Estado tenga una política de protección integral. Después de tres años y medio de firmado el Acuerdo Final, y esta es tal vez la omisión más grave, no se cuenta con esa política. Por ejemplo, tener la inteligencia militar y de seguridad del Estado para investigar quiénes son los causantes de las muertes de los excombatientes, no para investigar a los excombatientes de manera ilegal.
En segunda medida, el reglamento de la CIDH plantea la posibilidad de realizar una visita a Colombia, para verificar la situación de derechos humanos y realizar un especial monitoreo con relación a la implementación de los puntos de derechos humanos. Y, por último, esperamos que no se descarte la posibilidad de que en el próximo informe anual que se presenta en la asamblea de la OEA se incorpore la situación de los defensores y la situación del acuerdo de paz. La CIDH ya se refirió a la implementación del acuerdo en el pasado informe, lo que estamos pidiendo es que haya un monitoreo en esta oportunidad, que haya una visita al país.
¿Es decir que se acude a esa comisión como último recurso para buscar la protección de los excombatientes?
Exacto. Porque se trata de una situación evidentemente grave, porque queremos evitar un exterminio contra un grupo nacional, que es lo que está ocurriendo. De seguir así, en pocos días estaremos ante 200 exintegrantes de las Farc muertos, lo que configuraría un delito de exterminio contra un grupo nacional. Queremos evitar un genocidio político.
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¿Cómo es el proceso ahora en la CIDH?
La CIDH recibe la información que le hemos dado, luego pregunta al Estado colombiano y puede tomar diversos caminos, entre ellos una visita al país, la emisión de medidas cautelares o requerimientos expresos a Colombia.
En el caso de que la CIDH emita las medidas cautelares, ¿cuáles son las implicaciones para el Estado colombiano?
Nosotros hemos dicho que esto es una muestra de confianza, porque las Farc eran muy escépticas con estos mecanismos de derechos humanos y lo que hemos hecho es una demostración de confianza en el sistema internacional de derechos humanos. Pero en concreto lo que esperamos es que bien sea con medidas cautelares, sea con una visita al país o sea con una exigencia expresa a las autoridades nacionales se evite la ocurrencia de un genocidio en contra de un grupo nacional. La implicación es que se debe construir una mesa de concertación con el Estado colombiano y sus poderes públicos, para fortalecer las instituciones de cara a la necesidad de proteger a un grupo que evidentemente está siendo víctima de una persecución sistemática.
Y hay que resaltar que no es sólo un reclamo por las garantías y los derechos de las Farc. Es un reclamo por las garantías a favor de las comunidades rurales en los territorios, que hoy están desprotegidas. Las Farc han pasado de ser una organización alzada en armas, a ser comunidades campesinas en los territorios que no cuentan con tierra. Es un llamado por la aplicación integral del acuerdo de paz a favor de las comunidades rurales e indígenas que están siendo afectadas en los territorios.
¿Y cómo podría repercutir esa solicitud de medidas cautelares a la CIDH en los territorios?
Porque la CIDH tiene una labor de monitoreo de derechos humanos, y allí también están derechos como el acceso a la tierra, la participación política, que han sido comprometidos en el acuerdo de paz y no están siendo implementados: cero medidas en materia de reforma política en el Gobierno, cero hectáreas de tierra adjudicadas a comunidades rurales. Se trata de solicitarle a una entidad internacional que monitoree y recomiende al Estado colombiano medidas para evitar que el conflicto armado reaparezca en algunas de esas regiones. Es un llamado por la integralidad del Acuerdo Final.