¿Reedición de la seguridad democrática?

La política de seguridad y defensa del presidente Iván Duque no es solo la hoja de ruta de las Fuerzas Militares y la Policía en este cuatrienio; es, además, una de las piezas claves del rompecabezas que es el país actualmente, uno en el que el mundo y los ciudadanos tienen los ojos puestos frente a la implementación del Acuerdo de Paz.

A casi tres años del pacto para la terminación del conflicto con las extintas Farc, y ahora con el uribismo en el poder, la pregunta que ronda es cómo se configura dicha política en la tarea de reconciliar una nación fracturada, donde los grados de confianza se ven amenazados por grupos armados que engendran la violencia urbana y rural, y por la reciente noticia que destapó The New York Times sobre el riesgo del regreso de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Esta política presentada por el Ministerio de Defensa se enfoca en responder a fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la extracción ilegal de recursos, los grupos armados ilícitos, la violencia común y la conflictividad social. Y, según se lee en sus 85 páginas, se concibe como una estrategia renovada y novedosa, que no solo tiene en cuenta la táctica militar, sino también la participación de los colombianos para combatir la ilegalidad.

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En ese sentido, el documento expone que es necesario “un nuevo enfoque que transite del tradicional concepto del control militar del territorio al institucional”. Entre esas miradas “innovadoras” que presentó Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional, está incluso la del uso del celular como recurso fundamental para que los ciudadanos se comuniquen con las autoridades y creen una “Red de Participación Cívica”, porque “una comunidad es más segura si sus miembros son capaces de organizarse, comunicarse y reaccionar ante un riesgo o una amenaza”.

Sin embargo, Jairo Libreros, experto en Seguridad, manifiesta que la propuesta no es tan flamante como plantea el Gobierno. Pese a que intenta ser una política contemporánea, incluyendo temas como la preservación de los recursos naturales, según el experto, se centra en la operación militar y, por eso, está más anclada al pasado que a una visión moderna sobre la seguridad y la defensa. “Decir que tiene un nuevo enfoque es algo discursivo porque el texto es evidentemente de esencia militar. Lo que busca realmente es reconducir las operaciones militares para luchar contra los actores armados. Creo que ahí empezamos mal. Es un error pensar que seguimos en una situación de conflicto ahora que las Farc ya no existen como organización guerrillera”, asegura Libreros.

A sus ojos, la visión de esta administración retoma la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. “Es una versión de esa antigua política, en el sentido de que lo que importa es recuperar el control territorial. Y si bien los municipios están afectados, es un desacierto que ese sea el principal énfasis, porque no está acorde con las necesidades del país”, dice.

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No obstante, para Juan Carlos Ruiz, docente de Ciencia Política y Gobierno, la propuesta de Duque y su Ministerio de Defensa no es, estrictamente, una copia de la política uribista 2002-2010; pero sí carece de solidez, norte y claridad. “El plan está lleno de buenas intenciones, pero no dice cómo se va a hacer, ni con qué plata, ni cuándo. Colombia gasta el 3,2 % de su PIB en seguridad y defensa, siendo el país que más invierte en esa materia en América Latina; pero la eficiencia del sector no se ve. Tenemos problemas en el Catatumbo, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, regiones de la mano de nadie, y eso habla de una incoherencia muy grande entre el gasto y los resultados. ¿Dónde está el pie de fuerza, qué está haciendo?”, expresa.

Pero el otro inconveniente que ven los expertos, más allá de los resultados, tiene que ver con la implementación de lo pactado con las Farc. Según Consuelo Corredor, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión de Notables del Acuerdo de Paz del Cinep, oficina que coordina la aplicación de lo pactado, preocupa mucho la adopción de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), territorios “con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal”, que contarán con “el despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía, y será acompañada por la acción unificada del Estado, que contribuirá en eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad”, se lee en la política.

