¿Quiénes amenazan y asesinan a los líderes sociales en el sur de Córdoba?

Las poblaciones del sur de Córdoba, al igual que otras del país, siguen padeciendo las consecuencias de las disputas entre grupos armados ilegales por el dominio de las zonas despejadas por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz. Sumado a esto, el incumplimiento de lo pactado ha generado que las comunidades pierdan confianza en el Gobierno y se incrementen los factores de riesgo para los líderes y lideresas que les han apostado a la paz y a la transformación de sus territorios.

Iván Ojeda, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) seccional Córdoba, comenta que antes de la firma del Acuerdo de Paz los líderes y lideresas de la región tenían sus propias medidas de autoprotección, y aunque siempre han estado expuestos, tras el Acuerdo de Paz la vulnerabilidad aumentó. “Hoy en día todo el mundo sabe quién es líder, qué hace, dónde está, porque todos nos mostramos. Creímos en esa idea que todo iba a cambiar e iba a ser distinto”, afirma.

Basados en esa promesa de transformación y de alcanzar la paz, los líderes y lideresas se expusieron mostrando sus procesos y necesidades creyendo en que la implementación del Acuerdo sería un éxito, pero no fue así. “Cuando ya se dio la firma del Acuerdo, los actores armados ya saben dónde estamos, qué población manejamos, cuáles son las zonas de influencia, si está protegido o no. Ahí nos dimos cuenta de que comenzaron los asesinatos selectivos y sistemáticos”, expresa Ojeda.

(Lea: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno)

Desde la firma del Acuerdo hasta marzo de 2020 se han presentado al menos 111 agresiones a líderes y lideresas del sur de Córdoba: 76 casos de amenazas, 33 asesinatos y dos atentados, según el cruce de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones Somos Defensores, Misión de Observación Electoral (MOE), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Fundación Paz y Reconciliación (Pares), y la de Indepaz y Marcha Patriótica. La mayoría de los casos se han presentado en cuatro de los cinco municipios que componen esta región: Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano. El 2018 fue el año con más sucesos (42), seguido de 2019 (41).

Con el fin de visibilizar la situación de los líderes y lideresas en el sur de Córdoba, La Paz en el Terreno desarrolló un ejercicio de cartografía -vía web- sobre los riesgos para el liderazgo social en la zona. Se contó con la participación de un grupo representativo de líderes, (por cuestiones de seguridad no publicamos sus nombres) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este espacio se identificó que las agresiones a los líderes y lideresas están relacionadas con la implementación del Acuerdo, el fortalecimiento y las disputas entre los diferentes grupos armados que se encuentran en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo; el nuevo frente 18 Román Ruiz, conformado por disidentes de las Farc, y el llamado Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), más conocido como los Caparros o Caparrapos. Estos riesgos para las comunidades han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Mateo Gómez, director del SAT, afirma que se “han advertido en siete oportunidades los riesgos que se entretejen en el departamento de Córdoba y particularmente en el sur, que ha sido nuestro principal foco de atención”.

Vea completo el mapa de riesgo para los líderes sociales en el sur de Córdoba

La pandemia del COVID-19, que tiene en confinamiento al país desde el mes de marzo, ha agudizado esta situación. “Algunos líderes quedaron dentro de sus comunidades y muchos están recibiendo amenazas de los grupos armados, porque saben que están en sus casas y que los escoltas no los están visitando todos los días. La protección y las garantías disminuyeron porque toda la fuerza se concentró en la emergencia sanitaria”, afirma la CPDH de Córdoba.

Zona estratégica para la ilegalidad

Al colindar con las regiones antioqueñas del Bajo Cauca y del Urabá, los municipios del sur de Córdoba han sido utilizados como corredores estratégicos para mover mercancía, drogas y armas entre el norte, el sur del país y la región del Pacífico. En el año 2009, las Farc, las AGC y otra banda criminal de herencia paramilitar, los Paisas, establecieron un acuerdo tácito que permitía la convivencia pacífica entre estos grupos ilegales en el municipio de San José de Uré, según la Alerta temprana No. 023-18 de febrero de 2018.

(Vea más: ¿Por qué se recrudece la violencia en los Montes de María?)

