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Durante cuatro días, miembros de organizaciones sociales y campesinas de Vista Hermosa y de municipios del sur del Meta acamparon de manera pacífica y crearon lo que denominaron “cerco humanitario” alrededor de un pelotón de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional. Lo hicieron para exigir que se cumplieran los acuerdos pactados el 14 de diciembre del 2022 con el Gobierno Nacional sobre la resolución 7077 del Ministerio de Agricultura -que contempla sacar el ganado de las zonas de parques nacionales- y que generaría “decomiso de ganado y judicialización de campesinos”, según explicó uno de los pobladores.
La protesta pacífica finalizó el pasado miércoles cuando se levantó el “cerco humanitario” y los uniformados pudieron retomar su patrullaje. Pero ¿en qué consistió el cerco humanitario? ¿Por qué la población insistió en llamarlo así mientras que a nivel nacional lo llamaron secuestro? ¿Qué pedían? Visitamos la vereda Lomalinda -aproximadamente a dos horas del caso urbano de Vista Hermosa- donde estaban los campesinos desarrollando esta protesta.
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Los hechos empezaron el domingo 15 de enero, cuando un grupo de campesinos empezó a concentrarse alrededor del campamento que 30 militares habían montado en la noche. Según sus denuncias, los uniformados llegaron a la zona generando zozobra entre los pobladores, que se sintieron intimidados por la llegada de uniformados en medio del cese al fuego bilateral que anunció el Gobierno con las disidencias de las Farc que operan en el territorio.
“Si ellos no van a atacar a grupos armados, que no vayamos a ser nosotros el blanco”, mencionó uno de los campesinos solicitando que les expliquen el alcance del acuerdo de cese al fuego. También quieren hablar con el Gobierno Nacional sobre una serie de peticiones que tienen pendientes desde el año pasado. Aclararon que no han solicitado una zona de distensión, como declaró el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga ante medios de comunicación.
En un potrero en la vereda Lomalinda. por la ruta hacia Caño Ánimas, o el Alto del Avión como también conocen esta vereda, se reunieron los campesinos, unos armando carpas que reforzaron con plástico negro o guindado las hamacas para protegerse de las lluvias. Otros prepararon la alimentación para alrededor de 300 campesinos y para los militares.
Tras cuatro días de concentración recibieron una delegación conformada por dos defensores de derechos humanos de la Fundación por la defensa de DDHH y DIH en el Oriente y Centro de Colombia, el Personero de Vista Hermosa y el Defensor del Pueblo del Meta. Los presidentes de las juntas de acción comunal se reunieron para redactar el pliego de peticiones que le enviaron al Gobierno Nacional a través de estos funcionarios.
Los campesinos convocaron a los militares a una reunión con la delegación que llegó para que los funcionarios pudieran recibir sus testimonios. Los uniformados le dijeron a Jhorman Saldaña, defensor del Pueblo, que no habían sido objeto de maltrato por parte de la comunidad y que estaban en buen estado, que no podían dar declaraciones y que quedaban atentos a los resultados de los diálogos con la institucionalidad. Luego retornaron a la zona boscosa donde se habían asentado.
Para los campesinos era importante hacer claridad sobre la diferencia entre un secuestro -como lo estaban llamando en las ciudades- y el cerco humanitario que ellos establecieron, en el que nunca hicieron uso de la violencia para limitar la movilidad de los uniformados. Explicaron que usaron el diálogo aprovechando que se reunió un gran número de habitantes del sector y se concentran solicitando la presencia de entidades nacionales que de otra forma no llegarían a su territorio.
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Los pobladores enfatizaron en que la comunidad no está armada y que quienes tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar una sana convivencia es la guardia campesina, a través de los bastones de mando. En ningún momento los militares fueron desarmados y estos podían hacer uso de la fuerza para continuar con su patrullaje. “Este tipo de protesta pacífica que se ha venido dando en los últimos meses y siempre se ha resuelto mediante conversaciones entre las partes involucradas”, dijeron los líderes de la protesta.
De hecho, así lo explicó a Noticias Caracol el ministro del Interior Alfonso Prada, cuando le preguntaron por el “secuestro” a los soldados. “Es polémico, pero ellos lo llaman cerco humanitario que no afecta, ni agrede a los militares que están allí. Necesitamos que abran ese cerco para que se pueda continuar con labores de control en el territorio”, dijo el vocero gubernamental. Y eso fue lo sucedió, pero primero la comunidad le hizo llegar al Gobierno Nacional sus peticiones.
