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Tras pedalear tres horas desde la finca bananera donde trabaja, uno de los tantos líderes que reclaman la devolución de sus tierras robadas por los violentos del conflicto en Colombia, llegó a su casa, en la que hacía pocas horas habían estado dos hombres, en una moto, preguntando por él. “Te buscaban para matarte”, le dijeron sus familiares angustiados el 6 de septiembre de este año.
Este líder de tierras del Magdalena, quien prefiere no revelar su identidad para no exponer a su familia, espera impaciente a que lo llamen a una audiencia para enfrentarse a la empresa que explota plátano en su finca, la misma en la que un grupo paramilitar asesinó a cuatro de sus compañeros, hace 18 años.
“Yo no puedo dar lora por ahí en la tarde, sino debo andar como escondido”, asegura y explica que a raíz de la amenaza tiene asignado un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el día. Llegada la tarde, el escolta se va para Santa Marta a pasar la noche. “Le estamos buscando una casa para que se venga”, dice el líder con preocupación, pues incluso así tendría que seguir yéndose solo en bicicleta hasta el trabajo, ya que el guardaespaldas no tiene un medio de transporte.
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Los elementos de esta escena se han vuelto repetitivos en diferentes territorios del país: amenazas directas e indirectas contra líderes y víctimas reclamantes de sus tierras despojadas y defensores de territorios étnicos; actores con poder económico, político o militar interesados en los predios despojados y medidas de protección a medias (en los casos de que estas llegaran a existir), que no garantizan la vida de una persona en riesgo de muerte. El panorama es devastador.
Jairo Navarro, otro líder de tierras amenazado recientemente, en Achí, Bolívar, no cuenta con ningún tipo de atención estatal para las amenazas de muerte que lo asedian. “Lo más preocupante para mí es mi protección. Me hicieron la entrevista el 14 de septiembre, en la UNP, y no me han dado respuesta, me dijeron que me la daban en una semana y he llamado y que no han pasado el oficio a la central”, cuenta Jairo, intranquilo y lejos de su esposa y sus dos hijos, de 18 años y un año y dos meses de edad. Ante amenazas directas de muerte del Clan del Golfo, Navarro tuvo que abandonar su pueblo y refugiarse con un familiar. Sin embargo, ha seguido recibiendo amenazas.
Y así se ha venido engrosado la lista de líderes de tierras que en el legítimo reclamo de sus derechos han sido agredidos tras la firma del acuerdo de paz. Esta no es una violencia nueva, pero las amenazas y homicidios sí han aumentado tras el acuerdo y se han hecho más selectivos contra los líderes más visibles, buscando profundizar las fracturas que puedan lograr en los procesos organizativos que representan.
Dimensiones de la violencia contra defensores de la tierra
Órganos del Estado y organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en señalar que la violencia contra los defensores de la tierra en Colombia no solo es sistemática o generalizada, sino que también está en aumento y responde a lógicas atadas al uso mismo de la tierra.
En el informe Violencia sistemática contra defensores de derechos territoriales en Colombia, publicado en abril del 2018, la Procuraduría señala que los homicidios contra personas involucradas en procesos de restitución de tierras se han triplicado entre el 2015 y el 2017, y han aumentado gradualmente, en particular desde el 2016, año de la firma del acuerdo de paz.
Desde junio de 2011, que entró en “vigencia la Ley 1448 —o Ley de Víctimas— (...) a abril de 2018 fueron asesinados 45 líderes de de tierras, de los cuales el 73?% eran de defensores de territorios campesinos y un 27?% correspondían a comunidades étnicas”, concluye el informe. Eso, sin contar a los que han silenciado tras su publicación, como Ancizar Cifuentes Vargas, líder de tierras en Chaparral, Tolima, asesinado en julio por cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial.
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La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) ha registrado 19 homicidios de personas involucradas en reclamaciones de tierras entre la firma final del acuerdo (24 de noviembre del 2016) y julio del 2018, pero asegura que el número de reclamantes asesinados puede ser mayor. Así lo publicará pronto en un informe sobre el tema, que también evidenciará el incremento de los homicidios en el tiempo: dos casos en el 2016, nueve en el 2017 y ocho en el primer semestre del 2018. “Estas acciones implican un seguimiento planeado por estructuras armadas. Un ejercicio sistemático contra los reclamantes, un crimen de lesa humanidad”, asegura Camilo Bonilla, coordinador de investigación de la CCJ.
De acuerdo con la documentación de la Defensoría del Pueblo, esta persecución estaría entonces dirigida a integrantes de organizaciones que denuncian la privatización, ocupación y robo de bienes comunes y territorios étnicos, además del acaparamiento de tierras. “La Defensoría —a partir de un estudio sobre la violencia contra líderes sociales entre enero del 2016 y marzo del 2017— concluyó que los líderes asesinados pertenecían a organizaciones sociales, especialmente rurales campesinas y étnicas, que se oponen al modelo de desarrollo extractivista y a los daños ambientales causados a los ecosistemas, como consecuencia de la expansión de la minería y la agroindustria”, consigna el informe de la Procuraduría.
Sumando los estudios de la Procuraduría y de la CCJ es posible identificar algunos departamentos que deberían estar en el radar, por ser escenarios sensibles de violencia contra defensores del territorio: Chocó, Antioquia, Córdoba, Nariño, Sucre, Cesar, Bolívar, Cauca y Magdalena, principalmente. Lugares con sendos conflictos por la tierra, ya sea por su apropiación para grandes proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva, por su geografía estratégica para el narcotráfico, la minería y proyectos de infraestructura, y por la presión privada que existe sobre territorios étnicos.