Tras la ruptura de este pacto en 2017 y la salida de las Farc del territorio por la firma del Acuerdo de Paz, las AGC intensificaron la disputa por el control poblacional y territorial de las rutas del narcotráfico presentes en estos municipios del sur, tomaron el “control hegemónico de la criminalidad en el departamento de Córdoba” y se convirtieron en “la principal fuente de amenaza para la población civil”, actuando principalmente en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, describe otra alerta publicada en diciembre de 2019.

Los Caparros entraron en 2008 al sur de Córdoba -provenientes del corregimiento La Caucana de Tarazá, Antioquia-, por los municipios de San José de Uré y Montelíbano, en busca del control sobre el corredor estratégico que conecta a los dos departamentos. A raíz de este interés se han enfrentado a las AGC, dejando a las comunidades en medio de los combates. Incluso, en noviembre de 2019 los Gatianistas crearon el frente Bajo Sinú para frenar su expansión, relata la Defensoría en una alerta de este año.

Para grupos como los Caparros, la pandemia les ha servido para posicionarse en la región. Al tiempo que asesinan y amenazan, “ellos son los que hacen el control sanitario, permiten la entrada y salida de la gente, proveen alimento a las comunidades y hasta reparten mercados”, afirman algunos líderes y lideresas del departamento.

Otro grupo que actúa en el sur de Córdoba es el nuevo frente 18 Román Ruiz, que opera en el Nudo del Paramillo, conformado por excombatientes de los frentes 5, 8 y 58 de las Farc. Esta estructura se ubica en las cuencas altas de los ríos Sinú y Esmeralda, y buscan quitarles el control a las AGC de las cuencas de los ríos Manso y Tigre, que confluyen en el Parque Nacional Natural Paramillo.

La disputa de estos grupos armados ilegales ha producido más de 100 agresiones a líderes y lideresas desde la firma del Acuerdo de Paz. Del total de casos registrados, 25 corresponden a mujeres y 86 a hombres. Durante el ejercicio de cartografía salió a flote que esta región es de alto riesgo para la población LGBTI por discriminación, amenazas y agresiones. En julio de 2019 fueron asesinados dos líderes de esa comunidad en el casco urbano de Montelíbano y la organización Tierralta Diversa desapareció porque sus integrantes fueron amenazados y asesinados.

Montería se encuentra sumergida en una dinámica de microtráfico. Los Gaitanistas tienen influencia territorial a nivel urbano y rural, y según relatan algunos líderes, por esta razón no se comercializa ni se siembra coca en este municipio, sino que se distribuye la marihuana que viene del Urabá antioqueño y del Bajo Cauca.

“El sur de Córdoba ha sido estratégico para la guerra por los corredores de la droga. Quien domine el sur de Córdoba y esta zona tiene todo el control”, expresan líderes y lideresas. La conexión con Ituango y la cercanía con el Paramillo, que conduce al Golfo de Urabá, es un paso obligado para el narcotráfico y nutre la actividad a pequeña escala en los cascos urbanos y veredales de estos municipios.

(También puede interesarle: Los riesgos para los líderes sociales en el sur del país)

A 2019, el número de hectáreas de cultivos de coca en el sur de Córdoba es de 2.881, según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). De los cinco municipios que componen esta región, Tierralta es el que tiene más hectáreas, con un total de 1.140; seguido de Puerto Libertador, con 855, y Montelíbano, con 540.

Actores legales, otro riesgo

En los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano opera la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División del Ejército Nacional desde finales del año 2019. Según la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa tomó esta decisión “con el objetivo de atacar, debilitar y neutralizar las estructuras criminales que delinquen en los municipios” del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

Para desarrollar su labor, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles ha hecho uso de la figura de la Red de Participación Cívica. Según registró El Espectador en una nota publicada en enero de 2019, el presidente Iván Duque afirmó: “Nuestro Gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, para obtener información que permita desmantelar sus estructuras”. Dentro de su plan “El que la hace la paga”, el presidente también integró la colaboración de las comunidades con la Policía bajo el nombre Red de Participación Ciudadana.

Los líderes denunciaron que esta invitación a colaborar les ha significado un mayor riesgo para sus actividades, porque “los pone en el ojo de los grupos armados” y cuando asesinan a algún miembro de la comunidad o al líder o lideresa, se dice que fue “por ser informante”.

