Razones del paro cocalero en Putumayo

Aun cuando el Gobierno y las Farc no firman el acuerdo final para alcanzar el pacto de paz definitivo, que contiene, entre otros puntos, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como la coca, en varios municipios de Nariño y Putumayo, principales productores de coca con 29.755 hectáreas el primero y 20.068 hectáreas el segundo, las protestas pacíficas pasaron a vías de hecho porque sus tierras se están llenando de erradicadores de la Policía Antinarcóticos sin que hasta ahora el Gobierno haya llegado a acuerdos con los campesinos para reemplazar el cultivo por otros de economía sostenible.

El incidente más grave se registró el pasado 16 de agosto, cuando campesinos de las veredas Palmar, Fátima, Loma Larga y Valencia, del municipio de Tablón de Gómez, oriente de Nariño, se enfrentaron con efectivos de la Policía Antinarcóticos que pretendían erradicar y fumigar manualmente los arbustos. El resultado: la muerte de Leonel Ordóñez, de 23 años, quien recibió un disparo en la cabeza. 

Las manifestaciones se han extendido a municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en donde, desde el domingo 14 de agosto de 2016, se registraron confrontaciones con la Fuerza Pública por los bloqueos a las vías terciarias del departamento de Putumayo. “En todos estos sitios existen movilizaciones y bloqueo a la industria petrolera. El Esmad (Escuadrón Móvil de Carabineros) está desplegado en el corregimiento de San Pedro (municipio de Puerto Caicedo) y en los municipios de San Miguel y La Dorada, en la vía fronteriza con Ecuador que estaba bloqueada. Ayer (miércoles) llegó el Esmad al corredor Puerto Vega Teteyé”, dijo el personero del departamento, Fabián Vargas. En dicho sitio está la vereda Campo Alegre, zona escogida para la concentración de las Farc para la dejación de las armas.

Las manifestaciones se vienen dando en estos dos departamentos del sur del país por tres razones principales: primera, porque el 11 de julio de 2016, la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), a través de la Resolución 708, dio vía libre al Gobierno para que se aplique la fumigación manual con glifosato a los cultivos de uso ilícito. La segunda es que el pasado 25 de julio esa acción empezó a materializarse en varios municipios de Putumayo y Nariño, como lo relata Yuli Artuluaga, líder de la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo. Y la tercera razón obedece a la afectación ambiental que ha ocasionado la explotación petrolera en este pie de monte amazónico desde hace más de 50 años cuando llegó a la región. 

En septiembre de 2014, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con la Mesa de Organizaciones Sociales y acordaron la conformación de cuatro comisiones: minero-energética y ambiental, derechos humanos, inversión social y sustitución de cultivos de uso ilícito. 

En una carta que el ministro Cristo les envió a la gobernadora departamental, Sorrel Parisa Aroca, a los alcaldes municipales y a congresistas de la región, el pasado 17 de agosto, se enfatiza que frente a las quejas de contaminación ambiental por parte de empresas petroleras se ofreció la presencia de la Directora Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el fin de recibir las quejas de la comunidad.

No obstante, dice la misiva “esa oferta no fue aceptada por la mesa de organizaciones sociales y en su defecto propusieron una revisión de la política minero-energética del país, una pretensión que respetamos, pero que no compartimos, dado que la actual política minero-energética forma parte del modelo de desarrollo consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, avalado por la mayoría de los colombianos en las urnas”, subraya Cristo. (Lea también: La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral).

Frente al otro escollo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que llevó a los campesinos a las carreteras del Putumayo, lo cierto es que la disputa apenas comienza. Si bien en La Habana, Gobierno y Farc, negociaron la sustitución de cultivos ilícitos, en el papel también quedó abierto que el modelo o la forma como se haría se concertaría con las comunidades. Y aquí lo que dicen los cocaleros del Putumayo es que se debe implementar un modelo propio distinto al que se está aplicando en Briceño, Antioquia.

“Es contradictorio que el Gobierno, luego de que construimos una propuesta de sustitución conjunta, siga arremetiendo por la fuerza contra las comunidades”. La líder campesina Yuli Artuluaga se refiere a la misma acta que menciona Cristo firmada por cuatro ministros en septiembre de 2014. Ahí, explica Artuluaga, se acordó no condicionar la erradicación a un plan gradual de dos años, como era el inamovible de los campesinos, sino que más bien se creara un fondo que les garantice que el programa de sustitución esta vez sí va a ser sostenible.

“La propuesta se llama Plan de Desarrollo Andino Amazónico (Pladia), que consiste en montar fincas, ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra y sembrar productos que garanticen la soberanía alimentaria, vivienda digna, ingresos, transformación de productos para que los campesinos no sigamos vendiendo materias primas, comercialización y garantías de libre asociatividad. Si se da esto, las comunidades no volverían a sembrar coca”. Una propuesta que viene pensada desde las marchas cocaleras de 1996.

A esta propuesta el Gobierno ya le aprobó $2.000 millones para la formulación y socialización. Y, como lo reconoce el ministro Cristo en la misiva, el pasado 4 de agosto el Gobierno delegó a Eduardo Díaz Uribe, director nacional de la lucha contra las drogas, para negociar con alcaldes de Putumayo y la Mesa de Organizaciones Sociales. Ahí concertaron una ruta metodológica para la sustitución de los cultivos ilícitos, no obstante, lo que se preguntan los campesinos es por qué el Gobierno pretende erradicar a la fuerza. 