El análisis del programa Somos Defensores también aporta a la compresión de estas violencias, comunes tanto a los líderes de tierras como a defensores que luchan por la reivindicación de otros derechos, como los líderes comunales, comunitarios, ambientales, étnicos, entre otros. Según su último informe, Más Allá de las Cifras - Segunda Parte, en promedio, cada dos días, un líder social es amenazado, desplazado o asesinado.
En el primer semestre de este año contabilizaron casi 400 agresiones que pusieron las vidas de los líderes sociales en riesgo, constatando aumentos porcentuales considerables frente al primer semestre del 2017, especialmente, en asesinatos (34 %) y en amenazas (18 %). Entre enero y junio del 2018, habrían sido amenazados 272 líderes y otros 77 asesinados. Somos Defensores, sin embargo, no tiene información consolidada, específicamente, sobre líderes de tierras.
Las cifras de victimización contra los representantes de las luchas por la defensa de los derechos, especialmente la tierra y el territorio, prenden todas las alarmas. El reciclaje territorial de la violencia pone en riesgo a quienes participan en procesos de restitución o de defensa comunitaria del territorio, que, todavía, en medio del conflicto, son constantemente, y con mayor frecuencia, perseguidos, agredidos y asesinados.
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¿Quiénes pueden estar detrás de esta violencia desmedida?
De los autores materiales hay pistas sugerentes, más no de los intelectuales. Sin embargo, hay patrones durante los procesos de restitución que ameritan especial atención: a los y las líderes sociales las matan paramilitares, en especial cuando hay progresos judiciales en sus casos o cuando su tierra es estratégica para grandes proyectos económicos.
Por 15 años, Roberto Emiro Jaraba Arroyo fue sindicalista de la empresa niquelera Cerro Matoso, en Caucasia, Antioquia, y durante el 2018 lideró el proceso de restitución de la finca de su padre, usada otrora por paramilitares como base de entrenamiento. El 17 de julio, cuando conversaba con unos amigos, dos hombres lo asesinaron a bala. 15 días después capturaron a un sicario de una banda criminal derivada del Clan del Golfo. De los jefes del grupo armado que determinaron el crimen y sus financiadores nada se sabe.
Las mentes tras la gran mayoría de los homicidios son un misterio. La historia de Jaraba Arroyo hace recordar los casos de otros defensores de tierras, como el del férreo Temístocles Machado, uno de los grandes líderes de Buenaventura, asesinado por miembros de una banda delincuencial, el 27 de enero de 2018. A pesar de que los presuntos gatilleros fueron capturados, su silencio protege la identidad de sus cómplices.
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La CCJ identificó un patrón de victimización: grupos “paramilitares” están detrás de 10 de los 19 homicidios de personas involucradas en los procesos de restitución de tierras que han documentado. En primer lugar están las autoproclamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como el Clan del Golfo, con cuatro atribuciones en Antioquia, Chocó y Sucre. En la lista de responsables les siguen “autores sin identificar” y “civiles armados”.
Del total de amenazas que registró el Programa Somos Defensores, durante el primer semestre del 2018, los Gaitanistas emitieron el mayor número: 94 de 272 casos, casi el 35 % del total de amenazas.
Es difícil calcular los alcances del poderío del Clan del Golfo, pero ya se han vislumbrado algunos hitos derivados de su fuerte injerencia territorial, como, por ejemplo, el paro armado que suscitó en varios departamentos en el 2012, la guerra frontal que le declaró a la Policía en varias zonas de la Costa Caribe y, ahora, su protagonismo en las amenazas y los homicidios contra los líderes sociales, incluyendo los reclamantes de tierras.
De todos modos, la justicia tiene la responsabilidad imperiosa de determinar estas macabras alianzas de muerte entre los restos de ese viejo paramilitarismo despojador, que puede estar más vivo de lo que podría imaginarse, y los terceros interesados en que los predios permanezcan despojados a como dé lugar. Alianzas que también han cobrado fuerza en lugares que se han convertido en escenarios de disputa entre diferentes grupos armados ilegales, por el control territorial dejado por las Farc, según la documentación de la Procuraduría. Grupos armados que van desde guerrillas como el Eln y disidencias de las Farc, hasta “grupos armados posdesmovilización y grupos de seguridad privada de carácter ilegal”.
Uno de los patrones en los que coinciden la CCJ y la Procuraduría es la relación entre el momento de las agresiones y el progreso de los procesos que lideran estas personas. Paula Villa, investigadora del CCJ, señala que el riesgo de victimización puede aumentar, particularmente, en tres momentos del proceso de restitución: 1) antes de radicada la solicitud, 2) antes de que se produzca la resolución y 3) posterior a la sentencia y entrega del material del predio restituido. Según el informe de la Procuraduría, los homicidios se han presentado cuando los procesos están relacionados con “la propiedad, el uso o tenencia de la tierra en áreas rurales y en zonas estratégicas para el crecimiento urbano y el desarrollo de proyectos económicos de gran envergadura”.
Evidentemente, los autores materiales no actúan solos. Según un grupo de investigadores de Oxford, Dejusticia y Pax Holanda, que publicaron el informe La Paz, responsabilidad de todos: La responsabilidad corporativa en la justicia transicional: lecciones para Colombia, en el conflicto han estado involucrados diferentes actores con poder económico, que, “en menor o mayor grado, no solo se han beneficiado, sino que han contribuido en la comisión de graves violaciones a los Derechos Humanos y en el fenómeno de la acumulación de tierras”.
El Estado tiene la obligación de proteger a los líderes sociales y tiene el mandado de evitar que terceros interesados en sus predios sigan actuando con impunidad.
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*La Paz en el Terreno es una alianza entre Colombia2020 y Rutas del Conflicto que rastrea el cumplimiento del acuerdo de paz entre las Farc y el gobierno. ¡Consultela aquí! Esta publicación es posible gracias al apoyo de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en Colombia.