“Este Gobierno saca las ZEII, supuestamente para enfrentar las condiciones de inseguridad y de economías criminales de esos territorios. Sin embargo, a nuestro juicio, es más una intervención de carácter militar. Tanto así que es el Ministerio de Defensa el que directamente tiene el liderazgo y la decisión sobre este tema. Ahí se ve un énfasis efectivamente en el aspecto militar y la pregunta que nos hacemos es si esas zonas no van a afectar las dinámicas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), unas áreas totalmente civiles y de participación comunitaria que se han venido adelantando con los 170 municipios más afectados por la violencia”, opina.

Vea: En aumento violencia política en municipios priorizados para la paz

En ese sentido y según analistas como Corredor y Libreros, la esencia de la política de seguridad y defensa de Duque no le apunta a un país en el posconflicto. “Si lo que va a prevalecer es una intervención de orden militar allí, pues es una visión en la que el territorio requiere presencia física de la Fuerza Pública, más que resolver los conflictos que están en el corazón de esta situación”, dice Corredor.

En esa línea, Libreros comenta que lo que necesita el país es que la gente se perciba más segura en el espacio público, sin tener que instaurar políticas prohibicionistas: “El Gobierno tiene una mirada muy policiva de la seguridad y la convivencia ciudadana y yo creo que en eso estamos fallando, porque debemos promover mejores entornos seguros, mayor cultura ciudadana, mayores estrategias para desmantelar organizaciones delictivas que cometen el sicariato, roban los celulares y atracan”.

Para ambos, la política de seguridad y defensa debería priorizar la seguridad ciudadana y la humana, estipulada propiamente en el Acuerdo de Paz. “Este concepto establece una visión más integral para dar lugar al desarrollo local que evite y rechace las acciones criminales. El problema de seguridad no es de ‘malos contra buenos’, sino que deriva de condiciones difíciles en territorios que no tienen ni presencia estatal ni nada”.

La política de seguridad y defensa del presidente Iván Duque no es solo la hoja de ruta de las Fuerzas Militares y la Policía en este cuatrienio; es, además, una de las piezas claves del rompecabezas que es el país actualmente, uno en el que el mundo y los ciudadanos tienen los ojos puestos frente a la implementación del Acuerdo de Paz.

A casi tres años del pacto para la terminación del conflicto con las extintas Farc, y ahora con el uribismo en el poder, la pregunta que ronda es cómo se configura dicha política en la tarea de reconciliar una nación fracturada, donde los grados de confianza se ven amenazados por grupos armados que engendran la violencia urbana y rural, y por la reciente noticia que destapó The New York Times sobre el riesgo del regreso de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”.

Esta política presentada por el Ministerio de Defensa se enfoca en responder a fenómenos como el narcotráfico, la extorsión, el contrabando, la extracción ilegal de recursos, los grupos armados ilícitos, la violencia común y la conflictividad social. Y, según se lee en sus 85 páginas, se concibe como una estrategia renovada y novedosa, que no solo tiene en cuenta la táctica militar, sino también la participación de los colombianos para combatir la ilegalidad.

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En ese sentido, el documento expone que es necesario “un nuevo enfoque que transite del tradicional concepto del control militar del territorio al institucional”. Entre esas miradas “innovadoras” que presentó Rafael Guarín, consejero de Seguridad Nacional, está incluso la del uso del celular como recurso fundamental para que los ciudadanos se comuniquen con las autoridades y creen una “Red de Participación Cívica”, porque “una comunidad es más segura si sus miembros son capaces de organizarse, comunicarse y reaccionar ante un riesgo o una amenaza”.

Sin embargo, Jairo Libreros, experto en Seguridad, manifiesta que la propuesta no es tan flamante como plantea el Gobierno. Pese a que intenta ser una política contemporánea, incluyendo temas como la preservación de los recursos naturales, según el experto, se centra en la operación militar y, por eso, está más anclada al pasado que a una visión moderna sobre la seguridad y la defensa. “Decir que tiene un nuevo enfoque es algo discursivo porque el texto es evidentemente de esencia militar. Lo que busca realmente es reconducir las operaciones militares para luchar contra los actores armados. Creo que ahí empezamos mal. Es un error pensar que seguimos en una situación de conflicto ahora que las Farc ya no existen como organización guerrillera”, asegura Libreros.

