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Tenía apenas 15 años cuando hombres armados de las disidencias de las FARC llegaron hasta su casa en la vereda La Hacienda, del corregimiento de El Plateado, Cauca, para llevárselo. El muchacho alcanzó a ponerse un par de chanclas y salió con los reclutadores. En la primera oportunidad que tuvo, corrió entre las montañas e intentó escapar, escabullirse de la guerra a la que se lo querían llevar, pero las balas fueron más rápidas que sus piernas. Lo asesinaron con cuatro disparos el 21 de diciembre de 2024.
Las autoridades explicaron que el niño había sido reclutado por miembros de la estructura Carlos Patiño de la disidencia Estado Mayor Central, bajo el mando de Iván Mordisco. Este episodio de violencia en vísperas de Navidad causó revuelo y volvió a poner sobre la mesa una problemática que crece de manera desmedida: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en los territorios más afectados por la violencia, como el Cauca.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, hasta el 3 de diciembre de 2024 se reportaron 297 casos de reclutamiento de menores de edad en Colombia, de los cuales 214 ocurrieron en Cauca, el 72 % del país.
El seguimiento que realiza esa entidad, con las comunidades, indica que el grupo armado con mayor incidencia en estos casos fueron las disidencias de las FARC (37 %).
El asesinato del niño de 15 años en El Plateado no es un caso aislado. De hecho, tras lo ocurrido, el gobernador del Cauca, Jorge Octavio Guzmán, reveló que por lo menos 20 menores de edad fueron asesinados tras ser arrebatados a sus familias durante 2024 y agregó que las comunidades indígenas son las más afectadas.
Y como si eso fuera poco, en esa zona del país se han registrado desde hace varios días combates. Ante el desborde de casos de reclutamiento forzado, las comunidades han mantenido resistencia en el territorio a través de organizaciones para luchar contra este crimen y crear estrategias de prevención y rescate de los menores en las filas de grupos armados.
Según el gobernador del Cauca, gracias a esas estrategias de las comunidades indígenas se han logrado recuperar por lo menos 73 niños y niñas que fueron reclutados en 2024.
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Edwin Mauricio Capaz, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), explicó a Colombia+20 que algunas acciones de recuperación se hacen entre la familia y la Junta de Acción Comunal, quienes se enfrentan al actor armado y les intentan quitar a los niños que les arrebataron.
Algunos otros casos son conocidos por las autoridades indígenas, quienes generan acciones de emergencia como la búsqueda inmediata de los niños, lo que implica desplazarse hasta la zona y hablar con los comandantes encargados de cada estructura ilegal del territorio.
La herida en el tejido indígena
Según el Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, durante 2024, se registraron alrededor de cinco niños muertos a raíz de confrontaciones entre la fuerza pública y los actores armados ilegales.
En proceso de identificación están tres menores de edad en Medicina Legal, y por lo menos 18 niños fueron reclutados, pero están desaparecidos. La mayoría de los casos se registran en territorios como Toribío, Jambaló, Caloto, Corinto, Buenos Aires, Suárez y Caldono. Las cifras del CRIC apuntan a casi 800 niños reclutados desde 2017.
“Acá el movimiento indígena tiene una concepción especial de la niñez y la juventud, dicen que son ‘semillas de vida’. Hay disposiciones organizativas, esfuerzos culturales, espirituales, de identidad, enseñanza, crianza, en términos de concepción dentro de sus culturas indígenas. Cuando un niño es arrebatado del núcleo familiar y comunitario, todos esos esfuerzos son perdidos”, señaló Capaz.
El líder indígena añadió que el fenómeno del reclutamiento se sintió con más fuerza tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC, a raíz de la reorganización con “nuevos hombres que realmente fueron niños y niñas indígenas”.
Entre los factores que inciden en el reclutamiento, las organizaciones han identificado la falta de oportunidades para los menores de edad y el hecho de crecer en un contexto rodeado de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal.
Por eso, las comunidades han emprendido una lucha por rescatar a las “semillas de vida”, pero esa apuesta está llena de riesgos.
Uno de los casos más representativos fue el de la lideresa Carmelina Yule, quien hacía parte de la guardia indígena y fue atacada por miembros del EMC el 16 de marzo de 2024, en Toribío, cuando, junto con la comunidad, intentaba rescatar a un menor secuestrado. Ese asesinato llevó al presidente Petro a suspender el cese al fuego con esa disidencia en tres departamentos, lo que luego provocó la ruptura interna en ese grupo y la salida de Mordisco de la mesa de diálogo.
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Las desarmonías producto del reclutamiento
Para los pueblos indígenas del Cauca, que un menor de edad se aparte de su cultura para empuñar las armas representa una grave desarmonía. Los mayores nasa, por ejemplo, acostumbran a sembrar el cordón umbilical de los recién nacidos cerca de su casa, para sellar el lazo atávico con el territorio.
A medida que los niños crecen, los educan con cantos e himnos que hablan de la defensa de la vida y la naturaleza, hasta que ingresan a las escuelas de la Guardia Indígena para formarse como Kiwe Thegnas (‘cuidadores del territorio’). La Guardia lleva 24 años garantizando el control territorial, la seguridad de los reguardos y haciendo frente a los actores armados bajo la premisa de no usar nunca las armas de fuego.
