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Por lo menos 250 personas de cuatro veredas de la zona rural del municipio de Ituango, en Antioquia, se han desplazado en la última semana debido a los enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se disputan el territorio y una de las principales rutas del narcotráfico.
Para entender lo que sucede en este municipio es necesario analizar no solo las dinámicas locales, sino también las de la región. Eso teniendo en cuenta, además, que Ituango limita con Córdoba, un departamento con presencia histórica de grupos paramilitares que se han ido moviendo hacia zonas vecinas de Antioquia. También está la frontera con la subregión del Bajo Cauca, en la que hacen presencia más de cuatro grupos ilegales.
El Espectador habló con la lideresa social y ambiental Isabel Cristina Zuleta, integrante del movimiento Ríos Vivos y la Asociación de Mujeres Defensoras del Agua Afectada por Hidroituango, sobre las dinámicas de violencia y lo que viven las comunidades.
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¿Cuál es el panorama actual de violencia en Ituango?
Hay que entender que Ituango está rodeado de una situación de toda la región. Lo que rodea a Ituango es el megaproyecto hidroeléctrico Hidroituango, que es la frontera con el municipio de Briceño, Toledo, Valdivia y Peque, los cuales están todos afectados por este proyecto. Pero también más del 52 % del territorio itanguino es del Parque Nacional Nudo del Paramillo. Este parque es atravesado por una ruta histórica de la coca. Lo que nosotros decimos es que no es el único factor que influye, y por esta razón no podemos solo concentrarnos en el fenómeno de la coca, sino que también hay que mirar la minería legal e ilegal. Hay un gran título minero que atraviesa desde Briceño hasta Ituango, justo en la zona del muro hacia abajo. Según la base de información pública, este sector está en explotación, entonces nosotros nos preguntamos: ¿qué es lo que está pasando aquí?
¿Realmente estamos en una situación de crisis de los barequeros afectados por el proyecto Hidroituango que los quiere sacar de ahí y desalojar? O, ¿es que están afectando un título minero? También tenemos minería legal en las entradas de estos cañones, en donde las comunidades que viven acá han sido desplazadas históricamente. Nosotros estamos diciéndole al Gobierno Nacional que crucemos la variable del tema de la explotación minera legal e ilegal, porque ya hay explotación en Ituango, en la vereda Palo Blanco, y ahí solo hay una solicitud de título minero, que no está entregado por el momento. Entonces lo que nos preguntamos es: ¿por qué hay explotación? Eso es ilegal.
Los desplazamientos se están presentando en donde no hay un control por parte de algún grupo armado y el territorio está en disputa. Lo otro que nos preguntamos es: ¿por qué después de que ya tienen el control empieza la minería?, empiezan a socializar que allí va a haber una explotación de una mina y nos quedan muchos interrogantes porque no entendemos cómo año tras año se da un desplazamiento de las mismas personas, de los mismos territorios, por las mismas causas de confrontación entre grupos casi en la misma fecha y el Gobierno no puede evitarlo.
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¿Cuáles son los grupos armados que hay en la zona?
Las disidencias que tienen presencia en Ituango son tres grupos diferentes que hemos podido identificar. Está el frente 18, que es el histórico de las extintas Farc que hacía presencia en el territorio. También tenemos el frente 36, el cual surgió del comando que operaba en el municipio de Briceño antes de la salida de la exguerrilla de las Farc. Por último está el frente 5, que históricamente había estado en el occidente, hacia el municipio de Peque. También hay presencia de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que se presentan bajo ese nombre y tienen pintado el territorio con sus iniciales. Hay otro grupo que está llegando al territorio que son los Pachelis, quienes tienen presencia en el cañón del río San Andrés y llevan mucho tiempo allí.
La situación es complicada, hay tantos grupos armados que no sabemos si hay alianzas o cada uno va por su lado. Lo que sí es seguro es que todos amenazan, porque no es solo desplazamientos, también hay extorsiones. Incluso un grupo paramilitar hizo visitas a las casas y pasan por una calle todos los días y le dicen a la gente que los llamen para lo que necesiten resolver. Lo complejo es que al otro día los llama el otro y al siguiente, otro. Es una situación insoportable, y más en la población rural que no tiene cómo pagar extorsiones.
El fenómeno de desplazamiento varía según los grupos de incidencia y mientras unos obligan a la gente a salir, otros los amedrentan para que se queden...
Esto pasa porque los intereses de cada grupo son distintos. Si el Ejército acude a este lugar, el otro grupo no puede estar, o simplemente se confronta a los paramilitares o disidencias, pero no pueden estar los dos juntos. El problema es cuando el Ejército sale de la vereda, pues inmediatamente llega el otro grupo armado, en este caso las disidencias, a preguntar quiénes fueron los colaboradores para que las AGC pudieran entrar en el territorio y esto sucede al contrario también. Estos grupos empiezan a averiguar si alguien le vendió a alguno del otro grupo así sea una gaseosa y empiezan a matar a la gente.
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¿Cree que desde la administración local se han tomado medidas eficientes para frenar el problema? ¿Están desbordados?
Acá no les interesa. El alcalde de Ituango, Edwin Mauricio Mira, ha dicho públicamente que no hablemos de los asesinatos, que eso es hacer quedar mal al municipio. Su visión, y me lo dijo personalmente, es que no entendía tanto alboroto con los derechos humanos si eso no daba plata, que eso qué obras significaba. Nosotros tenemos que priorizar la vida y ellos lo que han priorizado son las obras.
¿Por qué todos los años en la misma época pasa lo mismo?
Nosotros estamos buscando una explicación a esa pregunta. Queremos saber por qué todos los años en los primeros meses del año se presentan estas mismas situaciones. Tenemos algunas hipótesis, pero lo que no tenemos es la respuesta, y solos nos queda imposible darla. Además, esto no es nuestra responsabilidad, esto les corresponde a otras personas, y se supone que el Estado está para que nos proteja. Que esto pase siempre en la misma época para nosotros es muy diciente porque va en paralelo con los síntomas de lo que se ve para ese año.
Este año se juega en el municipio de Ituango esa disputa territorial, eso que se ha venido cuajando lentamente. Y a esto hay que agregarle lo que pasó con el COVID-19, que para los grupos armados no existió y eso se ve con los desplazamientos. Con la pandemia lo que vimos fue el fortalecimiento de estas estructuras, lo que ha hecho todo más complicado porque se pasean por todo lado sin tapabocas y la gente en un momento ni siquiera podía salir de las casas por el virus. Con este fortalecimiento de los grupos, la facilidad para entrar a los territorios y la inauguración de la mina Buriticá, todos están planeando para saber quién y qué va a definir la vida del municipio en este año.
¿Qué han hecho desde las organizaciones sociales frente a estos temas?
Las organizaciones que quedan en el territorio son muy pocas. Quedamos algunas personas, porque da mucho miedo denunciar y hablar. Lo que hemos podido hacer es cruces de información, preguntándoles a las autoridades ambientales, al Gobierno Nacional, pensando qué es lo que está pasando, acompañando a los afectados de la violencia en la población pesquera y barequera, porque ahí también hay mucha violencia.
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