Aun cuando el Gobierno y las Farc no firman el acuerdo final para alcanzar el pacto de paz definitivo, que contiene, entre otros puntos, la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito como la coca, en varios municipios de Nariño y Putumayo, principales productores de coca con 29.755 hectáreas el primero y 20.068 hectáreas el segundo, las protestas pacíficas pasaron a vías de hecho porque sus tierras se están llenando de erradicadores de la Policía Antinarcóticos sin que hasta ahora el Gobierno haya llegado a acuerdos con los campesinos para reemplazar el cultivo por otros de economía sostenible.

El incidente más grave se registró el pasado 16 de agosto, cuando campesinos de las veredas Palmar, Fátima, Loma Larga y Valencia, del municipio de Tablón de Gómez, oriente de Nariño, se enfrentaron con efectivos de la Policía Antinarcóticos que pretendían erradicar y fumigar manualmente los arbustos. El resultado: la muerte de Leonel Ordóñez, de 23 años, quien recibió un disparo en la cabeza. 

Las manifestaciones se han extendido a municipios de San Miguel, Orito, Puerto Caicedo y Puerto Asís, en donde, desde el domingo 14 de agosto de 2016, se registraron confrontaciones con la Fuerza Pública por los bloqueos a las vías terciarias del departamento de Putumayo. “En todos estos sitios existen movilizaciones y bloqueo a la industria petrolera. El Esmad (Escuadrón Móvil de Carabineros) está desplegado en el corregimiento de San Pedro (municipio de Puerto Caicedo) y en los municipios de San Miguel y La Dorada, en la vía fronteriza con Ecuador que estaba bloqueada. Ayer (miércoles) llegó el Esmad al corredor Puerto Vega Teteyé”, dijo el personero del departamento, Fabián Vargas. En dicho sitio está la vereda Campo Alegre, zona escogida para la concentración de las Farc para la dejación de las armas.

Las manifestaciones se vienen dando en estos dos departamentos del sur del país por tres razones principales: primera, porque el 11 de julio de 2016, la Agencia Nacional de Licencia Ambientales (ANLA), a través de la Resolución 708, dio vía libre al Gobierno para que se aplique la fumigación manual con glifosato a los cultivos de uso ilícito. La segunda es que el pasado 25 de julio esa acción empezó a materializarse en varios municipios de Putumayo y Nariño, como lo relata Yuli Artuluaga, líder de la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo. Y la tercera razón obedece a la afectación ambiental que ha ocasionado la explotación petrolera en este pie de monte amazónico desde hace más de 50 años cuando llegó a la región. 

En septiembre de 2014, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se reunió con la Mesa de Organizaciones Sociales y acordaron la conformación de cuatro comisiones: minero-energética y ambiental, derechos humanos, inversión social y sustitución de cultivos de uso ilícito. 

En una carta que el ministro Cristo les envió a la gobernadora departamental, Sorrel Parisa Aroca, a los alcaldes municipales y a congresistas de la región, el pasado 17 de agosto, se enfatiza que frente a las quejas de contaminación ambiental por parte de empresas petroleras se ofreció la presencia de la Directora Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) con el fin de recibir las quejas de la comunidad.

No obstante, dice la misiva “esa oferta no fue aceptada por la mesa de organizaciones sociales y en su defecto propusieron una revisión de la política minero-energética del país, una pretensión que respetamos, pero que no compartimos, dado que la actual política minero-energética forma parte del modelo de desarrollo consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo, avalado por la mayoría de los colombianos en las urnas”, subraya Cristo. (Lea también: La pelea de los nasas con las petroleras por la olla ancestral).

Frente al otro escollo, la sustitución de cultivos de uso ilícito, que llevó a los campesinos a las carreteras del Putumayo, lo cierto es que la disputa apenas comienza. Si bien en La Habana, Gobierno y Farc, negociaron la sustitución de cultivos ilícitos, en el papel también quedó abierto que el modelo o la forma como se haría se concertaría con las comunidades. Y aquí lo que dicen los cocaleros del Putumayo es que se debe implementar un modelo propio distinto al que se está aplicando en Briceño, Antioquia.

“Es contradictorio que el Gobierno, luego de que construimos una propuesta de sustitución conjunta, siga arremetiendo por la fuerza contra las comunidades”. La líder campesina Yuli Artuluaga se refiere a la misma acta que menciona Cristo firmada por cuatro ministros en septiembre de 2014. Ahí, explica Artuluaga, se acordó no condicionar la erradicación a un plan gradual de dos años, como era el inamovible de los campesinos, sino que más bien se creara un fondo que les garantice que el programa de sustitución esta vez sí va a ser sostenible.

“La propuesta se llama Plan de Desarrollo Andino Amazónico (Pladia), que consiste en montar fincas, ordenarlas bajo el conocimiento de la tierra y sembrar productos que garanticen la soberanía alimentaria, vivienda digna, ingresos, transformación de productos para que los campesinos no sigamos vendiendo materias primas, comercialización y garantías de libre asociatividad. Si se da esto, las comunidades no volverían a sembrar coca”. Una propuesta que viene pensada desde las marchas cocaleras de 1996.

A esta propuesta el Gobierno ya le aprobó $2.000 millones para la formulación y socialización. Y, como lo reconoce el ministro Cristo en la misiva, el pasado 4 de agosto el Gobierno delegó a Eduardo Díaz Uribe, director nacional de la lucha contra las drogas, para negociar con alcaldes de Putumayo y la Mesa de Organizaciones Sociales. Ahí concertaron una ruta metodológica para la sustitución de los cultivos ilícitos, no obstante, lo que se preguntan los campesinos es por qué el Gobierno pretende erradicar a la fuerza.