“Lo que vemos ahora es que se han perdido las costumbres. Los jóvenes no respetan a la autoridad indígena y los grupos los seducen con el poder de las armas y el dinero para que pasen a formar parte de sus filas. No solo los están poniendo de carne de cañón, sino que los obligan a desprenderse de sus comunidades y atentar contra ellas mismas. Es como una bola de nieve”, contó un líder del CRIC.
El caso de Leider Johani Noscué (‘Mayimbú’) muestra los efectos de esa “bola de nieve”. Noscué, de ascendencia indígena, fue reclutado por las FARC cuando tenía 12 años. Empezó recabando información en algunos municipios del norte del Cauca, y fue escalando en actividades criminales hasta convertirse en el jefe del frente Jaime Martínez, una de las estructuras disidentes de las FARC surgidas tras el Acuerdo de Paz de 2016.
‘Mayimbú’ murió en una operación militar a mediados de 2022, señalado de estar involucrado en actividades de narcotráfico y en decenas de los más de 200 asesinatos de líderes sociales e indígenas que se registraron en el Cauca en los seis años previos a su asesinato.
Para Edwin Capaz, lo que hay detrás de cada reclutamiento es una sustracción de la identidad de los menores: “Arrebatarle los niños y niñas a una comunidad es arrebatarle su futuro, sus dinámicas propias de ver el mundo, sus escenarios de vivir el mundo, sus escenarios de compartir, de transmisión de conocimientos milenarios, no es solamente quitar a los niños sino también la identidad cultural. Esto, por supuesto, va a tener una repercusión en términos personales bastante complejas. Desde desde la desestructuración familiar hasta de su estructuración personal individual de los niños y niñas, secuelas psicológicas, anímicas, entre otros temas”.
Otro de las discusiones que han surgido al interior de las comunidades indígenas es qué hacer con los jóvenes que se desvinculan de los grupos armados ilegales. Este fue uno de los temas clave de la Minga Humanitaria por la Vida, que reunió a 5.000 indígenas en mayo de 2023, para plantearles exigencias a los grupos armados ilegales y al Gobierno Nacional, que para ese momento estaba en acercamientos de negociación en el marco de la apuesta de paz total.
“Hay algunos jóvenes que han matado a nuestros hijos, a los guardias, y es muy complejo dar respuesta a la desarmonía que eso genera. Hay comuneros que plantean que se les quite el derecho a regresar al territorio; otros que, por el contrario, dicen que hay que recibirlos para evitar que haya más violencia, por eso es un tema tan difícil de atender”, aseguró el líder.
Una respuesta ineficaz del Estado
Si bien existen instituciones con algunos programas y rutas de prevención, varios sectores en el Cauca coinciden en que la actuación de esas entidades sigue siendo muy lenta y burocrática, por lo que no responden a la urgencia y al contexto de cada reclutamiento.
“Tanto en este como en los gobiernos anteriores hemos visto acciones bastante mediocres. Parece no tomarse en cuenta la dimensión de la problemática y su incidencia en la consolidación de la paz territorial. Hay unos esfuerzos fragmentados, una escasa articulación entre los actores estatales y las comunidades, y son las iniciativas comunitarias las que han asumido la bandera sobre la prevención y el rescate de menores”, aseguró una investigadora del equipo territorial de la Asociación Minga en Cauca.
En eso coincide Yiner Quiguantar Cortés, líder juvenil indígena, quien asegura que, ante las trabas burocráticas de la institucionalidad, las organizaciones optan por iniciar rutas de rescate de los menores reclutados: “Nos toca accionar de manera urgente e inmediata, porque es una vida. Hemos ido creando estrategias con el único fin de salvar a la juventud. La institucionalidad se solidariza, pero no hace nada cuando solicitamos el apoyo”.
A eso se suma el temor de las familias al denunciar, pues, según detalló Quiguantar, cuando se pone una denuncia, hay un alto riesgo de que el grupo armado se entere y tome represalias contra la comunidad. Ante ese panorama, se han creado estrategias y jornadas humanitarias para arrancar a los menores de la guerra.
“La niñez y la juventud están siendo asesinadas en los campos de guerra. Están asesinando a nuestros mayores y a nuestras mayoras para asesinar la memoria, y matan a nuestros niños para acabar con el presente y el futuro y que no se siga alimentando una resistencia”, explicó Quiguantar.
Por eso, Capaz hizo un llamado al Gobierno para que se cubran las necesidades que quedan desatendidas tras el reclutamiento infantil, como la ruptura de los lazos familiares, personales, culturales y territoriales.
“Necesitamos generar entornos de protección para poder que los niños puedan regresar con bien, porque esa es nuestra misión. Seguimos intentando que los niños vuelvan al territorio”, dijo.
Se trata de exigencias que las comunidades étnicas y campesinas del Cauca han elevado desde hace décadas, tanto al Estado como a los actores ilegales, pero no han encontrado soluciones reales. Los más de 800 jóvenes indígenas reclutados desde 2017 son el rostro de un drama que poco a poco fractura el tejido de los pueblos étnicos. Sin sus semillas de vida para germinar, la pervivencia de estas comunidades está en riesgo inminente.
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