A sus ojos, la visión de esta administración retoma la seguridad democrática del expresidente Álvaro Uribe. “Es una versión de esa antigua política, en el sentido de que lo que importa es recuperar el control territorial. Y si bien los municipios están afectados, es un desacierto que ese sea el principal énfasis, porque no está acorde con las necesidades del país”, dice.

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No obstante, para Juan Carlos Ruiz, docente de Ciencia Política y Gobierno, la propuesta de Duque y su Ministerio de Defensa no es, estrictamente, una copia de la política uribista 2002-2010; pero sí carece de solidez, norte y claridad. “El plan está lleno de buenas intenciones, pero no dice cómo se va a hacer, ni con qué plata, ni cuándo. Colombia gasta el 3,2 % de su PIB en seguridad y defensa, siendo el país que más invierte en esa materia en América Latina; pero la eficiencia del sector no se ve. Tenemos problemas en el Catatumbo, Nariño, Bajo Cauca antioqueño, regiones de la mano de nadie, y eso habla de una incoherencia muy grande entre el gasto y los resultados. ¿Dónde está el pie de fuerza, qué está haciendo?”, expresa.

Pero el otro inconveniente que ven los expertos, más allá de los resultados, tiene que ver con la implementación de lo pactado con las Farc. Según Consuelo Corredor, coordinadora de la Secretaría Técnica de la Comisión de Notables del Acuerdo de Paz del Cinep, oficina que coordina la aplicación de lo pactado, preocupa mucho la adopción de las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), territorios “con ausencia o déficit de legalidad, vacíos de institucionalidad o precaria presencia estatal”, que contarán con “el despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía, y será acompañada por la acción unificada del Estado, que contribuirá en eliminar los principales factores de amenazas a la seguridad”, se lee en la política.

“Este Gobierno saca las ZEII, supuestamente para enfrentar las condiciones de inseguridad y de economías criminales de esos territorios. Sin embargo, a nuestro juicio, es más una intervención de carácter militar. Tanto así que es el Ministerio de Defensa el que directamente tiene el liderazgo y la decisión sobre este tema. Ahí se ve un énfasis efectivamente en el aspecto militar y la pregunta que nos hacemos es si esas zonas no van a afectar las dinámicas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), unas áreas totalmente civiles y de participación comunitaria que se han venido adelantando con los 170 municipios más afectados por la violencia”, opina.

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En ese sentido y según analistas como Corredor y Libreros, la esencia de la política de seguridad y defensa de Duque no le apunta a un país en el posconflicto. “Si lo que va a prevalecer es una intervención de orden militar allí, pues es una visión en la que el territorio requiere presencia física de la Fuerza Pública, más que resolver los conflictos que están en el corazón de esta situación”, dice Corredor.

En esa línea, Libreros comenta que lo que necesita el país es que la gente se perciba más segura en el espacio público, sin tener que instaurar políticas prohibicionistas: “El Gobierno tiene una mirada muy policiva de la seguridad y la convivencia ciudadana y yo creo que en eso estamos fallando, porque debemos promover mejores entornos seguros, mayor cultura ciudadana, mayores estrategias para desmantelar organizaciones delictivas que cometen el sicariato, roban los celulares y atracan”.

Para ambos, la política de seguridad y defensa debería priorizar la seguridad ciudadana y la humana, estipulada propiamente en el Acuerdo de Paz. “Este concepto establece una visión más integral para dar lugar al desarrollo local que evite y rechace las acciones criminales. El problema de seguridad no es de ‘malos contra buenos’, sino que deriva de condiciones difíciles en territorios que no tienen ni presencia estatal ni nada”.