Otro actor legal que genera riesgo, según los líderes y lideresas de la región, es la empresa Urrá S. A. E. S. P., dueña del proyecto Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada al sur del municipio de Tierralta, Córdoba. Este proyecto fue construido en 1993 y puesto a funcionar en 2000, año en el que empezó a comercializarse la energía que produce la hidroeléctrica. Según los líderes, se ha generado una disputa con la empresa porque tiene una deuda con la titulación de los terrenos entregados a 589 familias, las cuales tuvieron que abandonar sus tierras a raíz de la construcción de la hidroeléctrica y fueron reasentadas en otras zonas.

El equipo directivo de la empresa acotó que además de las familias reasentadas, a 285 familias les han entregado un área adicional, para un total de 874 escrituras de titulación.

(Le puede interesar: Estos son los líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz)

El 17 de enero de este año fue asesinado el líder Luis Darío Rodríguez Narváez, quien se encontraba liderando procesos de restitución de tierras para familias reasentadas en el marco de la inundación de tierras del alto Sinú por la hidroeléctrica Urrá 1. Sobre este caso, la empresa declaró que “no tiene ni ha tenido que ver con estas situaciones, y que no hay algún tipo de injerencia del personal directo o indirecto en asesinatos de ninguna persona en el Alto Sinú”.

Los posibles nexos de la empresa con los grupos armados ilegales, denunciados por los líderes y lideresas de la zona, genera una relación tensa entre Urrá y los habitantes que ven riesgoso el desarrollo de sus liderazgos sociales en la zona.

“Negamos rotundamente ese tipo de acusaciones, no es justo, porque parece ser que la única presencia seria del Estado allá, en la comunidad de Tierralta y Valencia, es la hidroeléctrica”, declaró la empresa.

La Paz en el Terreno se contactó con la oficina de prensa del coronel Jairo Alfonso Baquero Puentes, comandante de la Policía de Córdoba; con el general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, y con el señor Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, para conocer sus declaraciones sobre la situación, pero no se recibió respuesta.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Esta publicación es posible gracias al apoyo del PNUD y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.

Las poblaciones del sur de Córdoba, al igual que otras del país, siguen padeciendo las consecuencias de las disputas entre grupos armados ilegales por el dominio de las zonas despejadas por las Farc tras la firma del Acuerdo de Paz. Sumado a esto, el incumplimiento de lo pactado ha generado que las comunidades pierdan confianza en el Gobierno y se incrementen los factores de riesgo para los líderes y lideresas que les han apostado a la paz y a la transformación de sus territorios.

Iván Ojeda, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) seccional Córdoba, comenta que antes de la firma del Acuerdo de Paz los líderes y lideresas de la región tenían sus propias medidas de autoprotección, y aunque siempre han estado expuestos, tras el Acuerdo de Paz la vulnerabilidad aumentó. “Hoy en día todo el mundo sabe quién es líder, qué hace, dónde está, porque todos nos mostramos. Creímos en esa idea que todo iba a cambiar e iba a ser distinto”, afirma.

Basados en esa promesa de transformación y de alcanzar la paz, los líderes y lideresas se expusieron mostrando sus procesos y necesidades creyendo en que la implementación del Acuerdo sería un éxito, pero no fue así. “Cuando ya se dio la firma del Acuerdo, los actores armados ya saben dónde estamos, qué población manejamos, cuáles son las zonas de influencia, si está protegido o no. Ahí nos dimos cuenta de que comenzaron los asesinatos selectivos y sistemáticos”, expresa Ojeda.

(Lea: Después del acuerdo de paz, el 52% de los líderes sociales fue asesinado en este Gobierno)

Desde la firma del Acuerdo hasta marzo de 2020 se han presentado al menos 111 agresiones a líderes y lideresas del sur de Córdoba: 76 casos de amenazas, 33 asesinatos y dos atentados, según el cruce de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo y las organizaciones Somos Defensores, Misión de Observación Electoral (MOE), Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Fundación Paz y Reconciliación (Pares), y la de Indepaz y Marcha Patriótica. La mayoría de los casos se han presentado en cuatro de los cinco municipios que componen esta región: Puerto Libertador, San José de Uré, Tierralta y Montelíbano. El 2018 fue el año con más sucesos (42), seguido de 2019 (41).

