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El anuncio de quien fuera el jefe negociador de la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc, Iván Márquez, de que retoma las armas para continuar en su lucha subversiva, según dijo en un video divulgado a través de Youtube, como respuesta “a la traición del Estado a los Acuerdos de Paz de La Habana”, implica un nuevo desafío para un proceso que, a pesar de las tormentas, ha significado la disminución de la violencia en regiones históricamente golpeadas por el conflicto y que sigue manteniéndose a flote.
“Anunciamos al mundo que ha comenzado una nueva Marquetalia bajo el amparo del derecho universal de levantarse en armas contra la opresión”, dijo Márquez, ratificando lo que en voz baja se venía rumorando desde hace varios meses: que él y otros exlíderes de las Farc, como Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, de quienes no se sabía su paradero y ahora se vieron a su lado en el video, estaban de camino al rearme.
Un anuncio con un efecto desesperanzador en la opinión pública, tan dividida desde los tiempos de las conversaciones de paz en Cuba y más aún desde el plebiscito que en 2016 se convocó para buscar la refrendación ciudadana de lo acordado. Sin embargo, desde el gobierno del presidente Iván Duque, el mensaje es respetar los compromisos con quienes se mantienen en la legalidad, que por ahora siguen siendo la mayoría de los desmovilizados.
“Mantenemos nuestro compromiso con quienes están avanzando genuinamente en el proceso de reincorporación, de la manera que lo hemos venido haciendo y que ya ha dado resultados tangibles. Nuestro mensaje es claro: quienes han optado por el camino de la legalidad bajo los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición seguirán contando con el compromiso del Estado. Quienes escojan la ruta de la criminalidad, sufrirán todo el peso de la ley”, dijo el primer mandatario desde la Casa de Nariño.
Previamente, el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, había pedido la exclusión inmediata de los disidentes del Sistema de Justicia Transicional, para que la justicia ordinaria pudiera entrar a actuar expidiendo las órdenes de captura en su contra. La solicitud tuvo eco ayer en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en la noche ordenó revocar el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y de las libertades condicionales de los excomandantes de las Farc.
Hasta ahora, esta jurisdicción no ha anunciado su expulsión. Patricia Linares, presidenta de la JEP, explicó que ya empezó este trámite, sin embargo, aclaró que todos “los procesos judiciales se atienen a la normativa vigente”, que tiene unos tiempos y procesos que los magistrados deben cumplir. La magistrada aseguró que seguirá cumpliendo “a cabalidad” sus funciones: “No podemos defraudar la confianza de las víctimas, de la sociedad colombiana, de la comunidad internacional y de los comparecientes que, aunando esfuerzos en pro de la paz de Colombia, han construido una alternativa real y viable para nuestro país”.
Queda claro también que para el Gobierno, Márquez y su gente tienen el respaldo de Venezuela y que su única motivación es el narcotráfico. “Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. No caigamos en la trampa de quienes hoy pretenden escudarse detrás de falsos ropajes ideológicos para sostener sus andamiajes delictivos”, enfatizó Duque.
Ceballos cree que eso queda corroborado con el llamado que el exjefe de las Farc hizo a una alianza con el Eln. “Dos de los líderes del Eln están allá (Venezuela), alias Pablito y Antonio García. Y que Márquez anuncie una alianza, forma parte de este apoyo que ha venido dando Maduro”, señaló.
Otra lectura que se vislumbra desde el Ejecutivo apunta a la posible capacidad militar de esta nueva disidencia. “El hecho de que esté diciendo que se une con el Eln no hace sino mostrar una debilidad militar y estratégica, recurriendo a aquellos que no quisieron adherirse al Acuerdo de Paz. Está bastante solo”, dijo Ceballos.
El Gobierno hizo llamados a la comunidad internacional para que exprese su rechazo a esta nueva “amenaza criminal”, bajo la premisa de que ningún país puede albergarlos, y al avance en la expedición de circulares rojas de la Interpol. Y al Partido FARC le pidió que expulse de inmediato y sin contemplaciones a todos los que aparecen en el video.
Duque anunció también la conformación de una unidad especial para su persecución, con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano, y una recompensa de $3.000 millones por información que conduzca a su captura. “Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza, y mucho menos del narcotráfico (…). Este es un momento para la unidad de Colombia frente al terrorismo y la criminalidad. Los únicos enemigos de la paz son los que pretenden con el terrorismo atentar contra el país”, concluyó.
Las reacciones en el país político no se han hecho esperar y son acordes con la orilla de donde provienen. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Juan Manuel Santos esgrimió una lectura positiva al señalar que “el 90 % de las Farc siguen en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo”. Pero al mismo tiempo pidió mano dura contra quienes se salieron de esa línea: “A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”.
Humberto de la Calle, quien lideró en nombre de Santos las negociaciones en La Habana, pidió proteger lo acordado, con pulla incluida a Duque: “Recordamos que una y otra vez le dijimos al Gobierno Nacional que sus ataques permanentes al proceso y los riesgos de desestabilización jurídica que conllevaban podrían llevar a varios comandantes a tomar decisiones equivocadas”, expresó. Asimismo instó al Gobierno para que asuma “con decisión y criterio de Estado” el liderazgo de la paz y deje de actuar con criterio de partido.
Sin mencionarlo, De la Calle hizo referencia a las objeciones que el mismo Duque hizo a la Ley Estatutaria de la JEP y a los insistentes anuncios desde su partido, el Centro Democrático, de reformar lo pactado en La Habana. Y la de ahora sí que es la coyuntura perfecta para que el uribismo enfile baterías en contra de esos acuerdos de paz.
El expresidente y hoy senador Álvaro Uribe habló ya de “mano firme” para dar con el reducto que nuevamente se alzó en armas y de “una profunda reforma de las normas que favorecen a las Farc”, instando a “bajar” lo firmado de la Constitución. “Hubo un engaño. Impunidad total no genera paz. El gobierno Santos dio unos privilegios enormes a las Farc. El presidente Duque no tuvo posibilidad de extraditar a Santrich porque lo protegió el gobierno Santos en la Constitución (…) hay que bajar esos acuerdos de la Constitución”, insistió el exmandatario.
En el Partido FARC, la postura de Márquez es calificada como una “equivocación delirante”, que implica la ruptura pública con la colectividad y la renuncia protocolaria. “Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado. Aun con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz”, reiteró su máximo líder, Rodrigo Londoño, Timochenko, con la convicción de que volver a la guerra no es el camino.