Continuar con la mesa de diálogos
Básicamente era una sola la solicitud del campesinado, no solo del sur del Meta, sino también de Guaviare y Caquetá: que se cumplan los acuerdos que se firmaron luego de los dos cercos humanitarios adelantados entre el Meta y Guaviare, en noviembre y diciembre del año pasado. En ese momento se abrió paso a una mesa de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro, el 14 de diciembre en la ciudad de Bogotá.
En primera medida, una gran preocupación para estos campesinos que habitan zonas protegidas y/o de Parques Nacionales Naturales es la resolución 7067 del 02 de mayo del 2022 y la resolución 14444 del 05 de agosto del 2022, que ordena la cancelación del “Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de bovinos y/o bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales”, con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estas áreas de manejo especial. Además, señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente los semovientes serían objeto de sacrificio.
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El acuerdo al que habían llegado con el gobierno nacional sobre este punto es que tendrían reunión con el ICA para pedir ampliación de la medida transitoria de sacar el ganado de parques, que tenía como fecha límite el 31 de diciembre del 2022. Al haber transcurrido más de 15 días sin información sobre ese encuentro, los campesinos temieron que su ganado pudiera ser decomisado. “Pedimos una nueva prórroga para poder concertar con el gobierno, ya que debe ser derogada (la resolución) porque afecta los derechos humanos de las comunidades, el bienestar y sobre todo la economía de estos territorios”, contó a este medio Pablo Parrado, vocero de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPASS.
Mediante documento que llevó Defensoría del Pueblo a las comunidades -quien cumplía su papel de garante en el proceso de diálogo-, se exponía que si bien dicha reunión no se ha dado, no se están llevando a cabo operativos que “transgredan los acuerdos realizados con comunidades y que lleven a sanciones, cancelaciones de registros sanitarios u otras similares”, y que están trabajando en un proyecto de modificación de reforma de dichas resoluciones.
Durante el gobierno de Petro no solo se frenó la Operación Artemisa, una estrategia militar del gobierno de Iván Duque que fue anunciada para luchar contra la deforestación, sino que también se frenaron los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, por lo cual estos no fueron un tema prioritario en la mesa de diálogo. Aun así, los campesinos sí contemplan hablar de sustitución y otros mandatos de vida más adelante en esa mesa de diálogo.
No obstante, a los habitantes de estos tres departamentos se les hace urgente revisar los procesos judiciales que se abrieron contra campesinos, ya que muchos están en la cárcel o pagando condenas en casa por cárcel, en desarrollo de la Operación Artemisa. Algunos de ellos los consideran como “falsos positivos judiciales”.
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“Yo fui capturado en la Operación Artemisa el 11 de marzo del 2022 en la vereda Lomalinda (…) a mí me cogieron y me sacaron y le metieron bombardeo a la casa con lo que había, no les importó que había una señora con dos niñas y me echaron en el helicóptero”, nos cuenta José Luciano Lesmes, un campesino que se considera víctima de este operativo que fue duramente criticado por criminalizar a los campesinos y no perseguir a los grandes deforestadores. Para Lesmes, quien además es víctima de la violencia, participar en el cerco humanitario es la posibilidad de que su caso se cierre, pues vive con miedo que lo envíen a prisión y de continuar en el desgastante proceso de asistir a audiencias. Él dijo que habita en áreas protegidas porque fue la única forma de acceder a una vivienda y a vivir de la tierra.
Finalmente, entre los compromisos acordados con el Gobierno está el apoyo para la realización de una asamblea campesina de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá para seguir dándole forma a las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos a partir de las problemáticas similares que históricamente han vivido.
El cerco humanitario se levantó el 18 de enero a las 11:30 a.m., tras acordar que entre el 28 al 30 de enero irían a la ciudad de Bogotá para retomar la mesa de diálogo y conocer la voluntad del Gobierno de avanzar en cada uno de los puntos expuestos. Así decidieron levantar sus campamentos, compartir el último sancocho y empezar a retornar a sus hogares. Por su parte la delegación de funcionarios les informó a los militares lo acordado para que pudieran retomar su patrullaje. “Nosotros celebramos el diálogo, el compromiso de los campesinos, el buen trato entre unos y otros y que se haya llegado a un feliz término en esta situación que se estaba dando en la vereda Lomalinda”, concluyó Saldaña.
Directora de El Cuarto Mosquetero