Con el fin de visibilizar la situación de los líderes y lideresas en el sur de Córdoba, La Paz en el Terreno desarrolló un ejercicio de cartografía -vía web- sobre los riesgos para el liderazgo social en la zona. Se contó con la participación de un grupo representativo de líderes, (por cuestiones de seguridad no publicamos sus nombres) y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En este espacio se identificó que las agresiones a los líderes y lideresas están relacionadas con la implementación del Acuerdo, el fortalecimiento y las disputas entre los diferentes grupos armados que se encuentran en la región, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o el Clan del Golfo; el nuevo frente 18 Román Ruiz, conformado por disidentes de las Farc, y el llamado Bloque Virgilio Peralta Arenas (BVPA), más conocido como los Caparros o Caparrapos. Estos riesgos para las comunidades han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo por medio del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). Mateo Gómez, director del SAT, afirma que se “han advertido en siete oportunidades los riesgos que se entretejen en el departamento de Córdoba y particularmente en el sur, que ha sido nuestro principal foco de atención”.

Vea completo el mapa de riesgo para los líderes sociales en el sur de Córdoba

La pandemia del COVID-19, que tiene en confinamiento al país desde el mes de marzo, ha agudizado esta situación. “Algunos líderes quedaron dentro de sus comunidades y muchos están recibiendo amenazas de los grupos armados, porque saben que están en sus casas y que los escoltas no los están visitando todos los días. La protección y las garantías disminuyeron porque toda la fuerza se concentró en la emergencia sanitaria”, afirma la CPDH de Córdoba.

Zona estratégica para la ilegalidad

Al colindar con las regiones antioqueñas del Bajo Cauca y del Urabá, los municipios del sur de Córdoba han sido utilizados como corredores estratégicos para mover mercancía, drogas y armas entre el norte, el sur del país y la región del Pacífico. En el año 2009, las Farc, las AGC y otra banda criminal de herencia paramilitar, los Paisas, establecieron un acuerdo tácito que permitía la convivencia pacífica entre estos grupos ilegales en el municipio de San José de Uré, según la Alerta temprana No. 023-18 de febrero de 2018.

(Vea más: ¿Por qué se recrudece la violencia en los Montes de María?)

Tras la ruptura de este pacto en 2017 y la salida de las Farc del territorio por la firma del Acuerdo de Paz, las AGC intensificaron la disputa por el control poblacional y territorial de las rutas del narcotráfico presentes en estos municipios del sur, tomaron el “control hegemónico de la criminalidad en el departamento de Córdoba” y se convirtieron en “la principal fuente de amenaza para la población civil”, actuando principalmente en los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano, describe otra alerta publicada en diciembre de 2019.

Los Caparros entraron en 2008 al sur de Córdoba -provenientes del corregimiento La Caucana de Tarazá, Antioquia-, por los municipios de San José de Uré y Montelíbano, en busca del control sobre el corredor estratégico que conecta a los dos departamentos. A raíz de este interés se han enfrentado a las AGC, dejando a las comunidades en medio de los combates. Incluso, en noviembre de 2019 los Gatianistas crearon el frente Bajo Sinú para frenar su expansión, relata la Defensoría en una alerta de este año.

Para grupos como los Caparros, la pandemia les ha servido para posicionarse en la región. Al tiempo que asesinan y amenazan, “ellos son los que hacen el control sanitario, permiten la entrada y salida de la gente, proveen alimento a las comunidades y hasta reparten mercados”, afirman algunos líderes y lideresas del departamento.

Otro grupo que actúa en el sur de Córdoba es el nuevo frente 18 Román Ruiz, que opera en el Nudo del Paramillo, conformado por excombatientes de los frentes 5, 8 y 58 de las Farc. Esta estructura se ubica en las cuencas altas de los ríos Sinú y Esmeralda, y buscan quitarles el control a las AGC de las cuencas de los ríos Manso y Tigre, que confluyen en el Parque Nacional Natural Paramillo.

La disputa de estos grupos armados ilegales ha producido más de 100 agresiones a líderes y lideresas desde la firma del Acuerdo de Paz. Del total de casos registrados, 25 corresponden a mujeres y 86 a hombres. Durante el ejercicio de cartografía salió a flote que esta región es de alto riesgo para la población LGBTI por discriminación, amenazas y agresiones. En julio de 2019 fueron asesinados dos líderes de esa comunidad en el casco urbano de Montelíbano y la organización Tierralta Diversa desapareció porque sus integrantes fueron amenazados y asesinados.

Montería se encuentra sumergida en una dinámica de microtráfico. Los Gaitanistas tienen influencia territorial a nivel urbano y rural, y según relatan algunos líderes, por esta razón no se comercializa ni se siembra coca en este municipio, sino que se distribuye la marihuana que viene del Urabá antioqueño y del Bajo Cauca.

“El sur de Córdoba ha sido estratégico para la guerra por los corredores de la droga. Quien domine el sur de Córdoba y esta zona tiene todo el control”, expresan líderes y lideresas. La conexión con Ituango y la cercanía con el Paramillo, que conduce al Golfo de Urabá, es un paso obligado para el narcotráfico y nutre la actividad a pequeña escala en los cascos urbanos y veredales de estos municipios.

(También puede interesarle: Los riesgos para los líderes sociales en el sur del país)

A 2019, el número de hectáreas de cultivos de coca en el sur de Córdoba es de 2.881, según el Observatorio de Drogas de Colombia (ODC). De los cinco municipios que componen esta región, Tierralta es el que tiene más hectáreas, con un total de 1.140; seguido de Puerto Libertador, con 855, y Montelíbano, con 540.

Actores legales, otro riesgo

En los municipios de Tierralta, San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano opera la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles de la Séptima División del Ejército Nacional desde finales del año 2019. Según la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa tomó esta decisión “con el objetivo de atacar, debilitar y neutralizar las estructuras criminales que delinquen en los municipios” del sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

Para desarrollar su labor, la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles ha hecho uso de la figura de la Red de Participación Cívica. Según registró El Espectador en una nota publicada en enero de 2019, el presidente Iván Duque afirmó: “Nuestro Gobierno seguirá impulsando las redes de participación cívica a través del trabajo mancomunado entre la Fuerza Pública y la ciudadanía, para obtener información que permita desmantelar sus estructuras”. Dentro de su plan “El que la hace la paga”, el presidente también integró la colaboración de las comunidades con la Policía bajo el nombre Red de Participación Ciudadana.

Los líderes denunciaron que esta invitación a colaborar les ha significado un mayor riesgo para sus actividades, porque “los pone en el ojo de los grupos armados” y cuando asesinan a algún miembro de la comunidad o al líder o lideresa, se dice que fue “por ser informante”.

Otro actor legal que genera riesgo, según los líderes y lideresas de la región, es la empresa Urrá S. A. E. S. P., dueña del proyecto Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada al sur del municipio de Tierralta, Córdoba. Este proyecto fue construido en 1993 y puesto a funcionar en 2000, año en el que empezó a comercializarse la energía que produce la hidroeléctrica. Según los líderes, se ha generado una disputa con la empresa porque tiene una deuda con la titulación de los terrenos entregados a 589 familias, las cuales tuvieron que abandonar sus tierras a raíz de la construcción de la hidroeléctrica y fueron reasentadas en otras zonas.

El equipo directivo de la empresa acotó que además de las familias reasentadas, a 285 familias les han entregado un área adicional, para un total de 874 escrituras de titulación.

(Le puede interesar: Estos son los líderes asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz)

El 17 de enero de este año fue asesinado el líder Luis Darío Rodríguez Narváez, quien se encontraba liderando procesos de restitución de tierras para familias reasentadas en el marco de la inundación de tierras del alto Sinú por la hidroeléctrica Urrá 1. Sobre este caso, la empresa declaró que “no tiene ni ha tenido que ver con estas situaciones, y que no hay algún tipo de injerencia del personal directo o indirecto en asesinatos de ninguna persona en el Alto Sinú”.

Los posibles nexos de la empresa con los grupos armados ilegales, denunciados por los líderes y lideresas de la zona, genera una relación tensa entre Urrá y los habitantes que ven riesgoso el desarrollo de sus liderazgos sociales en la zona.

“Negamos rotundamente ese tipo de acusaciones, no es justo, porque parece ser que la única presencia seria del Estado allá, en la comunidad de Tierralta y Valencia, es la hidroeléctrica”, declaró la empresa.

La Paz en el Terreno se contactó con la oficina de prensa del coronel Jairo Alfonso Baquero Puentes, comandante de la Policía de Córdoba; con el general Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército, y con el señor Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, para conocer sus declaraciones sobre la situación, pero no se recibió respuesta.

*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia 2020 y Rutas del Conflicto que rastrea la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc. Esta publicación es posible gracias al apoyo del PNUD y la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.